CE-SECCIÓN QUINTA-20001-23-33-000-2020-00033-01_20211021

Radicado: 20001-23-33-000-2020-00033-01

Demandante: Baldomero Ascanio Rosado Quintero SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA / ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA – Presupuestos de procedencia / ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA – Rechazada por extemporánea / SOLICITUD DE ACLARACIÓN DEL AUTO – Se niega Si bien el artículo 290 [del CPACA] establece la posibilidad de requerir la aclaración de la sentencia que se profiere en el trámite de un proceso de nulidad electoral y señala la oportunidad para ello, lo cierto es que no establece los presupuestos necesarios para su estudio, por lo que resulta forzoso acudir al ordenamiento procesal general. (…). Pues bien, el Código General del Proceso en su artículo 285 regula el tema de la aclaración de providencias. (…). Según el precepto (…) la aclaración sólo es permitida para disipar conceptos o enmendar frases que ofrezcan verdaderas dudas, siempre que integren la parte resolutiva o influyan directamente en ella, sin que esto signifique que el juez pueda reformar o revocar la providencia o que la solicitud de aclaración constituya una oportunidad procesal para que las partes reclamen una evaluación diferente del caudal probatorio o una posición hermenéutica jurídico-normativa diferente. Los presupuestos de fondo para su procedencia son: (i) Que la providencia contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda. (ii) Que aparezcan en la parte resolutiva de la sentencia; (iii) O que influyan en el sentido de esta. Sobre

los conceptos o frases respecto de los que procede la aclaración, la jurisprudencia de la corporación ha considerado que corresponden a aquellos “provenientes de la redacción ininteligible, del alcance de un concepto o de una frase, en concordancia con la parte resolutiva del fallo, pues so pretexto de una aclaración no se puede pretender la alteración o modificación de la decisión. (…). En esa medida se excluyen, entonces, las dudas que las partes aleguen acerca de la oportunidad, veracidad o legalidad de las afirmaciones del sentenciador. (…). [E]ncuentra la Sala que, en la providencia objeto de aclaración se advirtió que, de acuerdo con el precedente de unificación del 26 de mayo de 2016, rad. 201500029-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, corresponde al juez electoral, ante la ausencia de norma que los establezca, fijar los efectos de sus decisiones anulatorias. En esa oportunidad se refirió a los casos de expedición irregular del acto y desde entonces, en tales eventos, la Sección Quinta ha indicado en sus fallos la etapa a partir de la cual la selección objetiva debe ser retrotraída y vuelta a rehacer, decisión que constituye la materialización de la aplicación de los efectos modulados del fallo. Con todo, se destacó que ello no siempre es así, pues el juez de la nulidad electoral, al igual que todo operador que conoce sobre la legalidad del acto administrativo o del acto electoral, tiene la potestad de modular los efectos de las sentencias, sin que ello sea contrario a normativa superior o a los principios que deben acompañar a la administración de justicia. (…). En el asunto

bajo estudio, se insiste, se pudo concluir que la anulación tuvo lugar por una causal de tipo subjetivo, en tanto que la demandada no cumplió con uno de los requisitos de la convocatoria (artículo 275.5 de la Ley 1437 de 2011), y en consecuencia, los efectos de la sentencia del 9 de septiembre de 2021 debían ser hacia el futuro -ex nunc-. (…). No encuentra entonces la Sala un verdadero motivo de duda que sea susceptible de aclararse, en tanto que, se insiste, la providencia del 30 de septiembre de 2021 fue diáfana al señalar que el juez de la nulidad electoral, al igual que todo operador que conoce sobre la legalidad del acto administrativo o del acto electoral, tiene la potestad de modular los efectos de las sentencias, sin que ello sea contrario a la normativa superior o a los principios que deben acompañar a la administración de justicia.

NOTA DE RELATORÍA: La presente providencia cuenta con aclaración de voto presentada por la Magistrada Rocío Araújo Oñate. En cuanto a que so pretexto de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia Radicado: 20001-23-33-000-2020-00033-01

Demandante: Baldomero Ascanio Rosado Quintero una aclaración, no se puede pretender la alteración o modificación de la decisión, consultar: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 10, providencia de 13 de octubre de 2020, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, exp. 11001-03-15-0002013-02008-00(RER). Sobre los efectos de la declaratoria de nulidad por causales

subjetivas, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 7 de julio de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 76001-23-33-000-2015-0148701. Sobre los efectos ex nunc tratándose de reparos de tipo subjetivo, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 7 de junio de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 11001-03-28-000-2015-00051-00. Sobre el mismo tema, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 29 de julio de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, radicación 44001-23-40-000-201900175-02.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 275 NUMERAL 5 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 290 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 306 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 285

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 20001-23-33-000-2020-00033-01

Actor: BALDOMERO ASCANIO ROSADO QUINTERO

Demandado: MARY FLOR TEHERÁN PUELLO - CONTRALORA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR Referencia: NULIDAD ELECTORAL - Término para solicitar aclaración de la

sentencia.

AUTO – RESUELVE SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE SENTENCIA Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la solicitud del apoderado de la demandada mediante la cual se requiere la aclaración de: i) la sentencia del 9 de septiembre de 2021 proferida por la Sección Quinta de esta Corporación, que revocó la providencia del 17 de junio de 2021 y en su lugar, se declaró la nulidad del acto de elección de la señora Mary Flor Teherán Puello como contralora de Valledupar para el periodo 2020-2021, contenido en el acta de sesión ordinaria 007 del 8 de enero de 2020 del Concejo municipal de Valledupar y ii) la providencia del 30 de septiembre de 2021 que adicionó el fallo en comento. 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia Radicado: 20001-23-33-000-2020-00033-01

Demandante: Baldomero Ascanio Rosado Quintero

ANTECEDENTES

1. La demanda El señor Baldomero Ascanio Rosado Quintero, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral solicitó que se declare nulo el acto de elección de la señora Mary Flor Teherán Puello, contralora de Valledupar para el periodo 2020-2021 efectuada por el Concejo municipal de dicha ciudad mediante acta de sesión ordinaria 007 del 8 de enero de 2020.

En la demanda se elevaron puntualmente las siguientes pretensiones: “Se declare la nulidad del acto administrativo por medio del cual el Concejo del

Municipio de Valledupar eligió a MARY FLOR TEHERAN PUELLO como contralora de este municipio para el periodo 2020-2021, acto contenido en el Acta (sic) de sesión número 007 del 08 de Enero (sic) de 2020. Lo anterior, luego de que, en virtud de lo autorizado en el artículo 148 del C.P.A.C.A, se inaplique en el caso concreto la elección de MARY FLOR TEHERAN PUELLO como Contralora del Municipio de Valledupar para el periodo 2020 a 2021, contenida en la Resolución 007 del 08 de enero de 2020 del Concejo del Municipio de Valledupar (prueba aportada #3), por no reunir el requisito contemplado en el artículo 9 numeral 5 de la resolución 051 del 29 de noviembre de 2019 “POR LA CUAL SE DA APERTURA A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, PARA EL PERIODO DE DOS AÑOS ESTABLECIDOS EN EL PARÁGRAFO TRANSITORIO 1 DEL ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2019 – ENERO 2020DICIEMBRE 2021” en el que exige haber ejercido funciones públicas por un periodo no inferior a dos (2) años”. Como fundamento, el actor sostuvo que en la elección de la demandada no se tuvo en cuenta el requisito exigido en el artículo 9 de la Resolución 051 del 29 de noviembre de 2019, expedida por el Concejo Municipal de Valledupar, por medio de la cual se dio apertura a la convocatoria pública para la elección del contralor para el período 2020 - 2021, esto es, haber ejercido funciones

públicas por un período no inferior a dos (2) años. Argumentó que la señora Mary Flor Teherán Puello participó en la convocatoria de elección de contralor de Valledupar, aportando certificaciones que corresponden en su mayoría a contratos de prestación de servicios profesionales; sin embargo, ninguna de las actividades desarrolladas comporta el ejercicio de función pública, toda vez que de las mismas no se desprende la asunción o prerrogativas propias del poder estatal. Es decir, no se trata de cesionario o administrador delegado, o que se le haya encomendado la prestación de un servicio a cargo del Estado, o el recaudado de caudales o el manejo de bienes. Por tanto, afirmó, las actividades de “proyectar actos administrativos”, no son función pública.

2. La decisión de primera instancia

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia Radicado: 20001-23-33-000-2020-00033-01

Demandante: Baldomero Ascanio Rosado Quintero El Tribunal Administrativo del Cesar mediante proveído del 17 de junio de 2021 denegó las pretensiones de la demanda al encontrar que la demandada sí cumplió el requisito exigido en la convocatoria, toda vez que, desde el punto de vista material, aun cuando la elegida acreditó el ejercicio de la función pública a través de diversos contratos de prestación de servicios, era posible advertir que las funciones desempeñadas, al menos para la E.S.E. La Divina Misericordia de Magangué – Bolívar, correspondían a actividades propias de la entidad para alcanzar sus metas, fines y objetivos, en ausencia de personal de planta.

En ese orden, destacó de dichas funciones: la elaboración de estudios jurídicos, dar visto bueno a los actos administrativos emitidos por la gerencia, proyección de actos administrativos y revisión de evaluaciones en los procesos contractuales, etc. Sobre el particular, sustentó que aquellas labores le corresponderían indistintamente a un jefe de oficina jurídica de cualquier entidad; sin embargo, las desarrolló la señora Mary Flor Teherán Puello a través de la modalidad de contratos de prestación de servicios, en ausencia de personal de planta, como lo certifica la entidad estatal, motivo por el cual, concluyó que sí se había acreditado el requisito en comento.

3. La decisión de segunda instancia La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante fallo del 9 de septiembre de 2021 desató el recurso de apelación presentado por el demandante en el sentido de revocar la providencia de primera instancia, para en su lugar, declarar la nulidad del acto de elección de la demandada como contralora municipal de

Valledupar. Como sustento de esa decisión la Sala sostuvo que no es posible derivar la consecuencia que precisó el Tribunal de primer grado, al advertir que las labores desarrolladas por la demandada en la E.S.E. La Divina Misericordia corresponden indistintamente a un jefe de oficina jurídica de cualquier entidad porque: i) la naturaleza del contrato de prestación de servicios no atiende al ejercicio de función pública y ii) de ser así, y se advirtiera la desnaturalización del contrato estatal, no le corresponde al juez electoral determinar si las funciones realizadas por la demandada en la E.S.E constituyen un abuso de dicha figura, sino

establecer si las labores ejercidas por la señora Teherán Puello cumplen con el requisito exigido para el cargo por el cual resultó electa y, lo cierto es que, conforme a la regulación legal y jurisprudencial, la vinculación de la demandada con dicha empresa social del Estado, se insiste, no le otorga ni la calidad de servidora pública ni tampoco la inviste como un particular en ejercicio de funciones públicas. Se precisó que, en gracia de discusión, aun cuando esta Sala Electoral acudiera a un “criterio material” como lo sustentó el a quo, las labores acreditadas por la demandada en el proceso de selección y que el Tribunal tuvo en cuenta para demostrar el pluricitado requisito, tampoco evidencian el ejercicio de función pública, en tanto que ésta se manifiesta como la exteriorización de potestades 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia Radicado: 20001-23-33-000-2020-00033-01

Demandante: Baldomero Ascanio Rosado Quintero inherentes al Estado, como por ejemplo la expedición de actos unilaterales que resuelven situaciones que afectan a terceros o la imposición coercitiva de una decisión a un tercero, y, en general, el ejercicio de autoridad inherente del Estado1.

Sin embargo, de las actividades referidas no es posible predicar ninguna de esas facultades. Nótese que de aquellas solo se desprenden labores como asesorar, asistir, dar el “visto bueno”, apoyar y realizar estudios jurídicos, labores que naturalmente pueden atender a la finalidad del contrato de prestación de servicios

profesionales, que requieren de conocimientos especializados del derecho.

4. Las solicitudes de adición El apoderado de la parte demandada requirió la adición de la sentencia de 9 de septiembre de 2021 en los siguientes términos: “2. Que en la parte resolutiva antes señalada este despacho olvidó MODULAR LOS EFECTOS DE LA SETENCIA. Por tratarse de una sentencia emitida en un proceso de Nulidad Electoral que a la luz del artículo 237 parágrafo de la Constitución Política es una acción constitucional, y por tanto el fallador debió modular los efectos de la misma.

3. Que en consecuencia omitió el fallador indicar si la sentencia que anuló la elección de la Contralora Municipal de Valledupar – Cesar, tiene efectos EX – NUNC, es decir, desde ahora o EX - TUNC desde siempre, como quiera que se hace necesario que dicha sentencia indique los efectos pasados, presentes y futuros de la misma y ello decide si las actuaciones adelantadas por la funcionaria tienen o no validez, si la misma puede ser reelegida en el cargo o lo más interesante que si la demandada de acuerdo a los efectos de dicha sentencia pueda ocupar un cargo en otra entidad municipal o departamental sin que se encuentre o no inhabilitada.

4. Que los efectos ex – nunc O EX – TUNC de la sentencia, son los únicos que definen el futuro de la demandada para ocupar otros cargos y marcan el tiempo de la inhabilidad, teniendo en cuenta que el periodo constitucional de dos (2) años para el que fue elegida es interrumpido por la sentencia, además que se hace necesario precisar si es posible contabilizar la experiencia adquirida en el cargo

para ocupar futuros cargos y acreditarla efectivamente”. En consecuencia, pidió que esta Sala de Decisión se pronuncie sobre el particular. Por su parte, el señor Jhon Jairo Díaz Carpio -impugnador reconocido en el procesomediante memorial allegado a la Secretaría de la Sección Quinta el 29 de septiembre de 2021, indicó que “coadyuvaba” la petición de adición de la parte demandada. Sostuvo que la Sección Quinta en sentencia de unificación2, determinó que le corresponde al juez fijar los efectos de la sentencia que declara la nulidad de un 1 Concepto 402041 del 27 de diciembre de 2010 del Departamento Administrativo de la Función Pública. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Providencia del 26 de mayo de

2016. Expediente 2015-00029-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia Radicado: 20001-23-33-000-2020-00033-01

Demandante: Baldomero Ascanio Rosado Quintero acto sometido a control. Sin embargo, en la sentencia objeto de solicitud nada se dijo sobre los efectos de la nulidad del acto de elección de la demandada como contralora de Valledupar.

Agregó que “cuando la demanda prospere por una causal objetiva, el proceso de elección se mantendrá vigente desde el momento de la irregularidad respectiva, en el evento en que ello sea física y jurídicamente viable, en tanto, cuando la causal que da al traste con el nombramiento o la designación es de carácter subjetivo (calidades del

elegido o violación del régimen de inhabilidades o incompatibilidades), todo el de (sic) elección es nulo”.

5. La providencia que adicionó la sentencia del 9 de septiembre de 2021.

Mediante providencia del 30 de septiembre de 2021, la Sala consideró que, dado que en este evento la anulación de la elección de la contralora municipal de Valledupar tuvo lugar por una causal de tipo subjetivo, en tanto que la señora Teherán Puello no cumplió con uno de los requisitos de la convocatoria (artículo 275.5 de la Ley 1437 de 2011), los efectos de la sentencia del 9 de septiembre de 2021 deben ser hacia el futuro -ex nunc-. De manera que, se adicionó el referido fallo en el sentido de que, para todos los supuestos legales, la demandada ostentó la calidad de contralora de Valledupar, desde su posesión en tal dignidad y la mantendrá hasta la ejecutoria de la sentencia. No obstante, se advirtió que no se pronunciaría respecto a si: i) la señora Teherán Puello puede ser reelegida en el cargo, ii) se puede predicar alguna inhabilidad durante el término que ejerció tal dignidad para efectos de desempeñarse en otra entidad municipal o departamental o iii) si ese periodo puede contar como experiencia, pues tales aspectos señalados por la solicitante, escapan de la institución de la adición, comoquiera que ninguno de estos debía ser objeto de pronunciamiento de la Sala en la sentencia, pues no hacen parte de los extremos de la litis en este asunto.

6. La solicitud de aclaración Mediante memorial del 5 de octubre de 2021, el apoderado de la demandada

solicitó que se aclarara la sentencia del 9 de septiembre de 2021, adicionada mediante providencia del 30 de septiembre siguiente. Sostuvo que la causal y razón de nulidad de acto administrativo demandado es que la señora Teherán Puello no cumplía con el requisito establecido en el artículo 68 de la Ley 42 de 1993, consistente en “haber ejercido funciones públicas por un período no inferior a dos años”. Expuso que el hecho de haber precisado esta Sección en la providencia que se solicita la aclaración, el argumento según el cual, a través del contrato de prestación de servicios no pueden desempeñarse funciones públicas de “carácter permanente”, genera una duda sobre el concepto plateado en este acápite del fallo, en el entendido que la norma que contempla el requisito - que según esta sección no fue cumplidono exige un aspecto temporal, esto es, no se refiere a si 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia Radicado: 20001-23-33-000-2020-00033-01

Demandante: Baldomero Ascanio Rosado Quintero las funciones deben ser de carácter permanente o temporal, distinción que sí se hace en el argumento señalado, lo que genera dudas en cuanto a la estructuración típica de la norma que se considera violada y su consecuencia jurídica asignada en el fallo.

Anotó que, de otro lado, en el medio de control electoral, el Consejo de Estado no ha sido claro y para algunos fallos, los efectos son ex nunc y en otros ex tunc, lo

cual genera inseguridad jurídica y afecta los derechos de los usuarios de la administración de justicia, especialmente en esta clase de acciones, como quiera que el derecho a elegir y ser elegido a ocupar cargos públicos, se ve limitado frente a los efectos de la sentencia en uno y otro sentido. Argumentó que, en ese orden de ideas, resulta necesario que se precise y aclare la divergencia de criterio, determinante para el futuro profesional de la demandada, comoquiera que viene de ejercer un cargo que implica control fiscal y los efectos ex nunc que fueron adicionados en la providencia del 30 de septiembre de 2021, son distintos a los efectos ex tunc que la Sala Plena de esta corporación le asignó al proceso electoral contra Guido Echeverri Piedrahita como gobernador de Caldas. Solicitó que se aclare la sentencia de fecha 9 de septiembre de 2021 y el auto que adiciona la misma de fecha 30 de septiembre de 2021, en los términos y para los efectos antes señalados.

CONSIDERACIONES

1. Competencia La Sección es competente para conocer la solicitud de aclaración de la sentencia del 9 de septiembre de 2021, adicionada mediante providencia del 30 de septiembre de 2021, de conformidad con el artículo 290 del CPACA en concordancia con el artículo 285 del Código General del Proceso. Comoquiera que en este asunto se requiere un pronunciamiento sobre unas providencias que fueron dictadas por la Sala, la competencia para resolver tales requerimientos le competen igualmente a todos los integrantes de la Sección.

2. Oportunidad El instituto de la aclaración de sentencias para efectos del medio de control de nulidad electoral quedó consagrado en el CPACA, en el artículo 290, cuya

literalidad dispone: “Artículo 290. Aclaración de la sentencia. Hasta los dos (2) días siguientes a aquel en el cual quede notificada, podrán las partes o el Ministerio Público pedir que la sentencia se aclare. La aclaración se hará por medio de auto que se notificará por estado al día siguiente de dictado y contra él no será admisible recurso alguno. En la misma forma se procederá cuando la aclaración sea denegada”. 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia Radicado: 20001-23-33-000-2020-00033-01

Demandante: Baldomero Ascanio Rosado Quintero Como se lee, la aclaración de sentencia procederá a petición de parte o del Ministerio Público, dentro de los dos (2) días siguientes a aquel en que quede notificada la providencia.

En este caso, el fallo fue notificado el 10 de septiembre de 2021 y la solicitud de aclaración presentada por la demandada se radicó el 5 de octubre de 2021, por lo cual la misma resulta extemporánea. No sucede lo mismo con la solicitud de aclaración de la providencia del 30 de septiembre mediante la cual se adicionó el fallo del 9 de septiembre de 2021, la cual fue notificada el 1° de octubre de 2021, mientras que el memorial se radicó el 5 de octubre siguiente, razón por la cual se entiende presentada dentro de la oportunidad legal correspondiente. En ese orden de ideas, el estudio se concentrará únicamente respecto de la

aclaración de los efectos del fallo que declaró la nulidad de la elección de la demandada, pues, se insiste, respecto a la “duda sobre el concepto plateado en este acápite del fallo, en el entendido que la norma que contempla el requisito - que según esta sección no fue cumplidono exige un aspecto temporal, esto es, no se refiere a si las funciones deben ser de carácter permanente o temporal, distinción que sí se hace en el argumento señalado, lo que genera dudas en cuanto a la estructuración típica de la norma que se considera violada y su consecuencia jurídica asignada en el fallo”, la solicitud resulta extemporánea, comoquiera que debió presentarla junto con la petición de adición inicial, allegada mediante memorial del 14 de septiembre de 2021. Sin embargo no lo hizo, pues en dicho escrito se limitó a señalar que debía adicionarse la providencia del 9 de septiembre de 2021 en consideración a los efectos de la declaratoria de nulidad de la elección de la señora Mary Flor Teherán Puello, esto es, si debían ser ex tunc o ex nunc. Nada precisó sobre algún motivo de duda sobre el análisis efectuado para declarar dicha nulidad. En ese orden de ideas, la única solicitud de aclaración que resulta oportuna en este caso, es aquella que se refiere a la necesidad de precisar “la divergencia de criterio, determinante para el futuro profesional de la demandada, comoquiera que viene de ejercer un cargo que implica control fiscal y los efectos ex nunc que fueron adicionados en la providencia del 30 de septiembre de 2021, son distintos a los efectos ex tunc que la

Sala Plena de esta corporación le asignó al proceso electoral contra Guido Echeverri Piedrahita como gobernador de Caldas”, toda vez que esta sí se refiere a los puntos que fueron objeto de análisis en la providencia del 30 de septiembre de 2021, mediante la cual se adicionó la sentencia del 9 de septiembre de 2021.

4. De los presupuestos de las solicitudes de aclaración Si bien el artículo 290 establece la posibilidad de requerir la aclaración de la sentencia que se profiere en el trámite de un proceso de nulidad electoral y señala la oportunidad para ello, lo cierto es que no establece los presupuestos necesarios para su estudio, por lo que resulta forzoso acudir al ordenamiento procesal general, por remisión del artículo 296 que dispone que, “en lo no regulado en este

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia Radicado: 20001-23-33-000-2020-00033-01

Demandante: Baldomero Ascanio Rosado Quintero título se aplicarán las disposiciones del proceso ordinario en tanto sean compatibles con la naturaleza del proceso electoral”, en armonía con el artículo 306 ibídem que consagra “en los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil -hoy CGP3en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

Pues bien, el Código General del Proceso en su artículo 285 regula el tema de la aclaración de providencias, en los siguientes términos: “La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin

embargo, podrá ser aclarada de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia. La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración” (negrillas y subrayas fuera de texto). Según el precepto transcrito, la aclaración sólo es permitida para disipar conceptos o enmendar frases que ofrezcan verdaderas dudas, siempre que integren la parte resolutiva o influyan directamente en ella, sin que esto signifique que el juez pueda reformar o revocar la providencia o que la solicitud de aclaración constituya una oportunidad procesal para que las partes reclamen una evaluación diferente del caudal probatorio o una posición hermenéutica jurídico-normativa diferente. Los presupuestos de fondo para su procedencia son:  Que la providencia contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda  Que aparezcan en la parte resolutiva de la sentencia  O que influyan en el sentido de esta. Sobre los conceptos o frases respecto de los que procede la aclaración, la jurisprudencia de la corporación ha considerado que corresponden a aquellos

“provenientes de la redacción ininteligible, del alcance de un concepto o de una frase, en concordancia con la parte resolutiva del fallo, pues so pretexto de 3 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 25 de junio de 2014. Exp. 20120039501 (IJ).

Demandante: Cafesalud E.P.S. S.A. Demandado: Nación - Ministerio de Salud y de la Protección Social. En este auto se aplicó el CGP y se analizó su entrada en vigencia. Decisión no compartida por las Consejeras Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y Susana Buitrago Valencia, según razones que constan en los salvamentos de voto que acompañan a la providencia, pues consideraron que la norma que regía el caso era el CPC, en tanto el recurso de apelación se presentó antes del 1º de enero de 2014 (fecha en que entró a regir el CGP, art. 267).

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia Radicado: 20001-23-33-000-2020-00033-01

Demandante: Baldomero Ascanio Rosado Quintero una aclaración no se puede pretender la alteración o modificación de la decisión4.

Ello converge con lo sostenido por la doctrina al estimar que “[p]ara que pueda aclararse una sentencia es menester que en la parte resolutiva de ella se encuentren conceptos que se presten a interpretaciones diversas o que generen incertidumbre5”. En esa medida se excluyen, entonces, las dudas que las partes aleguen acerca de

la oportunidad, veracidad o legalidad de las afirmaciones del sentenciador.

4. Caso concreto Según se tiene, la parte pasiva en este asunto considera necesaria la aclaración de la providencia del 30 de septiembre de 2021 mediante la cual se adicionó la sentencia del 9 de septiembre de 2021, en el sentido de precisar que los efectos de la nulidad del acto de elección de la señora Mary Flor Teherán Puello como contralora de Valledupar, serán ex nunc o hacia el futuro.

Ello por cuanto, a juicio de la peticionaria, no es claro el criterio para la definición de los efectos de la nulidad electoral, en tanto que, en el caso del gobernador de Caldas, la Sala Plena de esta Corporación consideró que los efectos debían ser ex tunc. En esa medida, sostuvo que resultaba necesario precisar los criterios que tiene en cuenta el juez para ello, sobre todo en este tipo de medios de control en los que se compromete el derecho a elegir y ser elegido. Sobre el particular, encuentra la Sala que, en la providencia objeto de aclaración se advirtió que, de acuerdo con el precedente de unificación del 26 de mayo de 2016, rad. 2015-00029-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, corresponde al juez electoral, ante la ausencia de norma que los establezca, fijar los efectos de sus decisiones anulatorias. En esa oportunidad se refirió a los casos de expedición irregular del acto y desde entonces, en tales eventos, la Sección Quinta ha indicado en sus fallos la etapa a partir de la cual la selección objetiva debe ser retrotraída y vuelta a rehacer, dec