CE-SEC3-EXP1970-N1177

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA - Acto de trámite / INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA - Acto definitivo / ACTO DE TRÁMITE / ACTO DEFINITIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / FACTORES QUE DETERMINAN LA COMPETENCIA / EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUTO DE PONENTE / AUTO QUE DECRETA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA La distinción entre acto de trámite y acto definitivo es fundamental para fijar la competencia del Juez ante quien se ejercita una acción; y para este efecto es fundamental igualmente establecer cuándo un acto de trámite decide directa o indirectamente el fondo del asunto. Así resulta de lo ordenado en los artículos 34, numeral 10 y 82 del C. C. A.; ese es el concepto universal sobre la materia, y así lo impone la noción de decisión ejecutoria. Sea porque use de una facultad discrecional o porque se acomode al ejercicio de una competencia reglada, la Administración suele tramitar expedientes dirigidos a ilustrar el criterio con el cual ha de dictar providencias con fuerza para afectar gravemente situaciones jurídicas.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 34 NUMERAL 10 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 82

ACTO DE TRÁMITE / ACTO DEFINITIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE

ESTADO / FACTORES QUE DETERMINAN LA COMPETENCIA / EJECUTORIA

DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RECURSOS CONTRA ACTO

ADMINISTRATIVO / INTERPOSICIÓN DE RECURSOS CONTRA EL ACTO

ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTO DE PROCEDIBLIDAD DE LA ACCIÓN /

CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO DEFINITIVO / ACTO DE TRÁMITE

[E]n el ordenamiento de los recursos contra los actos de la Administración se ha tenido en cuenta el alcance de éstos, siendo por ello por lo que el recurso de más alto grado, como lo es el recurso jurisdiccional, se ha establecido no contra los actos de trámite sino contra los actos definitivos. Sólo que a veces un acto de trámite puede decidir directa o indirectamente el fondo del asunto, y entonces la Ley lo identifica al acto definitivo para efectos de que se pueda accionar contra él. Es este un principio general de derecho administrativo que han registrado en nuestra Legislación los artículos 82 del C.C.A. y 18 del Decreto-Ley 2733 de 1959.

La expresión: “el fondo del asunto”, no parece requerir de mayor precisión, pues por ella no puede entenderse sino la manifestación de la voluntad administrativa para cuya producción se ha iniciado el procedimiento, y que es la que tiene suficientes vigor y radio de acción para modificar una situación jurídica subjetiva.

Lo que define esos actos como susceptibles de recurso ante las Autoridades Jurisdiccionales es que el propósito de la Administración se expresa, y que el objeto del procedimiento seguido hasta entonces se haya obtenido. Los actos que vengan después son meros actos de ejecución, como lo son los que siguen a las sentencias.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO

82 / DECRETO LEY 2733 DE 1959 – ARTÍCULO 18

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA / RESOLUCIÓN

ADMINISTRATIVA / ACTO DEFINITIVO / ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / ACTO DE EJECUCIÓN / ACTO EJECUTORIO Del examen de los tres actos mencionados, resulta que es el de octubre 9 de 1969, el que ostensiblemente contiene la expresión de voluntad administrativas, el que finaliza un proceso, el que afecta de distinto modo a los propietarios y a las personas calificadas como aparceros, el que decide el fondo del asunto y el que modifica en diverso sentido situaciones jurídicas individuales. La afectación de las tierras de que se habla en el numeral transcrito debe hacerse por medio de Resolución motivada. Este es el acto principal del proceso; en él está la decisión ejecutoria; él constituye la providencia subordinante. Las providencias siguientes, que son las previstas en el numeral 6o. del artículo 5o. del Decreto de que se ha hecho mérito, y entre las cuales está la de expropiación, son apenas providencias subordinadas. Ninguna de éstas va a modificar aquélla ni a atenuar el rigor de lo que en ella se haya dispuesto, como es la presunción de que en otras cabezas se ha radicado el dominio, presunción de la cual parten la expedición de las “constancias” y el tratamiento de nuevos dueños que a los beneficiarios de ellas deben otorgar las Instituciones de Crédito. Cuando se trata de una cascada de decisiones es indispensable fijar el valor procesal y jurídico de cada una. Por lo mismo no pueden ser confundidos los actos de ejecución y los actos ejecutorios.

FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 2733 DE 1959 – ARTÍCULO 5 NUMERAL 6

CALIFICACIÓN DE TIERRAS - Naturaleza jurídica del acto / CALIFICACIÓN DE LAS TIERRAS – Competencia / AFECTACIÓN DE TIERRAS / INSTITUTO

COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA / RESOLUCIÓN

ADMINISTRATIVA / ACTO DEFINITIVO / CONTROL DE LEGALIDAD DEL

ACTO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Si la afectación de las tierras para las finalidades contempladas en el artículo 59 bis de la Ley 135 de 1961, es la que constituye la decisión ejecutoria que debe producirse mediante Resolución motivada, conforme a lo prescrito en el numeral 5º del artículo 22 del Decreto 719 de 1968 y es el acto “por el que la Administración afirma públicamente su intención y su derecho de pasar a la ejecución”, es procedente averiguar cuál es el régimen de su control judicial. Es del orden nacional la autoridad que profiere las resoluciones. Dicha autoridad es el Jefe de la División de Tenencia de Tierras del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, y por lo tanto el juzgamiento de estos actos no está atribuido a una jurisdicción distinta ni a otra autoridad de la misma jurisdicción especial cuya cabeza es el Consejo de Estado. Lo que está atribuido a los Tribunales Departamentales de lo Contencioso Administrativo y eso en consulta, es el conocimiento de la Resolución por la cual se decreta la expropiación.

FUENTE FORMAL: LEY 135 DE 1961 – ARTÍCULO 59 / DECRETO 719 DE 1968

– ARTÍCULO 22 NUMERAL 5

CALIFICACIÓN DE TIERRAS - Naturaleza jurídica del acto / CALIFICACIÓN DE LAS TIERRAS – Competencia / AFECTACIÓN DE TIERRAS / INSTITUTO

COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA / RESOLUCIÓN

ADMINISTRATIVA / ACTO DEFINITIVO / CONTROL DE LEGALIDAD DEL

ACTO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRUEBA DE LA PROPIEDAD /

ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE PROPIETARIO / CONTRATO /

CUASICONTRATO / COMUNIDAD / CALIDAD DE COMUNERO / SUSPENSIÓN

PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO La determinación del propietario es uno de los “factores” a que se refiere el numeral 3o. del artículo 22 del Decreto 719 de 1968, al expresar que para dar aplicación al artículo 59 bis de la Ley 135 de 1961 se deben establecer “plenamente” la existencia actual o anterior de pequeños arrendatarios, aparceros o similares, el número de ellos, la superficie que ocupan, la clase de explotación económica que adelantan, así como los demás factores que sirvan para aplicar la Ley mencionada. Son factores que se deben establecer plenamente, porque los actos no se pueden expedir a favor de cualquiera ni en contra de cualquiera. (…) La diferencia que hay entre las expresiones de voluntad de las personas públicas y las actuaciones u omisiones procesales, no permite aplicar ni por aproximación las disposiciones del artículo 450 del C. Judicial que contempla los casos en que

la ilegitimidad de personería se debe dar por saneada. (…) También hay una fundamental diferencia entre la Sociedad, que es un contrato, y la Comunidad, que es un cuasi-contrato, diferencia que impone la de los regímenes jurídicos de una y otra. Por otra parte, siendo distinta la Sociedad a los socios y distinta la Comunidad a los comuneros, aquí no aparece un Administrador de la Comunidad que, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 85 de 1890 pudiera tenerse como el personero de ella. Sólo aparece un apoderado de comuneros que, por lo mismo no puede reputarse como representante de aquella. De esta manera, aunque la asimilación entre Sociedad y Comunidad fuera posible, no podría hablarse, como se hace en los actos impugnados, de un representante de la última.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO JUDICIAL – ARTÍCULO 450

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA Consejero ponente: GABRIEL ROJAS ARBELAEZ Bogotá, D. E., mayo once (11) de mil novecientos setenta (1970)

Radicación número: CE-SEC3-EXP1970-N1177

Actor: ALICIA TONO DE URIBE; IGNACIO URIBE TONO Y OTROS Demandado: INSTITUTO COLMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho En demanda presentada ante esta Corporación el 1o. de abril del año en curso, el Doctor Bernardo Carreño Varela obrando como agente oficioso de Elicia Tono de Uribe, Ana Graciela, Lucía, Elicia e Ignacio Uribe Tono pidió se declare la nulidad

de las Resoluciones números A-0157-rr de 30 de abril de 1 969, y de las de fechas 9 de octubre y 24 de noviembre del mismo año. Mediante la primera el Director del Proyecto del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (no expresa la Resolución de qué proyecto se trata) determinó iniciar las diligencias tendientes a establecer plenamente si el predio denominado “La Vega del Potro”, ubicado en el Municipio de Cúcuta, estaba siendo explotado total o parcialmente, mediante pequeños arrendatarios, aparceros o similares. Por la segunda se declaró la calidad de aparceros de unas personas, se ordenó la entrega de las constancias de que trata el inciso 2o. del numeral 5o. del artículo 22 del Decreto Reglamentario No. 719 de 1968 y se dispuso proceder a la adquisición del predio. Por la última se negó la reposición de la anteriormente citada. Pocos días después de la presentación del escrito que se menciona, las personas por quienes obró oficiosamente el Doctor Carreño Varela ratificaron lo hecho por éste y le confirieron poder para continuar representándolas. No hubo, pues, lugar al otorgamiento de la caución prevista en el artículo 270 del C. J., habiéndose hecho procedente, en cambio, el reconocimiento de la personería, personería que se le reconoce al Doctor Carreño, para representar en esta actuación a sus poderdantes.

SE CONSIDERA: ACTOS DE TRÁMITE Y ACTOS DEFINITIVOS La distinción entre acto de trámite y acto definitivo es fundamental para fijar la competencia del Juez ante quien se ejercita una acción; y para este efecto es

fundamental igualmente establecer cuándo un acto de trámite decide directa o indirectamente el fondo del asunto. Así resulta de lo ordenado en los artículos 34, numeral 10 y 82 del C. C. A.; ese es el concepto universal sobre la materia, y así lo impone la noción de decisión ejecutoria. Sea porque use de una facultad discrecional o porque se acomode al ejercicio de una competencia reglada, la Administración suele tramitar expedientes dirigidos a ilustrar el criterio con el cual ha de dictar providencias con fuerza para afectar gravemente situaciones jurídicas. Pero los actos que integran ese expediente son de un valor disímil, pues e mientras algunos se limitan a la iniciación o adelantamiento del proceso, como es la notificación al presunto o presuntos interesados o la práctica de diligencias, otros tienen apenas el alcance de simples medidas cautelares, como lo es una inscripción en el registro público, y sólo uno expresa plenamente la voluntad administrativa. Todos afectan en algún modo al particular, ya que si se trata de la notificación personal o de su intervención en la práctica de pruebas, eso le demanda tiempo y por lo regular erogaciones; y si se trata de la inscripción, ésta, aunque sea transitoriamente, surte el efecto de que un inmueble se vuelva inamovible; que sea, mientras el procedimiento se instruye, un patrimonio de manos muertas. Mas todo eso está instituido tanto en beneficio del administrado como en interés de la Administración. Aquél debe ser oído y prevenido, y ésta para realizar sus objetivos debe tomar las medidas encaminadas a obtener que no resulten nugatorias sus decisiones. Es un sistema de previsiones compensatorias;

un equilibrio propio de todo régimen de Derecho. Sin embargo el administrado no puede olvidar que una resolución administrativa es substancialmente distinta de una resolución judicial; que allí donde hay Estado hay imperio; que la sociedad política demanda algunos quebrantos, y que dentro de ella quizá de todo se pueda hacer menos de Licenciado Vidriera. El súbdito recibe protección pero se le exigen también ciertos sometimientos y algunas contribuciones. Por lo mismo no puede dar, como el personaje de Cervantes, en sentirse hombre de vidrio y en tenerse por “tierno y quebradizo”. Precisamente en el ordenamiento de los recursos contra los actos de la Administración se ha tenido en cuenta el alcance de éstos, siendo por ello por lo que el recurso de más alto grado, como lo es el recurso jurisdiccional, se ha establecido no contra los actos de trámite sino contra los actos definitivos. Sólo que a veces un acto de trámite puede decidir directa o indirectamente el fondo del asunto, y entonces la Ley lo identifica al acto definitivo para efectos de que se pueda accionar contra él. Es este un principio general de derecho administrativo que han registrado en nuestra Legislación los artículos 82 del C.C.A. y 18 del Decreto-Ley 2733 de 1959. La expresión: “el fondo del asunto”, no parece requerir de mayor precisión, pues por ella no puede entenderse sino la manifestación de la voluntad administrativa para cuya producción se ha iniciado el procedimiento, y que es la que tiene suficientes vigor y radio de acción para modificar una situación jurídica subjetiva. Lo que define esos actos como susceptibles de recurso ante las Autoridades

Jurisdiccionales es que el propósito de la Administración se expresa, y que el objeto del procedimiento seguido hasta entonces se haya obtenido. Los actos que vengan después son meros actos de ejecución, como lo son los que siguen a las sentencias. EL CASO DE AUTOS En el caso que la señora Elicia Tono de Uribe y familiares Uribe Tono han planteado, se ha dirigido la acción sobre tres actos: 1) La Resolución No. 03692 de 30 de abril de 1969, acto dictado, según los considerandos, “para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 59 bis de la Ley 135 de 1961”, en cuyo artículo primero se dispuso: “Iniciar las diligencias tendientes a establecer si el predio denominado “La Vega del Potro”, ubicado en el municipio de Cúcuta, Departamento de Norte de Santander, está siendo explotado total o parcialmente, mediante pequeños arrendatarios, aparceros o similares”. Ese acto, como puede verse, no es sino el inicial de un procedimiento dirigido a comprobar los hechos básicos para realizar la finalidad Administrativa de expropiar unos fundos que se hallen en las condiciones señaladas en el precepto anteriormente citado. 2) La Resolución sin número, de fecha octubre 9 de 1969, cuyas conclusiones, después de analizar las investigaciones realizadas, fueron las siguientes: “Primera. Declarar como pequeños aparceros del predio “La Vega del Potro o Rosillete”, ubicado en el municipio de Cúcuta, Departamento de Norte de Santander y de propiedad de la Sociedad Uribe Tono Ltda. “, a los siguientes señores: Ramón Rojas, Augusto Romero Murillo, Nazareth vda. de Espinosa,

Víctor Velasco, Rito Alipio Uribe Espinosa, Olimpo Colmenares, Juan Benigno Andrade, Pascual Alarcón López, Reinaldo Rincón”. “Segunda. Ordenar la entrega a los pequeños aparceros de las constancias respectivas, una vez ejecutoriada la respectiva providencia”. “Tercera. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 6o. del artículo 22 del Decreto 719 de 1968, continuar el procedimiento iniciado, mediante la realización de las diligencias tendientes a la adquisición del predio”. “Cuarta. Citar el propietario referido para que intervenga personalmente o por medio de apoderado en las diligencias de examen y mensura del predio, para lo cual se señalará fecha oportunamente”. 3) La Resolución, también sin número, de fecha noviembre 24 de 1969, por la cual no se accedió a reponer la del 9 de octubre del mismo año. Del examen de los tres actos mencionados, resulta que es el de octubre 9 de 1969, el que ostensiblemente contiene la expresión de voluntad administrativas, el que finaliza un proceso, el que afecta de distinto modo a los propietarios y a las personas calificadas como aparceros, el que decide el fondo del asunto y el que modifica en diverso sentido situaciones jurídicas individuales. El fondo del asunto es decidir la adquisición de unos inmuebles, mediante la calificación que se de a la calidad de quienes los tienen, siendo cosa de ejecución y cuestión completamente accesoria el procedimiento que sirva para adquirirlos, ya sea el arreglo formal entre la Administración y los propietarios, o a falta de éste

la expropiación. Son de secundaria importancia en la expropiación, y tan acentuado es su carácter de simple acto de cumplimiento de otro, que con anticipación a ella se ordena la entrega a los l aparceros, arrendatarios o similares de unas “constancias” que cumplen fines muy prácticos. Así está ordenado en el artículo segundo de la Resolución a que se hace referencia, y ello con fundamento a lo dispuesto en el numeral 5o. del artículo 22 del Decreto 719 de 1968 que reza de esta manera: “Vencido el término del traslado, el Instituto calificará en Resolución motivada las pruebas aportadas a las diligencias. Si de la calificación resulta demostrado que no existen contratos de arrendamiento, aparcería o similares, de los contemplados en el artículo 59 bis de la Ley que se reglamenta, la providencia así lo declarará y ordenará suspender el procedimiento, sin perjuicio de que se reabra en cualquier tiempo posterior, si las circunstancias en el predio respectivo variaren o se estableciere plenamente la existencia de contratos que den lugar a la expropiación. “Si, por el contrario, aparece demostrada la existencia de arrendamientos, aparcerías, o contratos similares que justifiquen la afectación de las tierras, el Instituto dictada la Resolución respectiva, procederá inmediatamente a expedir en favor de cada uno de los tenedores que tengan este carácter, una constancia en que aparezca su calidad, así como el derecho que les asiste para ser adjudicatarios de unidades agrícolas familiares cuando llegue la oportunidad de distribuir las tierras afectadas. “Los documentos que se expidan en cumplimiento de lo que aquí se dispone y que

contendrán, además de lo dispuesto en este artículo, los datos e informaciones que determine el Instituto, serán suficientes para que las entidades de crédito suministren a los campesinos que en ellos se mencionen, préstamos con destino a la producción agropecuaria de las parcelas y asistencia técnica si es el caso”. La afectación de las tierras de que se habla en el numeral transcrito debe hacerse por medio de Resolución motivada. Este es el acto principal del proceso; en él está la decisión ejecutoria; él constituye la providencia subordinante. Las providencias siguientes, que son las previstas en el numeral 6o. del artículo 5o. del Decreto de que se ha hecho mérito, y entre las cuales está la de expropiación, son apenas providencias subordinadas. Ninguna de éstas va a modificar aquélla ni a atenuar el rigor de lo que en ella se haya dispuesto, como es la presunción de que en otras cabezas se ha radicado el dominio, presunción de la cual parten la expedición de las “constancias” y el tratamiento de nuevos dueños que a los beneficiarios de ellas deben otorgar las Instituciones de Crédito. Cuando se trata de una cascada de decisiones es indispensable fijar el valor procesal y jurídico de cada una. Por lo mismo no pueden ser confundidos los actos de ejecución y los actos ejecutorios.

LA DECISION EJECUTORIA Y EL ARTÍCULO 59 BIS

DE LA LEY 135 DE 1961

Si la afectación de las tierras para las finalidades contempladas en el artículo 59 bis de la Ley 135 de 1961, es la que constituye la decisión ejecutoria que debe producirse mediante Resolución motivada, conforme a lo prescrito en el numeral

5o. del artículo 22 del Decreto No. 719 de 1968, y es el acto “por el que la Administración afirma públicamente su intención y su derecho de pasar a la ejecución”, es procedente averiguar cuál es el régimen de su control judicial. Instituido el Consejo de Estado desde el Acto Legislativo del 10 de septiembre de 1914 en Tribunal Supremo de las controversias en que la Contención sea Administrativa, aunque ya la Constitución de 1886 decía lo mismo al definir que fallaría “sin ulterior recurso”, la Ley ha venido fijando sus competencias. De esta manera la 167 de 1941 determinó en el artículo 34 algunos de los negocios de que debe conocer en única instancia, y en el numeral 10 del mismo precepto estableció una cláusula general de competencia al atribuirle el conocimiento de “los recursos contencioso administrativos contra los Decretos, Resoluciones y otros actos del gobierno, de los ministros o de cualquiera autoridad, funcionario o persona administrativa del orden nacional, que ponga fin a una actuación administrativa y que no estén expresamente atribuidos a una jurisdicción distinta”. El principio se reiteré en el artículo 30 del Decreto-Ley 528 de 1964, que al asignar a la Sala de lo Contencioso Administrativo nuevas materias, expresó que conocería de éstas, además de las señaladas en la Ley 167 de 1941 y en las que la adicionan y reforman. Conoce, pues, el Consejo, en razón de la cláusula mencionada, de todos los recursos contenciosos administrativos contra actos de autoridades del orden nacional cuyo conocimiento no esté atribuido a una entidad distinta.

Es del orden nacional la autoridad que profirió la Resolución de 9 de octubre de 1969 por la cual se afectaron tierras del inmueble allí denominado “Vega del Potro” por la cual se ordenó entregar a las personas que en ese acto se relacionan las constancias de que trata el Decreto 719 de 1968, y se dispuso “realizar las diligencias tendientes a la adquisición del predio”. Dicha autoridad es el Jefe de la División de Tenencia de Tierras del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, y el juzgamiento del acto mencionado que ella expidió, no está atribuido a una jurisdicción distinta, ni a otra autoridad de la misma Jurisdicción especial cuya cabeza es el Consejo de Estado. Lo que está atribuido a los Tribunales Departamentales de lo Contencioso Administrativo y eso en consulta, es el conocimiento de la Resolución por la cual se decreta la expropiación. Pero este acto, en un proceso como el que aquí se considera, no constituye la decisión ejecutoría y no tiene el brillo, alcance y autonomía de ésta, porque no es sino un acto de ejecución. En consecuencia, es la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el juez competente para conocer de la acusación contra las Resoluciones de octubre 9 de 1969, y de noviembre 24 del mismo año, originarias del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y por las cuales se afectó el predio “Vega del Potro”. La distancia que media y la diferencia substancial que existe entre la decisión ejecutoria y la ejecución de la misma, explican indudablemente que el examen de la legalidad de una y otra se confíen a distintas autoridades y en distinto grado.

Mientras la segunda se cumple mediante una sucesión de hechos, a la primera se llega, no tanto por la realización de hechos como por la aplicación del Derecho. El Derecho debe examinarlo el Juez como acto propio de su función y con la plenitud de las formas propias de cada juicio. La verificación de si unos hechos se han realizado, requiere menos exigencias y es una tarea tan poco relevante como la que nuestro Código Judicial encomendaba a los testigos actuarios. La revisión de las Resoluciones de expropiación, que en consulta se atribuye a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, carece de toda significación jurídica. En los términos del parágrafo del artículo 31 del Decreto 719 de 1968, cuando la consulta verse sobre expropiación de porciones explotadas por arrendatarios, aparceros o similares, el Tribunal se limitará a declarar “si existen o no los contratos de arrendamiento, aparcería o similares en el número y modalidades que indica la Resolución consultada o según concluya del examen de los documentos acompañados a las diligencias administrativas”. Es, como puede apreciarse, una modesta labor de recuento de hechos, ya que no son otra cosa las “modalidades” de que se habla, y que consisten en el canon de arrendamiento, en la cuota de aparcería, en el tiempo estipulado, y en general, en las condiciones establecidas, todo lo cual es de una necesaria objetividad. Los decretos reglamentarios 1489 de 1962 y 719 e 1968, que no las leyes reglamentadas, son los que hablan del “grado de jurisdicción por consulta” en virtud del cual los

Tribunales conocen de la Resolución por la cual se decreta una expropiación. La frase: “grado de jurisdicción por consulta”, es de una resonancia orquestal; pero, examinada con instrumentos como las disposiciones contenidas en los Decretos antes citados, puede apreciarse claramente su alucinante musicalidad. “En ciertos casos -dice el Decano Vedeluna jurisdicción es llamada a realizar actos que no tienen el carácter jurisdiccional”. Una decisión jurisdiccional -agrega el mismono puede ser tomada sino bajo las formas y con los procedimientos de los juicios, una de cuyas reglas es la discusión contradictoria”. La consulta de que se ha venido hablando no es sino la revisión administrativa de un acto de la administración, revisión a la que se le ha dado un nombre que no es posible aplicarle con exactitud”. Sin embargo, si en la “constelación de actos” de que se trata, es dable admitir que el acto de ejecución sea susceptible apenas de una revisión administrativa, lo mismo no estaría bien respecto a la decisión ejecutoria. Esta, por ser el verdadero acto afectante, conlleva la estimación de especies jurídicas tales como el dominio, la posesión, la tenencia, el usufructo, el uso, el arrendamiento de cosas, el arrendamiento de obra y similares, cuya estimación adecuada es decisiva, y cuya definitiva valoración es racional que se encomienda a una instancia que tenga competencias de fondo y forma. La sustracción de materia administrativa a la Jurisdicción Revisora no es práctica edificante, y no se ha realizado sin más ni

más, ni siquiera en el caso la disputable calidad de los llamados Actos políticos. Revivir los tiempos del Ministro-Juez y resucitar el principio de que “toda Justicia viene del Rey” no son empresas que legitimen avance alguno. La substancia jurídica es demasiado sensible, como que es la que debe ofrecer seguridad a los ciudadanos. Por eso es difícil realizar progresos a expensas de ella porque esos progresos a la postre pueden constituir no más ilusiones: lo que precisamente Sorel llamó “las ilusiones del progreso”. SUPLICA SOBRE SUSPENSION PROVISIONAL Para sustentar la petición de suspensión provisional de los actos acusados, el actor sostiene lo siguiente: Que los actos fueron expedidos en forma irregular por cuanto se pretermitió lo dispuesto en el ordinal c) del artículo 4o. de la Ley 1a. de 1968, según el cual las resoluciones sobre expropiación deben ser aprobadas por la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, con el voto favorable del Ministro de Agricultura. b) Que se violaron los artículos 59 bis y 154 (sic) de la Ley 135 de 1961, según los cuales no están sujetos a expropiación ni a prórroga los predios o parte de los mismos explotados por arrendatarios cuyos contratos se hubieran prorrogado en virtud de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 135 de 1961, cuando se hubieran terminado por documento debidamente conocido. Y que no obstante reconocer Incora estas circunstancias, afirma que los contratos no se terminaron durante la prórroga sino en otro tiempo.

c) Que se afecta un predio cuyo nombre está equivocado y se designa erróneamente a sus propietarios, violando así el artículo 61 de la Ley 135 de 1961. d) Que se violó también la disposición antes mencionada, porque como las providencias ordenan abrir un proceso de adquisición de tierras, debió haberse dispuesto la notificación personal del propietario, lo que no se hizo. e) Que al desconocer unos contratos, diciendo que ellos no son de “confección de obra”, sino de arrendamiento, se han violado, entre otras disposiciones, los artículos 26, 58 y 61 de la Constitución. Para efectos de considerar la solicitud de suspensión provisional, la existencia de los contratos y lo que ellos digan o no digan, son Hechos, cuya valoración es propia de la sentencia, por estar sujetos a prueba y contraprueba, y que por lo mismo no se prestan para ordenar una medida como la establecida en el artículo 94 del C.C.A. Con apoyo en los cargos, que a su vez se basan en la consideración de los documentos de contrato, la petición no puede prosperar. Tampoco prospera con fundamento en el hecho de que se haya omitido la orden de citar personalmente al propietario, porque de autos consta que sí se ordenó tal citación. En efecto, en el artículo cuarto de la Resolución de 9 de octubre de 1969, se dispone: “citar al propietario referido para que intervenga personalmente o por medio de apoderado en las diligencias de examen y mensura del predio, para lo cual se señalará fecha oportunamente. Cosa distinta es que se haya señalado como dueño a persona que no lo es, y que

quizá ni existe. Pero este hecho ha servido al actor para respaldar otro cargo, cargo que es del caso considerar. En el numeral 1º del artículo 61 de la Ley 135 de 1961 se ordena que cuando el instituto considere necesaria la adquisición de determinadas tierras para cumplir los fines señalados en el artículo 54, citará al propietario o a su apoderado personalmente. Esto es de elemental sentido práctico, y corresponde además al