CE-SEC3-167-EXP1970-N1019

ACCIÓN DE NULIDAD / ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA / REQUISITOS DE LA COSA JUZGADA / EFECTOS DE LA COSA JUZGADA / INTERPRETACIÓN DE LA LEY / EXPROPIACIÓN DE BIEN INMUEBLE / VIGENCIA DE LA NORMA / EFECTOS DE LA SENTENCIA EN FIRME / PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / SOLUCIÓN DEL LITIGIO / CONTRAVENCIÓN DE ORDEN SOCIAL / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / EXPROPIACIÓN DEL PREDIO RURAL / EXPLOTACIÓN DE TIERRAS / SENTENCIA JUDICIAL La simple lectura de las Resoluciones acusadas lleva a la conclusión de que lo aseverado en la demanda respecto a los tres requisitos que configuran la cosa juzgada, es evidente. No es válido el argumento aducido en las Resoluciones demandadas de que la ley la. de 1968 hizo expropiables las tierras que según el Tribunal […] no lo eran antes de su vigencia. La fuerza y autoridad de una sentencia en firme prevalece aún sobre la ley, como lo dijo la Corte en fallo de 4 de febrero de 1937. De no ser esto así los ciudadanos no podrían nunca estar seguros de que un litigio había sido definitivamente resuelto, lo que traería como consecuencia una perturbación en el orden social y jurídico […]. [L]a Ley la. de 1968 sólo tiene efecto para el futuro, como lo dispone su art. 35 […]. Esta ley al disponer en su art. 19 que pueden ser expropiadas las tierras cualquiera que sea

su estado de explotación, sólo tiene aplicación para aquellos casos sobre los cuales no se haya pronunciado una sentencia definitiva.

FUENTE FORMAL: LEY 01 DE 1968 – ARTÍCULO 35 / LEY 01 DE 1968 –

ARTÍCULO 19

JURISDICCIÓN DE CONSULTA / NORMA LEGAL / CONTROL DE

JURISDICCIÓN DE CONSULTA / DECISIONES DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / SENTENCIA JUDICIAL / EFECTOS DE LA COSA JUZGADA / INTERPRETACIÓN DE LA NORMA / CÓDIGO JUDICIAL / FUERZA VINCULANTE DE LA PARTE MOTIVA DE LA PROVIDENCIA / SOLUCIÓN DEL

LITIGIO / SENTENCIA DEFINITIVA / FIRMEZA DE LA COSA JUZGADA

[S]i el recurso de consulta de que tratan las disposiciones legales […] es un recurso jurisdiccional, la providencia que el Tribunal profiere tiene todas las características de una sentencia y por tanto, en relación con ella opera, con todas sus consecuencias, la institución de cosa juzgada. [E]s el caso de reproducir, como parte motiva de esta providencia, lo que sobre el particular se dijo en el auto de 12 de febrero de 1969: Es indudable que, según la definición que trae el artículo 466, numeral lo. del Código Judicial, la providencia cuya parte resolutiva se acaba de transcribir tiene el carácter de sentencia por cuanto decide definitivamente sobre la controversia que constituye la materia del juicio. [L]as sentencias definitivas tienen la fuerza de cosa juzgada al tenor de lo dispuesto por el art. 473 del Código Judicial.

FUENTE FORMAL: LEY 105 DE 1931 – ARTÍCULO 446 / LEY 105 DE 1931 –

ARTÍCULO 473

RECURSOS EN ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / EXCEPCIONES

PROCESALES / RECURSO CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO /

IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RESOLUCIÓN DEL RECURSO

DE APELACIÓN / ESTATUTO EXCEPCIONAL / ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN

DE CONSULTA / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO /

COMPETENCIA DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA / REGLA DE

RECONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO /

OBJETO DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA / NORMATIVIDAD

DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA / DECRETO

REGLAMENTARIO

[E]s cierto también como lo anota el auto en cita que en ocasiones (pero por excepción, observa la Sala) de los recursos administrativos puede conocer un organismo especialmente constituido para el efecto. [E]s excepcional, pues lo normal es que este tipo de recursos se sustentan ante la misma Administración con el fin de que ésta revise sus propios actos y los casos de excepción deben estar expresamente consagrados en la ley. Cuando la Ley 135 habló de la consulta ante el Tribunal Contencioso Administrativo, sin hacer ninguna aclaración al respecto, por razón del órgano que habría de conocer de él y siguiendo las reglas generales de derecho, debe entenderse que se trataba de un recurso jurisdiccional tal y como lo dijo claramente el Decreto 1489 [de 1962] y lo repitió en su artículo 30 el Decreto 719 de [1968], reglamentario de la Ley la. del mismo año.

FUENTE FORMAL: LEY 135 DE 1961 / DECRETO 1489 DE 1962 / DECRETO

719 DE 1968 – ARTÍCULO 30 / LEY 01 DE 1968

FUNCIÓN LEGISLATIVA / DILACIÓN DEL PROCESO / PROCESO JUDICIAL /

DEBIDO PROCESO PÚBLICO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS / REFORMA

AGRARIA / RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL

RECURSO EN VÍA GUBERNATIVA / IMPROCEDENCIA DEL RECURSO

JUDICIAL / PRINCIPIO DE CELERIDAD / CONTROL JURISDICCIONAL DEL

ACTO ADMINISTRATIVO / PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE / TRÁMITE

DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO Quiso el legislador evitar las interminables dilaciones propias de los procedimientos judiciales y administrativos que conducirían a una verdadera parálisis de la reforma Agraria, cuando dispuso que contra la Resolución que decreta una expropiación, no cabe recurso alguno por la vía gubernativa, ni por la contencioso administrativa. Se buscó celeridad en el procedimiento, pero subsistiendo el principio básico del control jurisdiccional de los actos administrativos […]. Para ello, se consagró como derecho a favor del propietario interesado, el pedir que la Resolución del Instituto se consulte con el competente Tribunal de lo Contencioso Administrativo (inciso 2o. numeral 3o. del artículo 61 de la Ley 135 de 1961).

FUENTE FORMAL: LEY 135 DE 1961 – ARTÍCULO 61 – NUMERAL 2 INCISO 2

FACULTAD DE EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS / PRESUNCIÓN

DE ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS COLECTIVOS / EFECTOS DE LA LEY / IMPUGNACIÓN DEL

ACTO ADMINISTRATIVO / INTERPOSICIÓN DE RECURSO JUDICIAL /

RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / PERJUICIO POR

ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / COMPETENCIA DE LA

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

/ REVOCATORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Los actos que la Administración profiere pueden […] adolecer de una ilegalidad de fondo o de forma, con lo cual se afectan los intereses de los administrados; para defender estos intereses la Ley da al ciudadano el derecho a impugnar aquellos actos, derecho que se ejerce por medio de los llamados recursos. [E]xisten los denominados recursos jerárquicos y los jurisdiccionales, cada uno de ellos con características propias y bien definidas. Los primeros jerárquicos llamados por algunos autores puramente administrativos, constituyen un medio legal de que dispone el particular, afectado en sus derechos o intereses por un acto administrativo determinado, para obtener en los términos legales de la autoridad administrativa, una revisión del propio acto, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme en caso de encontrar comprobada la ilegalidad o la inoportunidad del mismo.

CONFLICTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA / ACTO ADMINISTRATIVO / PROVIDENCIA /

IMPROCEDENCIA DEL RECURSO JUDICIAL / CONTENIDO DE LAS

NORMAS / ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DE TRÁMITE / FALLO DE PROVIDENCIA / ESTUDIO DE FONDO DE LA

SENTENCIA / TERMINACIÓN DEL PROCESO

[E]l artículo 82 del C.C.A. estatuye que: Para ocurrir en demanda ante lo contencioso administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o providencias respectivas no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en el artículo 77, o se han decidido, ya se trate de actos o providencias definitivas, o de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación.

FUENTE FORMAL: LEY 167 DE 1941 – ARTÍCULO 77 / LEY 167 DE 1941 –

ARTÍCULO 82

APLICACIÓN DEL DECRETO / CLASES DE RECURSO CONTRA ACTO

ADMINISTRATIVO / CLASES DE PROVIDENCIA / GERENTE DE INCORA /

DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA / RECURSO DE REPOSICIÓN

CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE BIEN

BALDÍO / RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE PROMESA DE

COMPRAVENTA / COSTO DE LA UNIDAD AGRÍCOLA FAMILIAR / ALCANCE

DEL DECRETO REGLAMENTARIO / ESTATUTOS DE LA ENTIDAD ESTATAL /

PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / AGOTAMIENTO DE LA VÍA

GUBERNATIVA / RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN /

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA / ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

[E]l decreto 3337 de 1961 en su Capítulo VII trata de los recursos contra las providencias que dicte tanto el Gerente General como la Junta Directiva del Incora. En primer término habla de la reposición y el artículo 44 estatuye: Reposición.— Contra las providencias que dicte el Gerente General en materia de adjudicación de baldíos, resolución de contratos de promesa o venta de parcelas en unidades agrícolas familiares […], los decretos reglamentarios y los presentes estatutos, sólo procede el recurso de reposición para agotar la vía gubernativa.— Cuando se trate de resoluciones que hayan sido aprobadas por la Junta Directiva, el recurso de reposición debe interponerse ante el Gerente General, pero es entendido que la providencia que lo resuelva se someterá también a la aprobación de la Junta. [L]os interesados pueden intentar las acciones contencioso administrativas que procedan según la Ley, sin necesidad de solicitar reposición.

FUENTE FORMAL: DECRETO 3337 DE 1961 – CAPÍTULO 7 / DECRETO 3337

DE 1961 – ARTÍCULO 44

NOTA DE RELATORÍA: Providencia con salvamento de voto del consejero

Gabriel Rojas Arbeláez.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA Consejero ponente: CARLOS PORTOCARRERO MUTIS Bogotá, D.E., diecinueve (19) de junio de mil novecientos setenta (1970) Radicación número: 167-CE-SEC3-EXP1970-N1019

Actor: MIGUEL GARCIA SANCHEZ Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA Referencia: FALLO APROBADO EN LA SESIÓN DEL DIEZ Y OCHO (18) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA (1970) El señor Miguel García Sánchez por medio de apoderado solicita que, previos los trámites legales de rigor, se declare la nulidad de las Resoluciones números 20583 y 20584, de 26 de agosto de 1968, por las cuales se inician los procedimientos para la adquisición de unas fincas, expedidas por el Gerente del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se restablezca simultáneamente el derecho de mi poderdante en el sentido de que se declare una vez más que los predios a que se refiere la (sic) citadas Resoluciones no son adquiribles por dicho

Instituto con fundamento en el llamado Proyecto Córdoba No. 2, expedidas por el mismo con fundamento en la Resolución No. 035 de 6 de mayo de 1963 de su Junta Directiva, conforme ya lo decidió el Tribunal Administrativo de Córdoba, en sentencia de 5 de noviembre de 1966. Como en la demanda se solicitara la suspensión provisional de los actos acusados, el Consejero Sustanciador accedió a lo pedido en auto de 12 de febrero de 1969; suplicada esta providencia, la Sala de Decisión resolvió, por auto de 21 de mayo del mismo año revocarla con base en argumentos que más adelante habrán de analizarse. Los hechos que dieron lugar al ejercicio de la acción, expuestos en la demanda,

pueden resumirse así: lo. Por Resolución No. 035 de 6 de mayo de 1963 el Instituto Colombiano de ra Reforma Agraria impartió su aprobación al Proyecto Córdoba No. 2 destinado ala recuperación de tierras y dotación de ellas a los campesinos de la región, el cual se desarrollará en la región del valle del Río Sinú, en los Municipios de Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, San Pelayo y San Carlos. 2o. Con base en la Resolución citada el Incora adelantó el correspondiente procedimiento administrativo para la adquisición de las fincas de propiedad del actor, denominadas Flor de María, Argentina y Costa Azul, ubicadas, la primera y la tercera en el Municipio de Cereté y la segunda en el de San Carlos, Departamento de Córdoba. Estas diligencias determinaron con la Resolución No. 5545 de 24 de agosto de 1964 por medio de la cual se ordenó la expropiación de los citados inmuebles. 3o. Contra esta última Resolución el propietario, por medio de apoderado, interpuso ante el Tribunal Administrativo de Córdoba el recurso de consulta consagrado en los artículos 21 y siguientes del Decreto 1489 de 1962 con el fin de que dicho Tribunal revisara aquel acto y resolviera lo que legalmente procediera. 4o. El Tribunal, por sentencia de 7 de noviembre de 1966 resolvió que no era viable la expropiación de las fincas denominadas Costa Azul y Flor de María como tampoco de parte de La Argentina, todas ellas de propiedad de Don Miguel García Sánchez, por haber sido calificadas como adecuadamente explotadas.

5o. Para eludir los efectos de esta decisión jurisdiccional, dice el demandante, (providencia que revocó las Resoluciones consultadas y que quedó debidamente ejecutoriada) el Instituto expidió la Resolución No. 230 de 1966 con la supuesta finalidad de precisar los objetivos del Proyecto Córdoba No. 2 y apoyándose en este nuevo acto administrativo, manifiestamente ilegal, y, reviviendo un proceso legalmente terminado, el mismo Instituto dictó la Resolución No. 13946, de 22 de noviembre de 1966, por medio de la cual ordenó nuevamente la iniciación de los trámites administrativos de rigor para la adquisición voluntaria o forzada (expropiación) de las mismas fincas de mi poderdante. El Consejo de Estado, después de haberla suspendido provisionalmente anuló la Resolución 230 antes citada y el Incora se vio en el caso de revocar directa y oficiosamente la Resolución individual 13946, mediante la Resolución 19783 de 2 de agosto de 1968.

Agrega el demandante: 6o. Como es obvio, esta resolución de revocatoria directa y oficiosa conlleva el reconocimiento de que contra los predios de mi poderdante no proceden las acciones administrativas de adquisición, que el Instituto había iniciado mediante los actos revocados, pues si así no fuera no habría existido razón alguna para que se hubiera expedido tal acto. Por consiguiente, tal revocación implica necesariamente el reconocimiento, por parte del Instituto, del derecho y garantía que tiene mi poderdante de no ser afectado en sus predios por nuevas acciones administrativas enderezadas a su adquisición, de donde que dicho acto

administrativo no podía ser modificado y mucho menos revocado nuevamente, en forma oficiosa, por el Instituto, como creador de una situación jurídica y concreta, que implica el reconocimiento de un derecho. 7o. A pesar de la sentencia proferida por el H. Tribunal de Córdoba, que declaró no adquiribles por el Instituto los predios de mi poderdante, y a pesar de la Resolución No. 19783 de 2 de agosto de 1968 que, como he dicho, creó para mi mandante una situación jurídica individual y concreta y reconoció también para él un derecho el Instituto, con total desconocimiento de tales hechos y de las normas jurídicas que los amparan y garantizan, expidió los actos administrativos que impugnó (que tácitamente revocan la resolución revocatoria. No. 19783 antes citada), por medio de los cuales por tercera vez ordenan adelantar los mismos trámites administrativos para la adquisición de los mismos predios de mi poderdante, lo cual no solamente constituye un atropello contra él, sino un desacato a las decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas y un irrespeto a las leyes y al órgano jurisdiccional, particularmente al H. Consejo de Estado y al H. Tribunal Administrativo de Córdoba, quienes han declarado que el Instituto carece de facultad jurídica para iniciar esas acciones por concepto de las obras que constituyen el llamado Proyecto Córdoba No. 2 en relación con los inmuebles rurales de mi poderdante, y no son más que una reproducción inaudita de los actos administrativos anulados por las entidades jurisdicciones (sic) antes citadas.

Como disposiciones violadas cita el demandante las siguientes: artículos 92 y 282 del C.C.A. en relación con los artículos 473 y 474 del C.J.; art. 24 del Decreto 2733 de 1959; artículos 19 y 35 de la Ley la. de 1968 y 30 de la Constitución Nacional; art. 18 de la Ley 153 de 1887; art. H del C.C. y 58 del C. de R.P. y M. El concepto de la violación puede sintetizarse en los siguientes términos: La providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba tiene el carácter de sentencia al tenor de la definición que da el art. 466, numeral lo. del C. Judicial y por esta razón, al quedar debidamente ejecutoriada, tiene fuerza de cosa juzgada al atender a lo dispuesto en los artículos 473 del C.J. y 92 del C.C.A., disposiciones aplicables al caso en estudio, por cuanto se reúnen los requisitos establecidos en el art. 474 del C.J. (Aplicable en los juicios contencioso administrativos por mandato del art. 282 de la Ley 167 de 1941), a saber: a) Que la controversia se refiere al mismo objeto—; b) Que se funda en las mismas causas; y c) Que hay identidad jurídica entre las personas de los litigantes.

Y agrega el demandante: Ahora bien, entre el proceso que culminó con la sentencia del Tribunal de Córdoba de fecha 5 de noviembre de 1966 y que ahora se ha iniciado nuevamente por el Instituto mediante los actos acusados se dan a cabalidad esas tres condiciones.

En efecto: a) las dos controversias se refieren o tienen un mismo objeto, cual es la adquisición de los predios Flor de María, La Argentina y Costa Azul; b) tiene

también la misma causa, esto es, el proyecto Córdoba No. 2 y la destinación que a esos fundos se les piensa dar, y c) por último, existe igualmente la identidad entre las personas de los litigantes, que son hoy, como antes el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y don Miguel García Sánchez. Debe, entonces, tener aplicación el artículo 473 del C.J., al tenor del cual la sentencia firme dada en materia contenciosa tiene la fuerza de cosa juzgada, y hace absolutamente nula (subrayo) cualquier decisión posterior que le sea contraria pronunciada en el mismo asunto y entre las mismas partes. . . Así, pues, el acto acusado es nulo por el quebrantamiento de estas normas tal como vienen estudiadas y analizadas. Dice el demandante que se violó el art. 24 del Decreto 2733 de 1959 por cuanto el Incora revocó oficiosamente un acto creador de una situación jurídica individual y concreta que, además, había reconocido un derecho al actor. Y agrega: Quedó determinado en los hechos 5o. y 6o. de esta demanda que al revocar oficiosamente el Instituto su Resolución No. 13946, a virtud de la anulación por el Consejo de Estado de la Resolución de carácter general No. 230 de aquella entidad, ésta reconoció expresamente el derecho que corresponde a mi mandante de no ser afectado en sus predios por nuevos actos administrativos destinados a

la adquisición de sus inmuebles; y, al mismo tiempo, creó a su favor, por esas mismas causas, una situación individual concreta. Tales los efectos, necesariamente producidos, por la Resolución No. 19783, de 2 de agosto de 1968, como que su vigencia comenzó en enero del año en curso, que, nótese bien, es posterior a la Ley la. de 1968, como quiera que ésta situación está prevista en el mandato de su artículo 35. Así las cosas, resulta evidente que el Instituto no podía desconocer ni la situación concreta por él constituida ni el derecho reconocido a mi mandante. Pues bien, a pesar de lo anterior, el mismo Instituto, a través de los actos acusados, desconoció esa doble situación, porque: a) revocó tácitamente su propia resolución oficiosamente, y b) desconoció el derecho y su garantía de mi mandante de no verse expuesto al ejercicio de nuevas acciones de adquisición por concepto de las obras tantas veces mencionadas. De los actos administrativos señalados se desprende una violación notoria del texto del artículo 24 del Decreto 2733 de 1959, a cuyo tenor: Cuando el acto administrativo haya creado una situación jurídica individual, o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso o escrito del respectivo titular. Respecto a la violación de los artículos 19 y 35 de la Ley la. de 1968 (y consecuencialmente de los artículos 24 del Decreto 2733 de 1959 y 30 de la Constitución Nacional) dice el apoderado de la parte actora que se le dio a la Ley

la. de 1968 un efecto retroactivo, a pesar de que el art. 35 de la misma dispuso que ella regiría desde su sanción, lo cual quiere decir que sus disposiciones únicamente son aplicables a los hechos y actos futuros, o sea a las situaciones no definidas en el momento de su sanción, pero que nunca cabe aplicarla a hechos y actos pasados, a situaciones jurídicas consolidadas de acuerdo con las normas vigentes entonces. Dice además el demandante que el Instituto al aplicar el art. 19 de la Ley la. de 1968 en la Resolución impugnada le dio efecto retroactivo con menoscabo de sus razones jurídicas concretas nacidas y proferidas por leyes anteriores y reconocidas en decisiones judiciales, y lo cual entraña la violación de los mismos preceptos de la ley invocada, y el desconocimiento del artículo 30 de la Constitución. Continúa la demanda diciendo que la Resolución impugnada viola el art. 18 de la Ley 153 de 1887 por confundir el efecto inmediato con el efecto retroactivo de una norma. Finalmente, en cuanto a la violación de los artículos 14 del C. C. y 58 del de R. P. y M., dice que éstos fueron violados por cuanto las leyes interpretativas no pueden desconocer los efectos de las sentencias ejecutoriadas en tiempo anterior y, agrega: El artículo 19 de la. de 1968, invocado por los actos que impugnó, no hizo cosa (sic) que interpretar el numeral 2o. del artículo 68 de la Ley 135 de 1961, por cuanto vino a despejar una duda sobre la debida inteligencia de esta última

disposición. — En el aparte a) del considerando No. 11 de las resoluciones que acuso, así se reconoce cuando se dice: la Ley la. de 1968 y en especial la parte que adicionó el numeral 2o. del artículo 68 de la Ley 135 de 1961 hizo expropiables las tierras que según el Tribunal Administrativo de Córdoba no lo eran antes de su vigencia.. . (subrayo). Pero de acuerdo con las normas arriba citadas las leyes que se limitan a declarar el sentido de otras leyes, se entenderán incorporadas en éstas; pero no afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias ejecutoriadas en el tiempo intermedio. Y como el Instituto pretende, a través de los actos que acuso, afectar precisamente los efectos del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Córdoba, valiéndose de la citada disposición interpretativa, resulta evidente que con dichos actos violó de una manera directa las normas que he señalado. El señor apoderado del Instituto de la Reforma Agraria después de reconocer que mediante auto de 5 de noviembre de 1966 el Tribunal Administrativo de Córdoba, al resolver el grado de jurisdicción por consulta (el subrayado es de la Sala), interpuesto por el actor en este juicio contra las Resoluciones que decretaron la expropiación de los predios Flor de María, Costa Azul y La argentina determinó la imposibilidad para el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria de adquirirlos a través de la expropiación, atendiendo al grado de explotación económica de las mismas y ya que, decía el Tribunal, las tierras adecuadamente explotadas

solamente son expropiables en los eventos expresamente consignados en la Ley, excepciones dentro de las cuales no se hallan las tierras destinadas a obras de adecuación de tierras, sostiene, con base en los argumentos expuestos por la Sala de Decisión en la providencia que revocó la suspensión provisional dictada por el Consejero Sustanciador, y en un concepto del Doctor Alvaro Leal Morales, que la determinación del Tribunal Administrativo de Córdoba, por no ser de carácter jurisdiccional, no tiene la fuerza de cosa juzgada, ya que la consulta es una mera revisión administrativa confiada a una autoridad judicial; y agrega: Pero aún en el caso de que el H. Magistrado sustanciador considere que a providencias de la categoría de la expedida por el Tribunal de Córdoba le son aplicables los efectos de la cosa juzgada, ocurre que tampoco se reúnen los tres elementos que deben concurrir, conforme al artículo 274 del Código Judicial (sic) porque si bien existe la identidad de objeto y de personas no aparece la identidad de causa. Las Resoluciones acusadas como claramente indica su contenido, se fundamentan en la adición introducida al artículo 68 de la Ley 135 de 1961 por la Ley la. de 1968 norma que no existía cuando se dictó la providencia del Tribunal de Córdoba. Respecto al problema de la irretroactividad de la Ley y a la aplicación de la Ley la. de 1968 a los proyectos creados antes de su vigencia, concluye el apoderado del Incora así: Lo que debe entonces dilucidarse es a qué situaciones o efectos de éstas, dentro

de los Proyectos, son aplicables las normas de la Ley la. de 1968 de conformidad con los criterios que informa la doctrina moderna sobre conflicto de leyes en el tiempo, que para nosotros no es tan nueva ya que tuvo consagración legal en el país de 1887. Lo pertinente es, por lo tanto, determinar qué situaciones se sustraen a las regulaciones de la Ley la. de 1968, pues de someterlas a ésta, se le estaría dando efecto retroactivo; y a cuáles se pueden aplicar esas disposiciones, con efecto general inmediato, según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 153 de 1887. De acuerdo con las normas y principios que se han venido comentando, la Ley la. de 1968 es aplicable no sólo a las situaciones que surjan después de que entró en vigencia, sino también a las nacidas antes y que aún no se habían extinguido, no estaban definidas o consumadas conforme a anteriores preceptos legales y a los efectos de esas situaciones que se produzcan después de que ella comenzó a regir. Y en el caso de las tierras respecto de las cuales se dictaron los fallos del Tribunal Administrativo de Córdoba, para declarar su inexpropiabilidad, no hay un derecho adquirido, para usar el lenguaje tradicional; no hay una situación definida o consumada, para hablar en los términos de la doctrina contemporánea sobre el llamado Derecho Transitorio. Y no existe tal Derecho Adquirido ni tal situación consumada porque, como lo sostuvo el Fiscal Doctor Joaquín Caro Escallón y lo demostró en el aludido memorando para la Junta Directiva de Incora, no se produjo el fenómeno de la

cosa juzgada frente a las disposiciones de la Ley la. de 1968 que configuran al efecto un fundamento jurídico diferente. Y desde luego, por lo ya explicado, tampoco se puede sostener, sin contrariar la realidad de los hechos y desvirtuar la naturaleza de las normas, que el Proyecto Córdoba No. 2 constituía una situación definida o consumada, una situación extinguida cuando entró en vigencia las tantas veces citada Ley la. de 1968. El señor apoderado del actor al alegar de conclusión sostiene, en primer término, que el acto acusado quebranta la institución de la cosa juzgada por cuanto la consulta fallada por el Tribunal Administrativo de Córdoba es un grado de jurisdicción, y que cuando aquél declaró la no viabilidad de la expropiación por ser la resolución del Incora violatoria de disposiciones expresas de la Ley 135 de 1961 dejó sin efectos al Decreto expropia torio objeto de la consulta y reconoció al señor García Sánchez el derecho subjetivo a la no afectación de sus predios por la vía de expropiación, así como la consolidación de la situación jurídica completa preexistente establecida a su favor por la Ley agraria —135 de 1961 la cual no puede ser desconocida, modificada ni vulnerada en forma alguna por la Ley nueva — la. de 1968.

Y agrega: El artículo 15 de la Ley la. de 1968, contiene la expresa declaración de que el conjunto de sus disposiciones sólo son aplicables a los Proyectos futuros, a los que se expidan con posterioridad a su vigencia, descartando toda posibilidad de que ella pueda aplicarse a los antiguos y bajo los cuales se han definido

definitivamente situaciones jurídicas concretas. Y luego, agrega la disposición comentada, aprobado un Proyecto por la Junta Directiva del Instituto, debe procederse a la publicación del mismo, en la forma que lo establezca el reglamento, formalidad ésta no prevista en la Ley 135 de 1961, para que se surtan los efectos señalados en esa misma norma. Luego, por mandato expreso de esa disposición quedó establecido, que la Ley la. de 1968, únicamente puede aplicarse a los Proyectos futuros, pues, ellos solamente son los que quedan sometidos a la nueva formalidad esencial señalada. Lo contrario implicaría el absurdo de aplicar unas normas a situaciones que no fueron revestidas de las solemnidades que la nueva ley señala para su validez. Y, el artículo 35 de la misma Ley la. de 1968, reformatoria de la 135 de 1961, dijo que ella sólo regiría desde su sanción, es decir, desde este momento en adelante. Todo lo cual implica rigurosamente que tales disposiciones no pueden aplicarse por consiguiente, a situaciones definidas bajo el imperio de la Ley antigua, porque no cabe otra alternativa sino la de que la Ley estaría rigiendo con efecto retroactivo. Finalmente, el señor Fiscal 2o. del Consejo conceptúa que debe accederse a las peticiones de la demanda, y acoge los argumentos de la parte actora en cuanto a la institución de la cosa juzgada aplicable a la providencia del Tribunal Administrativo de Córdoba y a la no aplicabilidad de la Ley la. de 1968, al caso de autos. Dice en uno de los párrafos de su concepto:

De tal suerte que al resolver el mencionado Tribunal que los predios del actor no eran expropiables podría decirse que se pronunció una sentencia, por tanto, un acto jurisdiccional, y que como sentencia produce la cosa juzgada. Además, no puede ser desconocida por actos administrativos posteriores, mientras las condiciones de hecho sigan siendo las mismas, como en este caso enjuiciada (sic), en que el Proyecto Córdoba No. 2 fue el que se tuvo en cuenta cuand