CE-SEC3-EXP1981-N2750

PRUEBA / PRINCIPIOS DE LA PRUEBA / PRUEBA DIRECTA / MUERTE DEL CIUDADANO / MUERTE DE CIVIL / FUERZAS MILITARES / PRUEBA IMPOSIBLE / DERECHO A LA VIDA / PRUEBA INDICIARIA / TESTIMONIO /

MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES / DAÑOS SUFRIDOS POR

MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DE LAS

FUERZAS MILITARES / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS

FUERZAS MILITARES / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / DAÑO OCASIONADO POR MIEMBRO DE LA FUERZA PÚBLICA La Sala no comparte las conclusiones de su colaboradora fiscal, pues si bien es principio elemental de derecho probatorio que no puede admitirse el intento de probar lo imposible, también lo es aquel que manda no exigir la prueba imposible, con sacrificio del derecho subjetivo. Pedir prueba directa de los hechos en que un ciudadano resulta sacrificado por miembros de las fuerzas armadas, en despoblado, sería ciertamente exigir la prueba imposible o pretender que tales victimarios dejen testimonio escrito de sus reatos o inviten a extraños como testigos de tales hechos o, en fin, confiesen sus crímenes. Lo anterior obliga a la Sala a buscar, con los principios científicos de la prueba y aquellos tutelares del derecho a la vida, el más fundamental de los derechos humanos, el camino de la prueba indiciaría que permita salvaguardar los esenciales derechos de los civiles frente a las autoridades de la República y, en este caso, frente a los miembros de

las fuerzas armadas que, aunque armados por la República para salvaguardar sus fronteras y el orden público interno, en no pocas ocasiones vuelven las armas oficiales contra los indefensos ciudadanos con violación flagrante del artículo 16 de la Constitución Política que las instituye para garantizar, entre otros, el derecho de los asociados a la vida.(…) [T]anto este proceso como el adelantado por el Juzgado (…) de Instrucción Penal Militar, carecieron absolutamente de toda colaboración por parte de la Institución Militar para el cabal esclarecimiento, mediante prueba directa, de los hechos en que perdió la vida el ciudadano (…) y este es, igualmente, un grave, gravísimo indicio de responsabilidad de las fuerzas armadas;

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 157

DEPOSITO EN CUSTODIA / CIUDADANO / CAPTURA / POSICIÓN DE

GARANTE / OBLIGACIONES DEL ESTADO / EXIMENTE DE

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DETENCIÓN PREVENTIVA / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / FALLA DEL SERVICIO / FALLA EN EL SERVICIO / CONFIGURACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / ACREDITACIÓN DE LA FALLA EN EL SERVICIO / FALLA EN EL SERVICIO DE LA FUERZA PÚBLICA / DERECHO A LA VIDA / CAPTURADO / DERECHOS DEL CAPTURADO / DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS / DEBER DE PROTECCIÓN DE LA FUERZA

PÚBLICA / MUERTE DE PERSONA ESTANDO EN DETENCIÓN FÍSICA /

MUERTE DEL DETENIDO / TESTIMONIO / VALORACIÓN DEL TESTIMONIO / El depósito necesario de personas no es, pues, ajeno al derecho colombiano y quizás el más común y más frecuente y menos estudiado y regulado, es el que se configura en el momento en que las autoridades de la República, como personeras de la Nación, capturan al ciudadano y lo ponen, contra su voluntad y la de sus parientes y amigos, bajo su guarda y vigilancia, para los efectos legales pertinentes, convirtiéndose los captores y guardadores en el depositario que debe responder, —con obligación de resultado del supremo bien de la vida, para cuya garantía están instituidas esas autoridades de la República a tenor del artículo 16 de la Constitución Política y (…) es la primera causa y razón de la existencia y organización del Estado. O la autoridad comprueba que devolvió al ciudadano al seno de la sociedad, sano y salvo, o compromete su responsabilidad en forma que solo se exonera demostrando fuerza mayor, caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa de la víctima. (…) [En el caso concreto] Tanto, pues, por el camino de la prueba indiciaria, como por el menos común de la especial naturaleza de las obligaciones a cargo de las autoridades de la República frente al ciudadano capturado, detenido, reducido a la impotencia física e irremisiblemente sometido a la voluntad de sus captores, ha quedado demostrada la [falla del servicio] o [falla de las fuerzas armadas]

FUENTE FORMAL: PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y

POLÍTICOS - ARTÍCULO 6 / LEY 74 DE 1968 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA –

ARTÍCULO 16

TESTIGO / TESTIMONIO / PREDIO / BIEN INMUEBLE / AUSENCIA DE PRUEBA / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL /

PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / NEGACIÓN DE LA

TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE /PRUEBA DE PARENTESCO / MADRE

[Sobre la indemnización por concepto de lucro cesante en el caso concreto] (…) murió soltero y vivía de lo que ganaba como jornalero. Los testigos afirmaron, en forma vaga y ambigua, que algunos días de la quincena o de la semana trabajaba en la finca de su señora madre, para subvenir a las necesidades de ésta. La prueba, en este punto, resulta débil, deleznable, sin que pueda afirmarse que realmente ayudaba a su señora madre y en caso afirmativo, si lo hacía con dinero o con trabajo. Por el contrario, los mismos testigos dicen que la señora madre era dueña de un predio rústico de 3 o de 8 fanegadas dedicado al pasto para ganado y a cultivos de plátano y otros productos y que producía utilidades variables hasta de (…) mensuales, según uno de los declarantes. No se probó, pues, que se haya causado a la actora perjuicio material. (…)

PERJUICIO MORAL / BENEFICIARIO DEL PERJUICIO MORAL / PAGO DEL

PERJUICIO MORAL / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL /

RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL / TASACIÓN DEL PERJUICIO

MORAL / ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PROCEDENCIA DEL

PERJUICIO MORAL / PARENTESCO

[En el caso concreto] En cuanto a perjuicios morales subjetivos, probada su calidad de madre de la víctima y conforme a reiterada jurisprudencia de esta Corporación, se le reconocerán 1.000 gramos de oro al precio que certifique el Banco de la República para la fecha de esta sentencia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA Consejero ponente: JORGE VALENCIA ARANGO Bogotá D.E., veintiuno (21) de agosto de mil novecientos ochenta y uno (1981)

Radicación número: CE-SEC3-EXP1981-N2750

Actor: ISABEL OBANDO ROA

Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA) La señora Isabel Obando Roa, mayor y vecina de Bogotá, por medio de apoderado, presentó demanda contra la Nación —Ministerio de Defensa Nacional — a efecto de que, previos los trámites de un juicio ordinario contencioso administrativo, se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: "1. Que el Estado Colombiano (Ministerio de Defensa Nacional) es administrativamente responsable de la muerte del señor José Manuel Obando producida con balas de fusil o con la que logre probarse, ocurrido el día 14 de febrero de 1979 en las horas de la tarde en la vereda de Hamococo jurisdicción del municipio de La Palma (Cundinamarca) cuando los soldados del Ejército

Nacional adscritos a la Base Militar acantonados en el Municipio de Yacopí (Departamento de Cundinamarca), dispararon intencionalmente y voluntariamente sobre el mencionado Obando, en momentos en que se dedicaba a recolectar café en la finca del Dr. Urias Real administrada por el señor Euclides Mahecha, causándole la muerte en forma instantánea. "2. Que como consecuencia de la anterior declaración el Estado Colombiano (Ministerio de Defensa Nacional), debe reconocer y pagar el valor de los perjuicios materiales y morales sufridos por la señora Isabel Obando Roa y que seguirá sufriendo con ocasión de dicho insuceso. "3. Que los perjuicios materiales ocasionados y que le seguirán ocasionando a la señora Isabel Obando Roa deben indemnizarse mediante la suma de $6,000.000.oo que el Estado Colombiano debe pagarle o por la suma que se demuestre en petición practicada en este juicio o posteriormente mediante el trámite señalado en el artículo 308 del CP.C "4. Que el Estado Colombiano debe pagar a la actora la indemnización correspondiente a los perjuicios morales, subjetivos y objetivos que ha sufrido y está sufriendo por la muerte su hijo José Manuel Obando en cuantía de $200.000,00. "5. Petición subsidiaria: Que en defecto de la evacuación favorable de las peticiones anteriores en la forma planteada, se declare en forma directa y objetiva que el Estado Colombiano debe indemnizar a mi poderdante señora Isabel Obando Roa, los perjuicios de todo orden materiales y morales que le fueron ocasionados por la muerte del Sr. José M. Obando Roa, por actos de soldados del

Ejército Nacional el día 14 de febrero de 1979 en la Vereda de Hamococo jurisdicción del Municipio de La Palma (Cundinamarca), en cuantía de $6,000.000.oo, o en la suma que se determine durante el peritazgo en el curso del proceso o en la que señala el procedimiento indicado en el artículo 308 del C.P.C.". El libelo expone los siguientes hechos: "1. El señor José Manuel Obando Roa, era un humilde campesino que se dedicaba a las labores del campo recolectando café, tanto en la finca del doctor Urias Real administrada por el señor Euclides Mahecha situada en la Vereda de Hamococo del Municipio de La Palma (Departamento de Cundinamarca) como mejorando su propia finca que en compañía de su madre Isabel Obando Roa poseía en la vereda de Corinto, Municipio de Yacopí. "2. El señor José M. Obando Roa, nunca formó parte de movimientos guerrilleros, ni menos trató por ningún medio de oponerse a las normas establecidas en la región por las autoridades Castrenses, antes por el contrario era un joven de escasos 24 años de edad que respetaba las leyes de la República. "3. El día 14 de febrero del año en curso cuando el señor Obando se dedicaba a las labores del campo, trabajando para el doctor Urias Real, o Euclides Mahecha, fue aprehendido en forma inexplicable en la vereda de Hamococo por soldados del Ejército Nacional pertenecientes a la Base Militar que funciona en Yacopí. "4. El mencionado señor Obando Roa fue aprehendido en compañía de Euclides

Mahecha, Iván Mahecha, Eduardo Mahecha, a los tres Mahechas mencionados según sus propios informes los llevaron hasta la montaña de Hamococo donde los dejaron en libertad continuando con el señor José Obando del cual no se volvió a tener más noticias sino hasta el día jueves 15 de febrero cuando se lo entregaron muerto a la mamá, señora Isabel Obando Roa, entrega que se hizo por parte de las autoridades militares de Yacopí especialmente por actividades del Alcalde Militar de apellido Barreto. "5. En el momento de ser entregado el occiso a la mamá éste presentaba una perforación que procedía del parietal derecho con salida a la zona parietal occipital izquierdo producida con bala de fusil, lo cual le causó la muerte. "6. La señora Isabel Obando Roa solicitó a las autoridades Militares explicaciones que justificaran la muerte de su hijo; como respuesta recibió 3 días de encarcelamiento y amenazas procedentes de los Militares de Yacopí que se ha visto obligada a abandonar la zona dejando abandonadas sus tierras para trasladarse a Bogotá. "7. El señor José Manuel Obando Roa, fue muerto por soldados del Ejército Nacional, sin ninguna razón y como lo demostraré en la etapa probatoria y además por declaraciones de testigos presenciales fue capturado por soldados del ejército con el fin de darle muerte como así sucedió ya que no hay otra forma que explique este crimen hecho. "8. Demostraré a través de la etapa probatoria que soldados del Ejército Nacional dispararon sus armas sobre un indefenso ciudadano ocasionándole la muerte.

"9. Demostraré asimismo que en modo alguno un desarmado campesino puso en peligro la vida de soldados que estaban destinados a esa zona, ni menos que hayan sido atacados con armas de fuego por el hoy occiso, sin embargo los soldados sí dispararon irresponsablemente sobre Obando. "No puede olvidarse que el deber elemental del Estado es el mantenimiento del orden público para cuyo cumplimiento tiene en todo momento que estar preparado; y habrá de responder por los daños causados a los particulares con motivo u ocasión de actuaciones de sus agentes a menos que prueba haber empleado todos los medios a su alcance para prevenir ciertos hechos. "Descuidar o dejar de asegurar el orden o ejercer mal o con violencia la función policial acarrea necesariamente una responsabilidad si en la represión de ciertos hechos se emplean medios innecesarios para restablecer el orden o se presentó un exceso en la ejecución de medidas en principio legítimas, a la administración puede con toda razón imputarle una falla en el servicio por el cual debe responder. "No es concebible que las autoridades establecidas para guardar el orden y hacer respetar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, sean las primeras en producir el desorden e irrespetar tan violentamente la vida de un ciudadano a la cual están obligados a proteger; cuando estos desmanes suceden y como consecuencia han causado a particulares se presume la culpabilidad del Estado, y ello aún en el caso de culpa personal de sus agentes por la circunstancia de habido puesto en contacto con la víctima y proporcionando la oportunidad y los medios de perjudicarla en un régimen de honesta de la cosa pública la administración

asegura a los Administrados, por así decirlo, contra los actos ilícitos de los funcionarios. "10. El Honorable Consejo de Estado en reiteradas providencias ha sostenido que es primer deber del Estado, razón de ser del mismo el proteger la vida, bienes y honra de las personas residentes en el país, y que el incumplimiento de ese deber consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional hace surgir la denominada falla del servicio, que cogiera la responsabilidad estatal. "Así mismo el Consejo de Estado ha manifestado que para poder despachar favorablemente peticiones de declaratoria de la responsabilidades de los agentes públicos es indispensable demostrar los siguientes presupuestos: "a) Un hecho positivo o negativo o una operación administrativo autónoma no escrita o una vía de hecho imputable a un ente público. "b) El daño. "c) Relación de causalidad entre el 2o. y el 1o. "Con la muerte causada al señor José Manuel Obando se ha causado un daño y a su vez se ha producido un hecho positivo causándole graves e irreparables perjuicios materiales y morales a mi poderdante Isabel Obando Roa. "11. La señora Isabel Obando Roa, vivía únicamente de lo que pudiera obtener su hijo con el trabajo tanto a jornal como de producto de la finca obteniendo un ingreso promedio de $6.000.oo mensuales, situación económica que se ha agravado con la muerte de su hijo, señora que ya entrada en años y no tiene rentas, ni desempeña ninguna actividad lucrativa. Necesita pues ayuda. "12. Con la muerte de José Manuel Obando Roa se ha violado el artículo 16 de la

Constitución Nacional todas las normas policivas incluyendo el régimen para el servicio de vigilancia urbana y rural que prestan los Agentes policivos, servicios que se han institucionalizado, para: "a) Proteger la vida, honra y los bienes de todas las personas que residen en el país. "b) Conservar el orden público en todos sus aspectos de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad públicas. "c) Prestar el auxilio que requiere la ejecución de las leyes y las providencias judiciales y administrativas. "Las armas de dotación del cuerpo armado no son para adornar el uniforme, pero mucho menos para lesionar o matar a los asociados sino para prestarles protección, de allí que el cuerpo armado debe analizar la situación y proceder con el más alto sentido de la responsabilidad, ya que ni el temor al peligro lo excusan de la prestación de un servicio bien prestado. "Constituyen grave falta contra el servicio todos aquellos actosu omisiones, o descuidos que pueden causar perjuicios para la seguridad o eficacia de los servicios policivos y en particular constituye.una de las más graves fallas de servicio, perder la serenidad y la corrección y disparar o emplear las armas sin motivo justificado. "Dentro de este orden de ideas se ha causado perjuicio o daño y desde luego el procedimiento empleado por los soldados de que da cuenta este escrito se encuentra reñido con las disposiciones constitucionales y legales que los disciplinan y desde luego, hubo una grave falla en la prestación del servicio, falla vinculada causalmente a los perjuicios cuya indemnización se reclama y que la Nación esta en la obligación de pagar a la demandante según lo dispuesto en el

artículo 16 de la Constitución Nacional, 68 y concordantes del C.C.A.". En derecho, cita como apoyo el artículo 16 de la Constitución Política. Admitida la demanda y tramitado el expediente en la forma prevista por la ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a dictar sentencia. EL CONCEPTO FISCAL La doctora Edné Cohén Daza, Fiscal Segundo de la Corporación, expone en su concepto de fondo: "Para la prosperidad de las acciones indemnizatorias tendientes a que se declare la responsabilidad del Estado, por fallas o faltas en el servicio, se ha exigido por la jurisprudencia se demuestre la existencia de los siguientes elementos axiológicos: "1. Una falla en el servicio de la Administración. "2. Un daño, el cual debe ser cierto, determinado o determinable. "3. Una relación de causalidad entre la falla o falta de la Administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización. "Corresponde a la parte demandante probar los hechos en que funda sus pretensiones y además que existió por parte de la Administración falla o falta en la prestación del servicio público, para que pueda condenarse a la Nación al pago de los perjuicios que ha ocasionado al particular. "Analizando el material probatorio que obra en el expediente, se encuentra que éste no es suficiente para probar los hechos que dieron lugar a la demanda. "Las declaraciones de los testigos señores Jesús Euclides Mahecha (fl. 39) y Cecilia Ahumada de Mahecha (fl. 44 y ss.); José Iván Virguez (fl. 46 y ss.) y Carlos

Alberto Torres Malagón (fl. 104) no permiten establecer claramente cómo ocurrieron los hechos ni en qué circunstancias se produjo la muerte de la víctima. "Afirman los declarantes José Iván Virguez y Jesús Euclides Mahecha, que ellos se encontraban junto con la víctima el día de la ocurrencia de los hechos, dedicados a las labores de recolección de café, cuando aparecieron miembros del Ejército Nacional y los condujeron a las montañas. "En aquel sitio, cada uno de ellos fue colocado en lugares diferentes para someterlos a interrogatorios. Horas después fueron dejados en libertad y solamente volvieron a tener noticias del señor Obando cuando les contaron que había aparecido muerto. "Así pues los declarantes no fueron testigos presenciales de la muerte del señor Obando, se enteraron de este hecho por las noticias que recibieron a través de otras personas. "No obran en el expediente más elementos probatorios que las declaraciones citadas, el acta de levantamiento del cadáver y el acta de diligencia de necropsia. "En el acta de levantamiento del cadáver practicada por el Inspector Municipal de Yacopí (fl. 56) se dice que fue encontrado un cadáver en el sitio denominado Corinto con un orificio de entrada en el temporal derecho y orificio de salida en el maxilar derecho al parecer producido por arma de fuego. "En la diligencia de necropsia (fl. 60) aparece que el cadáver presentaba un orificio de entrada de herida de arma de fuego en la región parietal posterior izquierda, con orificio de salida en el ángulo externo del ojo derecho. Otro orificio de entrada

de herida de arma de fuego en la región lateral izquierda del cuello con orificio de salida en el ángulo externo del ojo derecho. Otro orificio de entrada de herida de arma de fuego en la región lateral izquierda del cuello con orificio de salida por debajo de la región malar derecha con fractura de la base del cráneo. "De esta manera se estableció que la muerte del señor José Manuel Obando Roa fue ocasionada con arma de fuego, pero no se probó con qué clase de arma ni qué clase de bala la produjo, por lo cual no se puede afirmar que la muerte fue ocasionada con un fusil de dotación oficial. "Se concluye así que en el caso en estudio se probó el daño cierto y determinado ocasionado por la muerte del señor José Manuel Obando, pero no se estableció la falla en el servicio ni la relación de causalidad entre uno y otro por lo tanto las pretensiones de la demanda no pueden prosperar. "Lo anterior es suficiente para solicitar al Honorable Consejo de Estado niegue las peticiones de la demanda". PARA RESOLVER SE CONSIDERA a) El señor apoderado de la parte demandante no presentó alegato de conclusión. b) El Procurador Judicial del Ministerio de Defensa, alegó de conclusión, en tiempo oportuno y después de sintético análisis del acervo probatorio, termina solicitando la absolución de la parte demandada, por falta de prueba sobre la falla del servicio. c) La Sala no comparte las conclusiones de su colaboradora fiscal, pues si bien es principio elemental de derecho probatorio que no puede admitirse el intento de probar lo imposible, también lo es aquel que manda no exigir la prueba imposible, con sacrificio del derecho subjetivo.

Pedir prueba directa de los hechos en que un ciudadano resulta sacrificado por miembros de las fuerzas armadas, en despoblado, sería ciertamente exigir la prueba imposible o pretender que tales victimarios dejen testimonio escrito de sus reatos o inviten a extraños como testigos de tales hechos o, en fin, confiesen sus crímenes. Lo anterior obliga a la Sala a buscar, con los principios científicos de la prueba y aquellos tutelares del derecho a la vida, el más fundamental de los derechos humanos, el camino de la prueba indiciaría que permita salvaguardar los esenciales derechos de los civiles frente a las autoridades de la República y, en este caso, frente a los miembros de las fuerzas armadas que, aunque armados por la República para salvaguardar sus fronteras y el orden público interno, en no pocas ocasiones vuelven las armas oficiales contra los indefensos ciudadanos con violación flagrante del artículo 16 de la Constitución Política que las instituye para garantizar, entre otros, el derecho de los asociados a la vida. Aparecen en autos los dichos juramentados de José Euclides Mahecha Virguez (folio 39) administrador de la finca donde trabajaba la víctima, Ana Cecilia Alvarado de Mahecha (folio 46) y José Iván Virguez (folio 46) compañeros de trabajo del muerto. De tales testimonios aparece comprobado; Que el 14 de febrero de 1979, en las horas de la mañana, mientras los testigos, en compañía de Manuel Obando Roa se dedicaban a coger café en la finca que administraba Mahecha, llegó el Ejército Nacional, una patrulla al mando de un Teniente, y los

cogió presos, llevándolos a la montaña, en tres grupos, cerca a una mata de guadua, cada grupo con dos soldados para Mahecha, Virguez y Manuel Obando, separados el uno del otro. Los interrogaron y después de las tres de la tarde los soltaron, con la insistente invitación de que salieran corriendo, la que afortunadamente no fue atendida por los sobrevivientes Mahecha y Virguez pues Obando continuó detenido. Como a las seis de la tarde, oyeron los testigos unos disparos en la dirección en que tenían capturado a Obando y al día siguiente el cadáver apareció en el Hospital local, donde informaron que había sido llevado por el Ejército. No obstante la insistencia del Consejero Sustanciador ante las autoridades militares, no fue posible obtener copia directa de la necropsia, ni la lista del personal militar que intervino en la operación en que perdió la vida Obando Roa. Intentada la otra vía posible, la investigación penal militar adelantada, se allegaron las copias del sumario adelantado por el Juzgado 4o. de Instrucción Penal Militar, apenas iniciado y al parecer condenado al fracaso ante la notoria falta de colaboración de las autoridades militares. En efecto, en junio 8 de 1979 el Comandante de la Escuela de Caballería, como juez de primera instancia, solicita al Comandante de la Fuerza de Tarea de Yacopí (folio 86) el envío de la "información detallada sobre la manera como ocurrieron los hechos; el personal que intervino en los mismos (grado y nombre); la unidad o repartición a que pertenecen y si ocurrió con ocasión o por causa del servicio" y

lógicamente no hubo respuesta. Avocada la investigación por el Juzgado 4o. de Instrucción Penal Militar, se recaba la misma información en octubre 4 de 1979 (folio 89), enero 28 de 1980 (folio 90) y marzo 21 de 1980 (folio 91) sin que hubiera sido posible que el investigador obtuviera esa mínima colaboración de los militares. Las copias del sumario acreditan tan poco avance en su adelantamiento, que el Consejero Sustanciador, no obstante que por oficio No. 29 de enero 15 de 1980 había solicitado al Comandante del Puesto Militar de Yacopí la información pertinente y ante el fracaso la repitió por oficio No. 838 de junio 4 de 1980, con el mismo resultado, agotó sus recursos requiriendo nuevamente al juez investigador militar para que informara si era que había otro proceso por los mismos hechos (auto de julio 23 de 1980, folio 108) por oficio 918 (folio 113) y recibió respuesta por oficio No. 233 BIM 541 PM/789 de julio 21 de 1980 en cuya parte final, se dice: "c) En relación con estos hechos es la única actuación que obra en este Juzgado, sin que pueda pensarse exista otro proceso y por ende diferente radicación". Lógico, con tan cerrado silencio de las autoridades militares obligadas a colaborar en la labor de investigación ésta resultaba imposible. La obstrucción a la justicia se había consumado por quienes estaban obligados a impartirla. Al folio 56 obra copia de la diligencia de levantamiento del cadáver, verificado el

14 de febrero de 1979 en el "sitio Corinto" y que da cuenta que el cadávar de José Manuel Obando Roa presentaba "...en el temporal derecho se le halló un orificio de entrada y orificio de salida en el maxilar derecho al parecer con arma de fuego...". Y obra informe oficial sobre la necropsia practicada el 15 de febrero de 1979 (folio 60), en la cual se lee: "3. Orificio de entrada de herida por arma de fuego en región parietal posterior izquierda, de aproximadamente 0,8 cms. de diámetro mayor, que produjo fractura bitemporal, biparietal y frontal completas, no desplazadas. "4. Orificio de salida correspondiente de 2 cms. de diámetro a 2 cms. del ángulo externo del ojo derecho. "5. Orificio de entrada de herida por arma de fuego en región lateral izquierda del cuello a 7 cms. por debajo y 2 cms. por detrás del pabellón auricular ipsilateral. "6. Orificio de salida correspondiente, de aproximadamente 6.5 cms., de forma irregular, estrellada, inmediatamente por debajo de región malar derecha con fractura de rama derecha de maxilar inferior y fractura de la base del cráneo". d) Para la Sala, están, pues probados los siguientes hechos indicíanos:

1. Que el 14 de febrero de 1979, en la vereda de Corinto, Municipio de Yacopí, Departamento de Cundinamarca, en las horas de la mañana y mientras se dedicaba a las labores de recolección de café, fue capturado, por una patrulla militar, el ciudadano José Manuel Obando; 2. que en el momento de la captura, el ciudadano Obando gozaba de perfecta

salud; 3. que, en manos de sus captores, permaneció aislado de los restantes civiles de la referida finca, cerca a una "mata de guadua", sometido a interrogatorio; 4. que aproximadamente entre 6 y 6 y media de la tarde del mismo día 14 de febrero, los habitantes de la finca donde trabajaba Obando oyeron varios disparos, provenientes del sitio donde había permanecido detenido y en poder de los militares el civil Obando; 1. los demás habitantes de la finca donde sucedieron los hechos, no pudieron salir la misma noche de los mismos a investigar el origen y las consecuencias de los disparos escuchados, pues frecuentemente eran atemorizados con golpes en la puerta de la vivienda, además que dos de sus inquilinos habían estado, gran parte de aquel día, igualmente detenidos y ultrajados por los militares; 5. nadie, distinto de los militares, volvió a ver con vida al ciudadano José Manuel Obando; 6. según el acta de levantamiento, "siendo las once y cincuenta y seis de la noche del día catorce (14) de febrero de mil novecientos setentay nueve (1979), el suscrito Inspector Municipal de Yacopí, en asocio de su Secretario y de los señores... se trasladaron al sitio Corinto...", es decir, al mismo sitio o vereda donde fue apresado y mantenido José Manuel Obando y encontraron su cadáver, con la siguiente observación: "...en el temporal derecho se le halló un orificio de entrada y orificio de salida en el maxilar derecho al parecer con arma de fuego...";

7. al día siguiente, 15 de febrero, el Comandante del Puesto Militar de Yacopí hace entrega del cadáver a la señora madre de José Manuel Obando; 8. tanto este proceso como el adelantado por el Juzgado 4o. de Instrucción Penal Militar, carecieron absolutamente de toda colaboración por parte de la Institución Militar para el cabal esclarecimiento, mediante prueba directa, de los hechos en que perdió la vida el ciudadano Obando y este es, igualmente, un grave, gravísimo indicio de responsabilidad de las fuerzas armadas; 10. el artículo 157 del C.C, al regular el divorcio, antes de la reforma de la Ley 1a de 1976, traía entre las medidas cautelares que debía tomar el juez de la causa, la del "depósito necesario" de la mujer, en forma similar a como lo prevén, en ciertos casos, las normas protectoras del menor o de los alienados.

El depósito necesario de personas no es, pues, ajeno al derecho colombiano y quizás el más común y más frecuente y menos estudiado y regulado, es el que se configura en el momento en que las autoridades de la Repúblic