CE-SEC3-EXP1978-N2419

RECURSO DE REPOSICIÓN / INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / AUTO DE INADMISIÓN DE LA DEMANDA Contra el auto de 13 de abril del año en curso, por el cual se admitió la demanda presentada por medio de apoderado por los señores C. F. T. B. Y M. A. S. N. como representantes de la sociedad (…) tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 00332 de 20 de febrero de 1974, proferida por el Director General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por la cual se decretó la caducidad del contrato celebrado entre dicho Instituto y la sociedad demandante y el consecuencial restablecimiento del derecho, interpuso recurso de reposición el señor apoderado del mencionado Instituto. ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL - En las acciones dirigidas contra estos actos no puede hablarse de caducidad sino de prescripción Frente a las acciones dirigidas contra los "actos administrativos contractuales", no puede hablarse de caducidad —fenómeno procesal— sino de prescripción, fenómeno sustancial que se opone a la pretensión y así lo ha reconocido esta Sala en diversas providencias. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 17 de febrero de 1977, Exp. 1775, C.P. Jorge Valencia Arango. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - No fue objeto de pronunciamiento en el Decreto Ley 528 de 1964 Y es que esta clase de controversias, excluidas expresamente del conocimiento

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa por el ordinal 1P del artículo 73 del

C. C. A., y, por ende de competencia de la justicia ordinaria, sin sujeción a caducidad alguna y en cuanto a prescripción, sometidas a las normas del Código Civil, fueron integradas a esta jurisdicción especial por mandato del Decreto-Ley 528 de 1964, que sólo cambió la jurisdicción y la competencia sin decir nada sobre caducidad y prescripción de las acciones y pretensiones. Y, obviamente, los artículos 67 y 68 del C. C. A., lo mismo que el 83 del mismo estatuto, al hablar de caducidad se refieren a actos administrativos, hechos u operaciones administrativas, fenómenos que tienen en común la unilateralidad de la actuación del Estado, el ejercicio de su potestad administrativa, de su imperio, distintos a los actos o hechos realizados para perfeccionar un contrato administrativo, para cumplirlo o hacerlo cumplir, para terminarlo o caducarlo o declarar su incumplimiento, gestiones en las cuales, aunque utilice cláusulas exorbitantes, siempre actúa la administración en virtud de derechos u obligaciones contractuales, actos bilaterales, o en función de los mismos. Nótese además, cómo el artículo 30 del Decreto-Ley 528 de 1964 al entregar a la jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento de las controversias contractuales, nada dijo sobre caducidad, mientras que el artículo 28 del mismo Decreto, expresamente condicionó la competencia para conocer de las controversias sobre responsabilidad extracontractual del Estado, a una caducidad de 3 años.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO

67 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 68 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 73 ORDINAL 1P / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 83 / DECRETO LEY 528 DE 1964 - ARTÍCULO 28 / DECRETO LEY 528 DE 1964 - ARTÍCULO 30

ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / ACTO ADMINISTRATIVO QUE

DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL - Diferencias con la liquidación del contrato caducado / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO - Acto de ejecución Una cosa es el acto administrativo contractual de caducidad, definitivo y definitorio de la existencia del contrato y otra bien distinta la subsiguiente liquidación del contrato caducado, simple consecuencia del primero, simple acto de ejecución y no de decisión, por lo que no puede hablarse de acto jurídico administrativo complejo sino simplemente de acto administrativo y de actos de ejecución y cumplimiento, lo que implica la posibilidad jurídica de impugnar el primero, sin accionar contra la liquidación y, en muchos casos, controvertir la liquidación del contrato sin impugnar la resolución declaratoria de caducidad de la convención o contrato. RECURSO DE REPOSICIÓN - Su falta de decisión es una cuestión de fondo que no puede cuestionarse en un auto admisorio de la demanda / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Decidir si la falta de decisión del recurso de reposición se subsana con la

liquidación del contrato o si, además, la intervención del contratista en esta última etapa implica allanamiento ante la caducidad declarada, ciertamente son cuestiones de fondo que no pueden cuestionarse en un auto admisorio de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero ponente: JORGE VALENCIA ARANGO

Bogotá, D. C., ocho (08) junio de mil novecientos setenta y ocho (1978)

Radicación número: CE-SEC3-EXP1978-N2419(2419)

Actor: TURRIAGO SUAREZ ESPINOSA LTDA SUCESORES

Demandado: Antes: Turriago Suárez Espinosa Contra el auto de 13 de abril del año en curso, por el cual se admitió la demanda presentada por medio de apoderado por los señores CARLOS FRANCISCO TURRIAGO BUSTAMANTE Y MANUEL ALFONSO SUAREZ NITOLA como representantes de la sociedad TURRIAGO SUAREZ ESPINOSA LTDA. tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 00332 de 20 de febrero de 1974, proferida por el Director General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por la cual se decretó la caducidad del contrato celebrado entre dicho Instituto y la sociedad demandante y el consecuencial restablecimiento del derecho, interpuso recurso de reposición el señor apoderado del mencionado Instituto, por las razones que se sintetizan así: a) La acción está caducada por haber transcurrido, desde su notificación más de cuatro meses. b) El recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de caducidad,

aunque no decidido por la administración, no constituye silencio administrativo, por cuanto debe considerarse denegado por actos de la misma administración, como la Resolución ordenando la liquidación de dicho contrato y la liquidación del mismo, debidamente notificados a la parte demandada y no impugnados por ella. c) No puede demandarse el acto administrativo de caducidad, independientemente de los atinentes a su liquidación, con los que configura un "acto administrativo complejo". Para resolver se considera a) Frente a las acciones dirigidas contra los "actos administrativos contractuales", no puede hablarse de caducidad —fenómeno procesal— sino de prescripción, fenómeno sustancial que se opone a la pretensión y así lo ha reconocido esta Sala en diversas providencias. (Sentencia de febrero 17 de 1977, expediente NP 1775, actor INSTITUTO COLOMBIANO DE SEGUROS SOCIALES, ponente doctor Jorge Valencia Arango; Expediente NP 1817, actor FRANCISCO DAVILA RIASCOS, sentencia de noviembre 18 de 1976, Ponente doctor Jorge Valencia Arango). Y es que esta clase de controversias, excluidas expresamente del conocimiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativa por el ordinal 1P del artículo 73 del

C. C. A., y, por ende de competencia de la justicia ordinaria, sin sujeción a caducidad alguna y en cuanto a prescripción, sometidas a las normas del Código Civil, fueron integradas a esta jurisdicción especial por mandato del Decreto-Ley 528 de 1964, que sólo cambió la jurisdicción y la competencia sin decir nada sobre caducidad y prescripción de las acciones y pretensiones.

Y, obviamente, los artículos 67 y 68 del C. C. A., lo mismo que el 83 del mismo

estatuto, al hablar de caducidad se refieren a actos administrativos, hechos u operaciones administrativas, fenómenos que tienen en común la unilateralidad de la actuación del Estado, el ejercicio de su potestad administrativa, de su imperio, distintos a los actos o hechos realizados para perfeccionar un contrato administrativo, para cumplirlo o hacerlo cumplir, para terminarlo o caducarlo o declarar su incumplimiento, gestiones en las cuales, aunque utilice cláusulas exorbitantes, siempre actúa la administración en virtud de derechos u obligaciones contractuales, actos bilaterales, o en función de los mismos. Nótese además, cómo el artículo 30 del Decreto-Ley 528 de 1964 al entregar a la jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento de las controversias contractuales, nada dijo sobre caducidad, mientras que el artículo 28 del mismo Decreto, expresamente condicionó la competencia para conocer de las controversias sobre responsabilidad extracontractual del Estado, a una caducidad de 3 años. b) Una cosa es el acto administrativo contractual de caducidad, definitivo y definitorio de la existencia del contrato y otra bien distinta la subsiguiente liquidación del contrato caducado, simple consecuencia del primero, simple acto de ejecución y no de decisión, por lo que no puede hablarse de acto jurídico administrativo complejo sino simplemente de acto administrativo y de actos de ejecución y cumplimiento, lo que implica la posibilidad jurídica de impugnar el primero, sin accionar contra la liquidación y, en muchos casos, controvertir la liquidación del contrato sin impugnar la resolución declaratoria de caducidad de la

convención o contrato. c) Decidir si la falta de decisión del recurso de reposición se subsana con la liquidación del contrato o si, además, la intervención del contratista en esta última etapa implica allanamiento ante la caducidad declarada, ciertamente son cuestiones de fondo que no pueden cuestionarse en un auto admisorio de la demanda. En mérito de lo expuesto NO SE REPONE el auto impugnado. Cópiese. Notifíquese. Publíquese y cúmplase. Continúe la tramitación. Jorge Valencia Arango. Víctor M. Villaquirán M. Secretario RECONOCIMIENTO Consejo de Estado. — Sala de lo Contencioso Administrativo. — Sección Tercera. — Bogotá, D. E., junio ocho de mil novecientos setenta y ocho. Se reconoce personería al doctor HERNAN V. GRIMALDO SANCHEZ, para representar en este juicio a la parte demandada INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, en los términos y para los efectos del poder que le ha sido conferido.

NOTIFIQUESE. JORGE VALENCIA ARANGO

VICTOR M. VILLAQUIRAN M.SECRETARIO