CE - Salvamento voto MP Juan Bedoya 25000233700020210013601 de 2026

Consejo de Estado

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CE - Salvamento voto MP Juan Bedoya 25000233700020210013601 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Incidente de impacto fiscal Expediente: 25000-23-37-000-2021-00136-01 (29186)

Demandante: Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. EPM E.S.P.

Demandada: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Comisión de

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA

Salvamento de voto

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del CPACA1, y con el debido respeto por las decisiones adoptadas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, presento mi salvamento de voto respecto del auto del 20 de octubre de 2026 que se dictó en el proceso de la referencia.

Las razones son las siguientes:

En la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se plantearon las siguientes pretensiones principales:

«2.1. Que se inaplique por inconstitucional la modificación introducida por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 al artículo 85 de la Ley 142 de 1994, por su incompatibilidad manifiesta con la Constitución Política según las razones que se expondrán en el presente escrito.

2.2. Que se inaplique por inconstitucional la Resolución CRA N° 930 de 2020 del

incompatibilidad manifiesta con la Constitución Política según las razones que se expondrán en el presente escrito.

2.2. Que se inaplique por inconstitucional la Resolución CRA N° 930 de 2020 del 10 de septiembre de 2020, fundada en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019. [...].»

Y en la sentencia dictada el 20 de febrero de 2025 por la Sección Cuarta se resolvió:

«1. Modificar los ordinales primero, segundo y tercero de la sentencia de primera instancia, el cual quedará así:

PRIMERO: INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL la Resolución Nro. 930 del 10 de septiembre de 2020 de la CRA, por medio de la cual fijó la tarifa de la contribución especial de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, para la vigencia 2020. [...]».

1 «Artículo 129. Firma de providencias, conceptos, dictámenes, salvamentos de voto y aclaraciones de voto. Las providencias, conceptos o dictámenes del Consejo de Estado, o de sus salas, secciones, subsecciones, o de los Tribunales Administrativos, o de cualquiera de sus secciones, una vez acordados, deberán ser firmados por los miembros de la corporación que hubieran intervenido en su adopción, aún por los que hayan disentido. Al pie de la providencia, concepto o dictamen se dejará constancia de los Magistrados ausentes. Quienes participaron en las deliberaciones, pero no en la votación del proyecto, no tendrán derecho a votarlo. Los Magistrados discrepantes tendrán derecho a salvar o aclarar el voto. Para ese efecto, una

las deliberaciones, pero no en la votación del proyecto, no tendrán derecho a votarlo. Los Magistrados discrepantes tendrán derecho a salvar o aclarar el voto. Para ese efecto, una vez firmada y notificada la providencia, concepto o dictamen, el expediente permanecerá en secretaría por el término común de cinco (5) días. La decisión, concept o o dictamen tendrá la fecha en que se adoptó. El salvamento o aclaración deberá ser firmado por su autor y se agregará al expediente. Si dentro del término legal el Magistrado discrepante no sustentare el salvamento o la aclaración de voto, sin justa causa, perderá este derecho.»Radicado: 25000-23-37-000-2021-00136-01 (29186)

Disciplinado: Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P.

Salvamento de voto

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

La inaplicación se sustentó así:

«Teniendo en cuenta lo anterior, es oportuno anticipar que, tal y como se expone más adelante, a pesar de que la Resolución 930 de 2020 de la CRA se encuentra vigente, sigue las mismas premisas de actos de contenido general y particular que también han fijado contribuciones especiales a favor de otras entidades como la CREG y SSPD, y que han sido anulados por esta misma Corporación, por atentar contra el principio de irretroactividad de las normas tributarias. Precisamente, fue con fundamento en estos fallos que en la sentencia del 01 de agosto de 2024 esta Sección decidió un asunto que guarda similitud fáctica y

atentar contra el principio de irretroactividad de las normas tributarias. Precisamente, fue con fundamento en estos fallos que en la sentencia del 01 de agosto de 2024 esta Sección decidió un asunto que guarda similitud fáctica y jurídica con el asunto bajo examen, respecto de la misma contribución a favor de la CRA para la misma vigencia 2020. Como se verá, en la sentencia que se reitera, la Sección declaró la nulidad de los actos particulares demandados por atentar contra el principio de irretroactividad previsto en los artículos 338 y 363 de la Constitución.

[...] Es decir, en casos similares la Sala ha declarado que la determinación de la base gravable de la contribución especial por el año 2020, a partir de hechos ocurridos en el año 2019, resulta violatorio del principio de irretroactividad, pues la norma que modificó la contribución entró a regir en el año 2019, de modo que, al tratarse de un tributo de periodo, los efectos de tal modificación no podían surtirse sino hasta el periodo siguiente».

Ahora, el magistrado Germán Osorio invocó las siguientes causales de impedimento:

→ Artículo 130.1 del CPACA

«Artículo 130. Causales . Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:

1. Cuando el juez, su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, hubieren participado en la expedición del acto enjuiciado , en la

1. Cuando el juez, su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, hubieren participado en la expedición del acto enjuiciado , en la formación o celebración del contrato o en la ejecución del hecho u operación administrativa materia de la controversia».

→ Artículo 141.12 del CGP

«Artículo 141. Causales de recusación . Son causales de recusación las siguientes:

[...] 12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo».

Es cierto que las causales de impedimento son taxativas y de interpretación restrictiva y comportan una excepción al cumplimiento de la función jurisdiccional que le corresponde al juez y están delimitadas por el legislador 2. Sin embargo, no podía sustentarse la decisión en que en este momento no se debía examinar de fondo el incidente de impacto fiscal, en tanto la decisión se circunscrib ía a avocar el conocimiento del asunto con fines de unificación para celebrar la audiencia y resolverlo y, adicionalmente, que «el asunto que actualmente ocupa la

2 Consejo de Estado. Sala Plena. Proceso No. 11001-03-15-000-2003-01060-01. Auto de 23 de septiembre de 2003. C.P. Jesús María Lemos Bustamante.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00136-01 (29186)

Disciplinado: Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P.

Salvamento de voto

Disciplinado: Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P.

Salvamento de voto

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 atención de la Sala tampoco corresponde al estudio de fondo del incidente de impacto fiscal».

Lo anterior, porque el objeto del impedimento se dirige a que el juez sea apartado del proceso, no solo de una actuación. Si bien en esta etapa procesal el problema jurídico se circunscribía a determinar si el conocimiento del incidente corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo o a las secciones que dictaron la sentencia, lo cierto es que la existencia del nexo entre la participación en la expedición del acto enjuiciado y e ste incidente le impide conocer de cualquier actuación que se surta en este trámite.

De ese modo, la etapa procesal actual no constituye una razón suficiente para rechazar o diferir el impedimento, en razón a que el artículo 131 del CPACA prevé que el juez deberá declararlo «tan pronto como advierta su existencia» , sin condicionar ese deber a la proximidad de una decisión de fondo. Asimismo, la Corte Constitucional ha sostenido que «cuando se presente alguna situación que comprometa la recta administración de justicia, el funcionario judicial, de forma anticipada y con fundamento en las causales taxativamente señaladas por el legislador, exprese tal circunstancia»3.

Ahora, si bien el objeto del incidente se dirige a determinar si se deben o no modular, diferir o modificar los efectos de la sentencia, el acto en el que participó

exprese tal circunstancia»3.

Ahora, si bien el objeto del incidente se dirige a determinar si se deben o no modular, diferir o modificar los efectos de la sentencia, el acto en el que participó el magistrado fue inaplicado por inconstitucional y fue esta la que sirvió de fundamento para anular los actos particulares, asunto que puede tener injerencia al momento de resolverlo.

Es así porque, en la sustentación del incidente, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, aunque precisó que no se pretendía la alteración de los efectos vinculantes de la sentencia ni constituía una instancia revisora de su contenido material, manifestó lo que se transcribe a continuación4:

«[...] conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional precitada [C -288 y C-1052 de 2012], se solicita al Honorable Consejo de Estado que se tenga en cuenta la naturaleza jurídica de la Comisión d Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), así como el régimen presupuestal especial que la rige, en virtud del cual financia su funcionamiento exclusivamente con los recursos provenientes de la contribución especial establecida en el artículo 85 d la Ley 142 de 1994.

Cabe señalar que la CRA no cuenta con un margen presupuestal que permita asumir esta obligación sin comprometer su funcionamiento operativo y misional, ni dispone de mecanismos de traslado de recursos que no afecten directa y negativamente al sector regula do. Por consiguiente, el cumplimiento inmediato de la sentencia genera una afectación grave y directa a la sostenibilidad fiscal de la Entidad, circunstancia que justifica plenamente el trámite del presente

negativamente al sector regula do. Por consiguiente, el cumplimiento inmediato de la sentencia genera una afectación grave y directa a la sostenibilidad fiscal de la Entidad, circunstancia que justifica plenamente el trámite del presente incidente, conforme a los postulados jurisprudenc iales y constitucionales que rigen la materia».

Esta solicitud guarda estrecha relación con lo consignado en la parte considerativa de la Resolución CRA 930 del 10 de septiembre de 2020, en tanto se fijó la tarifa de la contribución especial con sustento en:

3 Sentencia T-305 de 2017. 4 Índice 33.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00136-01 (29186)

Disciplinado: Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P.

Salvamento de voto

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 «Que el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", estableció la contribución especial de que trata esta resolución, con el fin de financiar los gastos de funcionamiento e inversión y en general recuperar los costos del servicio de regulación que presta la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA.

[...] Que de igual forma, el artículo 85 ibidem numeral 2, señala que la tarifa se determinará por cada uno de los sujetos activos de la contribución de manera independiente, tomando el valor del presupuesto neto de la entidad

[...] Que de igual forma, el artículo 85 ibidem numeral 2, señala que la tarifa se determinará por cada uno de los sujetos activos de la contribución de manera independiente, tomando el valor del presupuesto neto de la entidad correspondiente en el año a f inanciar, incluidos la totalidad de gastos de funcionamiento e inversión, el cual se dividirá por la suma de las bases gravables determinadas para los sujetos pasivos conforme a los estados financieros de la vigencia fiscal anterior. . Así las cosas, la ta rifa será igual a (Presupuesto a financiar de sujeto activo) dividido por la (Suma de bases gravables de sujetos pasivos).»

Igualmente, en dicho acto se efectuaron cálculos relacionados con los gastos de funcionamiento de la CRA, mismos que realizó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al emitir el concepto en el presente incidente:

«La CRA para atender la totalidad del fallo en mención podría efectuar traslados al interior de los gastos de funcionamiento, para lo cual debería identificar sobrantes de apropiación por valor de $2.286,6 millones, cifra equivalente al 11,71% de la apropi ación total del presupuesto de funcionamiento, para posteriormente trasladar este valor al rubro de sentencias. No obstante, esta operación debe realizarse de acuerdo con la priorización de la entidad, situación que podría desfinanciar otros gastos esencia les para su funcionamiento, tales como gastos de personal, que equivalen al 73,8% de su presupuesto de funcionamiento, con cargo a los cuales atiende las remuneraciones de su nómina».

El análisis sobre los costos de la actividad regulatoria correspondientes a la

como gastos de personal, que equivalen al 73,8% de su presupuesto de funcionamiento, con cargo a los cuales atiende las remuneraciones de su nómina».

El análisis sobre los costos de la actividad regulatoria correspondientes a la vigencia 2020, examinada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, también se desarrolló en la sustentación del incidente así:

«En este contexto, los efectos de la sentencia que nos ocupa impactan directamente en el principio de sostenibilidad fiscal respecto de la entidad, al privar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -en adelante CRAde la posibilidad de percibir los costos asociados a la actividad regulatoria correspondientes a la vigencia 2020, conforme se detallará más adelante.

[...] Habiéndose anulado la liquidación de la contribución especial vigencia 2020 a cargo de EPM y ordenado la devolución indexada con intereses, la CRA no podía prever que no contaría con los recursos para desarrollar la actividad regulatoria planeado par ala vigencia 2020 plasmados en la agenda regulatoria de esa vigencia, que, dicho sea de paso, se enfrentó al reto de trabajar proyectos regulatorios para asumir las consecuencias de una pandemia mundial.

En efecto, no resultaba previsible que -con posterioridad a la expedición de la Resolución 930 de 2020 y de las Resoluciones 544 de 2020, 785 de 2020 y 842 de 2020se produjera una declaratoria de nulidad que, retrotrayendo los efectos al 1º de enero de 2 020, obligara a reintegrar recursos ya comprometidos y devengados para la financiación de actividades regulatorias de la CRA, más aún

de 2020se produjera una declaratoria de nulidad que, retrotrayendo los efectos al 1º de enero de 2 020, obligara a reintegrar recursos ya comprometidos y devengados para la financiación de actividades regulatorias de la CRA, más aún cuando a la fecha, la resolución 930 de 2020 permanece vigente, en cuanto no ha sido suspendida o anulada en sede jurisdic cional. La jurisprudencia desfavorable a la Cra para el recaudo de la contribución vigencia 2020, se produjo solamente hasta la vigencia 2024, lo cual tornaba imposible prever que se iban a producir estos efectos y, por ende, el desfase presupuestal alegad o, de modo,Radicado: 25000-23-37-000-2021-00136-01 (29186)

Disciplinado: Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P.

Salvamento de voto

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 que no era posible prever precisamente que no se contaría con la recuperación de los costos y gastos realizados en 2020.

[...] Dicho en otras palabras, se configura un hecho irrefutable que el cumplimiento inmediato, tal y como lo ordenó el fallo de segunda instancia que nos ocupa, ubica a al CRA en una situación de déficit presupuestal, impidiéndole desarrollar las funciones regulatorias otorgadas por la Constitución y por la ley de servicios públicos ya referida, concretamente por hacer imposible el recaudo del valor de los servicios de regulación ya recibidos por los prestadores en la vigencia

desarrollar las funciones regulatorias otorgadas por la Constitución y por la ley de servicios públicos ya referida, concretamente por hacer imposible el recaudo del valor de los servicios de regulación ya recibidos por los prestadores en la vigencia 2020 y, en la actualidad, afectaría la disponibilidad de solucionar las actuaciones administrativas particulares que requieren los usuarios prestadores de servicios públicos y el desarrollo de la agenda regulatoria actual con proyectos tan importantes como: En ese orden se reitera que con la decisión del máximo tribunal de lo contencioso administrativo se ocasiona un impacto sobre el presupuesto de la CRA que afecta su equilibrio económico, en atención al balance entre los ingresos y los gastos; poniendo en riesgo la prestación y acceso eficientes de la regulación, por cuanto esta contribución del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, modificada en su momento por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, era y es la única fuente de recursos de la entidad, constituyendo el recaudo de la liquidación de la contribución en cita la que cubre exactamente el monto del presupuesto del año respectivo y financia las actividades misionales de la CRA». [sic]

Pero además, el ministerio alegó que la condena, respecto de la indexación e intereses, «generaría un aumento presupuestal para vigencias futuras, con la gravedad que el precedente judicial puede impactar solicitudes de devolución de otras empresas prestadoras demandantes con iguales pretensiones»5. Este aserto lo sustentó en:

  1. La existencia de 6 demandas que, para esa fecha, se encontraban en trámite en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (4) y el Consejo de Estado (2) que, en caso de dictarse sentencia condenatoria,
  1. La existencia de 6 demandas que, para esa fecha, se encontraban en trámite en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (4) y el Consejo de Estado (2) que, en caso de dictarse sentencia condenatoria, superarían los $6.000.000.000 y, con la corrección mone taria e intereses alcanzaría los $10.000.000.000.
  1. Otra condena impuesta en el proceso 25000 -23-37-000-2021-0015601 que generó una devolución de $720.297.789,4 a cargo de la entidad.

Como se observa, el ministerio no solo se detuvo en las consecuencias e impacto de las finanzas de la CRA, el comportamiento financiero de la entidad, en la propuesta de «modulación» y las consecuencias financieras generadas por el pago de la sentencia, sino que incluyó argumentos relacionados con la contribución especial de la vigencia 2020 que imponen un pronunciamiento al momento de resolver el incidente de impacto fiscal, el cual, a su vez, resulta incompatible con la participación del magistrado en la expedición del acto inaplicado y su concepto rendido cuando fungió como experto comisionado de la CRA.

Incluso, solicitó que se «examine la posibilidad de reliquidar la contribución especial correspondiente a la vigencia 2020, aplicando el texto original del artículo 85 de la Ley

5 Adicionalmente, la entidad alegó: «[t]eniendo en cuenta que el valor indexado para pagar corresponde a $3.317.292.958 y el presupuesto para vigencia 2025 se encuentra por valor de $ 33.480.400.000, el porcentaje de impacto y de desequilibrio económico con atención a la sentencia con respecto al presupuesto

$3.317.292.958 y el presupuesto para vigencia 2025 se encuentra por valor de $ 33.480.400.000, el porcentaje de impacto y de desequilibrio económico con atención a la sentencia con respecto al presupuesto de la Entidad es de aproximadamente el DIEZ POR CIENTO (10%), sin tener en cuenta los eventuales intereses moratorios sobre la suma». Respecto de los intereses, mencionó que estos ascendían a $763.710.866, luego entonces la entidad «tendría que reconocer y pagar en total aproximadamente $4.082.003.824».Radicado: 25000-23-37-000-2021-00136-01 (29186)

Disciplinado: Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P.

Salvamento de voto

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 142 de 1994», en razón a que existiría una diferencia por $1.189.533.678 con la aplicación del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019. Las pretensiones formuladas son las siguientes:

«1. SE ORDENE RELIQUIDAR la contribución especial correspondiente a la vigencia 2020, aplicando el texto original del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, en virtud de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 (Sentencia C -484 de 2020) , con el fin de ajustar el monto de la condena conforme al principio de legalidad tributaria y al precedente jurisprudencial vigente, de manera que este valor pueda ser compensado al momento de la devolución.

2. En el evento que no se acceda a la primera pretensión, SE DIFIERA el

conforme al principio de legalidad tributaria y al precedente jurisprudencial vigente, de manera que este valor pueda ser compensado al momento de la devolución.

2. En el evento que no se acceda a la primera pretensión, SE DIFIERA el cumplimiento de la sentencia proferida el 20 de febrero de 2025 dentro del proceso No. 25000-23-37-000-2021-00136-01, en los siguientes términos:

A. Pago inicial por valor de $531.001.428 en la vigencia 2025, con cargo a los recursos disponibles en la subcuenta de procesos judiciales del Fondo de Contingencias de Entidades Estatales – FCEE y al rubro de Sentencias y conciliaciones del presupuesto de funcionamiento, con fecha de exigibilidad 31 de diciembre de 2025.

B. Pago del saldo restante durante la vigencia 2026, con cargo al presupuesto propio de la CRA, en el marco de principio de sostenibilidad fiscal y conforme al plan de cumplimiento anexo, con fecha de exigibilidad 31 de diciembre de

2026.

3. Se modulen los efectos pecuniarios accesorios del fallo, excluyendo la causación de intereses moratorios e indexación sobre el capital condenado, atendiendo la capacidad fiscal de la CRA y con fundamento en los principios de razonabilidad, proporcionalidad y sostenibilidad institucional, sin afectar el núcleo esencial del derecho reconocido en la sentencia».

Entonces, aunque la jurisprudencia ha reiterado que las causales de impedimento son taxativas y de interpretación restrictiva, lo cierto es que el análisis no se dirige a efectuar una extensión analógica, sino que se trata de una subsunción estricta de los hechos en ellas, reforzada por la dimensión objetiva

impedimento son taxativas y de interpretación restrictiva, lo cierto es que el análisis no se dirige a efectuar una extensión analógica, sino que se trata de una subsunción estricta de los hechos en ellas, reforzada por la dimensión objetiva de la imparcialidad, máxime si de esa decisión se puede desprender un análisis del cobro de la contribución especial y los efectos respecto de vigencias vencidas y futuras que afectan el rubro de gastos de funcionamiento.

Ciertamente, el incidente de impacto fiscal no es una actuación completamente separada de la sentencia. Se trata de un trámite judicial dirigido a definir las consecuencias jurídicas de una decisión que inaplicó por inconstitucional el acto en cuya expedic ión participó el magistrado y que precisamente por esta se anularon los actos particulares.

Es decir, no solo tuvo contacto remoto con un antecedente de la litis, sino que participó en la creación del acto cuya incompatibilidad constitucional fue declarada y ahora debe intervenir en la determinación de los efectos de la sentencia que privó de consecuencias jurídicas al acto general y, por consiguiente, a los actos particulares que de este se derivaron.

Se agrega que la distinción entre «contenido» y «efectos» de la sentencia no elimina la conexión sustancial con la cuestión decidida. Ello, porque el acto de origen no fue un antecedente tangencial, sino que se trató del presupuestoRadicado: 25000-23-37-000-2021-00136-01 (29186)

Disciplinado: Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P.

Salvamento de voto

Disciplinado: Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P.

Salvamento de voto

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 normativo examinado en la sentencia y de sus efectos económicos a tal punto que, de acuerdo con el escrito presentado por la entidad condenada, trasciende a todos los cobros efectuados por concepto de contribución especial de la vigencia 2020.

La Ley 1695 de 2013 prevé que la decisión recaerá en los efectos y no en el sentido de la sentencia, en respeto de la cosa juzgada; no obstante, esto no significa que sea jurídicamente ajeno de la decisión que debe ejecutar la entidad, pues permite que se afecte la forma, oportunidad o el alcance temporal respecto de la condena. En otros términos, que el incidente no permita revisar el contenido de la sentencia no lo convierte en una actuación extraña, de ahí que la prohibición de retomar el análisis del fo ndo del asunto no demuestre por sí sola que no se configura el impedimento.

En suma, sobre la causal prevista en el numeral 1 del artículo 130 del CPACA, debe tenerse en cuenta que (i) sí participó en la expedición del acto general: se trató de una actuación relevante que sirvió de fundamento a los actos anulados; (ii) la sentencia no se limitó a declarar un vicio autónomo de los actos particulares, sino que aquel fue inaplicado por estimarlo incompatible con la Constitución; (iii) la causal no debe reducirse a una identidad nominal o puramente formal entre el acto expedido y expresamente acusado.

sino que aquel fue inaplicado por estimarlo incompatible con la Constitución; (iii) la causal no debe reducirse a una identidad nominal o puramente formal entre el acto expedido y expresamente acusado.

A la par, el impedimento protege frente a una situación particular: que el mismo juez deba intervenir en una decisión relacionada con las consecuencias de un acto que ayudó a producir. Ello implicaría, entonces, que tendría que participar en un eventual análisis de (i) cuál fue el alcance de la inaplicación constitucional; (ii) qué efectos produjo sobre los actos particulares; (iii) qué consecuencias económicas nacen de esa inaplicación; (iv) si es posible jurídicamente diferir o modular esos efectos; (v) qué obligaciones subsisten para la entidad; y (vi) cómo debe cumplirse la sentencia sin restablecer la aplicación del acto inconstitucional; todo ello, al tenor de los argumentos plasmados en la sustentación del incidente.

Así las cosas, si bien es cierto que formalmente no se puede cambiar el sentido de la decisión, el magistrado sí debe intervenir en la delimitación práctica de sus consecuencias. Ello puede comprometer la imparcialidad objetiva, porque estaría contribuyendo a definir las consecuencias de la inaplicación de un acto en cuya expedición participó y que, según el ministerio, impactan directamente en el sostenimiento o funcionamiento de la CRA.

Por otro lado, respecto de la configuración del numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso, el magistrado participó en la decisión que contenía determinada comprensión de una norma y esta, posteriormente, fue sometida a control judicial, po r lo tanto, exteriorizó una posición jurídica concreta sobre la

Código General del Proceso, el magistrado participó en la decisión que contenía determinada comprensión de una norma y esta, posteriormente, fue sometida a control judicial, po r lo tanto, exteriorizó una posición jurídica concreta sobre la cuestión que ahora condiciona el trámite del incidente.

En este caso, la taxatividad no autoriza una interpretación que vacíe su finalidad constitucional. Sí existe la correspondencia que la norma prevé en el artículo 141.12 del CGP, en razón a que (i) la participación ocurrió fuera de la actuación judicial que ahora se tramita; (ii) el acto exteriorizó una posición jurídica que se relaciona directamente con la sentencia; y (iii) el incidente requiere definir los efectos de esa decisión.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00136-01 (29186)

Disciplinado: Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P.

Salvamento de voto

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

En los anteriores términos, dejo expuesto mi salvamento de voto.

Respetuosamente,

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Magistrado

CONSTANCIA: El presente documento fue firmado electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai . En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

Consultar sobre este documento ...