CE-SECCION QUINTA-11001-03-28-000-2018-00614-00_20181128-2018

SUSPENSIÓN PROVISIONAL – Solicitada como medida cautelar de urgencia / PRINCIPIOS PRO HOMINUM Y PRO ELECTORATEM – Aplicación / PRINCIPIOS PRO HOMINUM Y PRO ELECTORATEM – Frente a conflictos por aplicación de normas electorales, prevalecerá la interpretación que satisfaga en mayor medida los derechos de los electores sobre aquellos de los elegidos / SUSPENSIÓN PROVISIONAL – Se niega la medida debido a que no se demostró que la falta absoluta del alcalde de Riohacha se generó a menos de 18 meses de la terminación del periodo y, en aplicación de los principios pro hominum y pro electoratem [L]a actora solicitó la suspensión provisional de los efectos de los artículos 2 y 3 del Decreto 1881 de 2018, expedido por el Gobierno Nacional, mediante los cuales se convoca a elecciones atípicas para suplir la falta absoluta del Alcalde del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. (…). [E]l Despacho anticipa que negará la medida cautelar solicitada debido a que: (i) a partir del acervo probatorio obrante en el expediente, no se demostró en esta etapa del proceso que la falta absoluta del Alcalde del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha se generó a menos de dieciocho (18) meses de la terminación del período; y, (ii) en todo caso, ante la existencia de diferentes posturas respecto del momento en el cual ocurrió la falta absoluta del Alcalde del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, y ante la premura en las actuales circunstancias, debe primar

aquélla que privilegia la voluntad popular manifestada a través de las elecciones. (…). [D]ebe entenderse que la falta absoluta del Alcalde del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha ocurrió a partir de la entrada en vigencia del Decreto 945 de 2018, mediante el cual el Gobierno Nacional hizo efectiva la sanción de destitución del cargo impuesta al señor Velásquez Rivadeneira, es decir a partir del 31 de mayo de 2018, fecha en la cual dicho acto administrativo fue publicado en el Diario Oficial, la cual supera los dieciocho (18) meses de la terminación del período. Por lo tanto, para el Despacho, a partir del acervo probatorio obrante en el expediente, no se demostró en esta etapa del proceso que la falta absoluta del señor Fabio David Velásquez Rivadeneira como Alcalde electo del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha se produjo después del 31 de junio de 2018, es decir a menos de dieciocho (18) meses de la terminación del período. (…). Sin perjuicio de que la actora no logró demostrar las censuras sobre las cuales basó la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto acusado, lo cierto es que entre estas posturas [tesis de la demandante y de la Sala de Consulta y Servicio Civil], el Despacho considera que la segunda es aquélla que garantiza, en una mayor medida, los principios pro hominum y pro electoratem, razón adicional por la cual no se decretará la medida cautelar solicitada por la parte actora. En efecto, ante la incertidumbre sobre el

momento de la ocurrencia de la falta absoluta del señor Fabio David Velásquez Rivadeneira como Alcalde electo del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, y ante la premura de las actuales circunstancias, el Despacho considera que resulta más garantista de los derechos de los electores aquélla interpretación según la cual la falta se produjo a más de dieciocho (18) meses de la terminación del período, puesto que ésta deberá ser suplida mediante una elección popular y no a través de la designación que realice el respectivo Gobernador.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 314 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 223 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 231 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 234

NORMA DEMANDADA: DECRETO 1881 DE 2018 (5 de octubre) GOBIERNO NACIONAL - ARTICULO 2 (No suspendido) / DECRETO 1881 DE 2018 (5 de octubre) GOBIERNO NACIONAL - ARTICULO 3 (No suspendido)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-28-000-2018-00614-00

Actor: MARIBEL RODRÍGUEZ RUÍZ

Demandado: GOBIERNO NACIONAL

Referencia: Medida cautelar

Se pronuncia el Despacho sobre medida cautelar de urgencia solicitada por la señora Maribel Rodríguez Ruíz en la demanda de nulidad simple que instauró contra los artículos 2 y 3 del Decreto 1881 de 2018, expedido por el Gobierno Nacional.

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda Mediante escrito presentado el 17 de octubre de 2018,1 la señora Maribel Rodríguez Ruíz, en nombre propio, demandó en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 del C.P.A.C.A., la nulidad de los artículos 2 y 3 del Decreto 1881 de 2018, expedido por el Gobierno Nacional, mediante los cuales se convocó a elecciones atípicas como consecuencia de la falta absoluta del Alcalde

del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. En la demanda formuló las siguientes pretensiones: “(…) Primera.- Declarar nulos los artículos 2 y 3 del Decreto 1881 de 5 de octubre de 2018. (…)” El Despacho destaca los siguientes hechos relevantes narrados en el libelo introductorio: 1 Ver folios 1 a 5.  La actora afirma que el 7 de septiembre de 2018 ocurrió la falta absoluta del Alcalde electo del del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, el señor Fabio David Velásquez Rivadeneira, debido a que en esa fecha el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1718, mediante el cual se dio cumplimiento a una orden judicial y se designó a un Alcalde encargado, en su reemplazo.  A través del acto demandado, es decir el Decreto 1881 de 2018, el Gobierno

Nacional convocó a elecciones atípicas para suplir la falta absoluta del Alcalde del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. En el concepto de violación la actora elevó los siguientes cargos:  Violación de los artículos 259 y 314 de la Constitución Política y de la Ley Estatutaria 131 de 1994 porque el Gobierno Nacional no puede convocar a alecciones a típicas debido a que la falta absoluta del Alcalde del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha se produjo a menos de dieciocho (18) meses de la terminación del período.  Falsa motivación porque los argumentos en los cuales se fundamenta el acto acusado para convocar a elecciones típicas son falaces o falsos, debido a que la falta absoluta del Alcalde del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha se produjo a menos de dieciocho (18) meses de la terminación del período. 1.2. Solicitud de medida cautelar de urgencia En el escrito de la demanda, como medida cautelar de urgencia, solicitó que se suspendan provisionalmente los efectos del acto acusado. Al respecto indicó que las disposiciones demandadas del Decreto 1881 de 2018 incurren en una violación notoria de las normas en las que debía fundarse, en especial el artículo 314 de la Constitución Política, debido a que en este acto se convocó a elecciones atípicas, a pesar de que la falta absoluta del Alcalde del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha se produjo a menos de dieciocho (18) meses de la terminación del período.

Agregó que las normas demandadas violan flagrantemente la garantía del voto programático, consagrada en el artículo 259 de la C.P. y regulada por la Ley Estatutaria 131 de 1994, debido a que “(…) el alcalde electo y destituido posteriormente fue inscrito por el partido Cambio Radical, y es conocido que no sólo no acompañó la candidatura del actual Presidente de la República, sino que la Ministra del Interior al parecer fue militante de la misma colectividad, y es que claro que en este País no puede permitirse que los funcionarios tramiten sus resentimientos personales a través de actos administrativos, por demás irregulares (…)”. Finalmente, adujo que en este caso se configuran los requisitos que revisten de urgencia la medida cautelar solicitada porque: (i) actualmente están en curso la inscripción de los candidatos para las elecciones atípicas convocadas mediante las normas enjuiciadas; (ii) el Estado, con cargo a los impuestos de los administrados, está asumiendo el costo de la organización de las mismas, lo que genera gastos innecesarios y hasta una posible responsabilidad fiscal; y, (iii) las decisiones irregulares adoptadas por el nivel central inciden en las dinámicas distritales, puesto que perturban el programa que eligió la ciudadanía de Riohacha. 1.3. Rechazo de la demanda Mediante auto de 29 de octubre de 2018,2 el Despacho rechazó la demanda por considerar que el acto demandado no es susceptible de control judicial, por tratarse de un acto preparatorio o de trámite. 1.4. Recurso de súplica A través de escrito presentado el 2 de noviembre de 2018,3 la demandante

interpuso recurso de súplica contra la anterior decisión. 1.5. Auto que resolvió el recurso de súplica En auto de 26 de noviembre de 2018, los demás integrantes de la Sala revocaron el auto de 29 de octubre de 2018, en cuanto rechazó la demanda y ordenó la devolución de la misma con sus anexos, para en su lugar disponer la continuidad del trámite. Según el informe secretarial, la notificación de este auto se realizó por estado el 27 de noviembre de 2018.4 1.6. Coadyuvancia En escrito presentado el 27 de noviembre de 2018, el apoderado del Partido Cambio Radical coadyuvó la medida cautelar de urgencia solicitada por la demandante, para lo cual ahondó en las razones expuestas por la parte actora según las cuales la falta absoluta del Alcalde del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha se produjo a menos a dieciocho meses de la terminación del período.

2. CONSIDERACIONES 2.1. Competencia 2 Ver folios 31 a 32. 3 Ver folios 34 a 36. 4 En el informe secretarial de 27 de noviembre de 2018 consta lo siguiente sobre el trámite de notificación del auto de 26 de noviembre de 2018: “(…) Se entrega disco compacto que contiene la totalidad de la actuación indicando que la decisión del 26 de noviembre (folio 39) que dispone revocar la decisión del 29 de octubre y la continuidad del trámite, se notificó por estado electrónico hoy. (…) INGRESA AL DESPACHO para considerar la solicitud de medida cautelar de urgencia

que se observa a folio 4. (…)” El Despacho es competente para resolver sobre la solicitud de suspensión provisional del acto acusado, como medida cautelar de urgencia, y la coadyuvancia presentada por el Partido Cambio Radical, por lo dispuesto en los artículos 125 y 234 del C.P.A.C.A., así como el numeral 1º del artículo 149 del mismo estatuto. Además, con ocasión de lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo Nº 58 de 1999 del Consejo de Estado, según el cual el conocimiento de las demandas contra los actos de contenido electoral radica en la Sección Quinta. 2.2. Sobre la coadyuvancia presentada por el Partido Cambio Radical De acuerdo con el artículo 223 del C.P.A.C.A., “(…) [e]n los procesos que se tramiten con ocasión de pretensiones de simple nulidad, desde la admisión de la demanda y hasta en la audiencia inicial, cualquier persona podrá pedir que se la tenga como coadyuvante del demandante o del demandado (…)”. Como se observa, para que la coadyuvancia pueda considerarse oportuna, la norma en comento fija dos extremos temporales para su presentación: un extremo inicial, que comienza a partir de la admisión de la demanda; y, un extremo final, que concluye en la audiencia inicial. Debido a que en el presente caso el escrito de coayuvancia fue presentado antes de la admisión de la demanda, es decir por fuera de la oportunidad señalada en el artículo 223 del C.P.A.C.A., en la parte resolutiva de esta providencia se negará la intervención presentada por el Partido Cambio Radical.

2.3. Sobre la solicitud de suspensión provisional de los efectos de los actos de contenido electoral La suspensión provisional de los efectos del acto acusado está regida actualmente por lo dispuesto en el artículo 231 del C.P.A.C.A. que ordena: “ARTÍCULO 231. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. (…)” Según lo allí dispuesto, existe la posibilidad de que en forma cautelar se suspendan los efectos jurídicos de los actos de contenido electoral, cuando se cumplan las siguientes exigencias: (i) que así lo pida la parte actora en la demanda o con escrito anexo a la misma; (ii) que la infracción al ordenamiento jurídico surja del análisis y la valoración que se haga al confrontar el acto con las normas invocadas por el actor; y, (iii) que para ello pueden emplearse los medios de prueba aportados por el interesado. Además, la apreciación jurídica que se hace al decidir sobre la medida cautelar que, por supuesto es provisional, no constituye prejuzgamiento ni impide que, al fallar el caso, el operador judicial asuma una posición distinta, dado que con el transcurrir de la actuación procesal es factible que el arribo de nuevas pruebas o

la presentación de nuevos argumentos, persuadan al juez de resolver en sentido contrario al que ab initio se adoptó. 2.4. Sobre las medidas cautelares de urgencia El artículo 234 del C.P.A.C.A. regula el trámite y requisitos para la solicitud de medidas cautelares de urgencia, así: “ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada en el auto que la decrete.” De acuerdo con esta disposición, será posible el decreto de medidas cautelares de urgencia cuando, en razón del apremio, no sea posible agotar el trámite previsto en el artículo 233 Ibídem para su adopción, el cual implica que al momento de admitirse la demanda, mediante auto separado, se ordene correr traslado de la solicitud al demandado. Consecuentemente, al evidenciarse la urgencia de la solicitud, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar la medida cautelar solicitada con fundamento en esta norma, sin necesidad del traslado previo a la parte demandada. Incluso, nada impide que las medidas cautelares de urgencia se resuelvan sin haberse admitido la demanda o, como en este caso, sin haberse ejecutoriado el auto que revocó su rechazo y ordenó continuar el trámite del

proceso, cuando así sea necesario por la urgencia misma de la medida y la premura requerida frente a su resolución. Al contrario, en casos particulares como el presente, en aras de garantizar el principio de la tutela judicial efectiva y la eficacia de la medida cautelar, se impone que ésta sea resuelta de manera previa a la admisión misma de la demanda. 2.5. Caso concreto 2.5.1. Sobre la urgencia de la medida cautelar solicitada El Despacho considera que en el presente caso está demostrada la urgencia de la medida cautelar solicitada por la demandante. En efecto, como se advierte en la solicitud, las elecciones atípicas convocadas mediante las normas acusadas son inminentes, pues su realización está prevista para el día 2 de diciembre de 2018, por lo que su organización a cargo de las autoridades electorales ya está en curso. Consecuentemente, cualquier decisión que se adopte respecto de la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto acusado tendrá una repercusión en la organización de dichas elecciones y en los costos que se deban asumir para su realización, lo que hace necesario que dicha medida cautelar sea tramitada de urgencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 del C.P.A.C.A., inclusive antes de que se concluya el trámite de notificación del auto que revocó el rechazo de la demanda. 2.5.2. Sobre la suspensión provisional de los efectos de las normas acusadas Como se explicó en los antecedentes de esta providencia, la actora solicitó la suspensión provisional de los efectos de los artículos 2 y 3 del Decreto 1881 de

2018, expedido por el Gobierno Nacional, mediante los cuales se convoca a elecciones atípicas para suplir la falta absoluta del Alcalde del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. Dichas disposiciones ordenan lo siguiente: “Artículo 2. Convocatoria a elecciones. Convocar a elecciones para elegir alcalde del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, departamento de La Guajira, para el día 2 de diciembre de 2018, en los términos del artículo 314 de la Constitución Política y 30 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente decreto.” “Artículo 3. Cierre de paso terrestre fronterizo. Ordenar el cierre del paso terrestre y fronterizo en el corregimiento de Paraguachón en el departamento de La Guajira durante el lapso comprendido entre las 19:00 horas del sábado 1 de diciembre de 2018, hasta las 24:00 horas del domingo 2 de diciembre de 2018. Parágrafo. La medida debe incluir controles migratorios en el puesto terrestre. Se exceptúa de la restricción el tránsito que deba realizarse por razones de caso fortuito, fuerza mayor, o situaciones humanitarias.” La demandante pidió la anterior medida cautelar de urgencia porque considera que las normas demandadas: (i) violan el artículo 314 de la Constitución Política, debido a que en este acto se convocó a elecciones atípicas, a pesar de que la falta absoluta del Alcalde del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha se

produjo a menos de dieciocho (18) meses de la terminación del período; (ii) consecuentemente, desconocen el artículo 259 de la C.P. y la Ley Estatutaria 131 de 1994, en cuanto a la figura del voto programático, debido a que “(…) el alcalde electo y destituido posteriormente fue inscrito por el partido Cambio Radical, y es conocido que no sólo no acompañó la candidatura del actual Presidente de la República, sino que la Ministra del Interior al parecer fue militante de la misma colectividad, y es que claro que en este País no puede permitirse que los funcionarios tramiten sus resentimientos personales a través de actos administrativos, por demás irregulares (…)”. Como se pasará a explicar, el Despacho anticipa que negará la medida cautelar solicitada debido a que: (i) a partir del acervo probatorio obrante en el expediente, no se demostró en esta etapa del proceso que la falta absoluta del Alcalde del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha se generó a menos de dieciocho (18) meses de la terminación del período; y, (ii) en todo caso, ante la existencia de diferentes posturas respecto del momento en el cual ocurrió la falta absoluta del Alcalde del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, y ante la premura en las actuales circunstancias, debe primar aquélla que privilegia la voluntad popular manifestada a través de las elecciones. 2.5.2.1. La falta absoluta del Alcalde del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha El segundo inciso del artículo 314 de la C.P. distingue la manera como debe ser suplida la falta absoluta de los alcaldes, según el momento de su ocurrencia.

En ese sentido, dicho mandato superior dispone lo siguiente: “(…) Siempre que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la terminación del período, se elegirá alcalde para el tiempo que reste. En caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el gobernador designará un alcalde para lo que reste del período, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el alcalde elegido. (…)” De acuerdo con esta norma, (i) si la falta absoluta se presenta en un período superior a dieciocho (18) meses de la terminación del período, ésta se deberá suplir mediante una elección atípica; (ii) si la falta absoluta se presenta a menos de dieciocho (18) meses de la terminación del período, ésta se deberá suplir a través de la designación que realice el Gobernador. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en la norma constitucional, corresponde entonces determinar si la parte actora demostró en esta etapa del proceso que la falta absoluta del señor Fabio David Velásquez Rivadeneira como Alcalde electo del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha se produjo después del 31 de junio de 2018, es decir a menos de dieciocho (18) meses de la terminación del período. La parte actora, con la solicitud de la medida cautelar, aportó las siguientes pruebas:  Copia del Decreto 1718 de 7 de septiembre de 2018, a partir del cual, según la actora, ocurrió la falta absoluta del Alcalde electo del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, el señor Fabio David Velásquez Rivadeneira, en

cumplimiento de una decisión judicial. En ese sentido, la demanda indicó que en los antecedentes de este acto se exponen los supuestos de hecho que dieron origen a la falta absoluta del mandatario local, los cuales ocurrieron a menos de dieciocho (18) meses de la terminación del período.  Copia de la información contenida en la página web de la Rama Judicial, relativa a la consulta del proceso de tutela tramitado bajo el radicado número

44001234000020180006201. Al sentir de la demandante, la sentencia de segunda instancia dictada en este proceso originó la falta absoluta del señor Fabio David Velásquez Rivadeneira, como Alcalde electo del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha.  Copia del fallo de tutela de segunda instancia dictado el 31 de julio de 2018 por la Sección Primera del Consejo de Estado que revocó el fallo del Tribunal, para en su lugar declarar la improcedencia de la acción instaurada por el señor

Fabio David Velásquez Rivadeneira contra la Procuraduría General de la Nación. A partir de las anteriores pruebas se extraen los siguientes supuestos facticos relevantes de la falta absoluta del señor Fabio David Velásquez Rivadeneira como Alcalde electo del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha y de la elección atípica convocada como consecuencia de ésta:  La falta del señor Velásquez Rivadeneira se originó a partir de una sanción disciplinaria de destitución impuesta por la Procuraduría General de la Nación en una decisión de segunda instancia dictada el 24 de abril de 2018.  El Gobierno Nacional expidió el Decreto 945 de 31 de mayo de 2018, por

medio del cual hizo efectiva la sanción de destitución del cargo impuesta al señor Velásquez Rivadeneira.  El señor Fabio David Velásquez Rivadeneira instauró una acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación por considerar que dicha entidad violó sus derechos fundamentales al expedir las decisiones disciplinarias que le impusieron la sanción de destitución, la cual se tramitó bajo el radicado número 44001-23-40-000-2018-00062-00.  En virtud del fallo de primera instancia dictado por el Tribunal Administrativo de La Guajira de 5 de junio de 2018, dentro del referido proceso de tutela, se ordenó la suspensión provisional de los fallos disciplinarios proferidos en contra del señor Velásquez Rivadeneira.  Como consecuencia de dicho fallo de tutela, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1031 de 20 de junio de 2018, mediante el cual ordenó la cesación de los efectos del Decreto 945 de 31 de mayo de 2018, es decir del acto mediante el cual se hizo efectiva la sanción de destitución.  En el trámite de la segunda instancia del aludido proceso de tutela, la Sección Primera del Consejo de Estado revocó la sentencia del Tribunal mediante fallo dictado el 31 de julio de 2018, por considerar que la acción de tutela era improcedente, por no superar el presupuesto de la subsidiariedad.  En cumplimiento del fallo de segunda instancia dictado por la Sección Primera del Consejo de Estado el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1718 de 7 de

septiembre de 2018, mediante el cual ordenó la cesación de los efectos del Decreto 1031 de 20 de junio de 2018 y, en consecuencia, que recobrara efectos el Decreto 945 de 31 de mayo de 2018, mediante el cual se hizo efectiva la sanción de destitución del cargo impuesta por la Procuraduría General de la Nación en contra del señor Velásquez Rivadeneira. Ahora bien, para poder determinar el momento a partir del cual se generó la falta absoluta del señor Fabio David Velásquez Rivadeneira como Alcalde electo del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, no debe perderse de vista que en atención a los hechos que precedieron la expedición de las normas demandadas del Decreto 1881 de 2018, la señora Ministra del Interior elevó una consulta a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, consistente en interrogar sobre “(…) ¿[a] partir de qué fecha se considera ocurrida la falta absoluta del señor Fabio David Velásquez Rivadeneira, como Alcalde del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, para efectos de definir si hay lugar o no a la convocatoria a elecciones? (…)”. Ésta fue resuelta mediante concepto de 2 de octubre de 2018, en el cual dicha Sala señaló lo siguiente: “(…) D. Caso concreto La Sala reitera la tesis vertida en el Concepto 2037 de 2010: si en sede de tutela se revoca la sentencia de primera instancia que había ordenado suspender los efectos jurídicos de los fallos de la Procuraduría, recobra sus

efectos la sanción disciplinaria de destitución hecha efectiva por el Gobierno Nacional mediante decreto. Vistas las particularidades del caso se encuentra que el Consejo de Estado revocó la sentencia de tutela del Tribunal Administrativo de La Guajira que había suspendido las decisiones de la Procuraduría que impusieron al señor Velásquez las sanciones de destitución e inhabilidad <<hasta que exista pronunciamiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en sede ordinaria sobre la legalidad de los actos administrativos disciplinarios impugnados>>. Si bien el fallo del Consejo de Estado no dice nada particular sobre sus efectos temporales, lo cierto es que revocó la sentencia de tutela proferida el 5 de junio de 2018 por el Tribunal Administrativo de La Guajira, lo que de suyo implica que las cosas se retrotraen a su estado anterior, es decir que la suspensión de las decisiones disciplinarias desapareció del mundo jurídico y tales decisiones se mantienen incólumes como si nada posterior a ellas, que las afectara, hubiera ocurrido. En tal virtud se concluye que la falta absoluta originada en la destitución ocurrió cuando comenzó a regir el Decreto 945 de 2018, es decir el 31 de mayo de esta anualidad, fecha de su publicación en el Diario Oficial número 50610.

III. La Sala RESPONDE: ¿A partir de qué fecha se considera ocurrida la falta absoluta del señor Fabio David Velásquez Rivadeneira, como Alcalde del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, para efectos de definir si hay lugar o no a la convocatoria a elecciones?

Para efectos de definir si hay o no lugar a elección de Alcalde de Riohacha debe tenerse en cuenta que la falta absoluta, originada en la destitución de quien fue elegido originalmente, ocurrió cuando entró a regir el Decreto 945 de 2018, es decir el 31 de mayo de esta anualidad, fecha de su publicación en el Diario Oficial. (…)”5 Según el anterior concepto, debe entenderse que la falta absoluta del Alcalde del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha ocurrió a partir de la entrada en vigencia del Decreto 945 de 2018, mediante el cual el Gobierno Nacional hizo efectiva la sanción de destitución del cargo impuesta al señor Velásquez Rivadeneira, es decir a partir del 31 de mayo de 2018, fecha en la cual dicho acto administrativo fue publicado en el Diario Oficial, la cual supera los dieciocho (18) meses de la terminación del período. Por lo tanto, para el Despacho, a partir del acervo probatorio obrante en el expediente, no se demostró en esta etapa del proceso que la falta absoluta del señor Fabio David Velásquez Rivadeneira como Alcalde electo del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha se produjo después del 31 de junio de 2018, es decir a menos de dieciocho (18) meses de la terminación del período. 2.5.2.2. Ante la existencia de diferentes posturas respecto del momento en el cual ocurrió la falta absoluta del Alcalde del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, debe primar aquélla que privilegia la voluntad popular manifestada a través de las elecciones

El derecho electoral, entendido como “(…) el conjunto de normas reguladoras de la titularidad y ejercicio del derecho de sufragio, activo y pasivo, de la organización de la elección, del sistema electoral, de las instituciones y organismos que tienen a su cargo el desarrollo del proceso electoral y del control de la regularidad de ese proceso y la veracidad de sus resultados (…)”,6 se caracteriza, entre otros rasgos, 5 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicado interno: 2401. Radicado número 11001-03-06000-2018-00193-00. C.P.: Dr. Germán Alberto Bula Escobar. 6 Nohlen, Dieter; Zovatto, Daniel; Orozco, Jesús; y Thompson, José. Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina. Editorial Fondo de Cultura Económico, 2007. Pág. 1297. por establecer las limitaciones a través de las cuales se concreta la democracia participativa y se realiza el diseño institucional. En efecto, a través de esta rama autónoma del derecho público se concreta la función electoral, la cual directa o indirectamente, tiene como fin último organizar, legitimar y restringir el poder radicado en el pueblo soberano. En este contexto, la Sección ha señalado que los principios pro hominum y pro electoratem constituyen los pilares del derecho electoral, los cuales debe