CE-SEC1-326-1983-01-28

LEGISLACION COOPERATIVA – Potestad reglamentaria / POTESTAD REGLAMENTARIA - Presidente de la República / SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS – Potestad reglamentaria

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA Consejero ponente: JACOBO ARTURO ESCOBAR Bogotá, D.E., veintiocho (28) de enero (01) de mil novecientos ochenta y tres (1983)

Radicación número:

Actor: FERNANDO ARTURO VALLEJO ORTIZ

Demandado: Referencia: Expediente 3940

El abogado Fernando Arturo Vallejo Ortiz, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 66 del C.C.A., ha demandado de esta Corporación la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 1294 de 1972 expedida por el Superintendente Nacional de Cooperativas. Esta demanda fue coadyuvada por el señor Ismael Márquez, a quien se le aceptó como tal.

I. DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACION El demandante señala como disposiciones violadas por el acto acusado los artículos 120, ordinales 3° y 14 de la C.N.; 2000, 1995, 2218, 1929, 2285, 2188, 970, 859 y 1882 del Código Civil, y 31 y 52 del Decreto-ley 1598 de 1963.

En cuanto al concepto de la violación de las normas antes indicadas, la demanda expresa lo siguiente: "Primero. La potestad Reglamentaria: El Decreto-ley 1598 de 1963 es un acto que

por naturaleza puede ser reglamentado por el ejecutivo pero mediante el uso de las atribuciones conferidas, en este caso por la Constitución Nacional en su artículo 120, ordinal 3o. que atribuye esta potestad al presidente de la República como su máxima autoridad administrativa. El Decreto-ley 1598 de 1963, no autoriza al señor Superintendente para hacerle reglamentaciones de esa naturaleza. "Segundo. El Código Civil Arts. 2000, 1995, 2218, 1929, 2285, 2188, 970, 859, 1882, crea el derecho de retención en favor de las personas allí taxativamente señaladas, es decir, en favor del arrendador, arrendatario, comodatario, usufructuario, poseedor vencido, vendedor, comprador, depositario. La Resolución se toma atribuciones del Código Civil y lo que éste no hizo, lo hace la providencia al crear un nuevo derecho de retención, esta vez, en favor de la sociedad respecto de su socio y por el solo hecho de la responsabilidad. De acuerdo con eso, en las cooperativas de responsabilidad suplementaria, es decir, en aquellas en las cuales el socio responde con el valor de sus aportes y una suma adicional, la Cooperativa estaría autorizada para retener el valor aportes y acudir sin juicio, sin debido proceso, arbitrariamente y por las vías de hecho, a posesionarse o tener para sí, otros bienes del socio retirado, para satisfacer así la equivocada interpretación o creencia digo yo, de que cuando se dice responsabilidad consecuencialmente se traduce en la retención de algo, según la opinión de la Superintendencia.

"Tercero. Viola el artículo 31 del Decreto-ley 1598/63 que textualmente señala que es la cooperativa quien debe indicar en sus estatutos lo relativo a la devolución de los aportes a capital. El Superintendente no respetó este precepto legal y reguló a su arbitrio la forma de devolución de aportes. "Cuarto. Viola el mismo artículo 52 el Decreto-ley 1598 de 1963, sobre el cual se cimenta, porque le crea dos situaciones no previstas en él, a saber: "a) Derecho de retención. "b) Modifica los dos años de que trata dicho artículo 52 y lo transforma así: 120 días para devolver aportes; 1 año para devolverlos si la mayor parte del capital de la cooperativa está en activos fijos; y más de dos años si hay pérdidas. "c) Fija intereses no siendo atribución suya. "Por lo demás el artículo 3o. da un plazo de 120 días para devolver los aportes y permite a la cooperativa conservarlos al disponer que si no se devuelven en ese término, la cooperativa pagará un interés del 1% mensual, con lo cual se da la opción a la cooperativa de continuar en poder de esos valores y a ello se concluye si observamos que ese exsocio no cuenta con forma alguna para hacer exigibles sus aportes. "El mismo artículo 3° da un plazo de un año para devolver los aportes y obliga al cobro de una tasa de interés del 18% anual, con la cual se tomó atribuciones hasta de fijar interés. "Quinto. La Resolución acusada viola ostensiblemente el artículo 120 ordinal 14 de

la Constitución Nacional, en cuanto que abusa de los poderes presidenciales para regular lo relativo con la actividad bancaria, sus tasas de interés ya que estipula tasas sin que sea de su competencia establecerlas. En el mismo orden a la Ley 45 de 1923 que atribuye estas funciones de inspección y vigilancia de la actividad Bancaria, la captación del ahorro, las tasas de interés, a la Superintendencia Bancaria, y Decreto-ley 444/67 de facultades de la Junta Monetaria de la República de Colombia".

II. CONCEPTO DEL FISCAL El señor Fiscal Primero de la Corporación en su concepto de fondo solicita a esta Sala que acceda a las súplicas de la demanda por encontrar que evidentemente el acto administrativo acusado viola los artículos 31 y 52 del Decreto-ley 1598 de

1963. Considera que "por una simple Resolución no se podía entrar a dictar normas sobre Cooperativas, normas que de otro lado ya están contempladas en el Decreto 1598 de 1963; así, pues, se excedió el señor Superintendente de

Cooperativas".

III. CONSDIERACIONES DE LA SALA Habiéndose ejecutoriado el auto de citación para sentencia y no hallándose causal de nulidad que invalide lo actuado en el presente juicio, se procede a decidirlo previas las siguientes consideraciones: En el escrito de demanda el actor solicitó que se decretara la suspensión provisional del acto acusado. La Sala Unitaria del ponente accedió a tal solicitud mediante providencia de 4 de mayo de 1982, en la cual se expresó lo siguiente: "El artículo 31 del Decreto-ley 1598 de 1963, 'por el cual se actualiza la legislación

cooperativa', expresa lo siguiente: "Artículo 31. Los Estatutos de toda Cooperativa deberán contener: "a) Denominación, domicilio y ámbito territorial de operaciones de la cooperativa; "b) Objeto de sus actividades; "c) Requisitos y procedimiento para la adquisición y pérdida de la calidad de socio; "d) Derechos y obligaciones de los socios y forma de ejercicio del derecho de voto; "e) Forma de dirección, organización y administración; "f) Manera de ejercer la vigilancia interna; "g) Composición de los órganos de dirección, administración y vigilancia, sus facultades y procedimientos; "h) Forma de constitución e incremento del patrimonio social, valor de los certificados de aportación, forma de pago y de devolución de su importe, así como el procedimiento de avalúo de bienes y servicios en caso de que se aporten; "i) Forma de constitución e incremento de las reservas y fondos sociales, su destinación e inversión; "j) Duración de cada ejercicio económico y financiero; "k) Forma y reglas para la distribución entre los socios de los excedentes cooperativos; "1) Régimen de responsabilidades tanto de la cooperativa como de los socios; "m) Reglas para la disolución y liquidación; "n) Obligación de someter a arbitramento las diferencias o conflictos a que se refiere el artículo 14 de este Decreto; "o) Procedimiento para la reforma de los Estatutos; "p) Las demás estipulaciones que se consideren necesarias para asegurar el buen funcionamiento social de la cooperativa". "La resolución impugnada se ocupa, como su mismo título lo indica, de establecer

'normas sobre la devolución de aportes a socios que se retiren de las sociedades cooperativas'. Su articulado es del siguiente tenor: "Artículo 1° El Consejo de Administración de las Cooperativas tendrá un plazo máximo de treinta (30) días para resolver las solicitudes de retiro de los socios. "Artículo 2° Para el estudio y resolución de las solicitudes de retiro de los socios deberán llenar los siguientes requisitos: "a) Solicitud escrita ante el Consejo de Administración. "b) Estar a paz y salvo de todas las obligaciones contraídas con la Cooperativa. "Artículo 3° Aceptado el retiro o decretada la exclusión de un socio, la Cooperativa dispondrá de un plazo máximo de 120 días para proceder a la devolución de los aportes a capital. El Consejo de Administración deberá expedir el reglamento en que se fije el procedimiento para satisfacer las obligaciones sin que éste sobrepase el término establecido anteriormente. "Parágrafo: Las Cooperativas que por su naturaleza tengan la mayor parte de su capital en activos fijos pueden previo concepto de la Superintendencia Nacional de Cooperativas devolver los aportes en obligaciones pagaderas en un plazo no mayor de un año y con reconocimiento de un interés del 18% anual. "Artículo 4° Si en la fecha de retiro o exclusión de un socio, la Cooperativa dentro de su estado financiero y de acuerdo con el último Balance producido, presenta pérdidas el Consejo de Administración podrá ordenar la retención de los aportes en forma proporcional a la pérdida registrada y hasta por el término de expiración de la responsabilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del

Decreto-ley 1598 de 1963. "Artículo 5o. Si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del balance en que se reflejaron las pérdidas, la Cooperativa no demuestra recuperación económica que permita la devolución de los aportes retenidos a los socios retirados, la siguiente Asamblea General deberá resolver sobre el procedimiento para la cancelación de las pérdidas previo concepto favorable de la Superintendencia Nacional de Cooperativas. "Artículo 6o. Si vencido el término fijado para la devolución de los aportes al te (sic) del artículo 3°, la Cooperativa no ha procedido de conformidad, el valor de los aportes correspondientes empezarán a devengar un interés de mora del 2% mensual. "Artículo 7° Las Cooperativas actualmente existentes deberán acomodar sus reglamentos a las disposiciones de la presente Resolución". "Si según el artículo 31 del Decreto-ley 1598 de 1963 corresponde a los Estatutos de las Cooperativas establecer los 'requisitos y procedimientos para la adquisición y pérdidas de la calidad de socio' (literal c); los 'derechos y obligaciones de los socios' (literal d); la 'forma de constitución e incremento del patrimonio social, valor de los certificados de aportación, forma de pago y de devolución de su importe, así como el procedimiento de avalúo de bienes y servicios en caso de que se aporten (literal h), y el 'régimen de responsabilidades, tanto de la cooperativa como de los socios', resulta evidente para esta Sala Unitaria que el Superintendente Nacional de Cooperativas no puede por medio de resolución ocuparse de esos mismos temas ni menos tratar de hacerlo a manera de reglamentación de normas legales,

como es la contenida en el artículo 52 del Decreto-ley 1958 (sic) de 1963, ya que la potestad reglamentaria le está atribuida exclusivamente al Presidente de la República por el ordinal 3o. del artículo 120 de la Constitución". No habiéndose producido ninguna variación desde el punto de vista fáctico y jurídico en el presente proceso, y compartiendo la Sala las razones dadas para decretar la suspensión provisional de la Resolución 1294 de 1972 expedida por el Superintendente Nacional de Cooperativas, procede la declaratoria de nulidad de dicho acto. En consecuencia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, de acuerdo con su colaborador Fiscal, FALLA: Declárase nula la Resolución No. 1294 de 1972 expedida por el Superintendente Nacional de Cooperativas. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Se deja constancia que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha veintiuno de enero de mil novecientos ochenta y tres.

MARIO ENRIQUE PEREZ V., JACOBO PEREZ ESCOBAR, SAMUEL

BUITRAGO HURTADO, ROBERTO SUAREZ FRANCO, LORENZO ROJAS

SURMAY, SECRETARIO