CE-SECCION CUARTA-76001-23-31-000-2001-05527-01(16043)-2008

REQUERIMIENTO ESPECIAL - Términos para notificarlo / INSPECCION TRIBUTARIA - Suspende el término para notificar el requerimiento especial por tres meses si es de oficio / SUSPENSION DEL TERMINO PARA NOTIFICAR REQUERIMIENTO - Suspende por tres meses contados desde la notificación del auto que la decreta En virtud del artículo 705 del Estatuto Tributario, el requerimiento especial "deberá notificarse a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos (2) años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. Cuando la declaración tributaria presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, el requerimiento deberá notificarse a más tardar dos (2) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación respectiva”. No obstante lo anterior, la ley prevé que el citado plazo puede ser suspendido "cuando se practique inspección tributaria de oficio por el término de tres meses contados a partir del auto que la decrete”, según lo dispone el artículo 706 ibídem. Lo anterior implica que la suspensión del término no es por el lapso que “dure la inspección”, sino por el término fijo de tres meses, contados a partir del auto que la decrete. De conformidad con la norma anterior, la Sala ha interpretado que con esta modificación legal, el lapso de suspensión del plazo para dictar el requerimiento especial ya no es el de duración de la inspección, sino el término fijo de tres meses, los cuales se empiezan a

contar a partir de la fecha de notificación del auto que la decrete, criterio que se mantiene vigente y por tanto se reitera en esta ocasión. De otra parte, precisa la Sala que el contenido de los artículos 705 y 706 del Estatuto Tributario es lo suficientemente claro al indicar que el término para notificar el requerimiento especial se suspende a partir de la notificación del auto que decreta la inspección tributaria, siempre y cuando, la diligencia se efectúe dentro de los tres meses siguientes, por lo tanto, es claro que la disposición no admite interpretación distinta a la que se deduce de su tenor literal. INSPECCION CONTABLE - Es una de las pruebas que pueden realizarse dentro de la inspección tributaria / INSPECCION TRIBUTARIA - No requiere que el funcionario deba desplazarse necesariamente a la sede del contribuyente Sobre este punto es preciso tener en cuenta además, que la inspección contable constituye sólo una de las pruebas que se pueden practicar dentro de la inspección tributaria. Al haberse realizado esta diligencia se dio trámite a la inspección tributaria. También ha sido criterio reiterado de la Sala, que la inspección tributaria no requiere que el funcionario deba necesariamente desplazarse a la sede del contribuyente para recopilar datos que le permitan tener certeza sobre los elementos y cifras del impuesto a cargo. En efecto ha considerado la Sala: “.La expresión “constatación directa” no necesariamente implica que los funcionarios deban desplazarse a la sede del contribuyente para realizar la inspección tributaria, pues es viable que a través de otros medios de prueba se constate en forma directa la existencia de hechos gravados, como por

ejemplo a través de testimonios, cruces de información con terceros, documentos, verificaciones, requerimientos, consagrados además de modo general en el artículo 684 del E.T., dentro de las “amplias facultades de fiscalización e investigación”. Teniendo en cuenta el criterio que ha adoptado la Sala y de acuerdo con una adecuada interpretación del artículo 705 del Estatuto Tributario, el auto de inspección tributaria suspendió el término para notificar el requerimiento especial porque la diligencia se practicó dentro del término que ordena la ley, en consecuencia, la Administración notificó el auto de inspección tributaria No. 9015348, en debida forma. RENTA PRESUNTIVA POR CONSIGANCIONES BANCARIAS - Presupuestos / CUENTAS BANCARIAS Y DE AHORROS - Circunstancias en que pueden encontrarse para la renta presuntiva del artículo 755-3 del Estatuto Tributario / CUENTAS BANCARIAS DE TERCEROS - Es uno de los supuestos para aplicar la presunción del artículo 755-3 del Estatuto Tributario Para la Sala, la presunción a que se refiere la norma tiene como presupuestos principales la existencia de indicios graves de los cuales se pueda interpretar que las consignaciones realizadas en las cuentas bancarias o de ahorro, de terceros, o en cuentas que no correspondan a las registradas en la contabilidad, pertenecen a ingresos derivados de las operaciones realizadas por el contribuyente. De acuerdo con la norma, las cuentas de ahorro o bancarias a que se refiere, pueden encontrarse en dos circunstancias respecto de su titularidad: 1. Figurar a nombre

de un tercero, en cuyo caso se parte de la base de que formalmente su titular no es el contribuyente, pero se establece mediante la prueba indiciaria, que real y materialmente el contribuyente las utiliza para consignar sus propios ingresos. 2. Figurar a nombre del propio contribuyente pero no corresponder a las registradas en la contabilidad. Entendiéndose que las cuentas corrientes o de ahorro que deben registrarse en la contabilidad, son aquellas que por pertenecer al contribuyente deben aparecer debidamente incluidas en el balance y los estados financieros, no las de terceros. En esta última opción el legislador incluyó las cuentas bancarias que figuran a nombre del contribuyente, esto es que formal y materialmente le pertenecen, pero que no corresponden a las registradas en su contabilidad, sino que se manejan por fuera de ella. En efecto, tal interpretación es la que se desprende del presupuesto fáctico contenido en la expresión “figuren a nombre de terceros o no correspondan a las registradas en la contabilidad”, por cuanto es obvio que si las cuentas corresponden a terceros no se registran en la contabilidad del contribuyente obligado a llevarla. COMERCIENTE – Una de las obligaciones es llevar libros de contabilidad / CARGA DE LA PRUEBA – Al contribuyente le corresponde desvirtuar el indicio en contra del as consignaciones bancarias Por otra parte cabe anotar que se demostró la calidad de comerciante del contribuyente y por tanto la obligación de llevar contabilidad. En efecto, tal y como lo indicó la Administración en el Requerimiento especial, la Cámara de Comercio de Calí envió el certificado No. 4894208 de 17 de agosto de 1999, en donde

certificó que el contribuyente está matriculado en el registro mercantil y es propietario de varios establecimientos de comercio los cuales se dedican a diversas actividades comerciales entre las cuales se encuentran las de mercadeo y venta de víveres y abarrotes. Lo anterior quiere decir que llevaba a cabo una actividad mercantil en los términos del artículo 20 del Código de Comercio. Es carga del contribuyente desvirtuar el indicio en su contra, acreditando el origen de las consignaciones, o bien, desvirtuando la presunción de que las consignaciones generaron una renta líquida gravable equivalente al 15%. De acuerdo con el art. 786 del Estatuto Tributario, el actor estaba obligado a demostrar las circunstancias que hacían que los ingresos no se consideren gravados.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejera ponente: LIGIA LOPEZ DIAZ

Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil ocho (2008) Radicación número: 76001-23-31-000-2001-05527-01(16043)

Actor: HERIBERTO RANGEL GUALDRON

Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

Referencia: IMPUESTO RENTA F A L L O Se decide el recurso de apelación interpuesto por la DIAN contra la sentencia de 13 de julio de 2005 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró la nulidad de los actos demandados.

ANTECEDENTES El 12 de junio de 1997, el señor Heriberto Rangel Gualdrón presentó su

declaración del impuesto de renta y complementarios correspondiente al período fiscal de 1996. El 24 de septiembre siguiente presentó corrección de su declaración inicial. El 11 de marzo de 1999, la Administración le envió el oficio No. 058053423135 en donde le informó que había sido seleccionado en el programa “cruce de información exógena” y lo invitó a corregir la declaración anterior. El 28 de abril de 1999, el contribuyente corrigió su declaración. La División para el Control y Penalización Tributaria profirió emplazamiento No. 90160-48 del 19 de mayo de 1999, en el cual instó al contribuyente a corregir su declaración debido a la existencia de una diferencia entre lo declarado y sus ingresos. Posteriormente, el 1° de junio de 1999, la misma División profirió el auto de inspección tributaria No. 90153. El 10 de septiembre de 1999, la Administración practicó el Requerimiento Especial No. 050631999000012. El actor contestó el requerimiento oponiéndose. El 2 de junio de 2000, la Administración practicó la Liquidación de Revisión No. 050642000000029, en donde determinó oficialmente el impuesto de Renta y complementarios correspondiente al año de 1996. Contra el mencionado Acto el demandante interpuso recurso de reconsideración1, el cual fue resuelto mediante la Resolución No. 0506622001000021 del 20 de junio de 2001, confirmando la actuación. LA DEMANDA El actor solicitó la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 050642000000029 del 2 de junio de 2000 y de la Resolución No.

050662001000021 del 20 de junio de 2001, que resolvió el recurso de reconsideración. Como restablecimiento del derecho solicitó se declare en firme su declaración de renta presentada por el año gravable 1996. Citó como normas violadas los artículos 29, 84, 89 y 228 de la Constitución Política; 647, 683, 684, 705, 706, 730, 755-3, 779 y 782 del Estatuto Tributario; 82 y 85 del Código Contencioso Administrativo; 264 de la Ley 223 de 1995; 118 del Código de Procedimiento Civil; 2° del Decreto Reglamentario No. 1354 de 1987 y por último alegó la violación de las Circulares Nos. 11 de 17 de enero de 1996 y 175 de 29 de octubre de 2001 proferidas por la DIAN.

En síntesis argumentó: Existió violación del artículo 29 de la Constitución porque la Administración no respetó el término de un mes para dar respuesta al emplazamiento para corregir

(art. 706 E.T.). La Administración obró de mala fe al realizar la inspección tributaria y al proferir el requerimiento especial, porque realizó la inspección en un solo día a pesar de tener tres meses para hacerlo y el requerimiento no se fundamentó en pruebas contundentes como lo ordena el artículo 742 del Estatuto Tributario. 1 El recurso de reconsideración fue interpuesto el día 4 de agosto de 2000. Existió violación del artículo 89 de la Constitución Política, porque la División Jurídica omitió la práctica de las pruebas que no fueron tramitadas por la División

de Fiscalización y de Determinación. De otra parte la Administración tenía la obligación de aclarar al contribuyente cualquier duda que se presentara en relación con la determinación oficial del tributo (art. 684 del E.T.). Sobre el particular, se debe tener en cuenta, que en el Oficio No. 058053423135, la DIAN no informó qué tipo de información era la que esperaba recolectar cuando se refirió al “cruce de información exógena”2. La Administración no respetó el término de cinco días consagrado en el Decreto Reglamentario No. 1354 de julio de 1987, porque pretendió que la exhibición de los libros de contabilidad se realizara de manera instantánea. De otro lado, es claro que el funcionario debió recurrir a los libros auxiliares porque en éstos obraba de manera clara el hecho de que se hubieran o no registrado consignaciones a favor del contribuyente. En relación con la anterior diligencia, tampoco se cumplió con la obligación de elaborar el acta en los términos del artículo 782 del Estatuto Tributario. El Requerimiento especial se notificó por fuera del término de dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Sobre este punto, se debe tener en cuenta que el término para notificar el requerimiento (art. 706 E.T.), no se suspendió toda vez que en la práctica no existió inspección tributaria sino contable3. De las pruebas que obran dentro del expediente queda constancia de los siguientes hechos:  La Administración sólo revisó los libros de contabilidad.  El informe de libros de contabilidad se realizó por fuera del término para notificar requerimiento especial.  En el expediente no obra el “acta de inspección tributaria”.

2 Para tal efecto solicitó se tuviera en cuenta el contenido de la Circular No. 0175 de 29 de octubre de 2001 proferida por la DIAN. 3 Solicitó se tenga en cuenta la sentencia de 21 de julio de 1995, Exp. 7150 del Consejo de Estado.  El “informe de libros no contiene todos los requisitos del acta de inspección consagrados en el artículo 779 del E.T. Respecto a la renta presuntiva por consignaciones en cuentas bancarias y de ahorro, la DIAN no demostró que los valores consignados en tales cuentas figuraran a nombre de terceros, ni tampoco que no correspondieran a las registradas en la contabilidad (art. 755-3 E.T.). La sanción por inexactitud no es procedente porque el contribuyente no omitió ningún ingreso. El mayor valor que se generó tuvo como causa directa la aplicación de la presunción de renta liquida gravable. LA OPOSICION La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la misma con base en los siguientes argumentos: La razón por la cual la Administración emplazó al contribuyente para que corrigiera su declaración, fue la falta de información suministrada con ocasión de la corrección del Requerimiento Ordinario. No es cierto que la inspección Tributaria se realizará en un solo día pues, es claro también que se solicitó información a las entidades financieras sobre el movimiento de las cuentas corrientes y de ahorro. La sanción por inexactitud es procedente, ya que ésta se configura con la omisión

de ingresos, lo anterior es corroborado con el acta de inspección contable la cual demuestra que el contribuyente no registró los saldos correspondientes. LA SENTENCIA APELADA El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, declaró la nulidad de los Actos demandados, con fundamento en las siguientes consideraciones: De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado4, la suspensión del término para notificar el requerimiento especial por tres meses sólo opera cuando realmente existe la inspección tributaria. De conformidad con lo anterior, la sola notificación del auto que ordena la inspección tributaria no suspende el término. De otra parte, es claro que basta la práctica de una sola prueba dentro del término de dos años para notificar el requerimiento especial, sin embargo, en el presente caso la inspección contable se realizó por fuera del referido término por lo tanto no lo suspendió. No se puede tener en cuenta para efectos de la suspensión del término la solicitud de información a las entidades financieras, pues éstas se practicaron antes de la notificación del referido auto que ordenó la inspección. En conclusión el término para notificar el requerimiento especial no se suspendió, con lo cual toda la determinación oficial del impuesto del renta del demandante adolece de nulidad. LA APELACIÓN La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales impugnó la Sentencia de primera instancia, reiterando los cargos expuestos en su contestación. Estimó: El Tribunal desconoció el requisito consagrado en el literal a) del artículo 706 del Estatuto Tributario en virtud del cual, el término de dos años se suspende “cuando se practique la inspección tributaria de oficio, hasta por el término de tres meses

contados a partir de la notificación del auto que la decrete”. De acuerdo con lo anterior y con la Ley 223 de 1995, dentro de la inspección tributaria se puede presentar la inspección contable, la cual debe ceñirse a todas las formalidades que le son propias, sin embargo, en todo caso el acto que suspende el termino es el auto que la decreta. ALEGATOS DE CONCLUSION 4 Cito la sentencia de 10 de febrero de 2005, Exp. 14556, M.P. Ligia López Díaz y la sentencia de 18 de abril de 2002 Exp. 12635 La parte demandante, no se pronunció en esta etapa procesal. La demandada solicitó se revoque el fallo de primera instancia y reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación. Agregó que de acuerdo con el artículo 684 del Estatuto Tributario, el término “constatación directa” no implica el desplazamiento físico del funcionario a la sede del contribuyente. El Tribunal no tuvo en cuenta que el artículo 705 del E.T. consagra que el término de dos años para notificar el requerimiento especial, cuando la declaración se ha presentado extemporáneamente, se cuenta no a partir del plazo para declarar, sino desde la fecha en que presentó la declaración. El Ministerio Público rindió concepto en el cual solicitó confirmar la sentencia apelada porque el requerimiento especial fue proferido fuera del término legal. Los oficios enviados a las entidades financieras no pueden ser tenidos en cuenta debido a que fueron proferidos antes de la notificación del referido auto. CONSIDERACIONES DE LA SALA Se debate en la presente instancia, la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la Administración de Impuestos Nacionales de Calí, modificó

la declaración del impuesto de Renta y Complementarios e impuso sanciones por inexactitud e irregularidades en la contabilidad. En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si en el presente caso, el requerimiento especial No. 050631999000012 de 10 de septiembre de 1999 proferido por la Administración de Impuestos Nacionales fue notificado o no dentro del término legal. De no prosperar el cargo anterior, se estudiarán los demás cargos referentes a la omisión de ingresos en la declaración privada aplicando la regla de la renta presuntiva del artículo 755-3 del E.T. y la procedencia de las sanciones por libros e inexactitud En virtud del artículo 705 del Estatuto Tributario, el requerimiento especial "deberá notificarse a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos (2) años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. Cuando la declaración tributaria presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, el requerimiento deberá notificarse a más tardar dos (2) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación respectiva” (Subrayas fuera del texto). No obstante lo anterior, la ley prevé que el citado plazo puede ser suspendido "cuando se practique inspección tributaria de oficio por el término de tres meses contados a partir del auto que la decrete”, según lo dispone el artículo 706 ibídem. Lo anterior implica que la suspensión del término no es por el lapso que “dure la

inspección”, sino por el término fijo de tres meses, contados a partir del auto que la decrete5. Sobre el punto anterior, se debe tener en cuenta que antes de la vigencia de la Ley 223 de 1995 la Jurisprudencia del Consejo de Estado reiteró que el tiempo de suspensión del término para notificar el requerimiento era mientras durara la inspección tributaria y máximo por tres meses, lapso que empezaba a correr a partir de la fecha en que efectivamente se practique. Con lo anterior, es claro que no bastaba la notificación del Auto que ordena la inspección para que operara la suspensión6 Ahora bien, con la modificación contenida en el artículo 251 de la Ley 223 de 1995, el texto del artículo 706 del Estatuto Tributario consagra: “Artículo 706.— Suspensión del término. El término para notificar el requerimiento especial se suspenderá: Cuando se practique inspección tributaria de oficio, por el término de tres meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete. Cuando se practique inspección tributaria a solicitud del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, mientras dure la inspección. También se suspenderá el término para la notificación del requerimiento especial, durante el mes siguiente a la notificación del emplazamiento para corregir”. (Subrayas fuera del texto). De conformidad con la norma anterior, la Sala ha interpretado que con esta modificación legal, el lapso de suspensión del plazo para dictar el requerimiento 5 Consejo de Estado, Sección Cuarta sentencia de 25 de noviembre de 2004, Exp. 13977, M.P.

Ligia López Díaz. 6 En ese sentido entre otras las Sentencias del Consejo de estado, Sección Cuarta del 4 de noviembre de 1994, exp. 5735, M.P. Jaime Abella Zarate; del 31 de marzo de 2000, exp. 9794, M.P. Daniel Manrique Guzmán, o del 2 de noviembre de 2001, exp. 12370, M.P. María Inés Ortiz Barbosa. especial ya no es el de duración de la inspección, sino el término fijo de tres meses, los cuales se empiezan a contar a partir de la fecha de notificación del auto que la decrete, criterio que se mantiene vigente y por tanto se reitera en esta ocasión.7 De otra parte, precisa la Sala que el contenido de los artículos 705 y 706 del Estatuto Tributario es lo suficientemente claro al indicar que el término para notificar el requerimiento especial se suspende a partir de la notificación del auto que decreta la inspección tributaria, siempre y cuando, la diligencia se efectúe dentro de los tres meses siguientes, por lo tanto, es claro que la disposición no admite interpretación distinta a la que se deduce de su tenor literal. En el caso concreto, de acuerdo con el artículo 705 del Estatuto Tributario, el término para notificar válidamente el Requerimiento Especial vencía en principio, el 12 de junio de 1999, porque la declaración se presentó de forma extemporánea el 12 de junio de 1997. No obstante lo anterior, el 1° de junio de 1999, se profiere el auto de inspección tributaria, el cual fue notificado el 2 de junio de 1999. Ahora

bien, el informe de libros de contabilidad, en desarrollo del auto de inspección, se llevó a cabo el 11 de agosto de 1999, es decir dentro de los tres meses contados a partir de la notificación del auto de inspección tributaria. Sobre este punto es preciso tener en cuenta además, que la inspección contable constituye sólo una de las pruebas que se pueden practicar dentro de la inspección tributaria. Al haberse realizado esta diligencia se dio trámite a la inspección tributaria. También ha sido criterio reiterado de la Sala, que la inspección tributaria no requiere que el funcionario deba necesariamente desplazarse a la sede del contribuyente para recopilar datos que le permitan tener certeza sobre los elementos y cifras del impuesto a cargo. En efecto ha considerado la Sala: “La inspección tributaria es un medio de prueba que implica el examen directo por parte del fisco de lugares, personas, cosas o documentos para establecer la existencia de hechos gravables, sus características y demás circunstancias de tiempo modo y lugar. En 7 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencias del 8 de marzo de 2002, exp. 12300, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, y del 3 de mayo de 2002, exp. 12625, M.P. Germán Ayala Mantilla, entre otras. ella se involucran otros medios de prueba como puede ser la inspección contable, los testimonios, documentos, etc. La expresión “constatación directa” no necesariamente implica que los funcionarios deban desplazarse a la sede del contribuyente para realizar la inspección tributaria, pues es viable que a través de otros

medios de prueba se constate en forma directa la existencia de hechos gravados, como por ejemplo a través de testimonios, cruces de información con terceros, documentos, verificaciones, requerimientos, consagrados además de modo general en el artículo 684 del E.T., dentro de las “amplias facultades de fiscalización e investigación”.(Subrayas fuera del texto).8 Teniendo en cuenta el criterio que ha adoptado la Sala y de acuerdo con una adecuada interpretación del artículo 705 del Estatuto Tributario, el auto de inspección tributaria suspendió el término para notificar el requerimiento especial porque la diligencia se practicó dentro del término que ordena la ley, en consecuencia, la Administración notificó el auto de inspección tributaria No. 9015348, en debida forma. De acuerdo con lo anterior, el término para notificar el Requerimiento Especial se prorrogó hasta el 2 de septiembre de 1999, en consideración a que, como ya se indicó, la inspección tributaria se inició dentro de los 3 meses de que trata el artículo 706 ib. En conclusión, la notificación del Requerimiento Especial, se surtió dentro del término legal que tenía la administración tributaria para tal efecto, entonces es claro que no es acertada la interpretación que hace el Tribunal acerca de que sólo en la fecha en que se inicie la práctica de la inspección tributaria, opera la suspensión del plazo para notificar el Requerimiento Especial, porque como se señaló, la norma indica de manera expresa que el término se suspende “a partir de la fecha de notificación del auto que la decrete”. De otra parte, el Tribunal tiene razón al no aceptar el envío de oficios a las

entidades financieras como pruebas realizadas dentro de la inspección tributaria, pues estos oficios fueron remitidos antes de la expedición del auto que la decretó. 8 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 7 de diciembre de 2000, exp. 11080, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. En el mismo sentido Sentencia del 12 de diciembre de 2002, exp. 13034, M.P. Ligia López Díaz. No obstante lo anterior, es claro que dichas pruebas sí pueden ser tenidas en cuenta para establecer los verdaderos datos en la declaración. En consecuencia, por las razones expuestas, este cargo no está llamado a prosperar, por lo tanto se procede al análisis de los otros argumentos de la demanda. En relación a la renta presuntiva por consignaciones en cuentas bancarias y de ahorro, el artículo 755-3 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 59 de la Ley 6ª de 1992, dispone: “ART. 755-3. —Renta presuntiva por consignaciones en cuentas bancarias y de ahorro. Cuando existan indicios graves de que los valores consignados en cuentas bancarias o de ahorro, que figuren a nombre de terceros o no correspondan a las registradas en la contabilidad, pertenecen a ingresos originados en operaciones realizadas por el contribuyente, se presumirá legalmente que el monto de las consignaciones realizadas en dichas cuentas durante el período gravable ha originado una renta líquida gravable equivalente a un 15% del valor total de las mismas. Esta presunción admite prueba en contrario. (...)

(Subrayas fuera del texto). De conformidad con la anterior norma, la Administración presumirá como renta líquida gravable en un porcentaje del 15% de las mismas, todos los valores consignados en cuentas de terceros o que no correspondan a las cuentas registradas en la contabilidad, cuando existan indicios graves de que dichas sumas son ingresos obtenidos por el contribuyente en el ejercicio de sus actividades. En Sentencia del 1° de marzo de 2002, exp. 12354. Consejero Ponente Juan Ángel Palacio Hincapié, la Sala fijó el criterio de interpretación de la norma transcrita, el cual se reitera en esta oportunidad. Para la Sala, la presunción a que se refiere la norma tiene como presupuestos principales la existencia de indicios graves de los cuales se pueda interpretar que las consignaciones realizadas en las cuentas bancarias o de ahorro, de terceros, o en cuentas que no correspondan a las registradas en la contabilidad, pertenecen a ingresos derivados de las operaciones realizadas por el contribuyente. De acuerdo con la norma, las cuentas de ahorro o bancarias a que se refiere, pueden encontrarse en dos circunstancias respecto de su titularidad:

1. Figurar a nombre de un tercero, en cuyo caso se parte de la base de que formalmente su titular no es el contribuyente, pero se establece mediante la prueba indiciaria, que real y materialmente el contribuyente las utiliza para consignar sus propios ingresos.

2. Figurar a nombre del propio contribuyente pero no corresponder a las registradas en la contabilidad. Entendiéndose que las cuentas corrientes o de ahorro que deben registrarse en la contabilidad, son aquellas que por

pertenecer al contribuyente deben aparecer debidamente incluidas en el balance y los estados financieros, no las de terceros. En esta última opción el legislador incluyó las cuentas bancarias que figuran a nombre del contribuyente, esto es que formal y materialmente le pertenecen, pero que no corresponden a las registradas en su contabilidad, sino que se manejan por fuera de ella. En efecto, tal interpretación es la que se desprende del presupuesto fáctico contenido en la expresión “figuren a nombre de terceros o no correspondan a las registradas en la contabilidad”, por cuanto es obvio que si las cuentas corresponden a terceros no se registran en la contabilidad del contribuyente obligado a llevarla. En el presente caso, el actor señaló en su declaración de renta del año 1996 que recibió un total de ingresos de $201.524.000 renglón 29 (Fl. 5 C.P.)9. A su vez la Administración verificó que en sus cuentas bancarias realizó consignaciones por un valor neto de $3.904.844.000. La anterior situación, constituye un indicio grave en contra del contribuyente, pues los valores que se consignan en los bancos, regularmente corresponden a 9 Este valor se tomó de la última corrección que presentó el contribuyente el 28 de abril de 1999. ingresos recibidos. Si aparece una diferencia tan significativa con los ingresos declarados, es válido inferir que se omitió su información. Observa la Sala que el contribuyente no aportó al proceso ningún elemento probatorio que sustente sus afirmaciones sobre el origen de las sumas consignadas, pues se limitó a manifesta