CE-SECCIÓN QUINTA-11001-03-28-000-2019-00048-00_20210826

Consejo de Estado

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Título: CE-SECCIÓN QUINTA-11001-03-28-000-2019-00048-00_20210826
Autor: Consejo de Estado
Categoría: Jurisprudencia
Área del derecho: Administrativo
Año: 2019

Radicado: 11001-03-28-000-2019-00048-00

Demandante: Oscar Javier Vargas Urrego DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO El artículo 213 de la Ley 1437 de 2011, consagra la facultad del juez contencioso administrativo, como director del proceso, para decretar las pruebas de oficio que estime necesarias a fin de esclarecer el thema probandum, entendido como los hechos objeto de controversia, en cuanto se refieren a los supuestos de las normas jurídicas que se alegan como vulneradas. (…). Esta iniciativa en cabeza del funcionario judicial complementa el principio de onus probandi o carga de la prueba, según el cual por regla general es responsabilidad del demandante y demandado demostrar los enunciados fácticos que sirven de fundamento a sus pretensiones y excepciones, respectivamente, según su propio interés litigioso, postulado que admite excepciones como en el caso de la carga dinámica, que opera cuando las partes no se encuentran en igualdad de condiciones para INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \

Demandante: Oscar Javier Vargas Urrego aportar los medios de convicción al proceso, o las pruebas de oficio que proceden cuando el juez no ha alcanzado el grado de certeza necesario para adoptar una decisión de fondo. (…). En este sentido, es acertado afirmar que se trata más que de una atribución, de un verdadero deber jurídico establecido en virtud del interés público que reviste al proceso en su propósito de alcanzar la verdad para proteger los derechos subjetivos de las partes, con prevalencia del derecho sustancial

sobre el procedimental, en particular cuando están involucrados sujetos de especial protección constitucional y garantías superiores como el principio democrático, hipótesis en que las características inquisitivas del funcionario judicial se despliegan con mayor intensidad. (…). En otras palabras, la Sección como juez de la democracia y los derechos políticos y, en ese orden, garante del derecho a elegir y ser elegido, debe asumir su rol como director del proceso de forma activa para asegurar que el resultado de las elecciones bajo su

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Demandante: Oscar Javier Vargas Urrego conocimiento se ajuste a la realidad, amparando la voluntad del elector en armonía con las prerrogativas del elegido, para efectos de salvaguardar la legitimidad del mandato de estos últimos, decretando pruebas de oficio cuando lo estime necesario para verificar la transparencia del procedimiento eleccionario respectivo y la igualdad entre los candidatos en sus diferentes etapas. En este contexto, el juez electoral tiene más que la facultad, el deber de usar sus poderes oficiosos, incluido el decreto de pruebas por iniciativa propia, para superar el estado de duda frente al objeto del litigio y alcanzar entonces el grado de certeza para adoptar una decisión materialmente justa, en los términos del citado artículo 213 del CPACA. (…). [L]uego de disponer que se tuvieran como pruebas las aportadas por las partes y de correr el traslado correspondiente para su

contradicción sin recibir pronunciamiento alguno al respecto, observa la Sala que persisten algunos puntos de duda que es preciso despejar para adoptar una INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \

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Demandante: Oscar Javier Vargas Urrego decisión definitiva con el debido respeto por la autonomía que constitucionalmente reviste a los pueblos indígenas, con carácter fundamental, como expresión de la diversidad étnica que representan y que hace parte integral de la riqueza cultural de la nación. De esta manera, a la luz de su condición de sujetos de especial protección estatal, la solución al problema jurídico que se abordará en la sentencia pasa necesariamente por la determinación de las autoridades y reglas que gobiernan las prerrogativas de elegir y ser elegido en el derecho propio de las comunidades indígenas que postularon y sufragaron a favor de la elección de la

[demandada], a través del (…) gobernador del Cabildo de Caño Mochuelo, en particular, en relación con el origen y naturaleza de su autoridad, así como de su potestad para presentar candidatos y votar en nombre y representación de aquellas. Lo anterior, porque la comprensión de este derecho indígena, bien sea desde la ley de origen o el derecho mayor, permite que el juez electoral fije el

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Demandante: Oscar Javier Vargas Urrego contenido y alcance del derecho nacional que rige el presente asunto, tal como

sucede con las disposiciones de la Resolución 128 de 2000 del entonces Ministerio del Medio Ambiente que se alegan como infringidas, con el debido respeto por el principio de la libre autodeterminación que protege a estos grupos a fin de que puedan guiarse por sus autoridades y elegir a sus representantes según sus usos y costumbres, sin interferencias externas en sus procedimientos de toma de decisiones. Adicionalmente, para efectos del eventual estudio sobre la incidencia de los vicios o causales de nulidad que se invocaron en contra del acto sub judice, en especial frente al presunto desconocimiento del procedimiento establecido en la Resolución 128 de 2000, con base en lo dispuesto por esta Sección en cuanto a sus dimensiones cuantitativa y cualitativa, en la sentencia del 22 de abril de 2021, también es necesario contar con información oficial y actualizada sobre los resguardos indígenas presentes en el área de jurisdicción de INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \

Demandante: Oscar Javier Vargas Urrego CORPORINOQUIA, con datos ciertos, claros y específicos sobre las comunidades y pueblos indígenas que habitan en ellos, sus integrantes censados -para determinar a cuál pertenece la demandada-, autoridades propias, estatutos y reglamentos internos registrados, en concreto, en relación con el Resguardo de Caño Mochuelo cuya forma de participación en la postulación y elección de la

señora [demandada] es objeto de controversia. Lo anterior, con el propósito de establecer el impacto de los cargos de la demanda que lleguen a ser demostrados en el resultado de este procedimiento eleccionario, especialmente en cuanto a la participación real de las comunidades y etnias legitimadas para inscribirse y postular candidatos.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la facultad de decretar pruebas de oficio, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-264 de 3 de abril de 2009, M.P. Luis

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Demandante: Oscar Javier Vargas Urrego Ernesto Vargas Silva. Sobre el papel activo del juez en el proceso electoral, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 1 de marzo de 2018, M.P.

Alberto Yepes Barreiro, rad. 08001-23-33-000-2016-00067-01.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 213

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \

Demandante: Oscar Javier Vargas Urrego

Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-28-000-2019-00048-00

Actor: OSCAR JAVIER VARGAS URREGO

Demandado: SOFÍA CONSUELO LOMBANA KETSHINEI - REPRESENTANTE

DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍACORPORINOQUÍA INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \

Demandante: Oscar Javier Vargas Urrego Referencia: NULIDAD ELECTORAL - Decreto oficioso de pruebas.

AUTO Vencido el término de traslado para alegar, la Sala procederá a decretar pruebas de oficio para el esclarecimiento de la verdad, según el objeto de la Litis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 del CPACA y teniendo en cuenta los siguientes: INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \

Demandante: Oscar Javier Vargas Urrego

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda y su trámite. 1.1.1. El señor Óscar Javier Vargas Urrego, actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 del CPACA, pretende que: Se declare la nulidad del ACTO ADMINISTRATIVO ELECTORAL que declara la

elección de la señora SOFÍA CONSUELO LOMBANA KETSHINEI como REPRESENTANTE DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS ANTE EL CONSEJO INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \

Demandante: Oscar Javier Vargas Urrego DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA “CORPORINOQUIA” para el periodo 2020-2023, y como consecuencia se ordene a la dirección de CORPORINOQUIA, iniciar un nuevo proceso electoral en cumplimiento de la Resolución 128 de 2000 emanada del Minambiente, los estatutos de Corporinoquia y demás normas concordantes vigentes.

El demandante invoca y desarrolla como cargos de nulidad general contra el acto de elección los siguientes: i) infracción de las normas en que debía fundarse y ii) expedición irregular; además de las específicas de nulidad electoral, consagradas en los numerales 3 y 4 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, referidas respectivamente a: iii) falsedad en los datos contenidos en los documentos

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Demandante: Oscar Javier Vargas Urrego electorales; y iv) cómputo irregular de los votos emitidos en la respectiva elección.

Como sustento de tales acusaciones, argumenta que el acto de elección: (i) Viola los artículos 7, 13, 29, 40, 246, 329 y 330 de la Constitución Política y el

Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, junto con la Ley 21 de 1991 que lo aprueba en Colombia, y el Decreto 1397 de 1996, por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas, en la medida en que no se respetaron los derechos fundamentales reconocidos a los grupos étnicos, como garantía para el ejercicio

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Demandante: Oscar Javier Vargas Urrego de su autonomía y conservación de su identidad cultural, especialmente el de participar en la elección de sus gobernantes y representantes.

(ii) Atenta contra el procedimiento eleccionario para conformar el Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales, reglamentado en la Resolución 128 del 2 de febrero de 2000, expedida por el actual Ministerio del Ambiente, en razón a que se desconocieron los plazos que deben observarse entre la convocatoria, su segundo aviso y la votación correspondiente (artículo 1°, inciso 2°); además, el director de CORPORINOQUÍA intervino más allá de sus facultades en las fases del proceso, principalmente, en la reunión de elección (artículo 6). INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \

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Categoría: Jurisprudencia
Área del derecho: Administrativo
Año: 2019