CE-SEC3-EXP1976-N2034

ACCIÓN DE NULIDAD / POTESTAD REGLAMENTARIA / EJERCICIO DE LA

POTESTAD REGLAMENTARIA / DESBORDAMIENTO DE LA POTESTAD

REGLAMENTARIA / DECRETO REGLAMENTARIO / ABUSO DE AUTORIDAD

PÚBLICA / EXTRALIMITACIÓN DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA /

VIOLACIÓN DE LA NORMA / AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / PROCEDENCIA

DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL /

PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / PROCEDENCIA DE LA

SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA

DE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / RESOLUCIÓN

ADMINISTRATIVA / ACTO ADMINISTRATIVO / LEY / FACULTADES DEL

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA / CONTRATO DE APARCERIA SOBRE PREDIO RURAL Sabido es que la potestad reglamentaria que corresponde al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa (Art. 120, ordinal 3, Constitución política) no llega hasta el punto de facultarlo para modificar o adicionar las leyes. En el caso sub judice, mientras la Ley 6ª de 1975, en su artículo 6 faculta a los contratantes para determinar la entrega al aparcero, de una porción de tierra para su uso y goce exclusivo, las normas acusadas, convierten esa facultad de los contratantes, esa posibilidad de que mediante mutuo acuerdo el aparcero reciba el citado beneficio, en una obligación para el propietario, como expresamente lo dicen las normas acusadas (…) Basta, pues la simple comparación de las normas

acusadas con la ley reglamentada, para que surja diáfana y manifiesta la violación de la norma positiva superior, lo que hace procedente la suspensión provisional impetrada. En consecuencia, se decreta la suspensión provisional del literal c) del artículo 7 y el literal a) del artículo 21 del Decreto número 2815 de 19 de diciembre de 1975 (…) Esta medida caducará pasados treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de la providencia, si la parte actora no continúa las gestiones propias de este juicio.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2815 DE 1975 / LEY 6 DE 1975 – ARTÍCULO 7

LITERAL C / LEY 6 DE 1975 – ARTÍCULO 21 / LEY 6 DE 1975 – ARTÍCULO 69 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 120 ORDINAL 3 / LEY 6 DE 1975 –

ARTÍCULO 6

NORMA DEMANDADA: DECRETO 2815 DE 1975 (19 de diciembre) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL – ARTÍCULO 7 LITERAL A Y ARTÍCULO 21

LITERAL A (Suspende provisionalmente)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA Consejero ponente: JORGE VALENCIA ARANGO Bogotá D. E., nueve (09) junio de mil novecientos setenta y seis (1976)

Radicación número: CE-SEC3-EXP1976-N2034

Actor: HERNANDO CARVAJAL ORTIZ.

Demandado: DECRETO 2815 DE 1975

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD (AUTO) Por reunir los requisitos legales, se admite la demanda presentada por el doctor Hernando Carvajal Ortiz, en acción de simple nulidad, del literal c) del artículo 7º y literal a) del artículo 21 del Decreto 2815 de 1975, reglamentario parcialmente de la Ley 6ª de 1975. En consecuencia, se dispone: 1º Hacer notificación personal de esta providencia al señor Fiscal Segundo de esta corporación y al señor Ministro de Agricultura. 2º Fijar el negocio en lista por el término y para los efectos previstos en el artículo 126 del Código Contencioso Administrativo. 3ª Reconocer personería al doctor Hernando Carvajal Ortiz para actuar en este proceso en su propio nombre.

Suspensión provisional El demandante, con base en el artículo 94 del Código Contencioso Administrativo, impetra la suspensión provisional de las normas impugnadas, con fundamento en que violan manifiestamente normas de derecho positivo como son el artículo 120, ordinal 39, del estatuto constitucional, el artículo 12 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 6º de la Ley 6ª de 1975. Se considera El Decreto 2815 de 19 de diciembre de 1975, firmado por el Presidente de la República y los Ministros de Agricultura y de Trabajo y Seguridad Social "por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 6ª de 1975, dispone, en su artículo 7º, literal c): "Artículo 7° Son obligaciones de la parte que suministra la parcela, las siguientes:

c) Suministrar al aparcero para su uso y aprovechamiento exclusivos, una porción de tierra equivalente al 5% del área objeto del contrato de participación, en el lugar que determinen, preferencialmente en el sitio próximo a la vivienda que se le haya destinado al aparcero, con libertad para establecer en ella cultivos de pronto rendimiento básicos para su alimentación. Esta obligación sólo existirá cuando se trate de la explotación de parcelas de extensión menor de veinte (20) hectáreas en los suelos de las clases V, VI, VII, VTII o IV, de acuerdo con las clasificaciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi". Y el artículo 21, literal a) del mismo decreto, dice: "Artículo 21: "Cuando el contrato celebrado entre el propietario y el aparcero o grupo de aparceros tenga como objeto la siembra de pastos, se observarán estas normas: a) El propietario entregará al aparcero o grupo de aparceros para su uso exclusivo y goce, una parcela que en ningún caso podrá ser inferior a tres (3) hectáreas". Y la norma que se pretendió reglamentar, artículo 6º de la Ley 6ª de 1975, previene: Artículo 69: "Los contratantes podrán determinar que el propietario entregue al aparcero, adicionalmente a la parcela dada en aparcería, una porción de tierra para su uso y goce exclusivo, ubicada en el lugar en que aquéllos convengan, de preferencia en un sitio próximo a la vivienda del aparcero, con derecho a establecer en ella cultivos de pronto rendimiento, básicos para la alimentación. El aparcero deberá restituir el lote a la terminación del contrato, pero tendrá derecho a un plazo adicional para el solo efecto de recolectar los frutos pendientes". Sabido es que la potestad reglamentaria que corresponde al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa (Art. 120, ordinal 3º, Constitución política) no llega hasta el punto de facultarlo para modificar o adicionar las leyes. En el caso sub judice, mientras la Ley 6ª de 1975, en su artículo 6° faculta a los contratantes para determinar la entrega al aparcero, de una porción de tierra para su uso y goce exclusivo, las normas acusadas, convierten esa facultad de los contratantes, esa posibilidad de que mediante mutuo acuerdo el aparcero reciba el citado beneficio, en una obligación para el propietario, como expresamente lo dicen las normas acusadas: "Son obligaciones de la parte que suministra la parcela... reza el artículo 7° impugnado, "... el propietario entregará..." afirma el artículo 21, literal a) acusado. Basta, pues la simple comparación de las normas acusadas con la ley reglamentada, para que surja diáfana y manifiesta la violación de la norma positiva superior, lo que hace procedente la suspensión provisional impetrada. En consecuencia, se decreta la suspensión provisional del literal c) del artículo 7º y el literal a) del artículo 21 del Decreto número 2815 de 19 de diciembre de 1975 "por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 6ª de 1975". Esta medida caducará pasados treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de la providencia, si la parte actora no continúa las gestiones propias de este juicio. Copíese, notifíquese, publíquese y cúmplase. Jorge Valencia Arango.

VICTOR M. VILLAQUIRAN M.,

SECRETARIO