CE - Salvamento voto 68001233300020240067301 de 2025

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00673-01

Accionante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 68001-23-33-000-2024-00673-01

Accionante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC

Accionados: Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / Auto que confirmó el decreto de una prueba testimonial / Se debió negar el amparo: la modificación del decreto de interrogatorio de parte a prueba testimonial del representante legal de una entidad no viola el debido proceso. Dicha prueba podía decretarse y aplicarle las reglas de confesión.

Salvamento de voto del magistrado Martín Bermúdez Muñoz

No comparto la decisión de revocar la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia de la tutela bajo el supuesto d e que el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga incurrió en un defecto procedimental absoluto, y que con ello vulneró el derecho de la entidad accionante, en la medida en que inobservó lo dispuesto en el artículo 217 del CPACA sobre la declaración de los representantes legales de entidades públicas. Además, según la sentencia de la que me aparto, no es posible aplicar las normas que

medida en que inobservó lo dispuesto en el artículo 217 del CPACA sobre la declaración de los representantes legales de entidades públicas. Además, según la sentencia de la que me aparto, no es posible aplicar las normas que rigen la prueba testimonial de terceros a la declaración del representante legal de la entidad pública demandada en el proceso ordinario.

1.- En mi concepto, nada impedía al juzgado decretar el testimonio del representante legal de la entidad. El artículo 217 del CPACA no prohíbe el testimonio del representante legal de la entidad. Dicha norma establece que <<No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas>>. Y agrega que <<podrá pedirse que el representante administrativo de la entidad rinda informe escrito bajo juramento, sobre los hechos debatidos que a ella conciernan, determinados en la solicitud. El Juez ordenará rendir informe dentro del término que señale (…)>>.

2.- Así las cosas, el juez podía decretar el testimonio y aplicar en la diligencia las reglas sobre confesión, excluyendo las preguntas y respuestas que implicaran la confesión. En mi concepto, el decreto oficioso del testimonio sí eraRadicado: 68001-23-33-000-2024-00673-01

Accionante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC

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posible y no desconoce dicha norma, razón por la cual en este caso el amparo no era procedente.

Fecha ut supra,

Con firma electrónica

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Magistrado