CE-SECCIÓN CUARTA-68001-23-33-000-2014-00861-01(24314)

Radicado: 68001-23-33-000-2014-00861-01 (24314)

Demandante: EFRAÍN GARCÍA VILLAMIZAR RENTA LÍQUIDA GRAVABLE POR OMISIÓN DE ACTIVOS O PASIVOS INEXISTENTES – Finalidad y alcance del artículo 239-1 del Estatuto Tributario / EFECTOS FISCALES DE LA OMISIÓN DE ACTIVOS O LA INCLUSIÓN DE PASIVOS INEXISTENTES EN LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Reiteración de jurisprudencia. Hacen inferir la existencia de una renta originada en períodos anteriores / RENTA LÍQUIDA GRAVABLE POR OMISIÓN

DE ACTIVOS O PASIVOS INEXISTENTES – Supuestos / RENTA LÍQUIDA GRAVABLE POR OMISIÓN DE ACTIVOS O PASIVOS INEXISTENTES - Exclusión del supuesto de registro de los activos en un menor valor. Reiteración de jurisprudencia / PATRIMONIO BRUTO – Conformación / OMISIÓN DE ACTIVOS POR FALTA DE REGISTRO DE DERECHOS CREDITICIOS INSOLUTOS EN LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA – No configuración. La falta de registro del total de la operación de venta de la participación que el actor tenía en una empresa no implica la existencia de omisión de activos, porque la parte insoluta de la enajenación no fue pagada por los deudores en vigencias anteriores o en el periodo en discusión, lo que descarta la obtención de renta o la generación de ingresos gravados en periodos no revisables, bajo el supuesto que en el periodo en que ocurrió la negociación se declaró el monto total de la

operación La Sala precisó que, para efectos de luchar contra la evasión fiscal y obtener una fuente permanente de ingresos para el Estado, el legislador fijó como regla que «la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes hacen inferir la existencia de una renta originada en períodos anteriores”, en el entendido de que las faltas al correcto reporte patrimonial en el denuncio tributario permitían encubrir ingresos, falsear costos y deducciones, realizar operaciones subvaloradas, afectar la aplicación de la renta presuntiva y, en fin, obstaculizan la labor de fiscalización de la Administración». Acorde con lo anterior, la Sección señaló que «El instituto contenido en el referido artículo 239-1 se conforma como un mandato que presupone que los elementos patrimoniales dejados de declarar en vigencias previas son renta gravable especial en el período en el cual la Administración lo descubra o el contribuyente voluntariamente lo declare», en atención a su capacidad contributiva. Así, la aplicación del artículo 239-1 del Estatuto Tributario tiene como supuesto la inclusión de pasivos inexistentes en la declaración privada, o la existencia de activos omitidos que permitan inferir la existencia de rentas o ingresos gravados originados en periodos anteriores, lo cual excluye el registro de los mismos en un menor valor, pues «la diferencia en el valor patrimonial registrado no implica la realización de un ingreso gravado en los periodos no revisables que hayan sido objeto de ocultamiento por parte del contribuyente». En el caso concreto es un hecho no discutido por las partes que en el año gravable 2007, el contribuyente vendió por la suma de $6.224.000.000

la participación que tenía en la empresa (…), de los cuales recibió $2.000.000.000, quedando pendiente la suma de $4.224.000.000, que se pagarían en tres contados de $1.408.000.000 cada uno, durante los años 2007, 2008 y 2009. Como respaldo del saldo pendiente de la operación se suscribió un contrato de prenda sin tenencia, soportado en tres pagarés que, al no haber sido pagados por los deudores, fueron objeto de diferentes procesos ejecutivos que, conforme con las demandas allegadas al proceso, las providencias mediante las cuales se libró mandamiento de pago y las actas de conciliación en Cámara de Comercio, entre otros documentos, se encontraban en curso durante el periodo en discusión. (…) Ahora bien, en el expediente está demostrado que para el año gravable 2007, el contribuyente registró el monto de la operación de enajenación de su participación en la citada empresa, 1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 68001-23-33-000-2014-00861-01 (24314) Demandante: EFRAÍN GARCÍA VILLAMIZAR como se observa en la declaración privada del impuesto sobre la renta de ese año, en la cual declaró un total patrimonio bruto (renglón 32) de $7.558.579.000. Por lo tanto, se considera que si bien el contribuyente debía registrar en su declaración tributaria los derechos crediticios contenidos en el contrato de prenda sin tenencia y

los pagarés que hacen parte de la operación de venta de su participación en la empresa (…), que en los términos del artículo 261 del Estatuto Tributario forman parte del patrimonio bruto, no existió la omisión de activos establecida en el artículo 239-1 Ib., porque no se cumplen los supuestos normativos para su aplicación. En efecto, en el proceso está demostrado que la parte insoluta de la enajenación de la participación del demandante (…) no fue pagada por los deudores en vigencias anteriores o en el periodo en discusión, lo cual descarta la obtención de renta o la generación de ingresos gravados en periodos no revisables, bajo el supuesto que en el periodo en que ocurrió la negociación se declaró el monto total de la operación. Así, en este caso, la falta de registro del total de la operación de venta de la participación que el actor tenía en una empresa no implica la existencia de omisión de activos y, por tanto, se modificarán lo actos acusados para disminuir en lo pertinente la renta líquida gravable, lo cual se reflejará en la liquidación que se practicará.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 239-1 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 261

PRESUNCIÓN DE VERACIDAD DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS – Alcance.

Reiteración de jurisprudencia / CARGA PROBATORIA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE VERACIDAD DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS - Titular e inversión de la carga. Reiteración de jurisprudencia / FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E

INVESTIGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - Alcance. Verificación de la exactitud de las declaraciones tributarias / PROCEDENCIA DE COSTOS, DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLES EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Requisitos / PRUEBA IDÓNEA DE COSTOS, DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLES EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Factura / OPORTUNIDAD PARA ALLEGAR PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO / PRUEBAS EN EL PROCESO JUDICIAL – Aporte y valoración. Reiteración de jurisprudencia / ADICIÓN DE INGRESOS NO DECLARADOS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Falta de prueba de su

improcedencia / DESCONOCIMIENTO DE COSTOS Y DEDUCCIONES POR

FALTA DE SU DEMOSTRACIÓN MEDIANTE DOCUMENTOS IDÓNEOS – Legalidad El artículo 746 del Estatuto Tributario establece la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias, al señalar que «Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos, siempre y cuando que, sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija». La Sala ha dicho que la anterior disposición establece una presunción legal, en tanto el contribuyente no está exento de demostrar los hechos consignados en sus declaraciones tributarias, correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos. Lo anterior implica que dicha presunción admite

prueba en contrario y que la autoridad fiscal, para asegurar el «efectivo cumplimiento de las normas sustanciales», puede desvirtuarla mediante el ejercicio de las 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 68001-23-33-000-2014-00861-01 (24314) Demandante: EFRAÍN GARCÍA VILLAMIZAR facultades de fiscalización e investigación previstas en el artículo 684 del Estatuto Tributario. Así pues, es a la autoridad tributaria a la que le corresponde desvirtuar la veracidad de las declaraciones tributarias y de las respuestas a los requerimientos; y ante una comprobación especial o una exigencia legal, corre por cuenta del contribuyente. Ahora bien, para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, el artículo 771-2 del Estatuto Tributario exige que estén soportados en facturas o documentos equivalentes con el lleno de los requisitos establecidos en la legislación fiscal; sin embargo, esa norma no limita la facultad comprobatoria de la autoridad fiscal quien, como se mencionó, puede desvirtuar las transacciones constitutivas de costo o deducción y proceder a su rechazo. En cuanto a la incorporación de pruebas al proceso, el artículo 744 Ib. prevé que deben formar parte de la declaración, haber sido allegadas en desarrollo de la facultad de fiscalización e investigación o en cumplimiento del deber de información, haberse acompañado o solicitado en la respuesta al requerimiento especial o en su ampliación, haberse acompañado al memorial del recurso o pedido en este, o haberse

practicado de oficio, entre otras circunstancias. Lo anterior supone que en la respuesta al requerimiento especial y con el recurso de reconsideración, el contribuyente puede controvertir las pruebas presentadas por la autoridad fiscal en desarrollo de las facultades de fiscalización e investigación, mediante la incorporación de las pruebas que considere pertinentes, las cuales deben ser valoradas por la autoridad fiscal como garantía del debido proceso y de los derechos de defensa y de contradicción. Además, la Sala ha dicho que «con la demanda se pueden presentar las pruebas necesarias para demostrar el derecho pretendido -como ocurre en este caso-, lo cual exige que el juez las valore y determine si cumplen la finalidad llevar certeza en relación con los hechos que se pretenden demostrar». (…) Se advierte que, por haber sido objeto de comprobación especial, al contribuyente le correspondía desvirtuar los ingresos y deducciones determinados por la Administración y no lo hizo, sin que al efecto exista falsa motivación, como se indica a continuación: (…) Así, a los ingresos determinados en la suma de $49.483.318, se restan $13.816.000 adicionados por el contribuyente en la corrección a la declaración tributaria presentada el 26 de julio de 2012, lo que resulta en la adición de ingresos no declarados de $35.667.000, que no fueron desvirtuados por el demandante, sobre quien pesaba la carga de hacerlo, y quien se limitó a alegar que los actos demandados estaban viciados de falsa motivación, porque, a su juicio, las sumas declaradas en la citada corrección estaban soportadas. Ahora bien, en cuanto a los

costos y deducciones rechazados por valor de $10.362.000, se observa que corresponden a los adicionados por el contribuyente en la corrección a la declaración tributaria, sobre los cuales no suministró información o soportes, pues al haber sido objeto de comprobación especial, debían ser demostrados mediante los documentos idóneos exigidos por la legislación fiscal.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 684 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 744 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 746 /

ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 771-2

SANCIÓN POR INEXACTITUD - Conductas sancionables / SANCIÓN POR

INEXACTITUD POR OMISIÓN DE INGRESOS GRAVADOS Y REGISTRO DE

COSTOS Y DEDUCCIONES INEXISTENTES EN LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Configuración / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN EL RÉGIMEN SANCIONATORIO TRIBUTARIODisminución de la sanción por inexactitud 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 68001-23-33-000-2014-00861-01 (24314) Demandante: EFRAÍN GARCÍA VILLAMIZAR El artículo 647 del Estatuto Tributario establece que, procede la sanción por inexactitud, entre otros eventos, cuando en la declaración se incluyen costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones

o anticipos inexistentes, o se utilizan datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados de los que se derive un menor impuesto a cargo o un mayor saldo a favor del contribuyente. En este caso se considera procedente la sanción, porque el demandante en su declaración omitió ingresos gravados y registró costos y deducciones equivocados que derivaron en un menor impuesto a pagar, circunstancia que constituye inexactitud sancionable. Ahora bien, en desarrollo del artículo 29 de la Constitución, el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario, estableció en el parágrafo 5 que «el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior». Al respecto, se observa que la sanción por inexactitud consagrada en el artículo 647 del Estatuto Tributario, fue modificada por la Ley 1819 de 2016, al establecer una sanción más favorable, en tanto disminuyó el valor del 160% -establecido en la legislación anterioral 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 640 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 647 / LEY 1819 DE 2016 - ARTÍCULO 282 PARÁGRAFO 5

CONDENA EN COSTAS – Conformación / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA – Improcedencia por falta de prueba de su causación

[D]e conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso, no se condenará en costas (agencias en derecho y gastos del proceso) en esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas en el proceso.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 (CPACA) - ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO CGP) - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 68001-23-33-000-2014-00861-01(24314)

Actor: EFRAÍN GARCÍA VILLAMIZAR

Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 68001-23-33-000-2014-00861-01 (24314)

Demandante: EFRAÍN GARCÍA VILLAMIZAR FALLO La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 18 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al

demandante. ANTECEDENTES El 11 de agosto de 2010, Efraín García Villamizar presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 20091, corregida 9 de febrero de 20122 y el 26 de julio de 20123, en la cual declaró total patrimonio bruto en $1.540.415.000, total ingresos por $606.578.000, total costos y deducciones en $520.635.000, renta líquida gravable de $60.056.000 y el total saldo a pagar en cero ($0). El 31 de julio de 2012, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga formuló el Requerimiento Especial 0423820129000014, acto que fue respondido en término por el demandante5. El 26 de abril de 2013, la División de Gestión de Liquidación de la citada dirección seccional expidió la Liquidación Oficial de Revisión 0424120130000436, en la cual fijó el patrimonio bruto en $5.764.973.000, total ingresos en $642.245.000, total costos y deducciones en $510.273.000, renta líquida gravable en $4.330.643.000, impuso sanción por inexactitud de $2.251.880.0007 y determinó el total saldo a pagar en $3.659.305.000. Contra el acto de determinación se interpuso recurso de reconsideración8, el cual fue decidido por la Resolución 900.161 del 23 de mayo de 20149, por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, en el

sentido confirmar el acto impugnado. DEMANDA El demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, formuló las siguientes pretensiones: 1 Fl. 303 del c. a. 2 Fl. 333 del c. a. 3 En la corrección a la declaración tributaria el contribuyente adicionó ingresos en la suma de $13.816.000 y costos y deducciones por $10.362.000 - Fl. 522 del c. p. 4 Fls. 540 a 554 del c. p. 5 Fls. 567 a 578 del c. a. 6 Fls. 626 a 644 del c. p. 7 160 %. 8 Fls. 647 a 659 del c. p. 9 Fls. 665 a 677 del c. p. 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 68001-23-33-000-2014-00861-01 (24314) Demandante: EFRAÍN GARCÍA VILLAMIZAR «1.- Declarar la nulidad de la liquidación oficial de revisión 042412013000043 del 26 de abril de 2013 mediante la cual la DIAN impuso sanción por inexactitud en los términos del artículo 647 del Estatuto Tributario Nacional. 2.- Que se declare la nulidad de la resolución 900.161 del 23 de mayo de 2014 que confirmó la liquidación oficial de revisión. 3.- Se restablezca el derecho y en consecuencia se declare la firmeza de la liquidación privada por el periodo gravable 2009.

4.- Condenar en costas a la parte demandada, 5.- Que se me reconozca personería jurídica para actuar». Invocó como disposiciones violadas, las siguientes:  Artículos 29, 83, 228 y 338 de la Constitución Política  Artículos 26, 27, 239-1, 263, 647, 680, 683, 684, 730 y 742 del Estatuto Tributario  Artículo 3 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo  Artículo 197 de la Ley 1607 de 2012 Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente: Se violó el debido proceso por falta de valoración de las pruebas del proceso, que desvirtúan la omisión de activos imputada por la Administración, pues en el procedimiento administrativo se justificó la disminución del patrimonio líquido del año gravable 2007, al periodo en discusión (2009). El contrato de prenda y los pagarés adeudados al contribuyente -quien no está obligado a llevar contabilidad y no podía registrarlos como cuenta por cobrar-, no constituyen un activo omitido, pues representan un derecho incierto que fue objeto de demandas ejecutivas, sobre el cual no se obtuvieron ingresos o aprovechamiento económico. En el año 2007, el contribuyente declaró el importe de un contrato de prenda sin tenencia respaldado con pagarés -originado en la venta de la participación que tenía en una empresa-, porque en ese momento era un «derecho poseído» susceptible de incrementar el patrimonio; sin embargo, como los títulos no fueron totalmente pagados y se

iniciaron diferentes procesos judiciales, no se incluyeron en la declaración del año 2009, cuando pasaron a ser derechos inciertos que no representan un potencial aprovechamiento económico o ingresos, que, de darse, surgiría de las eventuales sentencias que se dicten en los procesos ejecutivos en curso. Se vulneró el principio de legalidad, en la medida en que no existió omisión de activos y tal conducta no se enmarca en los supuestos de imposición del artículo 647 del Estatuto Tributario, ni del artículo 239-1 ib., pues «no hay renta líquida gravable y no hay omisión de activos». Los actos demandados están viciados de falsa motivación, por cuanto la entidad demandada afirmó que los ingresos (pago de pasivos y pensión)10, costos y 10 En la corrección el contribuyente adicionó ingresos en la suma de $13.816.000. 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 68001-23-33-000-2014-00861-01 (24314) Demandante: EFRAÍN GARCÍA VILLAMIZAR deducciones11 registrados en la corrección a la declaración tributaria no fueron explicados, a pesar de estar soportados en el proceso. El actor no debe probar todos los conceptos declarados, y el requerimiento especial, al rechazar costos sin explicación, no guarda correspondencia con la liquidación de revisión, según la cual el desconocimiento se dio por el incumplimiento de los requisitos del artículo 771-2 del Estatuto Tributario.

La sanción por inexactitud es improcedente, pues las pruebas aportadas, que no fueron valoradas por la DIAN, demuestran que los datos declarados son ciertos y se presenta diferencia de criterios en cuanto a la interpretación del artículo 239-1 del Estatuto Tributario, pues no se puede hablar de rentas líquidas cuando no hay ingresos que incrementan el patrimonio, y menos aún de renta por diferencia patrimonial. Se debe atender el principio de lesividad, pues no se afectó el recaudo nacional, y el principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, porque la falta de inclusión en el renglón de patrimonio de los valores cuestionados no afecta el valor a pagar, toda vez que no existe renta líquida gravable por las razones indicadas. OPOSICIÓN La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente: Para garantizar el saldo pendiente de la enajenación de la participación que el demandante tenía en una sociedad, en el año 2007, se hizo acreedor de una obligación, para lo cual suscribió un contrato de prenda sin tenencia y diferentes pagarés que, si bien no se hicieron efectivos en el periodo discutido (2009), implican un potencial aprovechamiento económico. Sin que importe si el contribuyente está obligado o no a llevar contabilidad, los derechos crediticios apreciables en dinero contenidos en pagarés constituyen una cuenta por cobrar que, para el año gravable 2009, formaba parte del patrimonio bruto. En la corrección a la declaración tributaria el contribuyente no registró la totalidad de ingresos recibidos, ni los costos que le correspondían, lo cual se demostró en

ejercicio de las facultades de fiscalización de la Administración y no fue refutado por el interesado, sin que exista falsa motivación ni vulneración al principio de prevalencia de la sustancia sobre la forma. No se violó el debido proceso, porque en el expediente está demostrado que el contribuyente omitió activos que, en los términos del artículo 239-1 del Estatuto Tributario se adicionan como renta líquida, y como llevó a su declaración datos equivocados que derivaron en un menor saldo a pagar (patrimonio, ingresos y costos), procede imponer sanción por inexactitud. AUDIENCIA INICIAL 11 En la corrección el contribuyente incrementó el total costos y deducciones en $10.362.000. 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 68001-23-33-000-2014-00861-01 (24314) Demandante: EFRAÍN GARCÍA VILLAMIZAR En la audiencia inicial del 9 de septiembre de 201512, el a-quo no advirtió irregularidades o nulidades en lo actuado, declaró que no se presentaron excepciones previas, decretó como pruebas las aportadas por las partes en la demanda y su contestación, y fijó el litigio en determinar si son nulos los actos administrativos demandados. El 5 de octubre de 2015, se realizó audiencia de pruebas13. SENTENCIA APELADA El Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante, con estas consideraciones:

Para el año gravable 2009, el contribuyente era titular de una obligación garantizada con un contrato de prenda y diferentes pagarés que «constituyen un ingreso en tanto representan claramente un incremento en su patrimonio», son apreciables en dinero y representan un aprovechamiento económico por su calidad de títulos valores. Conforme con la normativa aplicable, no es el pago efectivo del crédito contenido en pagarés lo que determina su ingreso en el patrimonio bruto del contribuyente, sino la posesión del derecho y, por tanto, la DIAN no vulneró el principio de primacía de la sustancia sobre la forma. Está demostrado que en la corrección a la declaración tributaria el contribuyente no declaró ingresos por pagos de terceros y pensión, ni desvirtuó el rechazo de costos y deducciones contenido en los actos demandados. Procede imponer sanción por inexactitud, en razón a que el contribuyente omitió ingresos en su denuncio privado, e incluyó costos y deducciones no soportados, sin que se transgrediera el principio de legalidad. Con fundamento en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso, se condena en costas al demandante. El Magistrado Iván Mauricio Mendoza Saavedra salvó voto, por considerar que los dineros cuestionados no ingresaron al patrimonio del demandante y no están gravados. RECURSO DE APELACIÓN El demandante interpuso recurso de apelación, por las siguientes razones: El contribuyente no omitió activos ni ingresos, porque no recibió el pago de las

acreencias cuestionadas, y el a quo desconoció el debido proceso por falta de valoración de las pruebas que demuestran que los dineros adicionados al patrimonio bruto y a la renta gravable se declararon en el año 2007 y no en el año 2009, por no haber sido recibidas y encontrarse en discusión ante la jurisdicción. 12 Fls. 690 a 693 del c. p. 13 Fls. 699 a 701 del c. p. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 68001-23-33-000-2014-00861-01 (24314) Demandante: EFRAÍN GARCÍA VILLAMIZAR Las sumas calificadas por la DIAN como activos omitidos y adicionadas a la renta líquida gravable no se deben declarar, porque está demostrado que no se generó ingreso ni renta líquida gravable. Se violó la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal porque, además de lo expuesto, el contribuyente no está obligado a llevar contabilidad, declara «bajo el concepto de “caja” y solo, si hay reconocimiento del ingreso, puede hablarse de partida patrimonial, en cuanto, hay susceptibilidad de utilización y aprovechamiento económico potencial o real» y, conforme con la doctrina de la DIAN14, el ingreso se predica de sentencias ejecutoriadas cuando efectivamente se pagan. Los actos demandados adolecen de falsa motivación, porque los conceptos registrados en la corrección a la declaración tributaria están soportados (ingresos, costos y deducciones).

Se vulneró el principio de legalidad, pues la conducta cuestionada no se enmarca en los supuestos de imposición del artículo 647 del Estatuto Tributario, y tampoco se presenta omisión de activos en los términos del artículo 239-1 Ib., sobre el cual no se pronunció el Tribunal, quien además confunde los conceptos de patrimonio e ingreso. No procede sanción por inexactitud -que se debió imponer el 100 %-, pues los conceptos declarados son completos y verdaderos, y procede condenar en costas a la DIAN. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN El demandante reiteró los argumentos de la demanda y del recurso de apelación15. La DIAN reiteró lo aducido en la contestación de la demanda y destacó que, sin que importe que el contribuyente no lleve contabilidad, tenía una cuenta por cobrar que debió declarar por constituir un activo que forma parte del patrimonio bruto16. El Ministerio Público pidió revocar la sentencia apelada y declarar la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, en cuanto a la «omisión de ingresos17» por considerar que, como las acreencias a favor del contribuyente no fueron pagadas en el periodo discutido, el ingreso no hizo parte del patrimonio del actor. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde decidir sobre la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración del impuesto sobre la renta del año 2009, presentada por Efraín García Villamizar. En los términos del recurso de apelación, se debe establecer si i) la falta de registro de derechos crediticios en la declaración privada, sobre los cuales el contribuyente 14 Citó el Concepto DIAN 20124 del 29 de diciembre de 2017.

15 Fls. 858 a 862 del c. p. 16 Fls. 865 a 868 del c. p. 17 La glosa cuestionada corresponde a omisión de activos. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 68001-23-33-000-2014-00861-01 (24314) Demandante: EFRAÍN GARCÍA VILLAMIZAR inició procesos ejecutivos ante el incumplimiento de los deudores en el pago, constituye omisión de activos; ii) los ingresos, costos y deducciones declarados están acreditados en el proceso y, iii) si procede la sanción por inexactitud. El demandante argumentó que no omitió activos, porque como no recibió el pago de las acreencias derivadas de la venta de su participación en una empresa, sobre las cuales inició procesos ejecutivos, no debía declararlas, pues pasaron a ser derechos inciertos que no representan ingresos o un potencial aprovechamiento económico. El artículo 239-1 del Estatuto Tributario establece, entre otros18, que, «Cuando en desarrollo de las acciones de fiscalización, la Administración detecte pasivos inexistentes o activos omitidos por el contribuyente, el valor de los mismos constituirá renta líquida gravable en el período gravable objeto de revisión. El mayor valor del impuesto a cargo determinado por este concepto generará la sanción por inexactitud». (Se subraya). La Sala precisó19 que, para efectos de luchar contra la evasión fiscal y obtener una

fuente permanente de ingresos para el Estado, el legislador fijó como regla que «la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes hacen inferir la existencia de una renta originada en períodos anteriores”, en el entendido de que las faltas al correcto reporte patrimonial en el denuncio tributario permitían encubrir ingresos, falsear costos y deducciones, realizar operaciones subvaloradas, afectar la aplicación de la renta presuntiva y, en fin, obstaculizan la labor de fiscalización de la Administración». Acorde con lo anterior, la Sección señaló20 que «El instituto contenido en el referido artículo 239-1 se conforma como un mandato que presupone que los elementos patrimoniales dejados de declarar en vigencias previas son renta gravable especial en el período en el cual la Administración lo descubra o el contribuyente voluntariamente lo declare», en atención a su capacidad contributiva. Así, la aplicación del artíc