CE-SEC1-EXP1992-N1889

CONTRALORIA MUNICIPAL - Creación / PRESUPUESTO MUNICIPAL El municipio de Cáchira (Norte de Santander), a la fecha de expedición del acto acusado, no reunía las condiciones presupuestases que exige el artículo 305 del Decreto Ley 1333 de 1986 para crear su propia contraloría. CONFIRMA LA NULIDAD del Acuerdo 001 de 1989 (enero 21), expedido por el Concejo Municipal de Cáchira "por el cual se crea la contraloría municipal, se establece su planta de personal y se asignan funciones”.

NORMA DEMANDADA: ACUERDO 001 DE 1989 DEL CONCEJO MUNICIPAL

DE CÁCHIRA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Santafé de Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de mil novecientos noventa y dos (1992)

Radicación número: CE-SEC1-EXP1992-N1889

Actor: FRANCISCO JORDAN PEÑARANDA

Demandado: CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CACHIRA FALLO La Sección Primera procede a dictar sentencia de segunda instancia para resolver el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Leoncio Villamizar Cáceres, impugnante de la demanda, contra la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 15 de octubre de 1991.

I. ANTECEDENTES a. - El actor, el tipo de acción incoada y las pretensiones de la demanda.

El ciudadano Francisco Jordán Peñaranda, en ejercicio de la acción de nulidad

consagrada en el artículo 84 del C.C.A., demandó ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander la declaratoria de nulidad del Acuerdo 001 de 21 de enero de 1989, expedido por el Concejo Municipal de Cáchira "Por el cual se crea la Contraloría Municipal, se establece su planta de personal y se asignan funciones" (fls. 48 y 49 Cdno No. 1). b. - El acto acusado. Mediante el acto acusado se decidió la creación de la Contraloría Municipal de Cáchira, Departamento de Norte de Santander (art. 1o.), se estableció su planta de personal (art. 2o.), se señalaron las funciones del Contralor (art. 3o.), se dispuso la forma de elección del Contralor (art. 4o.), se autorizó al Alcalde Municipal para hacer los traslados presupuestases necesarios para dar cumplimiento al Acuerdo (art. 5o.), se dispuso sobre la fecha de su vigencia (art. 6o.) y sobre su remisión al Alcalde Municipal para efectos de la sanción (art. 7o.) (fls. 4 a 6 ibídem). c. - Los hechos de la demanda. Estos se reducen a hacer referencia al acto demandado, a su sanción, su publicación, a expresar el contenido del artículo 305 del Decreto 1333 de 1986 y, por último, a señalar que el Municipio de Cáchira tenía en su presupuesto como rentas propias para la vigencia fiscal de 1989, la suma de $12.285.438.90, suma significativamente inferior a la que exige el artículo 305 del mencionado Decreto, "... y sin tener en cuenta el reajuste anual y acumulativo señalado..." en el mismo

(fl. 49 ibídem). d. - Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación. El actor considera que con la expedición del acto acusado se violaron las siguientes disposiciones, por las razones que se resumen a continuación, las cuales, para efecto de su posterior análisis, se presentan de la siguiente manera (fls. 50 y 51 ibídem): Primer cargo. - Violación del artículo 305 del Decreto 1333 de 1986, puesto que "El Municipio de Cáchira para el año de 1989, en su presupuesto tiene como rentas propias, según constancia expedida por el Jefe de la Sección de Examen y Revisión de Cuentas de la Contraloría General del Departamento, la suma de..." $12.285.438.90, lo cual va en contravía de lo dispuesto por esta norma. Segundo cargo. - Violación de las atribuciones primera y quinta del artículo 132 del Decreto 1333 de 1986, derivada de la sanción irregular del Acuerdo demandado por parte del Alcalde Municipal. Tercer cargo. - Violación de la atribución primera del artículo 197 de la Constitución Política de 1886, pues los Concejales del Municipio de Cáchira, a sabiendas de que el presupuesto de Rentas y Gastos no cumplía con los requisitos que exige el artículo 305 del Decreto 1333 de 1986, procedieron a dictar el acto acusado. e. - Las razones de la defensa. En la contestación de la demanda, el Municipio de Cáchira expresa, en síntesis, los siguientes argumentos (fls. 70 a 73 ibídem): La legalidad del Acuerdo demandado es incuestionable, puesto que el Municipio

de Cáchira cumple a cabalidad con los requisitos que establece el artículo 305 del Decreto 1333 de 1986, ya que el presupuesto para la vigencia fiscal de 1989 superó los $54.633.966.56, sin incluir $122.752.632 por concepto de transferencias de la Nación y del Departamento, pues la primera suma mencionada corresponde a los siguientes conceptos: $12.285.438.90 "... por rentas y complementarios..." y $42.348.527.66 "... por saldos a 31 de diciembre de 1988". f. - La impugnación de la demanda. Reconocido como tercero interviniente dentro del proceso (fl. 79 ibídem), el ciudadano Leoncio Villamizar Cáceres considera en su alegato de conclusión que el acto demandado se ajusta a los términos del artículo 305 del Decreto 1333 de 1986, puesto que los $42.348.527.66, por concepto de saldos a 31 de diciembre de 1988, al ingresar al Presupuesto General de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal de 1989, constituyen "... rentas propias..." "... lo cual refleja un presupuesto real de Rentas y Gastos para la Vigencia Fiscal de 1989 de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 56 / 100 M / CTE. ($177.386.598.56)". g. - La actuación surtida. De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., al proceso se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:

Mediante providencia de 22 de junio de 1989 se dispuso la admisión de la demanda, se ordenó darle el trámite de rigor y se decretó la suspensión provisional de los efectos del acto acusado (fls. 56 a 59 ibídem). Por auto de 17 de noviembre de 1989 se declaró desierto el recurso de apelación contra la providencia que decretó la suspensión provisional del acto acusado, interpuesto por el ciudadano Leoncio Villamizar Cáceres (fl. 80 ibídem). Mediante providencia de febrero 21 de 1990 se decretaron las pruebas solicitadas por las partes (fls. 82 a 83 ibídem). Dentro del traslado para alegar de conclusión hicieron uso de tal derecho la parte actora y el impugnante de la demanda. A folios 174 y 175 del Cdno. No. 1 aparece el concepto del Agente del Ministerio Público ante el Tribunal de origen, en el cual solicita acceder a las peticiones de la demanda.

II. - LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Al desatar la controversia planteada, el Tribunal de primera instancia accedió a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones principales (fls. 176 a 180 ibídem): Con apoyo en jurisprudencia sentada por el mismo Tribunal, en la cual se interpreta el artículo 79 de la Constitución Política de 1886, en el sentido de la homología que existe entre el significado de los términos "participación" y "transferencia", "... como modalidades de distribución de recursos de la Nación entre las entidades territoriales", el a - quo considera que:

"Sin entrar a detallar cada uno de los rubros presupuestases, basta hacer una simple operación aritmética, descontando del monto global del presupuesto de Cáchira el valor de los recursos de crédito y las transferencias de la Nación y el Departamento y tener en cuenta, además, que el saldo a 31 de diciembre de 1988 no hay prueba de haber sido incluido en el presupuesto de 1989, para concluir que el Municipio de Cáchira sólo cuenta como renta propia con la suma de $12.285.438.90, cantidad que es insuficiente en cuanto se refiere a la condición legal que debe cumplir dicho ente territorial, según el artículo 305 del Decreto 1333 de 1986, para poder contar con su propia contraloría".

III. - LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO En la sustentación del recurso de apelación, el recurrente fundamenta su desacuerdo con la sentencia de primera instancia, básicamente en las mismas razones que expuso en su alegato de conclusión ante el Tribunal de origen y que se expresaron, en forma resumida, en el literal f) de esta providencia.

IV. - CONSIDERACIONES DE LA SALA La razón de inconformidad del apelante frente a la sentencia de primera instancia radica en considerar que si bien el Municipio de Cáchira, para la vigencia de 1989, tenía como rentas propias la suma de $12.285.438.90, el Tribunal no tuvo en cuenta el total de $42.348.527.66 que por concepto de saldos a 31 de diciembre de 1988 "... entraba como rentas propias para la vigencia fiscal de 1989", tal como se demostró con la constancia expedida por la Tesorería de dicho Municipio.

El artículo 305 del Decreto 1333 de 1986 - Código de Régimen Municipal determina la facultad que asiste a los Concejos Municipales para crear y organizar contralorías que tengan a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal de la respectiva administración, cuando su presupuesto anual sea superior a $50.000.000.oo, sin incluir el valor de los recursos de crédito ni de las transferencias que reciban de la Nación y del Departamento, valor que se reajustará anual y acumulativamente en un porcentaje igual al de la variación del índice nacional promedio de precios al consumidor que elabora el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Las pruebas allegadas al proceso demuestran lo siguiente: 1. - El "Presupuesto de Rentas, Ingresos, Recursos de Capital y Gastos" del Municipio de Cáchira para la vigencia fiscal de 1989, según el Acuerdo No. 01 3 de 1988 (diciembre 17), es de $135.038.070.90, de los cuales han de descontarse "participaciones" (transferencias) por la suma de $122.867.393.00, para obtener así un resultado de $12.285.438.90, que viene a constituir el total del cálculo de ingresos municipales por concepto de recursos propios (fls. 9 a 26), muy inferior al exigido en el artículo 305 del Decreto - Ley 1333 de 1986 para crear Contralorías Municipales. 2. - El hecho, certificado por el Tesorero Municipal de Cáchira (fl. 69), de que a 31 de diciembre de 1988 existían saldos por la suma de $42.348.527.66 para ser

ejecutados en el transcurso de la vigencia fiscal de 1989, no tiene ni puede tener la capacidad legal de desvirtuar el monto total, ni cada uno de los conceptos y valores aprobados como Presupuesto de Rentas y Gastos de dicho Municipio para la misma vigencia, no sólo por cuanto tal presupuesto era el que regía cuando se discutió y aprobó el acto demandado, sino porque no existe prueba alguna que demuestre que esos "saldos" correspondan a la vigencia fiscal de 1988, ni que ellos se hayan generado por concepto de rentas o recursos propios del Municipio y, en cambio, sí existe prueba que indica que en el Presupuesto de Rentas y Gastos para la Vigencia Fiscal de 1988 se calculó por concepto de recursos propios un total de $6.805.947.52 (fls. 30 a 36). Lo anterior permite a la Sala concluir, de acuerdo con las consideraciones hechas por el Tribunal de origen en la sentencia apelada, que el Municipio de Cáchira, a la fecha de expedición del acto acusado, no reunía las condiciones presupuestases que exige el artículo 305 del Decreto - Ley 1333 de 1986 para crear su propia Contraloría, razón más que suficiente para proceder a su confirmación. En mérito de las consideraciones anteriores, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de su Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA: Primero. - CONFIRMASE la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 15 de octubre de 1991. Segundo. - Comuníquese esta decisión, con envío de copia íntegra de la

sentencia, a los señores Alcalde y Presidente á el Concejo de Municipio de Cáchira. Tercero. - En firme esta sentencia, vuelva el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

COPIESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha nueve de abril de mil novecientos noventa y dos.

ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE DE LA SALA

LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ YESID ROJAS SERRANO