CE-SECCION CUARTA-25000-23-37-000-2014-00826-01(22348)-2018

IMPUESTO AL PATRIMONIO – Creación / IMPUESTO AL PATRIMONIO – Entidades no sujetas. Entidades en proceso de reestructuración o reorganización. Con fundamento en el artículo 297 del Estatuto Tributario no son sujetos pasivos del impuesto las entidades que se encuentren en los procesos de reestructuración o reorganización a que aluden la Ley 550 de 1996 y las posteriores sobre la materia, como la Ley 1116 de 2006 / EXENCIÓN DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO PARA EMPRESAS EN PROCESOS DE LIQUIDACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y REORGANIZACIÓNObjeto y alcance. En virtud del principio de igualdad, el beneficio tributario de la exención del impuesto al patrimonio consagrado en el artículo 297 del ET, prorrogado por la Ley 1370 de 2009, se extiende a las entidades que incluso antes de la entrada en vigencia de esa ley se encontraban en dificultades financieras / EXENCIÓN DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO DE LA LEY 1370 DE 2009 - Naturaleza jurídica. Constituye una prórroga del beneficio tributario previsto en el artículo 297 del Estatuto Tributario / EXENCIÓN DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO DE LA LEY 1370 DE 2009Aplicación. También se aplica a las empresas que se encontraban en reorganización desde el año 2009, conforme con lo dispuesto por la Ley 1116 de 2006, toda vez que la Ley 1370 de 2009 constituyó una prorroga del impuesto al patrimonio para el año 2011 y no la creación de uno nuevo / ACUERDO DE REORGANIZACIÓN – Celebración. Se entiende celebrado

cuando el documento que lo contenga sea suscrito por el deudor y un número plural de acreedores equivalente a la mayoría absoluta de los votos de los mismos / IMPUESTO AL PATRIMONIO DE LA LEY 1370 DE 2009 – Naturaleza jurídica. Reiteración de jurisprudencia. No es un nuevo impuesto, sino que prorrogó la vigencia del impuesto al patrimonio que regulaba la Ley 1111 de 2006 [S]e advierte que el artículo 17 de la Ley 863 del 29 de diciembre de 2003 modificó el artículo 292 del Estatuto Tributario, y creó el impuesto al patrimonio por los años gravables 2004, 2005 y 2006, prorrogado por la Ley 1111 de 2006 para los años 2007, 2008, 2009 y 2010, y por la Ley 1370 de 2009, para el periodo 2011. La citada norma de la Ley 863 de 2003 introdujo al Estatuto Tributario el artículo 297, conforme con el cual no están sujetas al impuesto al patrimonio las entidades que se encuentren en liquidación, concordato o que hayan suscrito acuerdo de reestructuración de conformidad con lo previsto en la Ley 550 de 1999, norma que a la par del artículo 292 del E.T., fue prorrogada por la Ley 1370 de 2009 para el año 2011, pues en el artículo 6º adicionó a la normativa tributaria el artículo 297-1, para disponer que también estarían exentas del referido impuesto las entidades que hayan suscrito acuerdo de reorganización de la Ley 1116 de 2006. Del grupo de entidades que han sido consideradas como no sujetas al impuesto al

patrimonio en virtud de las normas antes mencionadas, se destacan dos tipos de situaciones que dan derecho a la exención, a saber: cuando se trata de procesos de liquidación, y cuando las empresas atraviesan situaciones de crisis y requieren adopción de medidas tendientes a la recuperación y conservación, a través de procesos de reestructuración y de reorganización, con la finalidad de hacer viable la continuidad de la empresa y el desarrollo de su objeto social, como es el caso de la demandante. Conforme con ello, el beneficio tributario que se vino aplicando en las normas que prorrogaron el impuesto al patrimonio hasta el año 2011, tal como lo señaló la Corte Constitucional en sentencia C-895 de 2012, «estaba orientado a garantizar el pago de los créditos y a recuperar y conservar la empresa como una unidad de explotación económica viable», tal como ocurre en los procesos de reestructuración o reorganización de que tratan las leyes 550 de 1999 y 1116 de 2006. La entidad apelante sostiene que el beneficio tributario establecido por la Ley 1370 de 2009, no es aplicable en este caso, por cuanto dicha norma creó el impuesto al patrimonio y la exoneración del artículo 297-1, a partir del 1º de enero de 2011, motivo por el cual la actora está sujeta al impuesto al patrimonio del año 2010. Al respecto, la Sala advierte que de acuerdo con lo establecido por el artículo 297 del Estatuto Tributario, vigente desde la Ley 863 de 2003, no están sujetas a pagar el impuesto al patrimonio las entidades que se

encuentren en liquidación, concordato o que hayan suscrito acuerdo de reestructuración de conformidad con lo previsto en la Ley 550 de 1999, norma que fue prorrogada y, posteriormente entró a regir el régimen de insolvencia empresarial en Colombia con la Ley 1116 de 27 de diciembre de 2006, que en sus artículos 9 y siguientes reguló lo relativo a los procesos de reorganización para las entidades que se encontraran en una situación de cesación de pagos o de incapacidad de pago inminente. Dicha ley fue reglamentada por el Decreto 1730 de 2009, conforme con el cual el acuerdo de reorganización se entiende celebrado cuando el documento escrito que lo contenga sea suscrito por el deudor y un número plural de acreedores, equivalente a la mayoría absoluta de los votos de los mismos. Lo anterior apareja que si bien solo con la Ley 1370 de 2009 se incluyó la exoneración del impuesto para las empresas en proceso de reorganización, es claro que desde periodos anteriores al 2011, la intención del legislador era proteger en general a todas las entidades que se encontraran inmersas en problemas financieros que debieron acudir a las diferentes figuras jurídicas encaminadas a garantizar la sostenibilidad de la empresa como unidad de explotación económica viable, y el marco normativo que reguló la materia es la Ley 1116 de 2006. De modo que para la Sala la exoneración prevista en los artículos 297 y 297-1 del E.T., se entiende aplicable también a las empresas que como FAJOBE S.A.S. se encontraban en proceso de reorganización desde el año

2009, conforme con lo dispuesto por la Ley 1116 de 2006, por cuanto según el criterio establecido en anterior oportunidad, la Ley 1370 de 2009 constituyó una prórroga del impuesto al patrimonio para el año 2011, y no la creación de uno nuevo como lo asegura la recurrente. En tal sentido, esta Sección, en sentencias del 30 de agosto de 2016, del 26 de julio de 2017 y del 24 de mayo de 2018, señaló que la Ley 1370 de 2009 no creó un nuevo impuesto al patrimonio, sino que «extendió, prorrogó, la vigencia del impuesto al patrimonio que venía regulando la Ley 1111 de 2006», por lo cual la decisión de la DIAN de desconocer el beneficio referido contraría el principio de buena fe que rige la relación entre el Estado y los contribuyentes. La Corte Constitucional en sentencia C-895 de 2012, en la que reiteró la sentencia C-831 de 2010, precisó el alcance de la exención consagrada en los artículos 297 y 297-1 del E.T., al señalar que las entidades sometidas a procesos de restructuración de pasivos o a acuerdos de reorganización, también han sido excluidas del impuesto al patrimonio, pues se encuentran en una situación de crisis temporal que requiere la adopción de ciertas medidas y la aplicación de beneficios. En el referido pronunciamiento, la Corte hace extensivo el beneficio consagrado en los artículos 297 y 297-1 del E.T. a las personas naturales sometidas al régimen de insolvencia, que habían sido omitidas

por el legislador al regular solamente lo referente a las personas jurídicas con dificultades financieras, tomando como base la protección de manera general, entre otros, a los principios de igualdad, justicia, equidad tributaria y libertad de empresa. Así las cosas, con fundamento en lo previsto en el artículo 297 del Estatuto Tributario -norma aplicable al caso-, no son sujetos pasivos del impuesto al patrimonio, entre otras, las entidades que se encuentren en procesos de reestructuración o reorganización, a que alude la ley 550 de 1999 y las leyes posteriores sobre la materia, como la Ley 1116 de 2006. De tal manera que en este caso, la Sala no desconoce la finalidad para la cual se estableció la no sujeción al impuesto al patrimonio, desde la expedición de la Ley 863 de 2003 que introdujo el artículo 297 al Estatuto Tributario, por lo que no es de recibo que la Administración Tributaria se ampare en que la Ley 1370 de 2009 contenía un “nuevo tributo” y sólo regiría para los hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 2011, pasando por alto que desde antes en la entrada en vigencia de la referida norma, empresas como la demandante se vieron sometidas a períodos críticos que ameritaban el tratamiento especial conferido con anterioridad por la Ley 1116 de 2006. Por ello, como lo sostuvo la Corte en la mencionada decisión, no es admisible darle a los contribuyentes que se encuentran en una misma situación de hecho y de derecho, un tratamiento diferente, pues al integrar a la norma el principio de igualdad, se tiene que extender el beneficio tributario a las entidades

que incluso antes del periodo en discusión se encontraban en dificultades financieras amparadas con la exención del impuesto al patrimonio consagrada en el artículo 297 del E.T., prorrogado por la Ley 1370 de 2009.

FUENTE FORMAL: LEY 550 DE 1999 / LEY 863 DE 2003 - ARTÍCULO 17 / LEY 1111 DE 2006 / LEY 1116 DE 2006 - ARTÍCULO 117 / LEY 1370 DE 2009ARTÍCULO 6 / DECRETO 1730 DE 2009 – ARTÍCULO 22 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 292 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 297 /

ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 297-1

IMPUESTO AL PATRIMONIO – No sujeción de empresas en proceso de reestructuración o reorganización. La suscripción del acuerdo de reestructuración o reorganización basta para tener derecho al beneficio tributario / DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO PAGADO POR ENTIDAD NO SUJETA - Procedencia. Constituye un pago de lo no debido / PAGO DE LO NO DEBIDO - Noción. Reiteración de jurisprudencia / SOLICITUD DE PAGO DE LO NO DEBIDO - Objeto. Reiteración de jurisprudencia. Busca probar la inexistencia del título que contiene la obligación / DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LO NO DEBIDO - Intereses procedentes. Reiteración de jurisprudencia / TRÁMITE DE DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LO NO DEBIDO – Finalización / CONTINUACIÓN DE TRÁMITE DE DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LO NO DEBIDO ORDENADO EN SENTENCIA –

Improcedencia. En el proceso que culmina con la anulación de los actos denegatorios de la devolución no procede ordenar, como restablecimiento del derecho, la continuación del trámite de devolución, porque este culmina con el acto que resuelve la reconsideración contra el acto que la negó / CONDENA EN COSTAS – Improcedencia por falta de prueba de su causación [S]e observa que la actora no estaba sujeta al impuesto al patrimonio del año 2010, por encontrarse en proceso de reorganización, en virtud del acuerdo suscrito el 16 de junio de 2009, respecto del cual la Superintendencia de Sociedades profirió el Auto Nº 430-014303 del 24 de julio de 2009, en el cual decretó su apertura e inscripción ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Al efecto se pone de presente que los artículos 297 y 297-1 del E.T. aluden a la “suscripción” de acuerdo de reestructuración o reorganización, no a la autorización por parte de la Superintendencia de Sociedades, como lo expresa la entidad demandada al alegar de conclusión, a fin de soportar su posición que, se reitera, no corresponde a lo establecido en la referidas normas. Se concluye la aplicabilidad de la exoneración prevista por los artículos 297 y 297-1 del E.T., de manera que la demandante no es sujeto pasivo del impuesto al patrimonio por el año gravable 2010, pues al haber suscrito el acuerdo reorganización desde el año 2009, se encontraba amparada por el referido beneficio tributario. En consecuencia, procede la devolución de la suma de $203.474.000 correspondiente

a la primera cuota de lo pagado por la demandante respecto de la declaración del impuesto sobre el patrimonio del año 2010, como está probado en el expediente. La parte demandada adujo en la apelación que la exoneración del impuesto al patrimonio no implica que la Administración tenga la obligación de hacer la devolución por pago de lo no debido, no obstante, como la Sala lo ha reiterado, el pago de lo no debido es el que se efectúa «sin que exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento», de tal manera que la solicitud de devolución solo tiene por objeto probar «la inexistencia de un título que contenga la obligación». Ahora bien, la entidad demanda señaló que no procede el reconocimiento de intereses, por cuando no existe pago de lo no debido. Tal petición no está llamada a prosperar pues, establecido el pago de lo no debido, para las devoluciones de dichos pagos en materia tributaria existe normativa especial aplicable, contenida en los artículos 850 ss. del E.T., en concordancia con el artículo 863 ib. En efecto, acorde con lo señalado, en relación con los intereses procedentes, la Sala observa que la normativa tributaria contempla de manera especial los intereses que se derivan de la devolución del pago de lo no debido, según lo dispuesto en el artículo 863 del Estatuto Tributario.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 297 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 297-1 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 863 / LEY 1437 DE 2011 (C.P.A.C.A.) – ARTÍCULO 187 / LEY 1437 DE 2011

(C.P.A.C.A.) – ARTÍCULO 188 / LEY 1437 DE 2011 (C.P.A.C.A.) – ARTÍCULO 192 / LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) - ARTÍCULO 365

NUMERAL 8

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 25000-23-37-000-2014-00826-01(22348)

Actor: FAJOBE S.A.S.

Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN FALLO La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada1, contra la sentencia del 15 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

La parte resolutiva del fallo apelado dispuso lo siguiente: 1 Fls. 203 a 206 c.p. «1.- Se DECLARA LA NULIDAD de la Resolución Nro.6283-00007 de 23 de enero de 2013 y de la Resolución Nro. 1005 de 4 de febrero de 2014. 2.- A título de restablecimiento del derecho se ORDENA a la DIAN continuar con el trámite de la solicitud de devolución presentada el 14 de noviembre de 2012 por FAJOBE S.A.S., por concepto de impuesto al patrimonio del año gravable 2010.

[…]» ANTECEDENTES El 16 de junio de 2009, la sociedad FAJOBE S.A.S. informó a la Superintendencia de Sociedades sobre el acuerdo de reorganización suscrito con la mayoría calificada de los acreedores internos y externos de la empresa, según lo dispuesto por la Ley 1116 de 2006 y el Decreto 1370 de 20092. El 24 de julio de 2009, por Auto Nº 430-014303, la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del proceso de validación judicial del acuerdo extrajudicial de reorganización a la sociedad FAJOBE S.A.S., en los términos de la Ley 1116 de 20063. El 31 de agosto de 2009, bajo el Nº 151 del Libro XIX, se inscribió ante la Cámara de Comercio de Bogotá el decreto de la apertura del proceso de validación judicial del acuerdo extrajudicial de reorganización de la sociedad FAJOBE S.A.S4. El 29 de junio de 2010, la Superintendencia de Sociedades expidió el Auto Nº 430-0112395 mediante el cual autorizó el acuerdo extrajudicial de reorganización y ordenó la inscripción de tal decisión ante la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual quedó registrado en el certificado de 2 Fls. 66 a 70 c.a. 3 Fls. 71 a 73 c.a. 4 Fl. 22 reverso c.p. y Fl. 97 reverso c.a. (Certificado de existencia y representación legal o inscripción de documentos expedido el 10 de febrero de 2014 por la Cámara de Comercio de Bogotá).

5 Fls. 231 a 232 c.p. existencia y representación legal el 2 de agosto de 2010 bajo el Nº 0459 del Libro «IXI»6. El 30 de julio de 2010 la sociedad FAJOBE S.A.S. presentó la declaración del impuesto al patrimonio por el año 2010, en la que liquidó un valor total de $360.470.000, correspondientes a $327.700.000 por concepto de impuesto y $32.770.000 a título de sanción7. Realizó el pago de la primera cuota en la misma fecha, por valor de $203.474.0008. El 14 de noviembre de 20129, FAJOBE S.A.S. solicitó la devolución por pago de no lo debido de la primera cuota pagada por concepto del impuesto sobre el patrimonio, al considerar que no era sujeto del tributo, en virtud del artículo 297 del E.T. La solicitud fue negada por improcedente por la División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de Bogotá, a través de la Resolución Nº 6283-0007 del 23 de enero de 201310. Contra la anterior decisión la demandante interpuso recurso de reconsideración11, que fue resuelto por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN a través de la Resolución Nº 1005 del 4 de febrero de 2014, en el sentido de confirmar el acto recurrido12. DEMANDA La empresa FAJOBE S.A.S., en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley

1437 de 2011, formuló las siguientes pretensiones: 6 Fl. 22 reverso c.p. y Fl. 97 reverso c.a. 7 Fl. 2 c.a. (formulario N° 4207601213683) 8 Fl. 8 c.a. Recibo oficial de pago con sticker Nº 7707212489953(8020)07178290111088, por $203.474.000 9 Fls 1 y 14 a 17 c.a. 10 Fls. 25 a 27 c.a. 11 Fls. 30 a 40 c.a. 12 Fls. 87 a 96 c.a. «Que son NULOS los siguientes actos administrativos, proferidos por las dependencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas

Nacionales DIAN:

1. La Resolución Número 1005 de febrero 04 de 2014, proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, contra el contribuyente, sociedad FAJOBE S.A.S., NIT 800.232.356-4, mediante la cual se confirma la Resolución 6283-0007 del 23 de enero de 2013, que niega una solicitud de devolución por valor de $203.474.000, por concepto del impuesto al patrimonio.

2. La Resolución 6283-0007 del 23 de enero de 2013 proferida por la División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes que negó por improcedente la solicitud de devolución.

A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de

Grandes Contribuyentes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, continuar con el trámite de la solicitud de devolución radicada con el No. DO 201020122093 del 14 de noviembre de 2012 por pago de lo no debido generado en el concepto Impuesto al Patrimonio, año gravable 2010, presentada por la sociedad FAJOBE S.A.S., NIT 800.232.356-4.» La demandante invocó como normas violadas las siguientes:  Artículo 6 Ley 1370 de 2009.  Artículo 27 de la Ley 1111 de 2006.  Artículos 17, 18, 19 y 20 de la Ley 1116 de 2006.  Artículos 1 y 3 de la Ley 963 de 2005.  Artículos 565 y 720 del Estatuto Tributario. Como concepto de violación expuso, en síntesis, lo siguiente: La actora indicó que pagó el impuesto al patrimonio por el año 2010, sin tener en cuenta que «no estaba sujeta a su pago por mandato legal, por estar exonerada de conformidad con lo previsto en el artículo 297 del Estatuto Tributario», toda vez que en el año 2009 suscribió acuerdo de reorganización de acuerdo con lo previsto en las Leyes 550 de 1999 y 1116 de 2006. Señaló que, a pesar de que la DIAN haya determinado que no estaba exonerada por no tener suscrito acuerdo de reestructuración a la fecha del pago, pasó por alto que desde 24 de julio de 2009 se había decretado la apertura del proceso de validación del acuerdo de reorganización y que a partir de esta fecha entraban a regir los efectos

del artículo 17 de la Ley 1116 de 200613. Afirmó que, al verificar que se había generado una obligación sin causa legal, adelantó el trámite establecido por el artículo 850 del E.T., en tanto solicitó la devolución del pago de lo no debido dentro de los términos y ante la autoridad competente. Al efecto, señaló que no es de recibo la remisión a la legislación civil hecha por la DIAN en relación con los pagos indebidos, en razón a que el artículo 850 del E.T. dispone que la entidad deberá devolver en forma oportuna los pagos de lo no debido, siguiendo el procedimiento establecido para las devoluciones en materia tributaria. Adujo que la sociedad cumple con los presupuestos exigidos por la doctrina oficial de la DIAN establecidos en el Oficio N° 295 del 6 de septiembre de 2007, y la Orden Administrativa N° 004 de 2002, pues efectuó el pago sin mediar causa legal que genere la obligación. Manifestó que de conformidad con lo establecido en el artículo 297-1 del Estatuto Tributario, que entró a regir en diciembre de 2009, las sociedades que hayan suscrito acuerdo de reestructuración de 13 «Ley 1116 de 2006. Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones. […] ARTÍCULO 17. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO DE REORGANIZACIÓN CON RESPECTO AL DEUDOR. A partir de la fecha de presentación de la solicitud, se prohíbe a los administradores la adopción de reformas estatutarias; la constitución y ejecución de garantías

o cauciones que recaigan sobre bienes propios del deudor, incluyendo fiducias mercantiles o encargos fiduciarios que tengan dicha finalidad; efectuar compensaciones, pagos, arreglos, desistimientos, allanamientos, terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo de procesos en curso; conciliaciones o transacciones de ninguna clase de obligaciones a su cargo; ni efectuarse enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios del deudor o que se lleven a cabo sin sujeción a las limitaciones estatutarias aplicables, incluyendo las fiducias mercantiles y los encargos fiduciarios que tengan esa finalidad o encomienden o faculten al fiduciario en tal sentido; salvo que exista autorización previa, expresa y precisa del juez del concurso. » conformidad con lo previsto en la Ley 550 de 1999, no son sujetos pasivos del impuesto al patrimonio. Destacó que la empresa FAJOBE S.A.S. es beneficiaria de la exención de que trata el artículo 297 del E.T., por estar inmersa en proceso de reorganización de la Ley 1116 de 2006, por lo que, conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, se configura el pago de lo no debido cuando a pesar de presentarse todos los elementos de la obligación tributaria, el legislador determina que un contribuyente debe tener un trato preferencial, como en este caso. Indicó que el inicio del proceso de reorganización ocurrió el 16 de junio de 2009, cuando se radicó ante la mencionada entidad con el Nº 200901-185938, y que la Superintendencia profirió el Auto N° 430-014303

del 24 de julio de 2009, a través del cual decretó la apertura del proceso de validación judicial del acuerdo extrajudicial de reorganización y advirtió que los efectos previstos en el artículo 17 de la Ley 1116 de 2006 se generan desde la fecha de presentación de la solicitud de apertura del referido proceso. La DIAN incurre en una omisión al ignorar la existencia jurídica de este auto, pues fue potestad del legislador señalar el momento exacto en que se inicia el proceso de reorganización, así como sus consecuencias, y no quedó al arbitrio de la entidad demandada. Advirtió que se desconocieron los efectos del inicio del proceso de reorganización establecidos en el artículo 17 de la Ley 1116 de 2006, conforme con el cual se prohíbe a los administradores hacer pagos, conciliaciones o transacciones, lo que evidencia además que el impuesto al patrimonio del año 2010 se encontraba cobijado por el beneficio tributario. Resaltó que establecer la obligación del pago del tributo sin estar obligado a ello implica el desconocimiento del propósito para el cual se expidió la Ley 1116 de 2006, que consiste en proteger el crédito y promover la recuperación de las empresas con dificultades financieras. Por último, señaló que la conducta de la entidad ha generado perjuicios financieros, razón por la cual solicitó el reconocimiento de intereses, como lo ha contemplado la jurisprudencia del Consejo de Estado. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente14:

Señaló que el impuesto al patrimonio por el año gravable 2010, «por ser de causación instantánea, se causó el 1° de enero de 2010, sobre el patrimonio líquido del contribuyente poseído a 1° de enero del año gravable 2007» y en los términos dispuestos por los artículos 292, 293, 294 y 297 del ET, modificados por la Ley 1111 de 2006, que regula el impuesto al patrimonio por el año 2010 y no por los artículos 292-1, 293-1, 294-1 y 297-1 adicionados al Estatuto Tributario por la Ley 1370 de 2009, que regulan el impuesto al patrimonio creado para el año gravable 2011. Afirmó que el litigio solo puede ser resuelto bajo las normas vigentes y aplicables al impuesto al patrimonio creado para el año 2010, pues de lo contrario se incurría en violación de los principios de legalidad e irretroactividad de la ley tributaria. Indicó que a pesar de que para el año 2010 concurrían en cabeza de la actora todos los elementos que la obligaban a declarar y pagar el impuesto al patrimonio, lo pretendido en este caso es que se aplique el artículo 297-1 del Estatuto Tributario, mediante el cual el legislador consagró la exención del pago del tributo para el año gravable 2011, para las entidades que se encontraran en proceso de reorganización. 14 Fls. 62 a 80 c.p. Expresó que la demandante es sujeto pasivo del impuesto al patrimonio por el año gravable 2010, porque en ella concurren todos los elementos del tributo consagrados en la Ley 1111 de 2006, lo cual

hace irrelevante el argumento relacionado con el momento en que se entiende suscrito el acuerdo de reorganización. Resaltó que lo establecido por el artículo 297-1 del Estatuto Tributario rige únicamente a los contribuyentes del impuesto al patrimonio creado para el año gravable 2011. Manifestó que la actora parte de una errada interpretación del alcance del artículo 297-1 del Estatuto Tributario, porque esa norma es clara al señalar que “No están obligadas a pagar el impuesto al patrimonio de que trata el artículo 292-1” y este artículo fue creado para el año gravable 2011, causado al 1° de enero de 2011, sin que pueda ser extensivo para el año gravable 2010, frente al cual solo operaban las exenciones contenidas en el artículo 297 del Estatuto Tributario, que no incluye a las sociedades inmersas en acuerdos de reorganización de la Ley 1116 de 2006. Indicó que la contribuyente obtuvo autorización del acuerdo de reorganización por parte de la Superintendencia de Sociedades el 29 de junio de 2010, con posterioridad a la materialización del hecho generador del impuesto al patrimonio a 1° de enero de 2007, causado a 1° de enero de 2010. Explicó que a 1° de enero de 2007 la sociedad no se encontraba ni en proceso de reestructuración, ni en acuerdo de reorganización, y a 1° de enero de 2010, fecha de causación del impuesto al patrimonio del año gravable 2010, se encontraba en trámite de acuerdo de reorganización, circunstancia que no fue exceptuada por el legislador.

Puso de presente que existe causa legal para el pago del impuesto al patrimonio por el año gravable 2010, no existe error alguno en su pago, es inexistente la exención, por lo que no se configura el pago de lo no debido. Para que se configure el pago de lo no debido, se deben presentar los presupuestos contenidos en los artículos 850 del Estatuto Tributario, 21 y 22 del Decreto 1000 de 1997 y la Orden Administrativa 004 de 2004. Concluyó que los actos demandados están debidamente motivados y descartó el reconocimiento de intereses porque no hay discusión respecto de las sumas a devolver. AUDIENCIA INICIAL El 24 de agosto de 2015 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 201115. En dicha diligencia se precisó que no se presentaron irregularidades procesales, nulidades y no se propusieron excepciones previas ni se solicitaron medidas cautelares, por lo que se decretaron las pruebas pertinentes y se dio traslado a las partes para alegar de conclusión. El litigio se concretó en el examen de legalidad de las Resoluciones Nº 6283-0007 del 23 de enero de 2013 y 1005 de 2014, por las cuales la DIAN negó la solicitud de devolución presentada por la actora. SENTENCIA APELADA El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, en sentencia del 15 de octubre de 2015, accedió a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente: Señaló que el artículo 297 del Estatuto Tributario aplicable para el

impuesto al patrimonio del año gravable 2010, prevé la exoneración del pago para quienes se encuentren en liquidación, concordato, liquidación forzosa administrativa, liquidación obligatoria o que hayan suscrito acuerdo de reestructuración de acuerdo con la Ley 550 de 1999. 15 Fls. 104 a 108 c.p. En ese sentido, advirtió que la Ley 1370 de 2009 adicionó el Estatuto Tributario con el artículo 297-1, relevando de la obligación de pagar el impuesto al patrimonio de que trata el artículo 292-1 del Estatuto Tributario, establecido para el año 2011, a las entidades que se refiere el numeral 1 del artículo 19, las relacionadas en los artículos 22, 23, 23-1 y 23-2 del E.T., así como a las definidas en el numeral 11 del artículo 191 del Estatuto Tributario. Al efecto, observó que el último inciso de la disposición no se refirió al artículo 292-1 del E.T., sino de manera genérica aludió al “impuesto”; de ahí que deba considerarse que esta exoneración del pago del impuesto al patrimonio del año gravable 2010, también aplica para las entidades que hayan suscrito ac