CE-SEC3-EXP1981-N2687

TRASPASO DE VEHÍCULO / VEHÍCULO AUTOMOTOR / BANCO POPULAR / FONDO ROTATORIO DE ADUANAS / DEPÓSITO DE VEHÍCULO / CONTRABANDO / REMATE DE BIEN / BANCO / ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / OPERACIÓN ADMINISTRATIVA /

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS /

INVESTIGACIÓN PENAL / REMATE DE BIEN EN SUBASTA PÚBLICA / PREJUDICIALIDAD PENAL / PROCEDENCIA DE LA PREJUDICIALIDAD PENAL / BIEN INCAUTADO / DEPODITO DEL BIEN INCAUTADO / CUSTODIA DEL BIEN INCAUTADO El traspaso al Banco Popular, mediante acta, de un vehículo depositado en el Fondo Rotatorio de Aduanas por presunción de contrabando y el remate efectuado posteriormente en el martillo de la entidad bancaria, no constituyen actos administrativos susceptibles de la pretensión de una declaración jurisdiccional de nulidad y el consiguiente restablecimiento del derecho vulnerado según el ordenamiento del artículo 67 del Código Contencioso Administrativo, sino que configuran, de acuerdo con la jurisprudencia (…) una operación material de ejecución no comunicada al administrado, sólo conocida por éste después de su total realización y, en consecuencia, imposible de impugnar en la vía gubernativa y

de demandar mediante el contencioso de plena jurisdicción. Por esto estuvo bien formulada la petición directa de indemnización con fundamento jurídico en lo dispuesto por el artículo 68 ibídem (…) [De igual forma] [S]e deduce, claramente, que los automotores depositados en el Fondo Rotatorio de Aduanas en desarrollo de investigaciones penales no pueden ser destinados al servicio oficial, ni vendidos directamente, ni rematados en pública subasta, antes de que se produzca y quede ejecutoriada la decisión jurisdiccional sobre contrabando.

FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 955 DE 1970 – ARTÍCULO 71 / DECRETO LEY 955 DE 1970 – ARTÍCULO 72 / DECRETO LEY 955 DE 1970 – ARTÍCULO 73 / DECRETO LEY 955 DE 1970 – ARTÍCULO 79 / DECRETO LEY 955 DE 1970 – ARTÍCULO 80 / DECRETO LEY 955 DE 1970 – ARTÍCULO 81 / DECRETO LEY 955 DE 1970 – ARTÍCULO 82 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 67 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 68

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de octubre de 1979, exp. 2432, C.P. Jorge Valencia

Arango

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA Consejero ponente: JORGE DANGOND FLORES Bogotá D.E., dieciséis (16) de julio de mil novecientos ochenta y uno (1981)

Radicado número: CE-SEC3-EXP1981-N2687

Actor: NOE SOTELO MOLANO

Demandado: DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA) Cumplido el trámite correspondiente, sin que se observe causal de nulidad

procesal, se entra al estudio para decisión: I A) En demanda presentada el 23 de marzo de 1979, el apoderado de Noé Sotelo Molano pretende que se hagan las siguientes declaraciones y condenas: "Primera. El Fondo Rotatorio de la Dirección General de Aduanas, establecimiento público de carácter nacional, es civilmente responsable de los pe rjuicios causados al señor Noé Sotelo Molano, por razón de la venta del camión de su propiedad, marca Dodge, Modelo 1973, de carrocería de estacas, de siete (7) toneladas de capacidad de carga, de motor número 31 12106, chasis No. 108892, serie No. 108892, placas No. SY 1760, venta verificada por vías de hecho por tal Fondo Rotatorio —Almacén de Cali— por intermedio del Banco Popular —Sección Martillo— de la misma ciudad, lo que ha hecho imposible su devolución, según lo ordenado por el Juzgado Superior de Aduanas de Cali, en providencia confirmada por el H. Tribunal Superior de Aduanas. "Segunda. En consecuencia el Fondo Rotatorio de la Dirección General de Aduanas, está en la obligación de pagar al señor Noé Sotelo Molano, mayor y vecino de Popayán, identificado con C.C. número 1478231 expedida en la Vega

(Cauca) o a quien sus derechos represente una vez quede ejecutoriado el fallo, por concepto de daño emergente, lucro cesante y gastos ocasionados para obtener esta indemnización, la cantidad de... pesos (aquí lo que resulte probado en el juicio). "Tercera. El mismo Fondo pagará las costas de este juicio". B) Los hechos, fundamento de las pretensiones se resumen así:

1. Noé Sotelo Molano, propietario del vehículo a que se refieren las peticiones de la demanda, contrató con Almacafé S.A. Sucursal de Popayán, el transporte de 7.243.5 kilogramos de café excelso, tipo klaus 3 01 0274, con destino a la Inspección Cafetera del Puerto de Buenaventura. Tal cargamento fue despachado el 22 de noviembre de 1977 con todos los documentos exigidos por la legislación vigente: a) guía de tránsito para café de exportación No. 07628, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General de Aduanas; b) guía de despacho expedida por Almacafé S.A. Sucursal Popayán; c) Cumplido de entrega serie A No. 05251 expedido por Sociedad Transportadora del Cauca S.A.

Sotra Cauca S.A.; d) Planilla única de carga No. 2520244, expedida por Sotra Cauca S.A. en formulario del Ministerio de Obras Públicas y Transporte Instituto Nacional del Transporte.

2. El vehículo con su cargamento fue retenido en Buenaventura el 28 de noviembre de 1977 por Agentes del Resguardo de Aduanas y se expidieron los

recibos de retención números 00306 y 00307 y posteriormente el vehículo fue depositado en el Fondo Rotatorio de Aduanas —Almacén de Cali— según acta de ingreso No. 291 del 2 de diciembre de 1977.

3. El Juzgado de Instrucción Penal Aduanera de Buenaventura abrió investigación y luego pasó el asunto al Juzgado Superior de Aduanas de Cali. La Procuraduría General de la Nación designó especial Agente del Ministerio Público para actuar en el proceso radicado bajo el número 184.

4. El Agente Especial del Ministerio Público, en memorial de 13 de marzo de 1978, ratificado en vista fiscal No. 001 de 28 del mismo mes y año, solicitó la cesación de todo procedimiento por inexistencia del delito.

5. El Juez Segundo Superior de Aduanas de Cali, por medio de providencia No. 61 de 6 de abril de 1978, ordenó la cesación de todo procedimiento por inexistencia del delito y en relación con el cargamento de café y el automotor ordenó: "Tercero.

Declarar que los 105 bultos de café retenidos no son de contrabando y en consecuencia se ordena su entrega a la Federación de Cafeteros. Cuarto. Ordenar la entrega del camión de placas SY 1760 en favor del señor Noé Sotelo Molano quien se identifica con el C.C. No. 1.478.231 de la Vega, Cauca. Quinto. En firme esta providencia se remitirán los oficios correspondientes al Fondo Rotatorio de la Aduana y a la Federación de Cafeteros".

6. El Tribunal Superior de Aduanas, con fecha 2 de octubre de 1978, confirmó

en todas sus partes la providencia del inferior.

7. Se ofició al Fondo Rotatorio —Almacén de Cali— para la entrega del vehículo a su propietario, pero al presentarse éste se enteró de que "el almacenista del Fondo, por vía de hecho, sin base legal alguna, sin autorización del funcionario competente, y según Acta de Egreso No. 020 de 13 de junio de 1978, entregó el vehículo, junto con otros, al Jefe de la Sección Martillo del Banco Popular de Cali, para su remate".

8. El Martillo del Banco Popular enajenó el vehículo por la suma de trescientos sesenta mil pesos ($360.000.oo) suma inferior al valor comercial estimado en un millón de pesos.

9. El demandante fue despojado de la propiedad del vehículo y de los productos de su explotación económica que estima en una cantidad líquida mensual no menor de cuarenta mil pesos ($40.000.oo).

10. Además del valor del vehículo y de lucro cesante del mismo, el demandante ha sufrido perjuicios adicionales que estima en más de doscientos mil pesos ($200.000.oo) por concepto de viajes, consultas, honorarios profesionales, etc...

C) Como fundamento de derecho se citan las siguientes normas: Constitución Nacional, artículos 16, 20, 30, 50 y 51; Código Civil, artículos 2341 y 2356; Código de Régimen Político y Municipal, artículos 235 y 255; Estatuto Penal Aduanero (Decreto ley 955 de 1970), artículos 73, 81 y 82; Decreto ley 520 de 1971,

artículos 25, 26, 29 y 30; Ley 21 de 1977, artículo 17; Decreto 1166 de 1963, artículos 9 y 10 y Decreto 129 de 1977. Y se expone el concepto de la violación de las disposiciones pertinentes. II El Ministerio Público resume los hechos a partir de la retención del vehículo de propiedad de Noé Sotelo Molano, por presunción de contrabando, ordenada en Buenaventura el 28 de noviembre de 1977; su depósito en el Almacén del Fondo Rotatorio de Aduanas en Cali el 2 de diciembre del mismo año; el traspaso a la Sección Martillo del Banco Popular el 13 de junio de 1978 y el remate el día 19 de octubre de 1978, y expone su concepto: "Como puede verse, el hecho generador del perjuicio, lo constituyeron dos actos administrativos: el Acta de Traspaso No. 020 de junio 13 de 1978, por medio de la cual el Almacén de Depósito de la Dirección General de Aduanas entregó al Martillo del Banco Popular para su remate el camión Dodge, modelo 1973 de propiedad del actor y el Acta del Remate celebrado el 19 de octubre de 1978, actos éstos que no han sido impugnados en la demanda. "En efecto, se ha dicho por el H. Consejo de Estado en numerosas sentencias que entre los principios que gobiernan la técnica procesal contencioso administrativa para las acciones de tal naturaleza, se encuentra la dirigida contra los actos, hechos u operaciones administrativas que establecen situaciones individuales y

concretas y contra las cuales solo procede la acción de plena jurisdicción, de que hablan los artículos 67 y 68 del C.C.A. que conceden a la persona perjudicada no solo el derecho abstracto de restablecer la legalidad, sino la posibilidad de obtener de la Administración la reparación del daño concreto que ésta le causó. "La acción de restablecimiento del derecho o contencioso de plena jurisdicción, según el C.C.A. (Ley 167 de 1941), es viable o bien directamente contra el hecho material u operación administrativa que viola un derecho individual con el objeto de obtener la indemnización o prestaciones correspondientes, para lo cual no es necesario intentar la acción de nulidad, o bien indirectamente, como consecuencia de la demostración de nulidad del acto administrativo que estima contrario a su situación jurídica personal y concreta a elección del accionante. "En el caso presente, la acción estuvo mal instaurada, como bien lo afirma la apoderada de la entidad demandada, ya que como se vio, existiendo dos actos administrativos, los cuales según lo estima la parte actora vulneraron sus derechos (Acta de traspaso y Acta de Remate) ha debido demandarlos con el objeto de obtener si era del caso su nulidad, y el consiguiente restablecimiento del derecho que estima violado. "Ha de hablarse entonces de Actos Administrativos y no de Operación Administrativa, ya que desde el momento en que la voluntad de la administración se tradujo en actos administrativos, queda por fuera la posibilidad de hablar de hecho u operación de la administración. "En la hipótesis muy improbable de que la Sala considere que la acción instaurada es la procedente, este despacho encuentra lo siguiente:

"En cuanto a los remates efectuados por el Banco Popular Martillo por cuenta del Fondo Rotatorio de la Aduana, tenemos que según el Acuerdo No. 207 de noviembre 8 de 1976, expedido por la Junta de dicho Fondo, se autoriza al Gerente para efectuar enajenaciones de mercancías en forma directa a través del Banco Popular y además se le autoriza para efectuar las enajenaciones de acuerdo al procedimiento administrativo vigente y con sujeción a lo previsto en el artículo lo., sin que resulte necesario gestionar las resoluciones que para el efecto se venían expidiendo, las cuales podrán ser ordenadas por la gerencia solo en casos especiales. "El artículo segundo del Acuerdo citado prescribe: Forma de Enajenar. La Entidad deberá enajenar, en estricto orden, las mercancías que correspondan a las Actas más antiguas, una vez se haya constatado que en orden de su ingreso llevan más de cuatro meses bajo custodia de la Entidad. "Establece además que sin perjuicio de lo estipulado en el parágrafo anterior, el Fondo Rotatorio de Aduanas deberá enajenar lo más pronto posible las mercancías fungibles o que puedan sufrir deprecio, merma o deterioro, o para cuyo almacenamiento se presentan serias dificultades y su producto requerirá ser mantenido en depósito a órdenes del Juez de Conocimiento. "En cuanto a los vehículos, se afirma que deberán ser enajenados mediante traspaso al Banco Popular Martillo, de acuerdo al procedimiento administrativo vigente y con sujeción a lo previsto en ese Acuerdo, o mediante Venta Directa autorizada por la Gerencia. Las ventas directas de vehículos solamente podrán

efectuarse a entidades oficiales, previo contrato celebrado con el Fondo Rotatorio. "Lo anterior nos está indicando que salvo casos excepcionales, en los cuales no se han cumplido los procedimientos internos de la Entidad (Fondo Rotatorio de Aduanas) los remates de las mercancías decomisadas por presunción de contrabando puede efectuarlos la administración según expresa autorización legal, cuando lleven más de cuatro meses de almacenamiento y con el fin de evitar su deterioro y consiguiente deprecio o problemas de almacenamiento. "Y es apenas lógico que la Administración dicte medidas con el fin de evitar un almacenamiento indefinido de las mercancías retenidas por presunción de contrabando hasta cuando la justicia penal aduanera resuelva si es del caso devolverlas o no, ya que con ello además de evitar el congestionamiento en las bodegas oficiales, evita que las mercancías y vehículos se deterioren y sufran el consiguiente deprecio, que redundaría en perjuicio para el propietario. "Por su parte el artículo 30 del Decreto ley 520 de 1971 establece: "Entrega de mercancía de Procedencia Ilícita. En cualquier estado del proceso en que se demuestre que la mercancía aprehendida no es de contrabando, el Juez mediante auto motivado, ordenará su entrega o el precio de ella a quien demuestre tener derecho de prioridad sobre las mismas. (Se subraya). "Por tanto, si al reclamar el particular las mercancías que le habían sido retenidas por presunción de contrabando, encuentra que éstas fueron rematadas siguiendo el procedimiento señalado en las normas vigentes para tal caso, debe entonces recibir el valor del remate, sin perjuicio de que pueda iniciar ante la autoridad

competente, si considera que dicho valor es inferior a su precio real, la acción indemnizatoria correspondiente. Pero no es procedente solicitar perjuicios por una actuación de la administración realizada en ejercicio de sus funciones y con el lleno de los requisitos legales. "Precisamente el Decreto ley 2886 de 1968 establece que corresponde a las autoridades de Aduana el control de las mercancías que entran al país y salen de él; el recaudo de los derechos de aduana; la prevención; persecución, represión y aprehensión del contrabando, todo en coordinación con las entidades que tienen a su cargo el comercio exterior del país. "En consecuencia esta Agencia del Ministerio Público, solicita al H. Consejo de Estado que, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se abstenga de entrar a estudiar el fondo del asunto y dicte fallo inhibitorio". III Las consideraciones del Ministerio Público y la conclusión de que es pertinente un pronunciamiento inhibitorio no se comparten por las siguientes razones:

1. Esta Corporación ha expresado: "En los artículos 67 y 68 se estructura el contencioso privado de plena jurisdicción o de la responsabilidad estatal sobre estas bases: La ilegalidad y la lesión patrimonial. Ambos elementos se coligan y complementan para generar el derecho a la acción y a la indemnización, pero la ley, en consideración a los diversos sistemas de actuación del poder público, ala viabilidad de los procedimientos aplicables, y a la conducencia de las pruebas, establece ciertas modalidades jurídicas diferenciadas en sus matices, en las cuales predominan en mayor o menor grado los conceptos de violación y de daño. Como contrapartida lógica, se

desarrollan las ideas de nulidad, de nulidad con restablecimiento, y de indemnización sin anulación. "El artículo 67 consagra el principio de la responsabilidad estatal por razón del acto administrativo escrito. En ese precepto se parte de la base de que existe la prueba preconstituida de la decisión, de la violación y del daño. Como el acto debe estar publicado, notificado, ejecutado, o comunicado, se cumplen todos los requisitos legales que le dan vida y que lo hacen oponible. El ordenamiento adquiere autonomía y fuerza reguladora. En sí mismo encierra toda una situación que no requiere de elementos distintos de los que él mismo contiene en su texto para crear derechos y obligaciones. De consiguiente, la acción se dirige contra un acto que en sí mismo lleva la prueba de su existencia y de su oponibilidad, de la infracción legal y del perjuicio. Todos los elementos de juicio indispensables para el juzgador están contenidos en un documento y en su correspondiente notificación. De allí que el artículo 86 exija que se presente copia del acto con las constancias de su publicación, notificación o ejecutoria. "Pero esta regulación de orden procesal no establece diferencias sobre la naturaleza del acto administrativo escrito y del acto administrativo verbal. Simplemente se limita a reglamentar, para efectos jurisdiccionales y probatorios un procedimiento expedito y sencillo, compartible con las decisiones escritas, pero incompatible con aquellos ordenamientos cuya existencia real no se conoce sino a través del acto material que los ejecuta. En uno y otro caso las situaciones creadas para el particular, para la administración y para el juzgador, son distintas

y, de consiguiente, la regulación ha de ser diferente. "De conformidad con esta interpretación, el artículo 67 autoriza el contencioso de plena jurisdicción contra toda decisión escrita de la administración que lesione derechos, de los particulares, bien sea un acto administrativo simple y autónomo, o un acto administrativo complejo. Con apoyo en esa norma se pueden atacar también aquellas operaciones administrativas que tienen su origen directo o inmediato en una decisión escrita, porque al obtenerse la nulidad del acto principal, causa y razón de los actos materiales de ejecución, se puede alcanzar el objetivo esencial de la acción. El restablecimiento del derecho implicaría la indemnización de los daños ocasionados por los actos materiales de cumplimiento de la decisión anulada. No obstante, para acusar la operación administrativa de liquidación tributaria existe la regla especial del artículo 271. "El artículo 68 consagra el principio de la responsabilidad estatal por razón de la operación administrativa no escrita y del hecho administrativo. La figura jurídica que ese precepto designa con el nombre de operación administrativa, no es más que una decisión no exteriorizada, seguida de los actos materiales de ejecución. Esa resolución no se ha escrito, no se ha publicado, ni se ha notificado. Simplemente se ha ejecutado. Sólo en virtud de su realización material es conocida por los particulares, en tal forma que se confunden la etapa decisoria y la de la ejecución. "A la inversa de lo que ocurre con el acto administrativo escrito, en el cual aparece en forma clara la situación jurídica de la administración y el particular, los motivos

que se han tenido para crearla y todos los demás factores que sirven para valorar su ilegalidad y el daño que genera, su forma de cumplimiento y los procedimientos de su ejecución, en el acto administrativo tácito no se contiene elemento de juicio alguno y el único punto de referencia que ofrece es el acto material que lo ejecuta. Consiguientemente, la posición de la administración y del individuo es distinta no sólo en cuanto a la valoración jurídica de la decisión, sino en cuanto a la prueba de su existencia. "Es esa la razón para que la ley estructure el contencioso contra las operaciones administrativas materiales sobre la base del acto físico de cumplimiento, único elemento demostrable, y del consiguiente daño. Sólo a través de ese acto material se puede configurar la acción y la responsabilidad. De allí que no sea necesario solicitar ni decretar la nulidad de una decisión que sólo se conoce parcialmente y por los efectos que originó su ejecución, aunque ese ordenamiento haya sido realmente contrario al derecho".

2. El traspaso al Banco Popular, mediante acta, de un vehículo depositado en el Fondo Rotatorio de Aduanas por presunción de contrabando y el remate efectuado posteriormente en el martillo de la entidad bancaria, no constituyen actos administrativos susceptibles de la pretensión de una declaración jurisdiccional de nulidad y el consiguiente restablecimiento del derecho vulnerado según el ordenamiento del artículo 67 del Código Contencioso Administrativo, sino que configuran, de acuerdo con la jurisprudencia antes transcrita, una operación material de ejecución no comunicada al administrado, sólo conocida por éste después de su total realización y, en consecuencia, imposible de impugnar en la

vía gubernativa y de demandar mediante el contencioso de plena jurisdicción. Por esto estuvo bien formulada la petición directa de indemnización con fundamento jurídico en lo dispuesto por el artículo 68 ibídem: "También puede pedirse el restablecimiento del derecho cuando la causa de la violación es un hecho o una operación administrativa. En este caso no será necesario ejercer la acción de nulidad, sino demandar directamente de la administración las indemnizaciones correspondientes".

3. Sobre responsabilidad de la administración por remate de mercancías depositadas en bodegas oficiales, la Sala ha estudiado dos situaciones diferentes: cuando aquéllas se encuentran en depósito para efectos de nacionalización y son abandonadas expresa o tácitamente por el importador y cuando se trata de bienes decomisados por presunción de contrabando (Expediente 2432, Sentencia de 11 de octubre de 1979, Consejero Jorge Valencia Arango).

Según las disposiciones contenidas en el Estatuto Penal Aduanero —Decreto ley 955 de 1970—, "quien aprehenda mercancía de contrabando, deberá entregarla inmediatamente, en depósito, al Fondo Rotatorio de la Dirección General de Aduanas, junto con los automotores en que se haya transportado y comunicar tal hecho al juez dentro de las veinticuatro horas siguientes, so pena de perder su participación y de incurrir en las demás sanciones a que hubiere lugar" (artículo 71); el Fondo Rotatorio debe recibir los bienes por riguroso inventario y enviar copias al juez, dentro de los tres días siguientes (artículo 72) y tiene el deber de custodiarlos de conformidad con las disposiciones del Código Civil sobre depósito

(artículo 73), si las cosas son fungibles o pueden dañarse o sufrir deprecio, merma o deterioro o se presentan serias dificultades para su almacenamiento, deben ser enajenadas directamente y lo más pronto posible y las mercancías declaradas de contrabando pueden ser vendidas a entidades oficiales, empresas de economía mixta o establecimientos de beneficencia, con autorización de la Dirección General de Aduanas (artículo 79), el Gobierno, por resolución ejecutiva, puede destinar al servicio oficial los automotores que hayan sido declarados de contrabando (artículo 80), y declarada de contrabando una mercancía, en sentencia, auto de sobreseimiento definitivo, en el que ordena el archivo del expediente o en la providencia que dispone la cesación del procedimiento, según el caso, siempre que esté plenamente demostrada la materialidad de la infracción y en firme la declaración judicial, se puede proceder a su remate, "directamente por el Fondo Rotatorio de Aduanas o por un martillo legalmente autorizado, siguiendo las formalidades establecidas por el Código de Procedimiento Civil" (artículos 81 y 82). De los ordenamientos anteriores se deduce, claramente, que los automotores depositados en el Fondo Rotatorio de Aduanas en desarrollo de investigaciones penales no pueden ser destinados al servicio oficial, ni vendidos directamente, ni rematados en pública subasta, antes de que se produzca y quede ejecutoriada la decisión jurisdiccional sobre contrabando. Es obvio que las normas examinadas prevalecen frente a reglamentos contrarios de inferior categoría, expedidos por la Junta Directiva del Fondo Rotatorio de

Aduanas. IV Los elementos aportados legalmente al proceso demuestran lo siguiente:

1. El 28 de noviembre de 1977 fue retenido en Buenaventura, por el Resguardo Nacional de Aduanas, el camión marca Dodge 600, de 7 toneladas, modelo 1973, tipo estacas, color amarillo, rojo, verde y blanco, motor No. 3T 12106, chasis No. 108892, serie No. 108892, placas No. SY17 60, propiedad del señor Noé Sotelo Molano, conducido por Daniel Antonio Rosero Castro y cargado con ciento cinco bultos de café excelso amparado con guía de tránsito Popayán Cali Buenaventura No. 07828 expedida por Almacafé de Popayán el 24 de noviembre de 1977 (Cuaderno 1, fls. 2 a 13 y Cuaderno 2, fls. 26 a 29).

2. El vehículo decomisado por presunción de contrabando ingresó al Almacén de Depósito del Fondo Rotatorio de Aduanas, según Acta No. 291, el 2 de diciembre de 1977 (Cuad. 1, fls. 14 y 15 y Cuad. 2, fls. 27 y 28). 3.La investigación penal se inició en Buenaventura el 28 de noviembre de y el expediente respectivo pasó después al conocimiento del Juzgado Segundo Superior de Aduanas de Cali, el cual, en providencia de 6 de abril de resolvió: "Primero. Ordenar el cese del procedimiento por inexistencia del delito según lo establece el Art. 55 del Decreto 955 de 1970. Segundo. Ordenar el cese de todo

procedimiento en favor de Daniel Antonio Rosero Castro, Edgar Díaz Navarro, Israel Muñoz y Luis Octavio Agudelo Flórez, todos de anotaciones personales y civiles conocidos en autos. Tercero. Declarar que los 105 bultos de café retenidos no son de contrabando y en consecuencia se ordena su entrega a la Federación de Cafeteros. Cuarto. Ordenar la entrega del camión de placas SY 17 60 en favor del señor Noé Sotelo Molano quien se identifica con la C.C. 1.478.231 de la Vega, Cauca. Quinto. En firme esta providencia se remitirán los oficios correspondientes al Fondo Rotatorio de la Aduana y la Federación de Cafeteros". (Cuad. 1, fls. 38 a 41).

4. El 13 de junio de 1978, el Almacén de Depósito del Fondo Rotatorio de Aduanas entregó al Jefe de la Sección Martillo del Banco Popular en la ciudad de Cali, para su remate, el vehículo avaluado en $500.000.oo, según consta en Acta de Traspaso No. 020 (Cuad. 1 fls. 16 a 26 y Cuad. 2, fls. 30 a 40).

5. Con fecha 2 de octubre de 1978, el Tribunal Superior de Aduanas confirmó en todas sus partes la providencia de 6 de abril del mismo año, proferida por el Juzgado Segundo Superior de Cali (Cuad. 1, fls. 42 a 48).

6. De acuerdo con informe del Banco Popular el "camión marca Dodge 600

Modelo 1973, traspasado con acta No. 20 de junio 13 de 1978, del Fondo

Rotatorio de Aduanas de Cali, fue subastado en el remate del día 19 de octubre de 1978 así: Valor de la base $350.000.oo. Valor de la venta $364.000.oo. 10% Fondo $35.000.oo; 5% Banco $18.200.oo. Gastos Varios $1.500.oo", y fue adquirido por el señor Isaa Rabinoviche Manevichi, quien consignó la suma total de $399.000.oo, según recibo No. 21718. (Cuad. 2, fls. 19 y 20).

7. Según constancia expedida por el Juzgado Segundo Superior de Aduanas de Cali, no se autorizó al Fondo Rotatorio de la Aduana "parala enajenación del medio de transporte, consistente en un camión, marca Dodge, de 7 toneladas, modelo 1973, color amarillo, rojo, verde y blanco, tipo estacas, motor 3 T 12106, chasis 108892, placas SY 17 60" y con oficio No. 441 de noviembre 8 de 1978 se comunicó al Almacenista del Fondo la orden de entrega con la transcripción de la parte pertinente de las providencias dictadas en el sumario No. 184 adelantado contra Daniel Antonio Rosero Castro y otros (Cuad. 2, fls. 22 a 25).

V

1. De las pruebas antes relacionadas se deduce la falla del servicio y, en consecuencia, la obligación del Fondo Rotatorio de Aduanas de resarcir los perjuicios ocasionados al propietario del camión de placas SY 17 60 y demandante en este juicio, señor Noé Sotelo Molano.

Para liquidar el daño emergente se acoge el dictamen pericial visible a folio 56 del

cuaderno número 2, en el cual se estima en $800.000.oo el valor del vehículo, teniendo en cuenta sus características, el estado de funcionamiento, los precios en el país y otras circunstancias consignadas en el expediente. En cuanto al lucro cesante, la Sala se aparta de las conclusiones del dictamen por deficiente fundamentación y para concretar la suma debida por este concepto reconoce el interés del 2% mensual sobre $800.000.oo, liquidado a partir de la fecha en que, ejecutoriada la providencia del Tribunal Superior de Aduanas, se comunicó al Fondo Rotatorio la orden de entrega del vehículo a su propietario o sea el 6 de noviembre de 1978 (Cuaderno 2, fl. 24) y hasta cuando el pago se verifique.

2. La Nación, Departamentos, Intendencias, Comisarías y Municipios pueden ser condenados en costas —artículo 392 del Código de Procedimiento Civil —y este privilegio se extiende a los establecimientos públicos como el Fondo Rotatorio de Aduanas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto 3130 de

1968. Por ello no se accederá a lo pedido en la demanda sobre el particular.

3. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA Primero. El Fondo Rotatorio de Aduanas es responsable, por