CE-SECCIÓN QUINTA-11001-03-28-000-2021-00006-00_20210617

Radicación: 11001-03-28-000-2021-00006-00

Demandante: Ramiro Basili Colmenares Sayago Demandados: magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial RECURSO DE REPOSICIÓN - Contra el auto que negó la solicitud de suspensión provisional del acto de elección de los magistrados de la

Comisión Nacional de Disciplina Judicial / RECURSO DE REPOSICIÓN – Oportunidad Según el artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto a la oportunidad y trámite del recurso de reposición, que es el procedente contra la providencia que en única instancia resuelve sobre la medida cautelar en el medio de control de nulidad electoral (artículo 277 del CPACA), se aplica el Código General del Proceso. Este estatuto en cuanto al referido medio de impugnación, indica en el artículo 318 que cuando la providencia respectiva se dicta por fuera de audiencia, el término para interponer la reposición es de 3 días siguientes a la notificación de aquélla. En este caso, para dar a conocer el auto controvertido se envió correo electrónico a la parte demandante el 1° de junio de 2021, por lo que conforme al artículo 205.2 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, la providencia se notificó a los dos días hábiles siguientes, es decir, el 3 de junio de 2021, de manera tal que el recurso podía interponerse hasta el 9 del mismo mes y año. El demandante interpuso el referido recurso mediante correo electrónico del 3 de junio de 2021, esto es, de manera oportuna. NULIDAD ELECTORAL – No es pertinente que el demandante requiera

pronunciamiento sobre el acuerdo PCSJA20-11633 dado que no es la decisión definitiva sobre la que gira la controversia El primer motivo inconformidad que expone el demandante contra la providencia que negó la solicitud de suspensión provisional, es que supuestamente de manera incongruente no se tuvo en cuenta que en la demanda “se solicita la nulidad del Acuerdo No PCSJA20-11633, fechado 30 de septiembre de 2020” del Consejo Superior de la Judicatura, por violación directa de las normas invocadas, pero que los cargos se analizaron bajo la perspectiva de la violación indirecta de éstas. Se destaca esta situación, porque al revisar las pretensiones de la demanda, no se evidencia que el demandante haya solicitado como lo indica en el recurso de reposición, la nulidad del acuerdo antes señalado, mediante el cual el Consejo Superior de la Judicatura expidió las reglas de la convocatoria pública para integrar las ternas de candidatos a magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial. Por lo anterior, lo que resulta incorrecto es que el demandante extrañe en el recurso de reposición, un pronunciamiento relativo a la nulidad de un acto cuya anulación no solicitó, más aún, cuando el medio de control que empleó es el previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, dirigido a establecer la legalidad de los actos de elección, nombramiento y/o llamamiento, que en este caso se circunscriben a la designación de los magistrados del Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Cuestión distinta es que el fundamento de tal pretensión constituya la presunta comisión de irregularidades con anterioridad a la elección,

verbigracia, en los actos de convocatoria. En este punto se recuerda, que la admisión de la demanda de la referencia tuvo lugar en consideración a que se persigue la anulación de la referida designación, asunto respecto del cual el medio de control idóneo es la nulidad electoral, en el que en estricto sentido no corresponde decidir si debe o no excluirse del ordenamiento jurídico el referido acuerdo. Por lo tanto, como el proceso de la referencia tuvo como génesis una demanda de nulidad contra el acto de elección de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, los pronunciamientos que se efectúen estarán dirigidos a determinar si tal designación debe permanecer o excluirse del ordenamiento jurídico, sin perjuicio desde luego, como en reiterada jurisprudencia lo ha expuesto esta Sección, que se estudie la legalidad de las actuaciones previas a la elección, pues pueden estar relacionadas con las razones por las Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 1 www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-28-000-2021-00006-00

Demandante: Ramiro Basili Colmenares Sayago Demandados: magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial cuales se estima ésta debe anularse. En suma, no resulta pertinente que el demandante solicite y exija en el asunto de la referencia, un pronunciamiento sobre la nulidad del mentado acuerdo, pues se insiste, tal no constituye la decisión definitiva y principal sobre la que gira la controversia. En ese orden también se

evidencia, que la parte actora en su recurso expone que el mentado acuerdo no debió establecer las pautas de la convocatoria que debía adelantar el Consejo Superior de la Judicatura para conformar 4 ternas destinadas a la elección de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pues a su juicio tal asunto es de reserva legal. Sobre este argumento, se estima por una parte, que es expuesto en la lógica de exigir un análisis sobre la petición de nulidad del Acuerdo No PCSJA20-11633 del 30 de septiembre de 2020, asunto que no es dable decidir a través del medio de control de nulidad electoral; y por otra, constituye una razón que tampoco fue expuesta o desarrollada en la demanda, ni siquiera, para relacionarla en cuanto a la validez de la elección acusada, como una irregularidad previa a ésta o para invocar la excepción de inconstitucionalidad o ilegalidad, por ende, constituye un cargo nuevo, que no se planteó como fundamento de la solicitud de suspensión provisional, y por consiguiente, respecto del cual la providencia controvertida no tenía que pronunciarse. (…). Ahora bien, sin perder de vista la finalidad del medio de control de nulidad electoral, se evidencia que el demandante en su recurso insiste en que la elección de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial fue contraria a los artículos 40, 29.1, 125.2 y 126.4 de la Constitución, porque no se permitió que accedieran a tales dignidades y en respeto del debido proceso, quienes mayor mérito demostraron para tal efecto, por el contrario, las designaciones se realizaron “a dedo” en virtud

de la discrecionalidad de los nominadores, lo cual fue propiciado porque las convocatorias respectivas (del presidente de La República y el Consejo Superior de la Judicatura) no establecieron de manera clara y precisa los factores cuantitativos y cualitativos para calificar a los participantes, admitirlos y/o excluirlos. En este punto se insiste, sin perjuicio de lo que pueda establecerse durante el curso de la actuación judicial, el fundamento normativo del demandante para exigir que la elección de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial debe estar precedida de un proceso netamente objetivo, en el que se proscriba cualquier margen de discrecionalidad, a la manera de un concurso de méritos, son los artículos 125-2 y 126-4 de la Constitución. COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL – No aplica el artículo 125 de la Constitución Política para la elección de magistrados / COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL – La norma especial que rige las elecciones no exige adelantar concurso de méritos sino convocatoria pública para la conformación de ternas / COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL – La elección de magistrados se rige por el artículo 257A de la Constitución Política El inciso segundo del artículo 125 superior indica, que la designación en virtud de concurso de méritos aplica para “los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley”, por lo que si dicho sistema está previsto en normas especiales, debe seguirse lo dispuesto en ellas, lo que forzosamente implica respecto de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que se aplique el artículo 257A de la Constitución, que no

contempló como condición celebración de un concurso de méritos, sino la existencia de convocatorias públicas (que es distinto) para la conformación de las ternas respectivas, de las cuales el Congreso de la República en Pleno dentro del margen de autonomía que le asiste, adopta la decisión electoral correspondiente. Por lo tanto, prima facie se tiene que el artículo 125.2 de la Carta Política no resulta pertinente para el caso de autos. (…). Se recuerda que la jurisprudencia de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 2 www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-28-000-2021-00006-00

Demandante: Ramiro Basili Colmenares Sayago Demandados: magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la Sección ha distinguido entre designación como resultado de un concurso de méritos, de la que estuvo precedida de una convocatoria pública, reconociendo válidamente frente a esta última un “grado de discrecionalidad con la que cuenta la Corporación Pública que elige”, el cual está ausente del concurso, “que es un proceso enteramente objetivo, cuyo resultado depende únicamente de los puntajes obtenidos por los aspirantes durante el desarrollo del mismo. Es decir, en el concurso público el ganador será el concursante mejor calificado durante todo el proceso, mientras que en la convocatoria pública, será el votado por la corporación correspondiente, del listado de aspirantes que hayan superado todo el proceso, sin que necesariamente sea el mejor puntuado en las etapas anteriores”.

Por lo tanto, a esta etapa del proceso no resulta dable que el demandante

reproche que las designaciones no se llevaron a cabo en virtud de un concurso de méritos, o que en las mismas no podía existir margen alguno de discrecionalidad, pues la norma especial que rige las elecciones no exige adelantar un concurso de méritos, sino una convocatoria pública para la conformación de las ternas, que luego serán puestas a disposición del Congreso en Pleno, reconociendo de esta manera, que en tales etapas (conformación de las ternas y elección propiamente dicha) existe un margen de discrecionalidad que el constituyente reconoció. (…). En cuanto al artículo 126.4 de la Constitución Política se reitera el criterio según el cual, la exigencia de convocatorias públicas reglamentada por la ley, respecto de la elección de servidores públicos a cargo de corporaciones públicas de elección popular, aplica para las designaciones que no se rigen por normas especiales, lo que no acontece en el caso de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, respecto de quienes el artículo 257 A ibidem exige que se adelante una convocatoria pública, pero (a) no para la elección, sino para una etapa previa, la conformación de las ternas, y además, (b) cuya regulación no está a cargo del legislador, por lo que se infiere que le corresponde a las autoridades convocantes. Por consiguiente, en escrito sentido la norma aplicable para la conformación de la anterior alta corte no es el artículo 126.4, sino el 257ª. (…). Es más, como lo anunció en su impugnación el demandante, el anterior criterio también ha sido aplicado en casos como el de autos, en los que se alega el

desconocimiento del artículo 126 constitucional, respecto de elecciones que se rigen por normas especiales, verbigracia, las correspondientes a los magistrados de la Corte Constitucional. (…). En todo caso, si lo que el demandante pretende es que la Sección replantee el criterio que ha desarrollado sobre la aplicación del artículo 126 Superior, respecto de designaciones que se rigen por normas especiales, pone sobre la mesa un asunto que debe ser analizado en la sentencia, luego de surtidas todas las etapas legalmente previstas, mas no al momento de decidir sobre la suspensión provisional del acto acusado, instante en el que se concluyó razonablemente de conformidad con la normatividad especial para las elecciones de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la jurisprudencia vigente de la Sección Quinta del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que no resultan aplicables los artículos 125.2 y 126.4 de la Carta Política en los términos expuestos en la demanda. COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL – No se evidencia el desconocimiento del principio de mérito en la convocatoria pública / COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL – No se acreditó que las listas de las ternas fueron compuestas por hojas de vida no cualificadas / COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL – No se desconoció el debido proceso ni el derecho de acceso a cargos públicos / RECURSO DE REPOSICIÓN – Se confirma el auto por medio del cual se negó la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto declarativo Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 3

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Demandante: Ramiro Basili Colmenares Sayago Demandados: magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

[E]n la providencia impugnada de forma clara se indicó, que el hecho de que la designación de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se rija por los artículos 125 y 126 de la Constitución, sino por el 257A superior, no conlleva a predicar que el principio del mérito no está presente en la conformación de las respectivas ternas, para lo cual prima facie se resaltó, que en la regulación de la convocatoria que llevó a cabo el Consejo Superior de la Judicatura y la desarrollada por el presidente de La República, se establecieron etapas con el fin de evaluar a los candidatos, para revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos y valorar su trayectoria profesional, tales como la recepción de observaciones ciudadanas sobre los aspirantes inscritos, la conformación de listas de preseleccionados y las entrevistas, todas ellas para propiciar espacios en los que se ponderen las calidades personales y labores de quienes aspiran a integrar una de las altas cortes del país, que una vez ternados también serán sujetos de escrutinio por el Congreso de la República, exigencias que están relacionadas con el principio del mérito. En ese orden, a partir de la regulación de tales convocatorias se consideró (sin perjuicio de lo que se defina en la sentencia) que no se evidencia el desconocimiento del criterio de mérito, respecto del cual no puede perderse de vista, que en tratándose de elecciones precedidas de convocatorias públicas no presenta el mismo desarrollo que tiene lugar en el

contexto de un concurso de méritos, por lo que no resulta pertinente exigir como lo hizo la parte demandante, que las designaciones cuestionadas hayan sido resultado de un trámite enteramente objetivo, desprovisto de cualquier grado de discrecionalidad, pues la existencia de ésta en principio caracteriza las designaciones con ocasión de convocatorias públicas, en las que los elegidos pueden ser aquellos que cumplieron todos los requisitos establecidos, aunque no hayan obtenido los puntajes más altos, desde luego, salvo que la convocatoria haya establecido tal condición, lo que no ocurrió en el caso de autos. Añádase a lo expuesto, que aunque el demandante sostiene que en la conformación de las ternas se desconoció el principio del mérito por cuanto los preseleccionados no son los aspirantes con el mayor puntaje y la mejor hoja de vida, en forma alguna acreditó tal circunstancia, esto es, no probó en esta etapa del proceso, que las listas de preseleccionados y en especial las ternas, fueron compuestas con personas con hojas de vidas no cualificadas, o que en las entrevistas no fueron los mejores ponderados, de allí que se haya concluido que no se advierte mérito suficiente para acceder a la solicitud de suspensión provisional, sin perjuicio del análisis que se realice la momento de dictar la sentencia, luego de surtida la etapa probatoria correspondiente. (…). Así las cosas, en esta etapa no se observa que las elecciones acusadas hayan sido producto del desconocimiento del procedimiento constitucionalmente establecido para la designación de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que no corresponde al que hace alusión el actor al citar los artículos 125.2 y 126-4 de la Constitución, ni

tampoco que el Consejo Superior de la Judicatura o la Presidencia de la República al seguir las pautas del artículo 257A de la Carta Política, hayan vulnerado el derecho de los ciudadanos de aspirar y acceder a tales cargos, conclusión a la que llegó la providencia impugnada y que no logró desvirtuarse a través de los argumentos desarrollados en el recurso de reposición por las razones hasta aquí expuestas. (…). Teniendo en cuenta los argumentos esbozados a lo largo del presente proveído, se impone confirmar la providencia del 27 de mayo de 2021, por medio de la cual la Sección Quinta de Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto declarativo de la designación cuestionada, al no advertir en esta etapa inicial del proceso, desconocimiento de las normas invocadas.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el estudio de legalidad de las actuaciones previas a la elección, consultar entre otras que se citan: Consejo de Estado, Sala de lo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 4 www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-28-000-2021-00006-00

Demandante: Ramiro Basili Colmenares Sayago Demandados: magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto del 20 de junio de 2019, M.P.

Rocío Araújo Oñate, radicación 11001-03-28-000-2019-00017-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto del 13 de

enero de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 11001-03-28-000-201900095-00. Respecto de la oportunidad para presentar motivos de disconformidad frente al acto acusado, ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 04 de marzo de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 76001-23-33-000-202000003-02); Corte Constitucional, sentencia C-437 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Sobre la distinción entre designación como resultado de un concurso de méritos, de la que estuvo precedida de una convocatoria pública, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 13 de junio de 2019, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación 11001-03-28-000-2018-00602-00. Sobre la conformación de una alta Corte de acuerdo con la norma especial, ver: Corte Constitucional, sentencia SU355 del 27 de agosto de 2020, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de mayo de 2021, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 11001-03-28-000-2021-00009-00.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO – 125 NUMERAL 2 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 126 NUMERAL 4 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 257 LITERAL A / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 139 /

LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 205 NUMERAL 2 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 242 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 277 / LEY 2080 DE 2021 –

ARTÍCULO 52

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-28-000-2021-00006-00

Actor: RAMIRO BASILI COLMENARES SAYAGO

Demandado: MAGISTRADOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA

JUDICIAL, PERÍODO 2021-2029

Referencia: NULIDAD ELECTORAL - Auto que decide reposición de la decisión de negar la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto enjuiciado – principio del mérito en concurso público y convocatorias públicas

AUTO QUE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA NEGATIVA DE MEDIDA CAUTELAR Procede la Sala a pronunciarse sobre el recurso de reposición propuesto por la parte demandante, contra el auto del 27 de mayo de 2021, por medio del cual la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 5 www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-28-000-2021-00006-00

Demandante: Ramiro Basili Colmenares Sayago Demandados: magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Sección Quinta de Consejo de Estado admitió la demanda contra la elección de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y negó la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto declarativo de la designación cuestionada.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. Mediante escrito del 21 de enero de 20211, el señor Ramiro Basili Colmenares Sayago, obrando en nombre propio, ejerció el medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, en el que solicitó la nulidad del acto de elección de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, proferido el 2 de diciembre de 2020. 1.2. Hechos y omisiones fundamento del medio de control

2. Relató que el presidente de la República, por mandato constitucional elaboró de forma discrecional las 3 ternas de candidatos que presentó ante el Congreso de la República para la elección de los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina

Judicial.

3. Señaló que las ternas elaboradas por la primera autoridad administrativa estaban conformadas por los siguientes integrantes:

Terna No. 1: Magda Victoria Acosta Walteros, John Jairo Morales Alzate, Cristian Eduardo Stapper Buitrago. Terna No. 2: Juan Carlos Granados Becerra, Gloria María Arias Arboleda, Nerio José Alvis Barranco. Terna No. 3: Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, Carolina del Pilar Gaitán Martínez, Orlando Aníbal Guerra de la Rosa.

4. Narró, que el Consejo Superior de la Judicatura para la misma Comisión,

elaboró 4 ternas precedidas de una convocatoria pública, seguida de actos discrecionales que concluyeron con la postulación de los candidatos ante el legislativo, así: Terna No. 1: Diana Marina Vélez Vásquez, Adriana Herrera Beltrán y Elka Venegas Ahumada. Terna No. 2: Alfonso Cajiao Cabrera, Adriana Cecilia Alarcón Gallego y Roque Luis Conrado Imitola. Terna No. 3: Carlos Arturo Ramírez Vásquez, Jhon Javier Jaramillo Zapata y Mónica Sánchez Medina. Terna No. 4: Julio Andrés Sampedro Arrubla, César Augusto Rengifo Cuello y Claudia Rocío Torres Barajas 1 Repartido el 25 de enero de 2021. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 6 www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-28-000-2021-00006-00

Demandante: Ramiro Basili Colmenares Sayago Demandados: magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

5. Manifestó que el órgano elector designó como magistrados a los señores: Magda Victoria Acosta Walteros, Juan Carlos Granados Becerra y Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo de las ternas del presidente de la República, y a Diana Marina Vélez Vásquez, Alfonso Cajiao Cabrera, Carlos Arturo Ramírez Vásquez y Julio Andrés Sampedro Arrubla de las ternas del Consejo Superior de la Judicatura. 1.3 Normas violadas y concepto de la violación

6. Adujo que las ternas elaboradas por el presidente de la República y el Consejo

Superior de la Judicatura, violaron ostensiblemente los artículos 29 inciso 1, 40.7, 125 inciso 2, 126 inciso 4, y 113 de la Carta Política, normas que resultan vulneradas en su contenido por las autoridades encargadas de la elaboración de cada una de éstas.

7. Mencionó que con los actos de designación existe una violación directa de la Constitución y la ley, dado que, con las ternas presentadas por el presidente de la República, se puede apreciar que su actitud como gobernante, niega la posibilidad a los ciudadanos de participar y acceder a los cargos públicos, toda vez que de forma discrecional escogió los candidatos aspirantes a los cargos de magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, procedimiento que borra del plano jurídico el derecho de participación democrática ciudadana, si se tiene en cuenta que el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política, establece el derecho fundamental de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, materializado en el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos.

8. Así mismo, indicó que se desconoció la norma constitucional mencionada con el trámite de elaboración de las 4 ternas que se surtió al interior del Consejo Superior de la Judicatura, donde el citado organismo hizo una convocatoria pública que denominó como “amarrada”, en la que concurrieron todas las personas interesadas, pero la selección de los integrantes quedó sujeta a la voluntad de los miembros de la Corporación, sin que se cumplan los criterios de méritos, que

deben aprobar los aspirantes por mandato del inciso 4 del artículo 126 de la Carta Política.

9. Señaló que el procedimiento de postulación directa realizado por el presidente de la República y el Consejo Superior de la Judicatura, para la posterior designación del Congreso de la República, desconocen la autonomía y la independencia que consagra el artículo 113 de la Carta Política, por cuanto alega que se elimina la separación de poderes y de funciones del órgano disciplinario al ser elegidos sus funcionarios por el Congreso.

10. Afirmó que se desconoce el inciso 2 del artículo 125 de la Carta, en tanto denotó que la norma estatuye que cuando no se determine el sistema de nombramiento de un cargo, éste se hará por concurso público. Por esta razón, para el actor, los empleos de magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al ser postulados por el presidente de la República y el Consejo Superior de la Judicatura, a través de ternas, y elegidos por el Congreso de la República,

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Demandante: Ramiro Basili Colmenares Sayago Demandados: magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conforme con el inciso 2 del artículo 257 A de la Carta Política, implica que el sistema de elección deberá sujetarse a las directrices señaladas en el ordenamiento constitucional, situación que descarta cualquier discrecionalidad en

la elaboración de las ternas y en la elección de los candidatos postulados.

11. Reiteró que el legislador derivado, consagró en el artículo 2 del Acto Legislativo 02 de 2015, lo siguiente: “Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección.”

12. Finalmente, concluyó que se desconoce el artículo 29 de la Constitución, pues la norma establece el deber de garantizar el debido proceso, lo que se traduce en el caso concreto en la proscripción de la discrecionalidad omnímoda de cualquier autoridad, obligación omitida por el ejecutivo y el Consejo Superior de la Judicatura en el proceso de elaboración de las ternas para la selección de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. 1.4. Solicitud de medida cautelar

13. En acápite separado, solicitó que se suspendan provisionalmente los efectos de las elecciones demandadas, bajo consideraciones similares a las expuestas en el escrito genitor. 1.5. Providencia impugnada – auto que admite la demanda y niega la solicitud de suspensión provisional

14. Mediante providencia del 27 de mayo de 2021 la Sección Quinta del Consejo de Estado, por un lado, admitió la demanda al considerar que cumple con todos los requisitos legalmente establecidos para su trámite y resolución, y de otro, negó la solicitud de suspensión provisional del acto de elección acusado, al no advertir

en la etapa inicial del proceso, infracción de las normas invocadas. Sobre este último aspecto, en síntesis consideró:

15. En cuanto al presunto desconocimiento del artículo 125 Superior, según el cual a juicio del demandante la elección de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial debe estar desprovista de cualquier margen de discrecionalidad, se precisó que el anterior precepto no resulta aplicable a la designación cuestionada, pues rige frente a los nombramientos respecto de los cuales la ley o la Constitución no hayan establecido un sistema especial, pero en el caso de los referidos magistrados los parámetros de su elección fueron previstos por el artículo 257 A superior.

16. Se destacó, que el artículo 257 A ídem, determinó expresamente el sistema de nombramiento de los magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial, así: “i) su conformación será de 7 Magistrados, ii) elegidos por el Congreso en Pleno, iii) las ternas deberán ser enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura a quien le corresponde la elaboración de 4 de ellas y 3 serán enviadas por el Presidente de la

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Demandante: Ramiro Basili Colmenares Sayago Demandados: magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial República, previa convocatoria pública reglada, v) tendrán períodos personales de ocho años y, vi) deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos para ser Magistrado de la

Corte Suprema de Justicia”.

17. Frente al desconocimiento del artículo 126 constitucional, debido a que no se contemplaron criterios de méritos en el trámite de elección y la vulneración del artículo 40.7 de la C.P por parte del presidente de la República y el Consejo Superior de la Judicatura, al escoger discrecionalmente a los integrantes de las ternas, de una parte se precisó, que la primera norma aplica ante la ausencia de reglas especiales para la elección de servidores públicos, lo cual no ocurre en el caso de autos, en tanto la designación de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial está regida por el artículo 257 A Superior, que establece el desarrollo de convocatorias públ