CE-SEC3-280-EXP1970-N843

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ESTIPULACIONES DEL CONTRATO /

EXENCIÓN DEL IMPUESTO / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE /

ELEMENTOS DE HACIENDA PÚBLICA / INGRESO FISCAL / RECAUDO DEL

IMPUESTO / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO /

CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL

CONTRATO ESTATAL / SITUACIÓN JURÍDICA CONSOLIDADA / ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL / FINALIDAD DEL ESTADO Entre las estipulaciones del pacto en referencia está la de las exenciones de impuestos que el [demandado] se obliga a otorgar. Un contratante como el Estado no puede comprometer para las contraprestaciones a que se obliga sino la hacienda pública; él no puede vincular […] sino ingresos fiscales recaudados o ingresos por recaudar. Pero esa disposición de la pecunia con que él trafica no es lo que constituye la postura de privilegio característica de los contratos administrativos. La exorbitancia no está en la especie con que se pague […], sino en las facultades que en cuanto a ejecución y control del contrato se reserva la Administración como Administración, y de las que resultan para el particular una desventaja, una situación jurídica inferior, un sometimiento, no a convenciones propiamente, sino a ordenamientos cuya justificación tiende a confundirse con algo muy próximo a la Razón del Estado.

NORMATIVIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / INEXISTENCIA DEL

CONTRATO ADMINISTRATIVO / DECISIÓN DEL JUEZ / PRONUNCIAMIENTOS

DEL CONSEJO DE ESTADO / DECLARACIÓN INHIBITORIA DEL JUEZ /

PROCEDENCIA DE LA SENTENCIA INHIBITORIA / CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ El contrato de que dan cuenta los autos, celebrado entre el [demandado] y la Sociedad [demandante] no es contrato administrativo, y ante esa realidad el Juez no puede hacer otra cosa que aceptarla y conformar a ella su decisión. Por lo expuesto anteriormente el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo […], Se Declara Inhibido para decidir la contención planteada por [la parte recurrente], de que da cuenta la demanda.

CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTENIDO DE LA DEMANDA /

INTERÉS PÚBLICO / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN LA ACTUACIÓN

ADMINISTRATIVA / FINALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / MERCADO DE

BIENES Y SERVICIOS / GENERACIÓN DE EMPLEO / ELEMENTOS

ESENCIALES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / SERVICIOS PÚBLICOS /

PREVALENCIA DE NORMAS / LEY DE INICIATIVA GUBERNAMENTAL PARA

LEYES QUE AUTORIZAN CELEBRACIÓN DE CONTRATOS / FACULTADES

DEL GOBIERNO / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / GARANTÍAS DEL CONTRATISTA Es claro que el acto contractual, sobre el cual versa la demanda, tuvo una mediata finalidad de interés público, como deben tenerla todas las actuaciones administrativas. Esa finalidad fue en primer término la de crear mercado para los productos de las siderúrgicas nacionales, y después, la de generar empleo. Pero finalidades de esa índole no son las que configuran el concepto de contrato

administrativo, que sólo resulta de […] la ejecución misma del Servicio Público. Las finalidades mencionadas corresponden a los propósitos contemplados en los Decretos Legislativos 0177 y 1147 de 1956, que autorizaron la celebración de contratos como el que se comenta, y a cuyas prescripciones éste se ajusta de tal modo que lo estipulado allí no sobrepasa las facultades que se otorgaron al Gobierno, ni disminuye las obligaciones y garantías contempladas para los contratistas.

FUENTE FORMAL: DECRETO 177 DE 1956 / DECRETO 1147 DE 1956

CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO DE PODER

DE LA ENTIDAD DEL ESTADO / CONTRATANTE / CELEBRACIÓN DEL

CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ENTRE PARTICULARES /

COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL / RESOLUCIÓN DEL

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CLÁUSULA RESOLUTORIA POR INCUMPLIMIENTO / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / PAGO DEL IMPUESTO / RENUNCIA A LA EXENCIÓN TRIBUTARIA / EJECUTORIA DE LA

SENTENCIA / ESTIPULACIONES DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA

CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE

TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL

[E]n cuanto a lo que pudiera ser la posición exorbitante del Estado en el contrato, se tiene que esa posición está desvirtuada desde el momento en que la Administración co—contratante comparece a celebrar el pacto como si fuera un particular, dejando a las autoridades judiciales la calificación del incumplimiento de

lo pactado. Es esto lo que se expresa en la cláusula Undécima cuando se dice: "En caso de incumplimiento judicialmente declarado de las obligaciones previstas en el presente contrato, la Compañía contratista pagará al Gobierno el total de los impuestos que hubiere dejado de pagar, según las exenciones concedidas, dentro de los noventa días siguientes a la ejecutoria de la sentencia que declare el incumplimiento". Lo estipulado a dicho tenor elimina de un tajo la posibilidad para el [demandado] de asumir la conducta que configura menos que nada la postura privilegiada, como es la declaratoria de caducidad del contrato, declaración que es unilateral, previa y ejecutoria.

CLASES DE CONTRATO / CONTRATO CIVIL / CONTRATO

ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA JURISDICCIONAL / CONTROVERSIAS

DEL CONTRATO ESTATAL / ACTUACIÓN DEL FUNCIONARIO JUDICIAL /

DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / COMPETENCIA DE

LA JUSTICIA ORDINARIA / CLASES DE NEGOCIO JURÍDICO / INEXISTENCIA

DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CAMBIO DE JURISDICCIÓN / CLASES DE JURISDICCIÓN Se entiende que la calidad de un contrato ha sido definida legalmente cuando la Ley lo llama civil o administrativo o cuando determina la Jurisdicción competente para conocer de los conflictos que él origine. No ocurre ésto en el contrato que se analiza, aunque es evidente que cuando en los Decretos se estableció que el incumplimiento sería declarado judicialmente, no se pudo pensar sino en el Juez Ordinario, que era el que entonces conocía indistintamente de ese género de

contenciones. Para que otro fuera hoy Juez del Contrato, se necesitaría que tal convención tuviera un inconfundible carácter administrativo, y ésto es precisamente lo que no puede afirmarse en el presente caso. El tránsito de Jurisdicción no aparece justificado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA Consejero ponente: GABRIEL ROJAS ARBELAEZ Bogotá, D.E., diez y nueve (19) de junio de mil novecientos setenta (1970) Radicación número: 280-CE-SEC3-EXP1970-N843

Actor: SOCIEDAD "LEONIDAS LARA E HIJOS" Demandado: GOBIERNO NACIONAL Diciendo obrar en ejercicio de la acción personal derivada del contrato de ensamblaje de automotores celebrado con el Gobierno Nacional en el año de 1960, la Sociedad Colectiva de Comercio "Leónidas Lara e Hijos", actuando por medio de apoderado, solicitó en demanda presentada el 21 de junio de 1967 se hicieran las siguientes declaraciones: "Primera. Que el Gobierno Nacional de Colombia, por intermedio del señor Presidente, de la República y de sus Ministros de Hacienda y Crédito Público y Fomento, está obligado a otorgar a mi poderdante la razonable y suficiente protección pactada en la cláusula tercera de la Convención indicada, con motivo de la devaluación monetaria decretada por el mismo Gobierno mediante la expedición del Decreto Legislativo número 2322 de 1965 (Septiembre 2) y de la Resolución No. 22 de 1966 (Agosto 21) de la Junta de Comercio Exterior de

Colombia. "Segunda. Que como el Gobierno Nacional incumplió para con el Contratista antes mencionado, darle aquella protección con motivo de la devaluación referida, y mis mandantes sufrieron perjuicios materiales, se declare responsable civil o administrativamente al Estado Colombiano de todos los perjuicios sufridos por "Leónidas Lara e Hijos" con ese incumplimiento, y perjuicios que consistieron en el mayor valor superior a nueve pesos ($9. oo) por cada dólar americano que tuvo que desembolsar mi mandante para cancelar importaciones hechas para su fábrica de vehículos automotores de Bogotá, y cuya cuantía es superior a la suma de $5.000.000. oo, pero que será definitiva la que se justiprecie por peritos nombrados dentro del juicio. "Tercera. Condénase al Estado Colombiano a pagar dentro del plazo que se fije en la sentencia, en favor de "Leónidas Lara e Hijos", de Bogotá, o a sus causahabientes, las sumas de dinero a que ascienden tales perjuicios". HECHOS Como fundamento de las peticiones anteriores relacionó el actor varios hechos que se pueden resumir así: 1º. La Sociedad Colectiva de Comercio "Leónidas Lara e Hijos", empresa vinculada al desarrollo industrial y comercial de Colombia desde el 26 de enero de 1911, celebró con el Gobierno Nacional, el 12 de diciembre de 1960, un contrato sobre fabricación y ensamblaje de vehículos automotores que en su cláusula tercera dijo: "El Gobierno otorgará oportunamente a la Compañía una razonable y suficiente protección para que los motores, partes estampadas y otros

implementos metálicos introducidos al País por la Compañía para ésta, los vehículos armados o desarmados a los cuales tales productos se incorporen, puedan ser utilizados o vendidos, en condiciones favorables de competencia con los de producción extrajera de calidad semejante y similar capacidad transportadora, con utilidad para la Compañía no inferior a la que predomina en las principales industrias del País". 2º. Por Resoluciones números 716 de 28 de junio de 1963, 288 de 9 de marzo de 1965 y 376 de 15 de mayo de 1966 el Ministerio de Fomento, con apoyo en el contrato mencionado, determinó los programas de producción, estableció que el visto bueno para importar partes y piezas que debía dar la División de Industria y Comercio Nacional quedaba condicionado a que la Sociedad contratante utilizara cada vez en mayor magnitud la producción nacional y a que comprobara haber obtenido del extranjero plazos diferidos de financiación para sus importaciones, y dispuso que los precios de venta de los vehículos deberían ser aprobados por la Superintendencia de Regulación Económica. 3º. En cartas de 8 de julio de 1964, 2 de octubre del mismo año y 27 de agosto de 1965 los señores Leónidas Lara e Hijos comunicaron al Ministerio de Fomento haber obtenido una financiación especial de 24 meses de plazo, sin ninguna cuota inicial para la importación de las partes destinadas a la producción de los vehículos International y Kaiser Jeep International Corp; acompañaron copias fotostáticas de las cartas enviadas a ellos por Chemical Bank New York Trust Company y Bank of America de New York, por las cuales estas entidades confirmaban la financiación hasta de 24 meses para las importaciones

mencionadas, y manifestaron acogerse a las medidas adoptadas por el Gobierno según el comunicado del Ministro de Fomento, aparecido en la prensa capitalina del 20 de agosto de 1965. 4º. Sucesivamente, a lo largo de los últimos cinco años, el Gobierno Nacional ha venido asignándoles a mis poderdantes un cupo anual de vehículos International y Willys para ser importados, armados y semi—fabricados en su planta de ensamblaje de esta ciudad, y así mismo se ha venido imponiendo a mis poderdantes la condición de obtener plazos diferidos para la remesa de dólares correspondientes a tales importaciones (dos años distribuidos en cuatro semestres), y desde la fecha de instalación de la Superintendencia de Regulación Económica, mis poderdantes han recibido el mandato oficial de someter su liquidación de costo de vehículos a la revisión de tal Oficina de Control de Precios, entidad que a su turno establece una modesta utilidad del doce por ciento (12o/o) para mis poderdantes. A manera de ejemplo va anexa una de las Resoluciones impuestas por la Superintendencia de Regulación Económica para cada importación sobre precios de venta al público de los vehículos correspondientes a cada embarque. En el análisis de la liquidación anexa podrá verse claramente que la liquidación de costo impuso a mis poderdantes el cómputo de $9.01 por cada dólar (nueve pesos, tipo de cambio y un centavo por comisión bancaria). También estipuló la Superintendencia de Regulación Económica la condición de no poderse registrar en las oficinas de Circulación y Tránsito de este País vehículo alguno que

mis poderdantes hubieren importado, armado y vendido y que no llevara consigo la expresa autorización de precio con la correspondiente designación del número del motor y número de chasis, sopeña de que mis mandantes corrieron la contingencia de ser sometidos a multas de quinientos mil pesos (S500.000. oo) y presidio correspondiente a la infracción que al respecto llegara a cometerse". 5º. Dicho lo anterior, no es justo, no es equitativo, no es legal que el Estado que obligó a unos ciudadanos a computar un tipo de cambio de a nueve pesos por cada dólar para efectuar sus liquidaciones de costo y venta, haya impuesto con carácter retroactivo un nuevo tipo de cambio de SI3.50 por dólar cincuenta por ciento (50o/o) de aumento para el pago de las remesas pendientes sobre vehículos que pretéritamente llegaron e instantáneamente fueron vendidos a los choferes o transportadores, en moneda colombiana y también con plazo de dos años distribuidos en 24 mensualidades. La implantación de un sistema oficial de tamaña injusticia fácilmente podría llevar a la quiebra a gentes de bien que siempre han tenido fe en la palabra del Estado, bajo cuyo amparo se escudan". 6º. Leónidas Lara e Hijos solicitó con fecha 23 de septiembre de 1966 al Estado Colombiano, por intermedio de la Junta de Comercio Exterior, la protección razonable y justa pactada en la cláusula tercera convencional". 7º. La Junta de Comercio Exterior aceptó el fundamento de la reclamación contractual, habiendo el Asesor Jurídico de esa dependencia expuesto su

concepto favorable a la petición de los reclamantes, según comunicación de 23 de enero de 1967. La Junta de Comercio Exterior no dio la protección solicitada, y optó por pasar el problema planteado por los actores a la Superintendencia de Regulación Económica para que allí se estudiara el reajuste de precios de los camiones importados. Esta fórmula resultó ineficaz para Leónidas Lara e Hijos, porque todos los vehículos objeto de la pérdida por la devaluación, habían sido vendidos y estaban en poder de los clientes respectivos desde mucho antes de pensarse en dicha solución. 8º. Un reajuste de precios para los nuevos camiones importados dentro del régimen de la actual devaluación era inaceptable para mis clientes, pues ese mayor precio considerable aleja del mercado estas mercancías, ya que los demás competidores continuarían vendiéndolos a precios inferiores a los de Leónidas Lara e Hijos, y tampoco es protección justa y razonable. 9º. Mi cliente ha cumplido por su parte con sus obligaciones contractuales y tiene derecho a que el Estado Colombiano cumpla los compromisos adquiridos en la cláusula tercera del contrato mencionado. 1º. El incumplimiento de la cláusula tercera del contrato causó graves perjuicios a Leónidas Lara e Hijos, Sociedad que, no obstante aquella estipulación, se ha visto obligada a pagar sus importaciones, no al cambio de nueve pesos ($9. oo) por cada dólar americano, sino al del trece pesos con cincuenta centavos ($13.50) por

cada dólar, sufriendo así una pérdida de cuatro pesos con cincuenta centavos ($4.50) por cada dólar, o sea una pérdida global de cinco millones setecientos veintidós mil trescientos dos pesos con cuarenta y siete centavos ($5.722.302.47) moneda colombiana. FUNDAMENTOS DE DERECHO Como precepto quebrantado por la Administración Pública invocó el actor el artículo 1602 del C. Civil, que hace una Ley del contrato legalmente celebrado entre los contratantes y dispone que ese contrato no puede ser invalidado sino por mutuo consentimiento de aquéllos o por causas legales. Adujo además jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia sobre el rigor de lo estipulado por la Administración en los contratos que ella celebra. CONCEPTO DEL SEÑOR FISCAL SEGUNDO Estimó e! señor Agente del Ministerio Público que cuando la Sociedad actora se presentó a demandar su acción había caducado, porque "como se trata de actos, hechos y operaciones administrativas que establecen situaciones individuales y concretas, únicamente procede la vía de plena jurisdicción de que hablan los artículos 67 y 68, los cuales conceden a la persona perjudicada no sólo él derecho abstracto de restablecer la legalidad, sino, además, la posibilidad de obtener de la administración la reparación del daño concreto que ésta le infringió en su derecho subjetivo". En la vista se citan a este respecto las Resoluciones que el demandante menciona, y de las cuales se da cuenta en los hechos de la demanda.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: Antes de averiguar si la parte actora debía haber acusado en ejercicio de la acción

de plena jurisdicción y dentro del término legal los actos administrativos a los que atribuye la lesión de un derecho suyo de origen contractual y reconocido por la norma civil que invoca, lo de rigor es determinar en primer término si esta Corporación era la competente para solicitar de ella las declaraciones de que da cuenta el libelo. El contrato a que se alude es el celebrado en noviembre de 1960 entre el Gobierno Nacional y la parte demandante, cuyas estipulaciones principales fueron las siguientes: Obligaciones de la Sociedad Contratante: a). Montaje dentro del territorio nacional de una o varias fábricas destinadas a la producción de vehículos automotores, con una capacidad de producción anual no inferior a cinco mil automotores, montaje que debería hacerse dentro de un plazo de cuarenta y ocho meses. b). Consumo por los fabricantes de las materias primas, partes, accesorios y artículos semiterminados de producción nacional que no elabore directamente, pero sólo en cuanto ellos se puedan adquirir en el País en cantidades suficientes y a precios razonables, ajuicio del Ministerio de Fomento. c). Fabricación de elementos o partes de automotores, como cárter del embrague, refuerzos traseros del bastidor del chasis, soportes del tubo de escape, empaque de la tapa de transmisiones y los demás que aparecen relacionados en el ordinal f) de la Cláusula Primera. d). Vender los productos a precios que solo representen una equitativa y adecuada utilidad, de acuerdo con el margen de utilidad predominante en las principales industrias nacionales. Obligaciones del Gobierno a). Otorgar a la Sociedad, sin perjuicio de las demás a que por disposiciones

legales tuviere derecho, las siguientes exenciones: lo. Del impuesto de renta y complementarios de patrimonio y exceso de utilidades que correspondería pagar a la Compañía, pero únicamente en lo relativo a los bienes y rentas vinculados directamente a la industria de que trata el contrato. 2o. Del pago de los derechos de aduana sobre la importación de los equipos, maquinarias y accesorios necesarios para el montaje, funcionamiento y ampliaciones de las plantas respectivas. b). Otorgar oportunamente a la Compañía una razonable y suficiente protección para que los motores, partes estampadas y otros implementos metálicos introducidos al País por la Compañía para ésta, los vehículos armados o desarmados a los cuales tales productos se incorporen, puedan ser utilizados o vendidos en condiciones favorables de competencia con los de producción extranjera de calidad semejante y similar capacidad transportadora, con utilidad para la Compañía no inferior a la que predomina en las principales industrias nacionales. . c). Otorgamiento a la Compañía, a través de la Superintendencia Nacional de Importaciones, y de acuerdo con las disponibilidades de divisas, de las licencias para la importación de las materias primas y elementos requeridos para el cumplimiento de los programas de producción acordados. Como cláusulas generales del contrato se estipularon las siguientes: Que el Gobierno no tendría restricción alguna para permitir en todo tiempo la importación y pago de vehículos automotores, partes de éstos, componentes y accesorios de otros tipos o similares a los que pueda producir la Compañía, y que a juicio de aquél fueran necesarios para el desenvolvimiento económico del País y

para el normal funcionamiento de la industria de transporte de carga y pasajeros, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula tercera del contrato. Que los planes de producción serían acordados entre los dos contratantes, para ajustados a las más urgentes necesidades del País en transporte de carga y pasajeros. Que la exportación de los productos fabricados por la Compañía, y de los vehículos en que se incorporaran motores y piezas estampadas de fabricación nacional, gozarían de las mismas condiciones existentes para otros productos manufacturados de las industrias colombianas. Que en caso de que el Gobierno celebrara con otras empresas contratos para la fabricación de los elementos que debía fabricar la Sociedad Leónidas Lara e Hijos, y en esos contratos se estipularan mayores exenciones o condiciones más favorables, esas mayores exenciones y mejores condiciones se entenderían incorporadas al contrato celebrado con la citada Sociedad. Que la Compañía pagaría el total de los impuestos que hubiere dejado de pagar en virtud de las exenciones concedidas, en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas, judicialmente declarado. Que para garantizar el pago eventual de los impuestos dejados de pagar, la Compañía constituiría una caución a favor del Gobierno por la suma fijada por la Contraloría General de la República, suma que el Gobierno podría hacer efectiva sin necesidad de requerimientos. La distinción de Jurisdicciones, basada a la vez en la distinción entre contratos de derecho común y contratos administrativos, no quedó zanjada con la expedición del Decreto—Ley 528 de 1964, siendo por ello necesario que en primer término el

Juzgador se preocupe de averiguar su competencia cuando de querellas contractuales se trate. A la exclusión general de controversias de tal índole, contenida en el numeral lo. del artículo 73 de la Ley 167 de 1941, se sustituyó la parcial contemplada en el ordinal a) del numeral 1º. del artículo 30 del Decreto antes citado, precepto conforme al cual la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoce en única instancia de las controversias relativas a contratos administrativos celebrados por la Nación o por un establecimiento público de orden nacional cuando la cuantía sea o exceda de cien mil pesos. Ese ordenamiento revive la distinción de contratos. Y como en el numeral lo. del artículo 6o. del mismo Decreto, se atribuyó a los Jueces Municipales en lo Civil del Municipio de Cabecera de Distrito Judicial, el conocimiento de los asuntos contenciosos de mero derecho privado en que intervinieran como partes la Nación, un Departamento, un Municipio, una Intendencia, una Comisaría o un Establecimiento Público, (hoy conocen los Jueces Civiles de Circuito en razón de lo ordenado en el numeral lo. del artículo 8º.. de la Ley 16 de 1968), eso relieva la diferenciación que se hace en nuestro régimen positivo. La Jurisdicción de lo Contencioso sólo puede conocer de los litigios originados en contratos administrativos, y por lo mismo importa distinguir si el contrato cuyo incumplimiento denuncian los demandantes es administrativo o de derecho privado. Tres son los criterios dominantes que se han ideado, como consecuencia de la

amplia y larga controversia sobre esos contratos, para distinguir uno de otro: el de las cláusulas exorbitantes, el del servicio público, y el de la definición legal. En razón de aquéllas la Administración se reserva privilegios, imponiéndolos como Poder, y no obteniéndolos en calidad de contraprestación como cualquier contratante. En razón del segundo, se tienen como contratos administrativos aquéllos que collevan el desarrollo de una actividad que signifique prestación directa e inmediata del objeto mismo del servicio público. Es este el criterio que adoptó el Consejo de Estado Francés al decidir el asunto Esposos Bertin, el 20 de Abril de 1956, litigio originado en un contrato verbal pasado entre los esposos Bertin y la Administración Pública, mediante el cual aquéllos se comprometieron a proporcionar alimentación a subditos soviéticos albergados en el centro de repatriación de Meaux, y que estaban en espera de ser regresados a su País. Se entiende que la calidad de un contrato ha sido definida legalmente cuando la Ley lo llama civil o administrativo o cuando determina la Jurisdicción competente para conocer de los conflictos que él origine. No ocurre ésto en el contrato que se analiza, aunque es evidente que cuando en los Decretos se estableció que el incumplimiento sería declarado judicialmente, no se pudo pensar sino en el Juez Ordinario, que era el que entonces conocía indistintamente de ese género de contenciones. Para que otro fuera hoy Juez del Contrato, se necesitaría que tal convención tuviera un inconfundible carácter administrativo, y ésto es precisamente lo que no puede afirmarse en el presente caso. El tránsito de

Jurisdicción no aparece justificado. El que se exija la prestación directa e inmediata del objeto del servicio público para que dicho criterio tenga cabida, es explicable, porque mediatamente no hay convenio ni acto alguno de la Administración que puedan concebirse sin una finalidad de interés público. Esta es también la finalidad de los contratos de derecho privado. No pudiendo atribuir a los actores la ejecución misma de un servicio público en razón del contrato que ha originado la demanda, desde luego que no puede constituir ese servicio el ensamblaje y venta de automotores dentro de una actividad comercial desarrollada por una entidad particular con una inmediata finalidad de lucro, no se puede afirmar por ese concepto que se trate de un contrato administrativo. Y en cuanto a lo que pudiera ser la posición exorbitante del Estado en el contrato, se tiene que esa posición está desvirtuada desde el momento en que la Administración co—contratante comparece a celebrar el pacto como si fuera un particular, dejando a las autoridades judiciales la calificación del incumplimiento de lo pactado. Es ésto lo que se expresa en la cláusula Undécima cuando se dice: "En caso de incumplimiento judicialmente declarado de las obligaciones previstas en el presente contrato, la Compañía contratista pagará al Gobierno el total de los impuestos que hubiere dejado de pagar, según las exenciones concedidas, dentro de los noventa días siguientes a la ejecutoria de la sentencia que declare el incumplimiento". Lo estipulado a dicho tenor elimina de un tajo la posibilidad para el Gobierno de asumir la conducta que configura menos que nada la postura privilegiada, como es la declaratoria de caducidad del contrato, declaración que es

unilateral, previa y ejecutoria. Por decisión judicial se resuelven los conflictos provenientes de los contratos de derecho privado. Por lo demás, ni la estipulación de que los planes de producción deben ser productos de acuerdo entre los contratantes, ni la caución que la Compañía se obliga a constituir para garantizar el pago eventual de los impuestos, ni la facultad para el Gobierno de suspender las exenciones otorgadas, son suficientes, ni particular ni conjuntamente, a constituir una Postura de Poder Público. Los planes de producción obedecen a la necesidad de consultar las necesidades del mercado, y ésto es de interés especialmente para la Sociedad contratante. La caución es para garantizar el pago de los impuestos en el caso de que los Jueces declaren el incumplimiento del contrato por parte de la Sociedad. Y la suspensión de las exenciones en caso de incumplimiento es una medida que estando sujeta a debate, no es previa ni ejecutoria, como lo son los actos procedentes de la "acción de oficio", que es la primera de las prerrogativas del Poder Público. Esa medida no puede ser adoptada sino previa audiencia del particular que permite a éste aportar pruebas, y sólo cuando el incumplimiento haya sido probado plenamente, todo lo cual es negativo de la preponderancia administrativa. Es claro que el acto contractual, sobre el cual versa la demanda, tuvo una mediata finalidad de interés público, como deben tenerla todas las actuaciones administrativas. Esa finalidad fue en primer término la de crear mercado para los productos de las siderúrgicas nacionales, y después, la de generar empleo. Pero finalidades de esa índole no son las que configuran el concepto de contrato

administrativo, que sólo resulta de la finalidad directa e inmediata, o con más propiedad: de la ejecución misma del Servicio Público. Las finalidades mencionadas corresponden a los propósitos contemplados en los Decretos Legislativos 0177 y 1147 de 1956, que autorizaron la celebración de contratos como el que se comenta, y a cuyas prescripciones éste se ajusta de tal modo que lo estipulado allí no sobrepasa las facultades que se otorgaron al Gobierno, ni disminuye las obligaciones y garantías contempladas para los contratistas. Por lo mismo puede afirmarse que el carácter del contrato celebrado entre el Gobierno Nacional y "Leónidas Lara e Hijos" resulta, más que del pacto mismo, de los Decretos que autorizaron la celebración de ese y similares que tuvieran el mismo objeto y la misma finalidad. Esos Decretos fueron los que ordenaron, junto con las demás cláusulas generales, el pronunciamiento judicial para definir el cumplimiento o incumplimiento de los contratistas, estipulación ésta que por significar una renuncia al privilegio de la unilateral declaración a ese respecto, implica también un tácito señalamiento del Juez competente para proferir la decisión. Y sabido es que cuando esa renuncia aparece, el Juez no puede ser otro que el de derecho común. Entre las estipulaciones del pacto en referencia está la de las exenciones de impuestos que el Gobierno se obliga a otorgar. Un contratante como el Estado no puede comprometer para las contraprestaciones a que se obliga sino la hacienda pública; él no puede vincular el do ut des respectivo sea d