CE - Salvamento voto 52001233300020250021901 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Acción: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 52001-23-33-000-2025-00219-01

Accionante: MANUEL ORLANDO CASTRO CALDERÓN

Accionado: JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE

IPIALES

SALVAMENTO DE VOTO

1. Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito manifestar los motivos de mi desacuerdo con la decisión adoptada en el fallo del 11 de diciembre de 2025, proferido en este proceso.

2. En dicha providencia se revocó la sentencia de primera instancia, dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño, que declaró la improcedencia de l a acción de tutela. En su lugar, se amparó el derecho al debido proceso de l señor Manuel Orlando Castro Calderón y se ordenó a la autoridad demandada que, en un término no inferior a 10 días y no superior a 15 días, fije nuevamente la diligencia que trata el artículo 392 del Código General del Proceso al interior del trámite identificado con el radicado 52356-31-84-002-2024-00228-00.

3. En síntesis, en la sentencia se concluyó que, dentro del expediente referido, se configuró el defecto procedimental absoluto por falta de defensa técnica. Ello,

3. En síntesis, en la sentencia se concluyó que, dentro del expediente referido, se configuró el defecto procedimental absoluto por falta de defensa técnica. Ello, teniendo en cuenta que el juzgado demandado continuó con la celebración de la audiencia del 27 de junio de 2025, a pesar de que el señor Castro Calderón revocó el poder a su abogado con anterioridad.

4. Me aparto de la decisión adoptada por la mayoría de la Sala por dos razones.

Primero, por el análisis efectuado con respecto al requisito general de subsidiariedad; y, segundo, por considerar que no existió vulneración alguna de los derechos fundamentales del actor.

5. En primer lugar, el proyecto pasa por alto que la presunta vulneración de los derechos fundamentales del actor se habría concretado con la celebración de la audiencia del 27 de junio de 2025. Esto, por cuanto esta fue llevada a cabo, a pesar de que el actor había solicitado el aplazamiento y posteriormente pidió la nulidad del auto de 25 de junio del mismo mes y año, por medio del cual el juzgado accionado comunicó que la audiencia se llevaría a cabo conforme lo programado1.

1 A raíz de la solicitud de aplazamiento de la audiencia del 27 de junio de 2025 presentada por el actor, mediante providencia de 25 de junio de 2025, el juzgado accionado le comunicó al demandante que no aplazaría la diligencia y sí se llevaría a cabo. Asimismo, contra ese auto, el accionante en nombre propio (y sin contar con un nuevo apoderado judicial), ejerció su derecho de defensa, y radicó una solicitud de nulidad de todo lo actuado.Accionante: Manuel Orlando Castro Calderón

Accionado: Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ipiales

nombre propio (y sin contar con un nuevo apoderado judicial), ejerció su derecho de defensa, y radicó una solicitud de nulidad de todo lo actuado.Accionante: Manuel Orlando Castro Calderón Accionado: Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ipiales Radicado: 52001-23-33-000-2025-00219-01

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6. En ese orden, a diferencia de lo resuelto por la mayoría de la Sala, considero que los vicios alegados se concretaron en dicha audiencia y en la decisión definitiva adoptada por el juzgado en esa instancia procesal. De allí que el análisis de subsidiariedad deba hacerse respecto de esa diligencia, y no respecto del auto de 25 de junio de 2025. Ello implica que el actor c ontó con la posibilidad de pedir la nulidad de todo lo actuado luego de conocer que la audiencia sí se realizó; sin embargo, no lo hizo. De igual forma, por no haber acudido a la diligencia del 27 de junio de 2025, tampoco impugnó la decisión respecto del incidente de nulidad que promovió en nombre propio.

7. Por tanto, de acuerdo con el criterio de esta Sección, lo correspondiente era declarar la improcedencia de la petición de amparo, por no agotar el requisito de subsidiariedad2.

8. En segundo lugar, en gracia de discusión, de encontrarse superado el requisito de procedibilidad referido, estimo que debió negarse el amparo solicitado.

Esto, en atención a que la revisión de los hechos que motivaron la presentación de

8. En segundo lugar, en gracia de discusión, de encontrarse superado el requisito de procedibilidad referido, estimo que debió negarse el amparo solicitado.

Esto, en atención a que la revisión de los hechos que motivaron la presentación de la tutela permite advertir que fue el mismo accionante quien se puso en la situación de la que derivó la vulneración de sus derechos fundamentales.

9. En efecto, 3 días antes de la celebración de audiencia que contempla el artículo 392 del Código General del Proceso, el señor Castro Calderón le revocó el poder a su apoderado judicial y decidió no asistir a la diligencia, con pleno conocimiento de que esta sí se llevaría a cabo el 27 de junio de 2025. Por tanto, no puede predicarse vulneración alguna, pues, en este caso, el pretendido hecho vulnerador fue causado por la misma conducta procesal del accionante.

10. De hecho, contrario a lo afirmado en el fallo con el que estoy en desacuerdo, al tutelante no se le vulneró su derecho de defensa durante el trámite, por las razones que pasan a exponerse. De un lado, tal como lo relata el proyecto, el actor, en nombre propio, propuso la nulidad del auto de 25 de junio de 2025. Ello demuestra que sí pudo ejercer su defensa dentro del proceso, pero prefirió no asistir a la audiencia con la excusa de no tener apoderado.

11. De otro lado, el proyecto reduce el derecho de defensa a una de sus manifestaciones: la defensa técnica. En este punto, en la sentencia C-1178 de 2001, la Corte Constitucional explicó que el hecho de revocar el mandato celebrado con

11. De otro lado, el proyecto reduce el derecho de defensa a una de sus manifestaciones: la defensa técnica. En este punto, en la sentencia C-1178 de 2001, la Corte Constitucional explicó que el hecho de revocar el mandato celebrado con un apoderado judicial (defensa técnica), no impide que el titular del derecho ejerza la defensa material de sus intereses. En concreto, la corte señaló que el derecho de defensa les brinda la posibilidad a los sujetos procesales de «1) intervenir en cada una de las actuaciones p rocesales por intermedio del abogado previamente

2 Ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de julio de 2025, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, rad. 11001-03-15-000-2025-03737-00; y Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 2 de octubre de 2025, M.P. Gloria María Gómez Montoya, rad. 25000-23-15-000-2025-00442-01.Accionante: Manuel Orlando Castro Calderón Accionado: Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ipiales Radicado: 52001-23-33-000-2025-00219-01

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designado, 2) hacerlo directamente -si le está permitido-, 3) actuar por conducto de un profesional distinto al otrora designado –sin prescindir de la asistencia de éste-, o 4) de no intervenir».

12. De ahí que no resulte acertado afirmar que al actor le fue vulnerado su

un profesional distinto al otrora designado –sin prescindir de la asistencia de éste-, o 4) de no intervenir».

12. De ahí que no resulte acertado afirmar que al actor le fue vulnerado su derecho a la defensa. Esto, comoquiera que el accionante: (i) le revocó el poder a su apoderado, lo cual es una de las manifestaciones de la referida garantía fundamental; (ii) presentó, en nombre propio, una solicitud de nulidad; (iii) decidió no asistir a la audiencia programada para el 27 de junio de 2025, pese a que ya le había sido comunicado que esta sí se realizaría; y (iv) por la naturaleza de la causa podía ejercer personalmente su defensa, como le indicó expresamente el juzgado accionado.

13. Por lo expuesto, diferente a las consideraciones de la postura mayoritaria de la Sala, debió negarse el amparo solicitado, ya que no hubo vulneración de las garantías fundamentales del actor, teniendo en cuenta que pudo asistir a la audiencia como parte y ejercer su derecho de defensa materialmente hablando.

14. En esos términos pongo de presente las razones por las cuales no comparto la decisión mayoritaria de la Sala de acceder al amparo del derecho fundamental

del señor Manuel Orlando Castro Calderón.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Magistrado

Fecha ut supra