CE-SECCIÓN PRIMERA-05001-23-31-000-2011-00100-01

DEMANDA - Individualización e identificación de los actos administrativos acusados / PROPOSICIÓN JURÍDICA COMPLETA / RECURSO DE REPOSICIÓN – Una vez interpuesto y decidido, entra a conformar y a hacer parte de la proposición jurídica y debe demandarse junto con el acto inicial / PROPOSICIÓN JURÍDICA COMPLETA – Evolución jurisprudencial / PROPOSICIÓN JURÍDICA COMPLETA - La conforman el acto inicial y los que deciden los recursos / CRITERIO JURISPRUDENCIAL – Aplicación del vigente al momento de la presentación de la demanda / INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PRETENSIONES - Falencia por no demandar el acto definitivo /

FALLO INHIBITORIO

[S]i el acto definitivo fue objeto de recursos, también deberán demandarse las decisiones que lo confirmen, lo que significa que del adverbio también se evidencia la obligatoriedad de demandar, tanto el acto definitivo como aquél que resuelve los recursos interpuestos. Igualmente, la norma señala que sólo se podrá demandar, de manera independiente, el acto que resuelve un recurso, si este revoca la decisión recurrida. […] Nótese que el criterio adoptado por esta Sección a partir de la providencia de 10 de agosto de 2008, está asociado a que se debe demandar, tanto el acto administrativo productor de efectos jurídicos como todos los actos que agotan la vía gubernativa, y en tanto que la presente demanda fue presentada el 13 de octubre de 2010, en la misma debió acogerse dicho criterio jurisprudencial. Así las cosas, en el presente asunto, el acto definitivo, como bien

lo indicó el a quo, es la Resolución No. 0267 de 5 de noviembre de 2004, porque fue a través de aquella que la administración municipal de Yondó consolidó una situación jurídica particular y desfavorable para la demandante, al revocar el acto administrativo adjudicatario del bien inmueble que dio origen a la controversia, esto es, la Resolución No. 009 de 18 de marzo de 2003. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 138 del CCA y al criterio jurisprudencial vigente para la fecha de presentación de la demanda, a la parte actora le asistía la carga de solicitar la nulidad tanto de la Resolución No. 00267 de 2004 -acto revocatorio-, como de la Resolución No. 0562 de 2008 -acto confirmatorio-. Con fundamento en lo anterior, no le asiste la razón a la demandante cuando manifiesta que solicita la nulidad de la Resolución 0562 de 2008, «[…] al ser éste, (…) el acto administrativo que pone fin a la actuación de la administración del Municipio de Yondó – Antioquia, es decir, el acto definitivo a través del cual se vulneran los derechos de la señora […] […]». Lo premisa planteada por la demandante, tendría validez, si la Resolución 0562 de 2008, hubiese revocado la Resolución No. 0267 de 5 de noviembre de 2004, ya que se cumpliría con lo dispuesto en el artículo 138 del CCA, en torno a que si el acto recurrido «[…] fue revocado sólo podrá demandar la última decisión […]». […] Así las cosas, ante la omisión de la parte actora consistente en no solicitar la nulidad del acto administrativo definitivo, el juez en la

sentencia no le queda otro camino que inhibirse para pronunciarse de fondo, tal y como lo consideró el a quo. PODER – Insuficiencia [R]evisado el poder allegado con la subsanación de la demanda, se advierte que la demandante faculta al profesional del derecho para que «[…] inicie y lleve hasta su culminación un proceso ordinario en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se harán las siguientes pretensiones: 1.- Se declare la nulidad de la Resolución No. 0562 de 2008, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución Nol 0267 de 2004. […]». Significa lo anterior que, dicho poder fue conferido única y exclusivamente para demandar la nulidad de la Resolución No. 0562 de 19 de agosto de 2008, lo que denota deficiencia del mismo al no haber sido otorgado para demandar el acto que modificó la situación jurídica de la demandante, esto es, la Resolución 0267 de 5 de noviembre de 2004.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 50 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 138

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 05001-23-31-000-2011-00100-01

Actor: MARY CASTAÑO REYES

Demandado: NACIÓN - MUNICIPIO DE YONDÓ - ANTIOQUIA

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. ES DEBER DEL DEMANDANTE

INDIVIDUALIZAR CON TODA PRECISIÓN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

CUYA NULIDAD SE PRETENDE - ARTÍCULO 138 C.C.A.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia de 26 de junio de 2014, proferida por la Sala Cuarta de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia1, mediante la cual se inhibió para emitir pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la misma, en la medida que no se demandó el acto administrativo contentivo de la decisión que produjo efectos jurídicos.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La demanda I.1.1.- Las pretensiones

1. La ciudadana Mary Castaño Reyes, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - CCA, el 13 de octubre de 2010 presentó demanda ante la Oficina de Apoyo a los Juzgados Administrativos de Medellín2, en 1 Folios 244-249 cuaderno 1 del Tribunal. 2 Folios 1-102 cuaderno 1 del Tribunal. contra del municipio de Yondó, Antioquia, con el objeto de que se accediera a las siguientes pretensiones: «[…] 1. Se declare la Nulidad de la Resolución No. 0562 de 2008, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 0267 de 2004.

2. Se reconozca a LA NACIÓN – MUNICIPIO DE YONDÓ (ANT.), Administrativamente y Solidariamente responsables de la totalidad de los daños y perjuicios que se le han ocasionado a la señora MARY CASTAÑO REYES como consecuencia de los hechos ocurridos en el mes de noviembre de 2004, que produjo como resultado el desalojo de su vivienda y del negocio que representaba su sustento diario y el de su familia.

3. Respetuosamente solicitamos se condene a LA NACIÓN – MUNICIPIO DE YONDÓ (ANT.), a pagar a MARY CASTAÑO REYES, por concepto de perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante), los salarios mínimos mensuales que abajo se indican (por el valor vigente a la fecha de ejecutoria de la providencia que ponga fin al proceso), junto con los intereses comerciales que se causen a partir de esa ejecutoria: […].

4. Que se declare administrativamente y solidariamente responsables a LA NACIÓN – MUNICIPIO DE YONDÓ (ANT.) por la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a la solicitante y en consecuencia se condene a pagar por concepto de perjuicios morales subjetivos, los salarios mínimos legales mensuales que a continuación se indican (por el valor vigente a la fecha de ejecutoria de la providencia que ponga fin al proceso), junto con los intereses comerciales que se causen a partir

de la ejecutoria así: […].

5. Ordenar a los entes demandados que la suma de dinero que tendrán en cuenta para el pago indemnizatorio deberán ser cantidades actualizadas tomando como base el IPC según lo dispuesto en el

artículo 178 del C.C.A.

6. Que se ordene a las entidades demandadas dar cumplimiento a la Sentencia con arreglo a los arts. 176 a 177 del C.C.A […]».

I.1.2.- Los hechos que sustentan la demanda

2. Los principales hechos de la demanda que se aducen, en síntesis, son los siguientes: 2.1. El apoderado judicial de la parte actora relató que el 11 de febrero de 2002, la señora Mary Castaño Reyes solicitó al municipio de Yondó, la adjudicación del inmueble que poseía de buena fe, en el cual tenía su vivienda y un negocio

(restaurante La Casona), al haber operado la prescripción adquisitiva de dominio. 2.2. Precisó que el Alcalde de dicho municipio, a través de la Resolución No. 009 de 18 de marzo de 2003, le adjudicó a la referida señora «[…] el lote de terreno urbano ubicado en la diagonal 48 del Barrio José Domingo Oliveros Ricaurte […]». 2.3. Anotó que el 2 de abril de 2003, el citado burgomaestre compareció a la Notaría Segunda del Circuito de Barrancabermeja (Santander) y, otorgó, a favor de la señora Castaño Reyes «[…] la escritura pública Nro. 464, en virtud de la cual le transfirió a título de venta el derecho real de posesión y dominio sobre el lote de terreno ubicado en la diagonal 48 del Barrio José Domingo Oliveros Ricaurte del Municipio de Yondó […]». 2.4. Señaló que la Escritura Pública No. 464, fue debidamente registrada en la

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio de Barrancabermeja, con el folio de matrícula inmobiliaria 33-60442 de 11 de abril de 2003. 2.5. Indicó que el 5 de noviembre de 2004, el nuevo Alcalde del municipio de Yondó, profirió la Resolución No. 00267, en la que: i) revocó la Resolución 009 de 18 de marzo de 2003; ii) ofició a la Notaría Segunda del Circuito de Barrancabermeja para anular la Escritura Pública No. 464 de 2003; y iii) ofició a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de dicho municipio para anular el registro de matrícula inmobiliaria 33-60442 de 11 de abril del mismo año. 2.6. Afirmó que, como consecuencia de lo anterior, se produjo «[…] de manera arbitraria e ilegal, el desalojo de la señora MARY CASTAÑO REYES […]». 2.7. Explicó que, con fecha 12 de noviembre de 2004, presentó recurso de reposición en contra de la Resolución No. 00267 de 2004, el cual fue resuelto cuatro años después, mediante la Resolución No. 0562 de 2008, la cual fue notificada por edicto fijado el 2 de marzo de 2010. 2.8. Manifestó que el 9 de junio de 2010, presentó solicitud de conciliación ante la Procuraduría 143 Judicial II para Asuntos Administrativos, lográndose un acuerdo el 14 de septiembre del mismo año, el cual fue improbado por la Juez Octava Administrativa del Circuito de Medellín, mediante auto de 24 de septiembre de

2010, al advertir «[…] la falta de soporte probatorio de los valores cuyo reconocimiento se pretende […]».

3. El conocimiento del asunto la correspondió al Juez Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín, quien a través de auto de 28 de octubre de 20103, al advertir que había una presunta acumulación de pretensiones, inadmitió la demanda con miras a que la parte actora: i) individualizara con precisión los actos administrativos cuya nulidad se pretende y expresara claramente las pretensiones de la demanda; ii) allegara original o copia auténtica de los mismos; iii) precisara los fundamentos de derecho y las normas presuntamente violadas; iv) estimara razonadamente la cuantía; v) allegara nuevo poder en el que se incluyeran todos los actos acusados; vi) aportara la constancia de que trata el artículo 2º de la Ley 640 de 2001, expedida por la Procuraduría General de 3 Folios 104-106 cuaderno 1 del Tribunal la Nación; y vii) suministrara copias de todo lo exigido para el respectivo traslado a la entidad demandada.

4. En cumplimiento de dicho requerimiento, la parte actora, el 11 de noviembre de 2010, modificó el acápite de pretensiones4, excluyendo las relacionadas con la solicitud de la reparación del daño y la indemnización de perjuicios, ratificando que el acto cuya nulidad se pretende es la Resolución 0562 de 2002, y deprecó lo siguiente: «[…] 1.- Se declare la nulidad de la Resolución No. 0562 de 2008, por

medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 0267 de 2004. 2.- Como consecuencia de lo anterior declaración se ordene el restablecimiento del derecho a la señora MARY CASTAÑO REYES, a través de la devolución de su vivienda o la compra de la misma por parte del Municipio de Yondó […]». 4.1. Cabe poner de relieve que, en dicho escrito precisó los fundamentos de derecho, las normas violadas y el concepto de violación, estimó razonadamente la cuantía y allegó el poder que habilitaba al profesional del derecho para demandar únicamente la Resolución No. 0562 de 2008, por medio de la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 0267 de 2004.

5. El Juez 18 Administrativo del Circuito de Medellín, teniendo en cuenta la subsanación de la demanda, y luego advertir que carecía de competencia para conocer del asunto, ya que la cuantía de las pretensiones superaba los 300 smlmv, mediante auto de 13 de diciembre de 20105 dispuso la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia.

6. El expediente fue asignado por reparto al doctor Rafael Darío Restrepo Quijano, Magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia, quien, mediante auto de 1º de marzo de 20116, admitió la demanda y ordenó notificar dicha decisión a la entidad demandada y al agente del Ministerio Público.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE PROCESAL

7. El municipio de Yondó, a través de apoderado judicial contestó la demanda7

oponiéndose a las pretensiones de la misma, luego de señalar que el acto acusado se expidió conforme con las prescripciones establecidas en el ordenamiento jurídico.

8. Señaló que la señora Mary Castaño Reyes no tenía derecho alguno sobre el inmueble objeto de controversia y que en el sub lite se configuraba la excepción 4 Folios 107-125 cuaderno 1 del Tribunal 5 Folios 127-130 cuaderno 1 del Tribunal 6 Folio 134 cuaderno 1 del Tribunal 7 Folios 139-141 cuaderno 1 del Tribunal. mixta de falta de legitimación en la causa por activa, la que sustentó en los siguientes términos: «[…] Todas las pretensiones del actor se fundamentan en la revocatoria de una resolución de adjudicación, sin embargo, para que su pretensión fuera admisible, su negocio como establecimiento de comercio debía cumplir con todos los requisitos que la ley comercial exige en nuestra legislación, de no ser así no existe título jurídico válido para poder reclamar indemnización alguna […]»

9. El magistrado sustanciador del proceso en primera instancia, a través de auto de 16 de agosto de 20118, decretó como pruebas las documentales aportadas por las partes, y ordenó la práctica de un dictamen pericial para que un especialista en contabilidad calculara los perjuicios materiales «[…] relacionados con los ingresos promedio mensuales percibidos por el restaurante […]».

10. El 7 de mayo de 20129, se llevó a cabo la audiencia de conciliación de que trata el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, la cual se declaró fallida.

11. A través de auto de 7 de mayo de 201210, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión.

12. Posteriormente, mediante auto de 2 de octubre de 201311, se dispuso la remisión del expediente a los magistrados de descongestión del Tribunal

Administrativo de Antioquia.

III.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

13. La Sala Cuarta de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia12, mediante sentencia de 26 de junio de 201413 se inhibió para emitir pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones. Tal decisión se sustentó en los siguientes argumentos: «[...] en el caso de la referencia, el acto definitivo para la demandante lo es la Resolución 0267 de 2004, en tanto, a través de ella, se revocó directamente la Resolución No. 009 de 2003, y de lo cual, se derivó el desalojo al que se alude en el libelo, causante de la trasgresión de las normas constitucionales allí citadas, así como de los perjuicios reclamados a título de restablecimiento del derecho.

Es de anotar, que si bien, no era procedente el recurso de reposición frente a la Resolución No. 0267, lo cierto es, que ante la indicación expresa en el numeral 4º de ésta respecto a que sí lo era, el Administrado procedió a hacer uso de tal posibilidad, y la Administración a su vez, lo resolvió, confirmando la decisión de 8 Folio 144 cuaderno 1 del Tribunal. 9 Acta de audiencia obrante a folio 216 del cuaderno 1 del Tribunal. 10 Folio 219 cuaderno 1 del Tribunal.

11 Folio 243 cuaderno 1 del Tribunal. 12 Sala de decisión integrada por los Magistrados Liliana Patricia Navarro Giraldo (ponente), Jorge León Arango Franco y Mercedes Judith Zuluaga Londoño. 13 Folios 244-249 cuaderno 1 del Tribunal. revocatoria directa, por ende, también debió ser demandado, pero no de manera autónoma como sucedió en el presente caso, sino junto con aquella.

Así las cosas, la parte actora NO ENJUICIÓ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONTIENE LA DECISIÓN SUSTANCIALMENTE TACHADA DE ILEGAL, esto es, la

RESOLUCIÓN NO. 0267 DE 2004.

Omisión que conlleva a la imposibilidad de proferir sentencia de mérito, (…) por cuanto, la Resolución No. 0562 de 2008 acusada en e l sub lite no es autónoma por encontrarse en una inescindible relación de dependencia con la Resolución No. 0267 de 2004, la que a su vez, como ya se precisó, es el acto definitivo. No se trata en este caso de un simple formalismo o ineptitud formal de la demanda, sino de una falencia de naturaleza sustancial, que le impide al fallador, en caso de encontrar probados los hechos que darían lugar a declarar la nulidad de un acto definitivo, incluir en su pronunciamiento su anulación de una decisión o más decisiones que no fueron demandadas, pues ello implicaría atentar contra el principio de congruencia de las sentencias, porque como lo ha considerado de tiempo atrás el Consejo de Estado “el juez administrativo no tiene competencia para realizar un control general de legalidad. Está limitado

por la demanda que constituye el marco de litis por manera que no puede analizar un acto que no se acusa”. Corolario de lo expuesto, como la presentación de la demanda en debida forma es una carga procesal que recae en la parte demandante, le corresponde a ésta soportar las consecuencias de los defectos que ella contenga, en tal sentido, al constatarse la ineptitud sustantiva de la misma, en aplicación al inciso 2º del artículo 164 del Código Contencioso Administrativo [...] se inhibirá de resolver de fondo las pretensiones impetrada en el libelo […]».

14. En la misma providencia, puso de presente que, en tanto el fallo era inhibitorio, no se pronunciaría respecto de la excepción de mixta de falta de legitimación en la causa por activa propuesta por la entidad demandada.

IV.- EL RECURSO DE APELACIÓN

15. La apoderada judicial de la parte actora14 interpuso recurso de apelación, con el fin de que se revoque la sentencia de primera instancia. Dicho recurso se sustentó en los siguientes argumentos: “…es oportuno indicar, que la etapa procesal para determinar la ineptitud sustantiva de la demanda es la calificación de la misma que, en el caso concreto, produjo como resultado un auto inadmisorio de la demanda […] situación que fue superada con el lleno de los requisitos solicitados, a través de escrito presentado el 11 de noviembre de 2010

(folio 107), de lo que se entiende superado el yerro, puesto que, en la inadmisión de la demanda no se señaló acerca de la necesidad de 14 Folios 251-264 cuaderno 1 del Tribunal.

demandar separadamente las resoluciones, como se encuentra dispuesto en el Art. 138 del C.C.A., y como se pone de manifiesto en la motivación de la sentencia a folios 6 y 7 del cuerpo del fallo; puesto, que lo que se entiende del numeral 1, de lo peticionado en el auto inadmisorio de la demanda, es (sic) hay una indebida acumulación de pretensiones, toda vez, que en las pretensiones de la demanda se fusiona la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con la de Reparación Directa. Adicionalmente es imperioso advertir al despacho, señor Magistrado, que como apoderada de la parte demandante, solicité la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 0562 de 2008 (Folio 166), toda vez, que al ser ésta, la Resolución por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 0267 de 2004, ésta pasa a ser, el acto administrativo que pone fin a la actuación de la administración del Municipio de Yondó – Antioquia, es decir, el acto definitivo a través del cual se vulneran los derechos de la señora MARY CASTAÑO REYES, al otorgar firmeza a la Resolución mediante la cual se revoca la adjudicación efectuada a su favor con la Resolución Nro. 009 del 18 de marzo de 2003 (folio 17); aunado (sic) esto, al hecho de que la Resolución No. 0562 de 2008 (folio 166), contiene las razones por las cuales la administración del Municipio de Yondó – Antioquia, emitió la Resolución No. 0267 de 2004, que revocó

la Resolución Nro. 009 del 18 de marzo de 2003, y pone de manifiesto los fundamentos legales para ello, pues sí, observamos a folio 164, la Resolución No. 0267 de 2004, esta se encuentra contenida en sólo 2 folios y no se dan razones legales que fundamentan la revocatoria de la adjudicación del predio a la señora MARY CASTAÑO REYES. Así las cosas, no es de recibo lo esgrimido por el Ad Quo (sic), puesto que la Resolución de la cual se pretende la nulidad, reitero, es el acto administrativo definitivo, legalmente expedido por la administración del Municipio de Yondó – Antioquia, que confirma la revocatoria de la Resolución Nro. 009 del 18 de marzo de 2003, por la cual se realizó la adjudicación de la referencia, siendo así éste el acto que puso fin a la actuación administrativa en comento; razón suficiente, para otorgar validez a lo peticionado en la demanda, lo que permite visualizar que la sentencia inhibitoria proferida en sede de Primera Instancia, no tiene fundamento alguno. […] Consecuente con lo anterior, podemos afirmar que el Ad Quo (sic), omitió la facultad interpretativa legalmente atribuida a los jueces, dado que, se limitó al control formal de la demanda, dejando de lado el análisis de los hechos, los fundamentos de derecho y las pruebas arrimada (sic) al plenario, pese a que a folio 247 (Folio 7 del cuerpo de la sentencia) indicó: “Acorde con lo esgrimido en la demanda y las diligencias documentales con ella aportadas, se encuentra que, en el asunto sub

examine los actos administrativos pasibles de control de legalidad, son: i) Resolución No. 0267 del 5 de noviembre de 2004 (Fls 2 y 3), proferida por el Alcalde Municipal de Yondó – Antioquia, por medio de la cual, se revocó directamente la Resolución No. 009 del 18 de marzo de 2003 por la cual se adjudicó a la señora María (sic) Castaño Reyes un lote de terreno urbano ubicado en la Diagonal 48 del Barrio José Domingo Oliveros Ricaurte del Municipio de Yondó (Fl 17); y, ii) Resolución No. 0562 del 19 de agosto de 2008, por la cual, se resolvió el recurso de reposición interpuesto frente a la primera, en el sentido de confirmarla (Fl. 4 a 12)”. Queda entonces más que demostrado que, el Ad Quo (sic), se percató de lo solicitado en la demanda, y que lo pretendido era acorde al contenido de la misma, a las normas invocadas como fundamento y de las pruebas aportadas, lo que le permitía proferir una sentencia de mérito, en la que por norma constitucional prevalece el derecho sustancial, para de esta manera, dar cumplimiento al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, de lo que se concluye que se vulneraron los derechos mencionados en cabeza de la demandante señora MARY CASTAÑO REYES, con la emisión de

SENTENCIA INHIBITORIA […]».

16. El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante fue concedido por la magistrada del Tribunal Administrativo de Antioquia a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 12 de agosto de 201415.

V.- TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

17. Remitido y repartido el proceso entre los diferentes Despachos que integran la Sección Primera, el despacho sustanciador, a través de auto de 6 de noviembre de 201516, admitió el recurso de apelación en conta del fallo de primera instancia.

18. Posteriormente, el mismo despacho, mediante providencia de fecha 29 de febrero de 201617, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión y, este último, rindiera concepto. En esta oportunidad procesal, la parte actora presentó sus alegatos18, reiterando los mismos argumentos esbozados en el recurso de apelación que ocupa la atención de la Sala. Tanto la entidad demandada como el Ministerio Público, guardaron silencio.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1.- Competencia

19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo - CCA19, y el Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado), esta Corporación es competente para decidir los recursos de 15 Folio 265 cuaderno 1 del Tribunal. 16 Folio 4 cuaderno del Consejo de Estado. 17 Folio 8 cuaderno del Consejo de Estado. 18 Folios 9-25 cuaderno del Consejo de Estado. 19 “Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se

conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión […]”: apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. VI.2.- Problema jurídico

20. En el presente caso, se tiene que la señora Mary Castaño Reyes, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del CCA presentó demanda con el fin de controvertir la presunción de legalidad de la Resolución 0562 de 19 de agosto de 2008 “Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución No. 0267 del 2004”, acto administrativo suscrito por el Alcalde del Municipio de Yondó, Antioquia.

21. El Tribunal de primera instancia, mediante sentencia de 26 de junio de 2014 declaró, oficiosamente, la ineptitud sustantiva de la demanda, al considerar que la parte demandante no deprecó la nulidad de la manifestación de voluntad que contenía la decisión productora de efectos jurídicos, esto es, el acto administrativo que modificó su situación jurídica la Resolución No. 0267 de 5 de noviembre de 2004 “por medio de la cual se revoca la Resolución No. 009 del 18 de marzo de 2003”, y el consecuente restablecimiento del derecho, sino que solicitó la nulidad del acto administrativo que resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la misma - Resolución 0562 de 19 de agosto de 2008.

22. La apoderada judicial de la parte actora, formuló reparos frente a lo decidido por el a quo, para lo cual consideró: (i) que el auto inadmisorio de la demanda no

estableció la obligación de individualizar con toda precisión los actos que se pretendían anular, siendo ella la oportunidad para decidir sobre dicho requisito, y (ii) que no se tuvo en cuenta que el acto que define la situación jurídica de la demandante es la Resolución No. 0562 de 2008, a través del cual se resolvió el recurso de reposición, en tanto que dicha decisión puso «[…] fin a la actuación de la administración del Municipio de Yondó – Antioquia, es decir, el acto definitivo a través del cual se vulneran los derechos de la señora MARY CASTAÑO REYES […]», razón por la cual no era necesario demandar la Resolución No. 0267 de 5 de noviembre de 2004.

23. Con base en el marco competencial señalado por el artículo 328 del CGP20 y teniendo en cuenta que la presente instancia se encuentra delimitada por los argumentos planteados en el recurso de alzada, la Sala debe entrar a determinar, respecto del recurso de apelación propuesto por la apoderada judicial de la demandante: 20 “[…] Competencia del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del

apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia […]”. (i).- Si el a quo carecía de competencia para inhibirse de realizar un pronunciamiento de fondo en la sentencia, en tanto que, debió, en la etapa inicial, advertir los defectos del escrito de demanda para que la parte actora los corrigiera. (ii).- Si le asiste razón a la parte actora cuando manifiesta que la Resolución 0562 de 19 de agosto de 2008 es el acto definitivo demandable ante esta jurisdicción, en la medida que contiene la decisión que produjo efectos jurídicos. VI.3.- La solución a los problemas jurídicos VI.3.1.- Lo probado en el proceso

24. Las pruebas aportadas y que han sido recaudadas en el proceso permiten considerar acreditados los siguientes hechos: 24.1 Que la señora Mary Castaño Reyes, con fecha 11 de febrero de 2002, solicitó a la administración del municipio de Yondó, Antioquia, la adjudicación del lote de terreno del cual es poseedora y en el que funcionaba el restaurante “La Casona”21. 24.2 Que el Alcalde del citado ente territorial profirió la Resolución No. 009 de 18 de marzo de 200322, a través de la cual le adjudicó a la señora Castaño Reyes, el citado inmueble, ubicado en la diagonal 48 del barrio José Domingo Oliveros Ricaurte de dicho municipio. 24.3 Que, con fecha 2 de abril de 2003, el Notario Segundo del Circuito de

Barrancabermeja, protocolizó la Escritura Pública No. 46423, en la que se registró el negocio jurídico celebrado, a título de venta, entre los señores Saúl Darío Rodríguez Giraldo, en calidad de alcalde de Yondó, y la señora Mary Castaño Reye