CE-SECCION PRIMERA-73001-23-31-000-2010-00358-01-2019

ASUNTOS TERRITORIALES – Regulación y reglamentación / PROYECTO DE ACUERDO – Término legal para su aprobación. Participación ciudadana / DEBATES – Para que un proyecto sea acuerdo / CONCEJO MUNICIPAL – Inobservancia del término de tres días que debe mediar entre los dos debates para aprobación de un acuerdo / EXPEDICIÓN IRREGULAR DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REITERACION DE JURISPRUDENCIA Como se desprende de la norma en cita [artículo 73 de la Ley 136 de 1994], para que un proyecto sea acuerdo, debe aprobarse en dos (2) debates, celebrados en distintos días. Se tiene que el proyecto deberá ser presentado en la Secretaría del Concejo, la cual lo repartirá a la comisión correspondiente donde se surtirá el primer debate y, el segundo debate le corresponderá a la sesión plenaria. De conformidad con lo anterior, los proyectos de acuerdo deben ser sometidos a consideración de la plenaria de la corporación administrativa tres (3) días después de su aprobación en la comisión respectiva. […] En el sub lite la Sala encuentra demostrado que el Concejo Municipal de San Sebastián de Mariquita, el 19 de noviembre de 2009 expidió el Acuerdo 050, “[…] por medio de la cual se faculta a la señora personera para ajustar la planta de cargos de la personería municipal de San Sebastián de Mariquita y se otorgan otras facultades […]”. Se tiene que al proyecto de acuerdo le correspondió el número 071 de 3 de noviembre de 2009 (folio 38 del cuaderno 1). Igualmente, se desprende del acervo probatorio que, a

través del Acta 006 de la Comisión II Permanente de Gobierno de fecha 11 de noviembre de 2009, suscrita por el Presidente y el Secretario del Concejo, se deja constancia que en esa fecha se realizó el primer debate del proyecto (folios 2 y 3 del cuaderno de pruebas). Por su parte, en el Acta 071 de la Plenaria de la Corporación Pública – Quinta Sesión Ordinaria del Cuarto Período de Sesiones, de fecha 12 de noviembre de 2009, se dejó constancia que se realizó el segundo debate y aprobación del proyecto (folios 4 a 14 del cuaderno de pruebas). Así pues, la Sala advierte que el Concejo del Municipio de San Sebastián de Mariquita aprobó el día 12 de noviembre de 2009, en segundo debate, el proyecto de Acuerdo 071 de 2009, esto es, sin que hubieran transcurrido los tres (3) días a que hace alusión el inciso 3º del artículo 73 de la Ley 136 de 1994, cuya contabilización debe efectuarse después de la discusión surtida al proyecto en la Comisión permanente de Gobierno, la que ocurrió el día 11 de noviembre de 2009. En efecto, si el primer debate en la Comisión II Permanente de Gobierno se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2009, el segundo debate debió haberse realizado a partir del 15 de noviembre de 2009, toda vez que el viernes 12, el sábado 13 y el domingo 14, correspondían a los tres (3) días que según el artículo 73 de la Ley 136 de 1994 ha debido esperar la Corporación para que se discutiera en segundo

debate.

FUENTE FORMAL: LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 73 / LEY 4 DE 1913 –

ARTÍCULO 61

NORMA DEMANDADA: ACUERDO 050 DE 2009 (19 de noviembre) CONCEJO

MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA TOLIMA (Anulado)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 73001-23-31-000-2010-00358-01

Actor: ESTEFANÍA FLORIAN RODRÍGUEZ

Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE SAN SEBASTÍAN DE MARIQUITA –

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD

Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL – PROYECTO DE ACUERDO – TÉRMINO LEGAL PARA SU APROBACIÓN – DEBATES – INOBSERVANCIA DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS QUE DEBE MEDIAR ENTRE LOS DOS

DEBATES PARA APROBACIÓN DE UN ACUERDO Referencia: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del municipio de San Sebastián de Mariquita, parte demandada en el proceso de la referencia, en contra de la sentencia de 11 de marzo de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, a través de la cual se declaró la nulidad del Acuerdo 050 de 19 de noviembre de 2009, “[…]

por medio del cual se faculta a la señora personera para ajustar la planta de cargos de la personería municipal de San Sebastián de Mariquita y se otorgan otras facultades […]”. I.- ANTECEDENTES I.1.- La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia, la ciudadana Estefanía Florian Rodríguez presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo – CCA, en contra del Concejo Municipal de San Sebastián de Mariquita, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] Declarar la simple nulidad del Acuerdo del Concejo Municipal de San Sebastián de Mariquita, Acuerdo No. 050 de Noviembre de 2009 “POR

MEDIO DEL CUAL SE FACULTA A LA SEÑORA PERSONERA PARA

AJUSTAR LA PLANTA DE CARGOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE

SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA Y SE OTORGAN OTRAS FACULTADES

[…]”. I.2.- Los hechos La parte actora manifestó que el 19 de noviembre de 2009, el Concejo Municipal de San Sebastián de Mariquita expidió el Acuerdo Municipal 050 del 20091. Señaló que el primer debate para la expedición del citado Acuerdo se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2009 y, el segundo, el 12 de noviembre de la misma anualidad. Advirtió que no se cumplió con el término de tres (3) días establecido en el artículo 73 de la Ley 136 de 19942 para aprobación del proyecto de acuerdo en segundo debate, en

tanto que la fecha correspondiente para dar cumplimiento a dicho precepto era el 14 de noviembre de 2009. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación La demandante estimó que con ocasión de la expedición del Acuerdo 050 de 19 de noviembre de 2009 se desconocieron los artículos 6°, 121 y 313 de la Constitución Política, así como el artículo 73 de la Ley 136 de 1994 y como sustento de ello formuló el cargo atinente a la expedición irregular del acto administrativo acusado. Sostuvo que el acto demandado vulneró el procedimiento de aprobación del acuerdo, toda vez que “[…] los proyectos de acuerdo deben ser sometidos a consideración de la plenaria de la corporación tres días después de su aprobación en la comisión respectiva […]”. Precisó que la resolución fue expedida irregularmente por cuanto se aprobó por los Concejales del Municipio de Mariquita el 12 de noviembre de 2009, esto es, cuando no habían pasado los tres días de que trata el precepto en cita. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1 “Por medio de la cual se faculta a la señora personera para ajustar la planta de cargos de La Personería Municipal de San Sebastián de Mariquita y se otorgan otras facultades”. 2 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. El municipio de San Sebastián de Mariquita3, en memorial visible a folios 125 y 126 del expediente (Cdno. 1), presentó escrito de contestación de la demanda, en el cual se limitó a solicitar la práctica de unas pruebas.

III.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante providencia de fecha 11 de marzo de 20144, el Tribunal Administrativo del Tolima declaró la nulidad del Acuerdo 050 de 19 de noviembre de 2009. En sustento de su decisión, inicialmente, transcribió los artículos 73 y siguientes de la Ley 136 de 19945, los cuales señalan el trámite de aprobación de los proyectos de acuerdo, y con fundamento en los mismos señaló que dichos proyectos deben estar sometidos a dos sesiones para su estudio y aprobación, a saber: (i) primer debate ante la comisión designada previamente por la Secretaría del Concejo y; (ii) segundo debate en la plenaria de la Corporación Pública que se debe realizar tres (3) días después de ser debatido y aprobado en la Comisión designada. El a quo encontró que el primer debate ante la Comisión designada del Proyecto de Acuerdo 071de 20096, que luego dio origen al Acuerdo 050 de 2009, se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2009 según Acta 0067 de la Comisión II Permanente de Gobierno. Sin embargo, verificó que la plenaria de la Corporación Pública se efectuó el 12 de noviembre de 2009, según el Acta 0718, por lo que se realizó con anterioridad a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 136 de 1994. Advirtió que la sesión del segundo debate ha debido efectuarse el día 14 de noviembre de 2009, correspondiente al término de tres (3) días que dispone la norma en estudio. En este sentido, consideró que el Acuerdo 050 de 2009 es contrario al ordenamiento jurídico al haberse realizado sin observancia del procedimiento previamente establecido. 3 Folios 125 y 126 del cuaderno 1.

4 Folios 138 a 145 del cuaderno 1. 5 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios 6 “Por medio del cual se ajusta la planta de cargos de la Personería Municipal de San Sebastián de Mariquita – Tolima y se otorgan unas facultades” 7 Noviembre 11 de 2009 8 Noviembre 12 de 2009 Adicionalmente, expuso que en virtud de lo señalado en el artículo 24 de la Ley 136 de 1994, omitir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para el trámite de los proyectos de acuerdo genera invalidez del acto. Por lo demás, consideró que “[…] el término señalado no es una mera formalidad sino que su objetivo es que durante ese tiempo los concejales estudien y analicen el proyecto de acuerdo para garantizar un proceso de reflexión como presupuesto fundamental una organización como el Concejo Municipal […]”. Finalmente, aseveró que los actos expedidos en ejercicio de las facultades entregadas en el acto administrativo demandado no se ven afectados, toda vez que se trata se situaciones que se encuentran consolidadas. IV.- RECURSO DE APELACIÓN En escrito visible a folios 149 a 156 del cuaderno 1º del expediente, el apoderado del municipio de San Sebastián de Mariquita apeló la sentencia de instancia exponiendo los siguientes motivos de inconformidad: Afirmó que el Tribunal Administrativo del Tolima erró en la interpretación rigorista que realizó sobre el problema jurídico planteado, toda vez que no tuvo en cuenta que el término establecido en el artículo 73 de la Ley 136 de 1994 no es perentorio, sino que, por

el contrario, corresponde a un mínimo de tiempo que debía transcurrir para la aprobación de un acuerdo. Expuso que no puede admitirse que toda actuación administrativa que se aparta de lo contemplado en una previsión legal resulte violatoria del ordenamiento jurídico, toda vez que dicha decisión puede no tener significado o incidencia de alguna clase en las garantías de las personas interesadas en el proceso o en la definición de sus derechos. Señaló que el Tribunal decretó la nulidad con fundamento en el principio de instrumentalización de las formas en la expedición de las leyes, para lo cual consideró que el proceso de formación de las normas territoriales se rige por reglas similares, para lo cual transcribió apartes de la sentencia C-008 de 2003 proferida por la Corte Constitucional, relacionada con dicho principio. En el mismo sentido, transcribió apartes de la sentencia C-737 de 2001 de la misma Corporación, para resaltar que su aplicación dirige a que las formas procesales deben interpretarse teleológicamente al servicio de un fin sustantivo, es decir, al valor material pretendido sin que ello vaya en detrimento del respeto a las normas procesales. Por otra parte, precisó que en el caso bajo estudio no se tuvieron en cuenta los considerandos del acto acusado y procedió a transcribirlos para indicar que el acuerdo demandado sólo regló lo establecido en otros acuerdos y las normas legales enunciadas en él. Manifestó que la omisión de los tres días tuvo origen en la urgencia manifestada por la Personera Municipal para proveer el cargo por cuanto estaba próxima a entrar en vigencia la ley de garantías. Finalmente, sostuvo que se debe aclarar la decisión de instancia en tanto que la misma

resulta ambigua, por cuanto por un lado señaló que los actos expedidos en ejercicio de las facultades conferidas en el Acuerdo municipal no se ven afectados por la decisión y, por otro, anuló el Acuerdo 050 de 2009. V.- TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA El recurso de apelación fue concedido por el magistrado sustanciador de la primera instancia mediante auto de 22 de abril de 20149. Remitido y repartido el proceso entre los diferentes Despachos que integran la Sección Primera, a través de auto del 14 de enero de 2015 se admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandada10. 9 Folios 158 del cuaderno 1. 10 Folio 4 del cuaderno 2. VI.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante providencia de 6 de julio de 201511, el Despacho sustanciador corrió traslado a las partes por el término de diez (10) días para que presentaran alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que rindiera concepto, frente a lo cual los sujetos procesales guardaron silencio. VIII.- CONSIDERACIONES DE LA SALA VII.1.- Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo – CCA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. VII.2.- Acto Administrativo cuestionado Con el fin de analizar el acto administrativo demandado a continuación la Sala transcribirá

su contenido: “[…] ACUERDO No. 050 DE 2009

(19 DE NOVIEMBRE DE 2009)

POR EL CUAL SE FACULTA A LA SEÑORA PERSONERA PARA

AJUSTAR LA PLANTA DE CARGOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE

SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA TOLIMA Y SE OTORGAN UNAS FACULTADES. 11 Folio 7 del cuaderno 2.

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA - TOLIMA, en uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas por la ley 136 de 1994 y, CONSIDERANDO Que mediante Acuerdo Municipal No. 003 del 14 de abril del 2004, se Adoptó la Estructura Administrativa, la Nomenclatura y Clasificación de cargos, de la Planta de Personal de la Personería Municipal de San Sebastián de Mariquita -Tolima, Que el mencionado Acuerdo Municipal estableció en su artículo DECIMO PRIMERO, la Clasificación de los cargos de, la Personería Municipal de conformidad con las disposiciones legales que se encontraban vigentes para la época, esto es, el Decreto 1569 de 1998. Que el Decreto 785 del año 2005, estableció el nuevo sistema de nomenclatura y clasificación de cargos, agrupando los niveles administrativo, auxiliar y operativo en el nivel asistencial, modificando nombres y códigos de los cargos. Que de conformidad con los artículos 16, 20 y 21 de la norma en mención, se establecieron nuevos nombres y clasificación de empleos así como equivalencias de los empleos de que trata el Decreto 1569 de 1998 en los

niveles administrativos, auxiliar y operativo del nivel asistencial. Que el mencionado Decreto 785 del año 2005, estableció en sus artículos 27 y 29, la obligatoriedad de todas las autoridades territoriales de adecuar y ajustar las plantas de personal y los manuales específicos de funciones y requisitos mínimos, al año siguiente de la vigencia de la norma, para efectos de la aplicación del sistema de nomenclatura y clasificación de empleos, exigencia a la que aún no se ha dado cumplimiento. Que el cargo de auxiliar administrativo es un cargo de carrera que se encuentra vacante en la Personería Municipal desde el año 2005 por cuanto esta Entidad también sufrió las restricciones presupuestales del proceso de Reestructuración de Pasivos al que se vio sometido toda la administración Municipal de Mariquita. Que para proveer el cargo se hace necesario obtener concepto previo y favorable de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Entidad que ha exigido el ajuste de la planta de personal actualizando su código y grado. Que igualmente dentro del proceso de implementación del MECI: 1000:2005, se hace necesario ajustar dicha planta para el desarrollo del Subsistema de Estructura Organizacional acorde con las nuevas disposiciones legales. Que el numeral 9º. De el (sic) artículo 32 de la ley 136 de 1994, determina corno atribución del Concejo Municipal, la de Organizar la Personería Municipal y dictar las normas necesarias para su funcionamiento. Que el numeral 11 del artículo 178 de la ley 136 de 1994 prevé como funciones del Personero, la de presentar al Concejo Municipal, proyectos de acuerdo sobre materias de su competencia. Por lo anterior se,

ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO: Se faculta a la señora personera para ajustar la "planta de cargos de la Personería Municipal de San Sebastián de Mariquita Tolima, dando aplicación al nuevo sistema de Nomenclatura y clasificación de empleos establecido en el Decreto 785 el año 2005.

ARTÍCULO SEGUNDO: La nomenclatura y Clasificación de cargos y grados de la Personería Municipal de San Sebastián de Mariquita Tolima, será la

siguiente:

CARGO NIVEL CÓDIGO GRADO

PERSONERA DIRECT O15 O1

IVO

AUXILIAR ASISTE 407 O1

ADMINISTRA NCIAL TIVO ARTICULO TERCERO: FACULTAR a la Personera Municipal para que mediante Decreto, actualice el manual de funciones y requisitos mínimos para la provisión del cargo de Auxiliar administrativo de acuerdo con las nuevas competencias y las disposiciones legales respectivas.

ARTÍCULO CUARTO: FACULTAR a la personera Municipal para que de acuerdo con la capacidad presupuestal, fije la asignación salarial para el cargo de Auxiliar Administrativo, de acuerdo con el nivel, código y grado que para el efecto determinan las disposiciones legales vigentes.

PARÁGRAFO PRIMERO: A demás se hace necesario obtener el concepto previo y favorable de la comisión nacional al servicio civil.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facultades anteriores serán estrictamente para dar cumplimiento del articulado del presente acuerdo.

ARTÍCULO QUINTO: Todas las acciones que tome la personería municipal para el presente acuerdo sean ajustadas de acuerdo a la ley.

ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y publicación, deroga los artículos DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO

del Acuerdo No. 003 del 2004, y las demás disposiciones que le sean contrarias.

COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE […]”.

VII.3.- Problema jurídico De acuerdo con las prescripciones del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil12, aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, a través de la cual se declaró la nulidad del Acuerdo Municipal 050 de 2009, expedido por el Concejo Municipal del Municipio de San Sebastián de Mariquita. En los términos del recurso de apelación habrá de analizarse si el término establecido en el artículo 73 de la Ley 136 de 1994 era perentorio o sí, por el contrario, tal lapso corresponde a un tiempo mínimo que debe transcurrir para la aprobación de un proyecto acuerdo municipal. Igualmente se debe analizar si se configuró un vicio de procedimiento y si el mismo tiene la virtualidad suficiente para que se declare la nulidad del acuerdo demandado. VII.4.- El caso concreto 12 Hoy inciso 1º del artículo 328 del Código General del Proceso. “[…] La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el

superior resolverá sin limitaciones […]”. Señala el recurrente, se reitera, que la sentencia debe ser revocada por cuanto el término establecido en el artículo 73 de la Ley 136 de 1994 no era perentorio sino un tiempo mínimo que debía transcurrir para la aprobación de un acuerdo. Para resolver, sea lo primera señalar que el Tribunal Administrativo del Tolima consideró que el Concejo Municipal de San Sebastián de Mariquita desconoció lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 136 de 1994, norma que al tenor dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 73. DEBATES. Para que un proyecto sea Acuerdo, debe aprobarse en dos debates, celebrados en distintos días. El proyecto será presentado en la Secretaría del Concejo, la cual lo repartirá a la comisión correspondiente donde se surtirá el primer debate. La Presidencia del Concejo designará un ponente para primero y segundo debate. El segundo debate le corresponderá a la sesión plenaria. Los proyectos de acuerdo deben ser sometidos a consideración de la plenaria de la corporación tres días después de su aprobación en la comisión respectiva. El proyecto de acuerdo que hubiere sido negado en primer debate podrá ser nuevamente considerado por el Concejo a solicitud de su autor, de cualquier otro concejal, del gobierno municipal o del vocero de los proponentes en el caso de la iniciativa popular. Será archivado el proyecto que no recibiere aprobación y el aprobado en segundo debate lo remitirá la mesa directiva al alcalde para su sanción.” (Resaltado fuera de texto) Como se desprende de la norma en cita, para que un proyecto sea acuerdo, debe aprobarse en dos (2) debates, celebrados en distintos días. Se tiene que el

proyecto deberá ser presentado en la Secretaría del Concejo, la cual lo repartirá a la comisión correspondiente donde se surtirá el primer debate y, el segundo debate le corresponderá a la sesión plenaria. De conformidad con lo anterior, los proyectos de acuerdo deben ser sometidos a consideración de la plenaria de la corporación administrativa tres (3) días después de su aprobación en la comisión respectiva. Dicha previsión legal es reproducida en el artículo 92 del Acuerdo 010 de 31 de agosto de 2007, expedido por el Concejo Municipal de San Sebastián de Mariquita, en los siguientes términos: “Artículo 92. Iniciación del debate: Tres días después de su aprobación en la comisión respectiva, la plenaria podrá considerar el proyecto en segundo debate. Después de leída la ponencia por el secretario, incluido el informe de minoría si lo hubiere, el ponente o el vocero de los ponentes explicará el significado y alcance del proyecto. A continuación podrán tomar la palabra los concejales y las autoridades municipales” (negrillas fuera de texto). Así mismo, el artículo 24 ibídem13, citado por el a quo, señala que las reuniones de los miembros del Concejo son inválidas si se efectúan fuera de las condiciones legales o reglamentarias, veamos: “ARTÍCULO 24. INVALIDEZ DE LAS REUNIONES. Toda reunión de miembros del Concejo que con el propósito de ejercer funciones propias de la corporación, se efectúe fuera de las condiciones legales o reglamentarias, carecerá de validez y los actos que realicen no podrá dársele efecto alguno, y quienes participen en las

deliberaciones serán sancionados conforme a las leyes” (negrillas fuera de texto). En el sub lite la Sala encuentra demostrado que el Concejo Municipal de San Sebastián de Mariquita, el 19 de noviembre de 2009 expidió el Acuerdo 050, “[…] por medio de la cual se faculta a la señora personera para ajustar la planta de cargos de la personería municipal de San Sebastián de Mariquita y se otorgan otras facultades […]”. Se tiene que al proyecto de acuerdo le correspondió el número 071 de 3 de noviembre de 2009 (folio 38 del cuaderno 1). Igualmente, se desprende del acervo probatorio que, a través del Acta 006 de la Comisión II Permanente de Gobierno de fecha 11 de noviembre de 2009, suscrita por el Presidente y el Secretario del Concejo, se deja constancia que en esa fecha se realizó el primer debate del proyecto (folios 2 y 3 del cuaderno de pruebas). 13 El artículo 24 es reiterado en el artículo 6° del Acuerdo 010 de 31 de agosto de 2007, expedido por el Concejo Municipal de San Sebastián de Mariquita. Por su parte, en el Acta 071 de la Plenaria de la Corporación Pública – Quinta Sesión Ordinaria del Cuarto Período de Sesiones, de fecha 12 de noviembre de 2009, se dejó constancia que se realizó el segundo debate y aprobación del proyecto (folios 4 a 14 del cuaderno de pruebas). Así pues, la Sala advierte que el Concejo del Municipio de San Sebastián de Mariquita aprobó el día 12 de noviembre de 2009, en segundo debate, el proyecto de Acuerdo 071 de 2009, esto es, sin que hubieran transcurrido los tres (3) días a

que hace alusión el inciso 3º del artículo 73 de la Ley 136 de 1994, cuya contabilización debe efectuarse después de la discusión surtida al proyecto en la Comisión permanente de Gobierno, la que ocurrió el día 11 de noviembre de 2009. En efecto, si el primer debate en la Comisión II Permanente de Gobierno se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2009, el segundo debate debió haberse realizado a partir del 15 de noviembre de 2009, toda vez que el viernes 12, el sábado 13 y el domingo 14, correspondían a los tres (3) días que según el artículo 73 de la Ley 136 de 1994 ha debido esperar la Corporación para que se discutiera en segundo debate. No debe olvidarse que de conformidad con el artículo 61 de la Ley 4ª de 1913 “Cuando una cosa debe observarse desde tal día, se entiende que ha de observarse desde el momento siguiente a la medianoche; y cuando se dice que debe observarse hasta tal día, se entiende que ha de observarse hasta la medianoche de dicho día”. Aunado a lo anterior, de conformidad con lo previsto en el inciso 2º del artículo 57 del Reglamento Interno del Concejo Municipal, durante los períodos de sesiones ordinarias “[…] todos los días son hábiles para las reuniones del Concejo y sus comisiones. Los horarios serán señalados por los respectivos presidentes […]” (negrillas fuera de texto). En este sentido, la interpretación realizada por el a quo, lejos de ser un análisis rigorista como lo sostiene el apoderado del Municipio, es una interpretación acorde con el sentido obvio y natural de las palabras y su aplicación resulta ajustada al

ordenamiento jurídico, además consulta los principios de publicidad y la garantía del debido proceso que rigen los trámites de los acuerdos municipales. En este mismo sentido, la Sala pone de relieve que en un caso de iguales supuestos fácticos y jurídicos, en sentencia de 24 de enero de 201314, esta Sección consideró que los proyectos de acuerdo deben ser sometidos a consideración de la plenaria de la corporación tres (3) días después de su aprobación en la comisión respectiva. Tal decisión se prohíja en esta oportunidad y es del siguiente tenor: “[…] considera la Sala equivocada la contabilización del término de tres (3) días que aparece en el memorial contentivo del recurso de apelación, pues si la ponencia al proyecto de acuerdo se radicó el día 23 de Noviembre de 2009 y el primer debate tuvo lugar el día 26 de noviembre, ha de concluirse que al aprobarse en segundo debate el día 29 de noviembre, ese debate se surtió antes del vencimiento de los tres (3) días a que aluden los artículos 73 de la Ley 136 de 1994 y 92 del Reglamento Interno del Concejo Municipal de Hato Corozal, y no después de que dicho término hubiese transcurrido como en tales preceptos se dispone. Al respecto es preciso recordar lo que se establece en el artículo 61 de la Ley 4ª de 1913: Artículo 61. Cuando se dice que una cosa debe observarse desde tal día, se entiende que ha de observarse desde el momento siguiente a la medianoche del día anterior; y cuando se dice que debe observarse hasta tal día, se entiende que ha de observarse hasta la medianoche

de dicho día. Es del caso precisar además, que de conformidad con lo previsto en el inciso tercero del artículo 57 del Reglamento Interno del Concejo Municipal, durante los períodos de sesiones ordinarias “[…] todos los días son hábiles para las reuniones del Concejo y sus comisiones. Los horarios serán señalados por los respectivos presidentes.” En ese orden de ideas, las fechas a considerar en este caso, son las que aparecen mencionadas en el almanaque correspondiente al mes de noviembre de 2009: 14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 24 de enero de 2013. Radicado: 85001-23-31-000-2010 00029-01 M.P. Guillermo Vargas Ayala. Actor: Álvaro Nieto Amaya En virtud de lo anterior, si la ponencia fue radicada el día jueves 26 de noviembre de 2009, los tres días deben empezar a contarse a partir de la media noche de ese día y hasta la media noche del día domingo 29 de noviembre. Dicho de otra manera, el primer debate ha debido efectuarse a partir del día lunes 30 de noviembre, pero como ello no ocurrió, concluye la Sala que en el trámite de expedición del Acuerdo PTA-200-02-029 del 29 de noviembre de 2009, proferido por el Concejo Municipal Hato Corozal, el primer debate se surtió antes de finalizar el término de tres (3) días mencionado en los artículos 73 de la Ley 136 de 1994 y 92 del Reglamento Interno del Concejo Municipal de Hato Corozal.

A partir de los argumentos expuestos, concluye la Sala que la recurrente no logró demostrar que la providencia apelada sea contraria a derecho […]” (negrillas fuera de texto). En este mismo sentido, en sentencia de 14 de mayo de 201515, esta Sección sostuvo lo siguiente: “[…] Para el caso en estudio, la irregularidad en que incurrió el Concejo Municipal de Pore fue que el primer debate al proyecto de Acuerdo 022 si lo realizó el día 25 de noviembre, el segundo debate debió haberlo llevado a cabo a partir del 1 de diciembre de 2009, como quiera que el jueves 26, el viernes 27 y el lunes 30 de noviembre correspondían a los tres días que debió esperar para que se discutiera en segundo debate con mayor profundidad y análisis, el proyecto de acuerdo. Finalmente la Sala tampoco acoge el argumento de inconformidad según el cual, el desconocimiento del término legal no vulneró el derecho de defensa y de contradicción de los opositores del proyecto, porque en el decir del apelante a pesar de que el escrito presentado por miembros de la comunidad de