CE - SEC5-EXP1999-N1891

NULIDAD ELECCIÓN DE SENADOR - Inhabilidades no se extienden a los demás integrantes de la lista / INHABILIDADES - Son de carácter particular y personal Como causa petendi de la demanda se aduce que en la lista de candidatos al Senado de la República encabezada por el Doctor Mario Varón Olarte, elegido para el periodo 1998-2002, figuró en segundo renglón el señor Hernando José Escobar Medina, quien fue elegido Diputado a la Asamblea Departamental del Magdalena para el periodo 1998-2000 y, por tanto, incurrió en la inhabilidad del numeral 8º del artículo 179 de la Constitución Nacional, pues el periodo de Senador y el de Diputado coinciden en el tiempo. Y es claro, como lo afirma la Señora Procuradora Delegada ante esta Corporación, que el régimen de inhabilidades es de carácter particular, personal y, por tanto, no puede extenderse a otros candidatos, así hagan parte de la misma lista. De manera que, independientemente, de la configuración de la causal de inhabilidad respecto de uno de los candidatos, esa inhabilidad no puede extenderse a los demás para afectar su elección. (…). En esta forma, la Sala llega a la conclusión de que, independientemente, de que se pueda configurar o no la causal de inhabilidad del numeral 8 del artículo 179 de la Carta en cabeza del candidato Hernando José Escobar Medina, lo cierto es que ello no tiene incidencia en la validez de la elección del Doctor Mario Enrique Varón Olarte como Senador de la República. Ocurre que la Constitución Nacional, ni antes ni después de 1991, como tampoco la ley, le han señalado a las inhabilidades efectos jurídicos distintos a los que

corresponden en relación con la persona en la cual recaen. De modo que las inhabilidades y aún la falta de calidades o requisitos de uno de los candidatos a corporaciones públicas no se extienden a los demás integrantes de la respectiva lista. Quien puede resultar afectado en su elección como miembro de corporación pública por causa de inhabilidades o por causa de la carencia de requisitos, es el candidato elegido. INHABILIDADES DE LOS CONGRESISTAS - Elección para más de una corporación pública / INSCRIPCIÓN COMO CANDIDATO A MÁS DE UNA CORPORACION - No genera causal de inhabilidad Del contenido del artículo 179 de la Carta Política, se desprende que la causal se configura si se reúnen los siguientes elementos o condiciones: 1. Que el candidato resulte elegido para más de una corporación o cargo público o para una corporación y un cargo. 2. Que esas corporaciones o cargos públicos tengan periodos que coincidan en el tiempo, así sea parcialmente. Ahora, de los hechos anteriores se obtienen las siguientes conclusiones: 1ª. Que el señor Hernando José Escobar Medina fue inscrito como candidato para más de una corporación pública - Senado de la República y Asamblea Departamental del Magdalena - y elegido en una de ellas - la Asamblea - y no en la otra - Senado -. 2ª. Que los periodos de las corporaciones públicas para los cuales se inscribió como candidato el señor Escobar Medina coinciden en el tiempo parcialmente, pues el del Senado de la República es del 20 de julio de 1998 al 19 de julio del año 2002 y el de la Asamblea del 1º de enero de 1998 al 31 de diciembre del año 2000, es

decir que la coincidencia se da entre el 20 de julio de 1998 y el 31 de diciembre del año 2000. De manera que no se reúne la primera condición establecida para la configuración de la causal de inhabilidad como es la de que el candidato resulte elegido para más de una corporación o cargo público o para una corporación y un cargo público. El señor Escobar Medina si fue candidato a más de una corporación, mas solo fue elegido en una de ellas. Y es claro que la sola inscripción como candidato a mas de una corporación o cargo público no genera la causal de inhabilidad del numeral 8 del artículo 179 de la Carta. El presupuesto de la inhabilidad se produce si, como consecuencia de la inscripción, el candidato resulta elegido para más de una corporación o cargo público o para más de una corporación y un cargo público. SENADORES - Reemplazo / CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR - No tienen suplentes / REEMPLAZO DE MIEMBROS DE CORPORACIONES PÚBLICASCandidatos no elegidos tienen solo la expectativa de reemplazar a los elegidos / CANDIDATOS A CORPORACIONES PÚBLICAS NO ELEGIDOSRégimen de inhabilidades e incompatibilidades / INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES - Candidatos no elegidos / REEMPLAZO DE CONGRESISTAS - Control de la elección por parte de los ciudadanos La demandante, sin embargo, plantea la pretensión de nulidad con el argumento de que se configura ante el hecho de que el señor Hernando José Escobar Medina, en cuanto figuró en el segundo renglón de la lista que encabezó el Senador Mario Varón Olarte, tiene la posibilidad de actuar como Senador, pues,

en realidad, es un suplente elegido popularmente. Ocurre que la Constitución de 1991, precisamente, presenta como uno de los grandes logros en procura de la purificación de las costumbres políticas de las corporaciones públicas y en especial del Congreso de la República, la supresión de la figura de los suplentes como sistema de reemplazo de sus miembros. El nuevo sistema implantado en la Constitución de 1991 para reemplazar a los Senadores y demás miembros de corporaciones públicas fue consagrado en los artículos 134 y 261, inicialmente en los siguientes términos: El Acto Legislativo número 3 de 1993 no retornó al sistema de los suplentes para los reemplazos de los miembros de las corporaciones públicas. Esto quiere decir que se conservó el sistema establecido en la Constitución de 1991 consistente en que los miembros de las corporaciones públicas son reemplazados por los candidatos que, según el orden de inscripción, en forma sucesiva y descendente, correspondan a la misma lista electoral. De lo previsto en el inciso final del artículo 181 de la Carta, se desprende que el constituyente si contempló la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los candidatos no elegidos, pero únicamente en el evento de que, efectivamente, superando la expectativa, entren a reemplazar a los candidatos elegidos de la correspondiente lista electoral. (…). Quiere decir lo anterior que a partir de la posesión del candidato no elegido como miembro de la respectiva corporación pública, es posible demandar judicialmente el llamado que, conforme al artículo 5º de la Ley 5ª de 1992 (…) haga el presidente de la respectiva Cámara a ese candidato para pedir, entonces, la nulidad del

correspondiente acto por la configuración de alguna inhabilidad o por la falta de calidades o, incluso, por alguna otra causal de nulidad. Ahora, el candidato no elegido que de esa manera asuma las funciones de congresista, también puede incurrir en causales de incompatibilidades y, por consiguiente, es posible que a la vez incurra en causal de pérdida de investidura. Queda claro, entonces, que el nuevo sistema de reemplazo de los congresistas por vacancia absoluta o temporal implicó a la vez un cambio en el control por parte de los ciudadanos de la elección o designación de aquellos, pues mientras en el sistema anterior ese control podía operar a partir del acto de declaración de elección no solo respecto de quienes hubieran quedado elegidos como principales, sino igualmente en relación con aquellos que eventualmente entrarían a reemplazarlos - los suplentes -, ahora ese control se ha dividido en dos etapas: la primera, para los candidatos elegidos, a partir del acto de declaración de la elección y, la segunda, para los no elegidos que, efectivamente, entren a reemplazar a los elegidos por vacancias absolutas o temporales, a partir de la posesión. De manera que en el sistema actual no queda por fuera el control ciudadano respecto de los congresistas a efectos de solicitar la nulidad de la declaración de elección o del llamado del presidente de la respectiva corporación a uno de los candidatos no elegidos en caso de vacancia absoluta o temporal. Solo que la oportunidad para ejercer la correspondiente acción no es la misma establecida para pedir la nulidad de la declaración de la elección de los candidatos efectivamente elegidos, sino una posterior y en la medida en que, ciertamente, superada la simple expectativa, actúen como congresistas.

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a que los candidatos que entran a reemplazar a los elegidos de la misma lista por razón de la vacancia absoluta o temporal, en realidad, no han sido elegidos popularmente, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 9 de septiembre de 1993, expediente AC-569 y sentencia del 18 de diciembre de 1996, expediente AC-4011.

EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD - Casos en que es factible su aplicación / NORMAS CONSTITUCIONALES DE MISMO RANGO - Aplicación En cuanto a la segunda excepción, la Sala considera que no puede prosperar, por cuanto, de conformidad con el artículo 4º de la Carta Política, la excepción de inconstitucionalidad solo procede en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, para aplicar, en todo caso, la disposición constitucional. Y en este asunto el apoderado del demandado propone la excepción aduciendo la inconstitucionalidad de una norma constitucional - el artículo 172 - frente a otras disposiciones constitucionales - los artículos 7º y 171con el argumento de que estas últimas tienen un mayor rango dentro del cuerpo constitucional, en cuanto las segundas son constitutivas de la parte dogmática de la Constitución y de la Constitución en estricto sentido y la primera, por el contrario, es de la parte orgánica y ley constitucional. De conformidad con el artículo 4º de la Carta, la inaplicación de una norma por inconstitucional solo es posible respecto de una norma de inferior jerarquía a una de la Constitución, es

decir que no se encuentre incorporada a esta. Cuando en un caso concreto se considera que una determinada norma de la Constitución Política no es aplicable porque contraría otra del mismo rango, su inaplicación es posible, no porque sea inconstitucional y, en consecuencia, se aplique la excepción con fundamento en el artículo 4º, sino porque ello resulta de la interpretación que para la aplicación del derecho se debe hacer, siguiendo para ello los métodos de interpretación que correspondan. En el caso de estudio, la inaplicación del artículo 172 de la Carta propuesta por el apoderado del demandado procedería, no por su inconstitucionalidad, sino porque aplicando los métodos de interpretación, se llegara a la conclusión de que, según otras normas de igual rango pero prevalentes, no es aplicable a los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a la elección como Senadores de la Circunscripción Especial, consagrada en el artículo 171 ibídem. LITIS CONSORTES NECESARIOS EN ACCIÓN ELECTORAL - Solo se vinculan los elegidos o nombrados / ACCIÓN ELECTORAL - Litisconsorte necesario Para la Sala no se presenta la inepta demanda, pues si bien es cierto que de prosperar una de las pretensiones, los miembros de la citada lista resultarían afectados, en realidad, al proceso electoral solo se debe vincular como demandados a los elegidos o nombrados. SENADOR DE CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL INDÍGENA - Requisito de la edad / NULIDAD DE ELECCIÓN SENADOR - Circunscripciones nacional y nacional especial para comunidades indígenas El punto central que debe resolver por la Sala es el relativo a si el requisito de la

edad - tener mas de treinta años de edad en la fecha de la elección - establecido en el artículo 172 de la Carta para ser elegido Senador, se exige o no a los Senadores de la Circunscripción Especial por las comunidades Indígenas creada en el artículo 171 ibídem. (…). Como se desprende de su texto, el artículo 171 determina la composición del Senado de la República - cien miembros elegidos por circunscripción nacional - y, en punto relacionado con el caso en estudio, establece un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas para cuya elección dispone que rige el sistema de cuociente electoral. Igualmente la norma establece unos requisitos para los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la República. Y del contenido del artículo 172 se aprecia que la Carta señala tres requisitos generales para ser elegido senador, como son, uno relativo a la nacionalidad - colombiano de nacimiento -, otro a la condición de ciudadanoen ejercicio - y, un tercero, a la edad - mayor de treinta años -. (…). El cumplimiento de los requisitos del artículo 172 por parte de todos los senadores resulta ineludible, pues no se podría aducir que a los senadores que representan a las comunidades indígenas no les fueran exigibles los requisitos de la calidad de nacional colombiano, de ciudadano en ejercicio o el de la edad y, que, por tanto, pudiesen resultar válidamente elegidos personas no colombianas, sin la condición de ciudadano y de cualquier edad o que únicamente se les exigiera el cumplimiento de los dos primeros requisitos y no el de la edad, aún cuando todos

ellos se encuentren contemplados en la misma norma. De consiguiente, establecido que el señor Martín Efraín Tenganá Narvaéz no reunía el requisito de la edad para ser elegido Senador de la República por la circunscripción nacional especial por las comunidades indígenas y que, por consiguiente, al declarar su elección mediante la Resolución demandada el Consejo Nacional Electoral, incurrió en violación del artículo 172 de la Constitución Nacional y, por tanto, en causal de nulidad de esa elección, conforme a lo previsto en el artículo 228 del C.C.A PUEBLOS INDÍGENAS COLOMBIANOS - Reconocimiento del pluralismo jurídico El apoderado del demandado plantea que el debate jurídico se sitúa en el ámbito del reconocimiento de la exigencia del pluralismo jurídico establecido en los artículos 7º, 246, 329 y 330 de la Constitución Nacional en beneficio de los pueblos indígenas colombianos y que, por tanto, no se puede argumentar exclusivamente con base en las normas de la Legislación General de la República, pues, de un lado, existen normas aplicables sobre la materia en la legislación indígena nacional que tienen el carácter de especiales y prefieren a las generales, y, de otro, en el ámbito de la autonomía reconocida constitucionalmente en beneficio de dichos pueblos en materias relativas a la representación, la autoridad, el parentesco, la madurez o el acceso al status de adulto, entre otras, inherentes a la identidad y autonomía indígena, se rigen por los propios sistemas normativos de regulación y control social de los pueblos reconocidos en el artículo 246 de la

Carta Política y no por la legislación general de la República, ni por la legislación indígena nacional. Es cierto que del contenido de la Carta Política de 1991 se desprende que esta reconoce en beneficio de los pueblos indígenas los tres ordenes normativos a que alude el apoderado del demandado - el de la legislación general de la República aplicable a todos los colombianos, el de la legislación especial indígena que contiene normas recogidas en la misma Constitución y leyes de la República, Tratados y Convenios ratificados por Colombia; y los sistemas jurídicos propios de los pueblos indígenas -. En efecto, la legislación general de la República es aplicable a todos los colombianos y, por consiguiente, igualmente, a los indígenas, en materias tales como los derechos consagrados en la Carta y, en general, en aspectos que no afecten los valores, costumbres y creencias propias de esas comunidades. La legislación especial indígena nacional está contemplada expresamente en normas constitucionales y legales que se han expedido en beneficio de las comunidades indígenas teniendo en cuenta los valores y la cultura de las mismas. Y los sistemas jurídicos propios están reconocidos por los artículos 246 y 330 de la Carta, en cuanto el primero de ellos prevé que las autoridades de los pueblos indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República, y, el segundo, establece que los territorios indígenas, cuyo reconocimiento como entidad territorial también hizo la Carta - artículo 286 -,

estarán gobernados por Consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de esas comunidades. (…). De manera que lo anteriormente expuesto conduce a la Sala a concluir que los requisitos establecidos en el artículo 172 de la Carta para ser elegido Senador, incluido el de la edad de más de treinta años en la fecha de la elección, también son exigibles a los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar la circunscripción nacional especial. (…). De consiguiente, establecido que el señor Martín Efraín Tenganá Narvaéz no reunía el requisito de la edad para ser elegido Senador de la República por la circunscripción nacional especial por las comunidades indígenas y que, por consiguiente, al declarar su elección mediante la Resolución demandada el Consejo Nacional Electoral, incurrió en violación del artículo 172 de la Constitución Nacional y, por tanto, en causal de nulidad de esa elección, conforme a lo previsto en el artículo 228 del C.C.A. ACTAS DE ESCRUTINIO - Causales de nulidad / ACTAS DE ESCRUTINIOS IRREGULARES - Recuento de votos / NULIDAD DE ACTAS DE ESCRUTINIOImprocedencia Para declarar la nulidad de las actas de escrutinio de los jurados de votación con base en la causal 2ª del artículo 223 del C.C.A. y por razón de las tachaduras, enmendaduras y borrones que las mismas presenten, se requiere demostrar que estas, en realidad, contienen alteraciones en los resultados electorales. De modo que si las tachaduras, enmendaduras y borrones que aparezcan en las actas de

escrutinio no alteran los resultados electorales, aquellas resultan intranscendentes y no conducen a la falsedad de los registros consagrados en dichas actas para efectos de declarar su nulidad. Puede ocurrir, entonces, que esas tachaduras, enmendaduras y borrones obedezcan a la inexperiencia o al descuido y, en algunos casos, a la ignorancia de los jurados de votación. La causal 3ª de nulidad de las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda Corporación electoral exige dos condiciones: la primera, que las alteraciones de las actas sean sustanciales, es decir que, efectivamente, incidan en los resultados electorales, lo cual descarta aquellas que sean intranscendentes; la segunda, que esas alteraciones se hagan después de firmadas por los jurados o los miembros de la Corporación que las expide. No existen, pues, pruebas demostrativas de las causales de nulidad invocadas por el demandante. La Sala observa que alrededor de los hechos que configuran el cargo propuesto por el demandante se plantean unas irregularidades que, en realidad, se debieron plantear y dilucidar en la vía administrativa, pues el Código Electoral tiene previstos mecanismos para ello. (…). [E]l legislador ha previsto el mecanismo del recuento de votos para cuando las actas de escrutinio de los jurados de votación presenten tachaduras, enmendaduras o borrones. Ese mecanismo, ante las dudas que suscitan esas irregularidades sobre el número real de votos depositados por los distintos candidatos en una mesa determinada, permite despejarlos de la manera más

efectiva como es la de volver a contabilizar los votos depositados. (…). En esta forma, la Sala llega a la conclusión final de que el (…) cargo formulado no puede prosperar, pues no se demostró la configuración de las causales de nulidad de los numerales 2 y 3 del artículo 223 del C.C.A. respecto de las actas de los jurados de las mesas de votación señaladas por el demandante.

NOTA DE RELATORÍA: En lo que tiene que ver con la anulación de actas de escrutinio de los jurados de votación, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de enero de 1.999, Expedientes 1871 y 1872; C.P.

Roberto Medina López. NULIDAD ACTAS DE ESCRUTINIO - Falta de firma de los jurados / FALTA DE FIRMAS DE JURADOS - No es causal de nulidad que se pueda alegar ante esta jurisdicción La falta de firma de las actas de, por lo menos, dos de los miembros de los jurados de votación, no es causal de nulidad que se pueda plantear en los procesos electorales. Esa es una causal de reclamación propia de los escrutinios de las elecciones que llevan a cabo las autoridades electorales y que, conforme a ese mismo artículo 192 [del Código Electoral], puede dar lugar a que las actas o registros afectados se excluyan del cómputo de votos y de los escrutinios respectivos. De modo que solo en la medida en que se hubiera propuesto la reclamación en los escrutinios, el interesado puede plantear el punto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El demandante no planteó que lo

anterior hubiese ocurrido y que, por razón, lo propone como uno de los cargos de este proceso. Y, además, de lo verificado en el expediente, no se estableció esa reclamación. En esta forma, la Sala considera que este segundo cargo no puede prosperar. NULIDAD ELECCIÓN DE CONGRESISTA - Inhabilidad por parentesco / INHABILIDAD DE CONGRESISTA POR PARENTESCO - Elementos / NOTARIOS - No ejercen autoridad La inhabilidad para ser elegido congresista por razón del numeral 5 del artículo 179 de la Carta exige que se reúnan tres elementos: El primero, el parentesco - en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil - o vínculo por matrimonio o relación de unión permanente del candidato a congresista con un funcionario; el segundo, que el funcionario respecto del cual se predica el parentesco o los indicados vínculos o relación con el candidato, ejerza autoridad civil o política. El tercero, que el funcionario ejerza esa autoridad en el momento de la elección. De manera que, además de los elementos generales configurativos de la causal de inhabilidad del numeral 5 del artículo 179 de la Carta, existe uno especial en relación con el ámbito territorial en que debe actuar el funcionario respecto del cual se aduce dicha inhabilidad. Y para determinar ese elemento se debe tener en cuenta si el candidato a congresista lo es por circunscripción territorial o nacional, es decir si se trata de aspirante a Cámara de Representantes o a Senador. En el primer caso, ese elemento especial de la inhabilidad se configura si el funcionario respecto del cual se invoca el parentesco ejerce la autoridad civil o política en la misma circunscripción del candidato, lo cual quiere

decir que no opera si se ejerce en una circunscripción electoral diferente a aquella a la que aspira el candidato a Representante a la Cámara. En el segundo caso, el elemento por razón del territorio se estructura si el funcionario con autoridad civil o política la ejerce en todo el territorio de la circunscripción y no solo en una territorial, pues, precisamente, respecto de esta inhabilidad del numeral 5, tratándose de la circunscripción nacional, el constituyente estableció la excepción a la regla que consagra para las inhabilidades de los numerales 2, 3, 5 y 6 del mismo artículo 179, en el sentido de considerar que la circunscripción nacional coincide con cada uno de las territoriales, esto es que se presenta la inhabilidad así el funcionario ejerza autoridad civil o política únicamente en una circunscripción de ámbito territorial. Pero tratándose de la inhabilidad del numeral 5 no se considera que la circunscripción nacional coincida con cada una de las territoriales y, por consiguiente, para que se configure se requiere que el funcionario ejerza autoridad civil o política en todo el territorio nacional. De manera que aplicando la disposición relativa al elemento del ámbito territorial en que actúa el funcionario respecto del cual se predica el parentesco, vínculo o relación con el candidato al Senado, se tiene que en el caso de estudio no se reúne, pues el cargo de notario, conforme a los artículos 121 y 122 del Decreto 960 de 1970, se ejerce en un círculo de notaría que corresponde “al territorio de uno o más municipios del mismo departamento, uno de los cuales será la

cabecera y la sede del notario”, y, precisamente, la Notaria 50 que, según el demandante, desempeñaba el padre del Senador Germán Vargas Lleras, es del Círculo de Santa Fe de Bogotá. Pero, en realidad, lo evidente es que la causal de inhabilidad no se estructura por la ausencia del elemento especial relativo al ámbito territorial en que el funcionario con vínculos de parentesco o matrimonio o de relación de compañero permanente debe actuar con autoridad civil o política. El Senado, conforme al artículo 171 de la Carta Política, es elegido en circunscripción nacional, mientras el notario ejerce el servicio público de notariado en un espacio territorial más reducido - el territorio de uno o más municipios del mismo departamento -, para el caso el del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. DOCUMENTOS - Valor probatorio de las fotocopias / VALOR PROBATORIO DE LAS FOTOCOPIAS - Requisitos / ACTAS DE ESCRUTINIO - Funcionarios autorizados para expedir copias / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Los documentos aportados en fotocopia cumplen con uno de los requisitos que el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil contempla para que las copias tengan el mismo valor probatorio de los originales, esto es que la autenticación se haga previo cotejo con el original o con una copia autenticada. Pero ocurre que del contenido de la misma norma, surge otro requisito, como es el de que la copia haya sido autorizada por el funcionario donde se encuentre el original - notario, director de oficina administrativa o de policía o secretario de oficina judicial, previa orden del juez -.En efecto, conforme a esa disposición, la copia de un documento

original tiene valor si ha sido autorizada por el jefe de la oficina donde se encuentra dicho documento o si es tomada de una fotocopia autenticada por el mismo jefe. (…). Como la disposición se refiere a copias, sin distinción, debe entenderse que comprende cualquier tipo de copias, ya consistan en transcripción o en reproducción mecánica del documento. Igualmente el artículo 254 prescribe que las copias, o sea, tanto las transcripciones como las reproducciones mecánicas, tendrán el mismo valor probatorio del original, cuando han sido autorizadas por un funcionario público, en cuya oficina se encuentre el original. Por consiguiente, ha de concluirse que existe plena armonía entre uno y otro precepto y que la exigencia de autenticación por un notario de las reproducciones mecánicas de documentos sólo puede referirse a las que reposen en el archivo notarial o a las que se hallen en poder de particulares”. Y es claro que en el caso de estudio, las actas de escrutinio acompañadas con la demanda no cumplen con dicho requisito, pues ninguna de las referidas autenticaciones las hizo alguno de los Jefes de las oficinas en donde, de acuerdo con la ley, se encuentran los originales de esos documentos. De acuerdo con el artículo 186 del Código Electoral, tanto del acta general como de cada una de las actas parciales se sacarán seis (6) ejemplares, que se destinarán así: Presidente del Consejo Nacional Electoral, Presidente del Consejo de Estado, Ministro de Gobierno, Presidente del Tribunal Contencioso Administrativo, Delegados del Registrador Nacional y Gobernador del Departamento. Quiere decir lo anterior que solo los funcionarios mencionados pueden autorizar la expedición de copias de las actas

parciales de los escrutinios generales de las elecciones para Senado - formularios E-26 - y, como se deduce de lo consignado, ninguno de ellos lo hizo en relación con las fotocopias acompañadas con la demanda, pues las autenticaciones - todas - las hicieron los notarios mencionados. Claro que los notarios si pueden autenticar la fotocopia tomada de una fotocopia autenticada, pues así lo indican los artículos 254, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil y 74 del Decreto 960 de 1.970. Pero la primera copia autenticada de un documento cuyo original reposa en una oficina pública la debe otorgar el correspondiente jefe de esa oficina. En el caso de estudio aparece que las autenticaciones de las fotocopias tomadas del original las hicieron los notarios antes mencionados y no los funcionarios en donde se encuentran dichos originales. De consiguiente, las autenticaciones carecen de validez.

NOTA DE RELATORÍA: Con respecto a la autenticación de documentos cuyos originales reposan en los archivos de la administración pública, consultar: Consejo de Estado, sentencia del 26 de octubre de 1978, expediente 464, C.P. Carlos

Galindo Pinilla. CUOCIENTE ELECTORAL - Condiciones para su aplicación Es cierto que el artículo 263 de la Carta consagra el sistema de cuociente electoral para efectos del cómputo de los votos cuando se vote por dos o mas individuos en las elecciones populares o en una corporación pública. Ese sistema tiene como finalidad asegurar la representación proporcional de los partidos y según, esa norma, es el que resulta de dividir el total de los votos válidos por el de puestos

por proveer, luego de lo cual “La adjudicación de puestos a cada lista se hará en el número de veces que el cuociente quepa en el respectivo número de votos válidos. Si quedaren puestos por proveer, se adjudicará a los mayores residuos, en orden descendente”. Ese sistema se encontraba consagrado en el artículo 172 de la anterior Carta Política. De manera que para aplicar el sistema del cuociente electoral se exigen las siguientes condiciones: a.- Que se trate de elecciones populares o de elecciones efectuadas en una corporación pública; b.- Que se vote por dos o más individuos. Y una vez verificados esos dos elementos, para establecer el cuociente se exige como presupuesto básico la determinación de los votos válidos, pues es a partir y con base en estos como se