CE-SECCIÓN QUINTA-41001-23-33-000-2019-00536-02_20210416

Radicado: 41001-23-33-000-2019-00536-02

Demandado: RODRIGO AMAYA CULMA Diputado del Departamento del Huila RECURSO DE QUEJA – Contra auto que no repuso decisión y rechazó apelación contra auto que ordenó correr traslado para alegar de conclusión / RECURSO DE QUEJA – Alcance y finalidad / RECURSO DE QUEJA – Aspectos a examinar por el juez de la queja / RECURSO DE QUEJA – Trámite Conforme al artículo 245 del CPACA, modificado por el artículo 65 de la Ley 2080 de 2021, el recurso de queja procede ante el superior. (…). Pues bien, ha de aclararse que la decisión que permite la interposición del recurso de queja en realidad no es la denegatoria del recurso sino la denegatoria de la concesión, por cuanto el primero supone un pronunciamiento de fondo con todo el alcance y connotaciones que ello conlleva procesalmente. Lo que provee el juez de la queja es o la procedencia del recurso de apelación o extraordinarios, o la corrección de su efecto, en el caso de la apelación. Tal consideración encuentra soporte en el propósito del recurso de queja y es que si el superior, estima que fue indebida la “denegación” – léase la no concesión – o se erró en el efecto en que debió concederse la apelación, procede a admitir el recurso y/o a determinar el efecto y comunica su decisión al inferior. Y en un aspecto histórico, pues no en vano por años se le nominó “recurso de hecho” para diferenciarlo de la decisión de

“derecho” que implicaba abordar el fondo de lo recurrido. Lo cierto es que el juez de la queja limita su análisis al estudio de si el recurso no concedido (apelación o extraordinarios) era procedente o no, a partir de: (i) la oportunidad para recurrir; (ii) la legitimación del recurrente; (iii) los requisitos legales como la carga de sustentar ante el inferior, en el caso de la apelación y; (iv) verificar el efecto en que se concedió la apelación frente al que le corresponde por ley procesal. Así las cosas, luego de esa decisión de estimar mal denegado en su concesión es que el superior solicita al a quo la remisión de las piezas procesales requeridas para decidir el recurso subyacente a la queja y analizar la materia de fondo. Si considera bien denegado del recurso, entonces, devuelve a la primera instancia la actuación para que la integre al expediente de la causa. RECURSO DE QUEJA – Régimen aplicable / RECURSO DE APELACIÓN – Providencias contra las que procede / RECURSO DE APELACIÓN – No se negó el decreto de la prueba dado que ya había sido recaudada / RECURSO DE QUEJA – Se estima que estuvo bien denegada la no concesión del recurso de apelación Para decidir el recurso de queja que ocupa la atención del Despacho, se debe tener en cuenta el recurso subyacente, es decir, la apelación contra el auto que corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones finales con el fin de emitir sentencia de carácter anticipado, siendo el tema medular de ese recurso que el memorialista considera que el juez de primera instancia no se había

pronunciado sobre la totalidad de las pruebas, por lo que no podía omitir o pretermitir el recaudo probatorio aupado en la necesidad de dictar sentencia anticipada. (…). [D]ebe recordarse que el 25 de enero de 2021, el Congreso de la República expidió la Ley 2080. (…). Esta disposición normativa realizó una serie de modificaciones sustanciales en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, precisando que su entrada en vigor tendría efectos inmediatos o diferidos dependiendo del asunto a revisarse. (…). [P]ara efectos de enfoque al thema decidendum de la queja, se tiene que el auto que corrió traslado para alegar de conclusión, se profirió el 13 de noviembre de 2021, tanto así que la decisión se sustenta en el Decreto Legislativo 806 de 2020 dictado en desarrollo del Estado de excepción por la pandemia Covid-19 y el recurso de apelación fue interpuesto el 19 de noviembre siguiente, por tanto, el Despacho hace claridad en que las reglas aplicables corresponden a la Ley 1437 de 2011 (CPACA) en su texto original, es decir sin la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021, porque era la norma Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

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vigente en aquel momento, por lo que, no es posible aplicar lo reglado en la ley modificatoria como lo solicitó la parte quejosa. (…). [S]e aborda en segundo lugar, el tema de la procedencia del recurso, ya que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 243 del CPACA que enumera los autos de naturaleza apelable, es en este dispositivo que se distingue su procedencia dependiendo de si el auto objeto del recurso fue proferido por un juzgado (juez unipersonal) o por un tribunal, (colegiatura). En este orden, esta Sala ha reiterado que, si se trata de una decisión proferida por un tribunal, solo son pasibles del recurso de apelación los autos señalados en los numerales 1, 2, 3 y 4 de la norma ibídem a saber: i) el que rechaza la demanda; ii) el que decreta una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato; iii) el que ponga fin al proceso y iv) el que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, en este último caso, solo podrá ser interpuesto por el ministerio público. (…). [E]ste recurso solo es procedente frente a los autos expresamente señalados en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 o en cualquier otra norma de dicho código que así lo contemple, estando proscrito acudir, por vía de integración normativa, al Código General del Proceso para ampliar el espectro de las providencias con naturaleza apelable. Por lo tanto, se concluye que el auto que deniega el decreto o práctica de una prueba no es de aquellos, pasibles de impugnación por vía del recurso de alzada, cuando

lo profiere un tribunal administrativo en primera instancia. Ahora bien, esta Corporación se ha pronunciado sobre la improcedencia del recurso de apelación contra el auto que niega el decreto o práctica de pruebas a través de sus diferentes secciones y en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, atendiendo el mismo criterio consignado en el artículo 243 del CPACA. (…). En consonancia con lo anterior, siempre que los jueces colegiados que pertenecen a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo profieran alguna de las providencias relacionadas en los numerales 5 al 9 del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, no resulta procedente el recurso de apelación, lo que de suyo conllevaría a que la queja no resulte de recibo al encontrarse bien denegado el recurso, por cuanto la decisión no es de aquellas apelables, conforme a la legislación procesal que le es aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, el Despacho considera a título ilustrativo, que resulta pertinente auscultar si el auto del 13 de noviembre de 2020, realmente dejó de recaudar alguna prueba como lo sostiene el demandado en su escrito de queja. Se tiene entonces que el Tribunal de primera instancia en el auto en cita de 13 de noviembre de 2020, señaló que el demandado solicitó se oficiara a la RNEC para que allegara los formularios E-14 y E-26 de la elección de diputados a la Asamblea Departamental del Huila, sin embargo, el a quo consideró que el decreto de dicha prueba no era necesario, pues mediante memorial del 28 de febrero de 2020, la RNEC aportó los antecedentes de la elección del señor

RODRIGO AMAYA CULMA, por lo que, la información ya reposaba en el expediente. Así que, el juez de primera instancia, en estricto sentido, no negó el decreto de la prueba, sino que consideró que al estar ya recaudada la documentación electoral requerida dentro del acervo probatorio no sería necesario volver a solicitarlo, por lo que, procedimentalmente hablando, la prueba se hacía innecesaria y le llevó a rechazar de plano dicha solicitud al ser notoriamente inconducente y manifiestamente inútil. Respecto a los anexos que el quejoso dice que no tuvieron como prueba, el despacho encuentra que en el auto del 14 de enero de 2021 el a quo adicionó la providencia del 13 de noviembre en el sentido de que aquellos adosados por las partes se tuvieran como prueba. (…). [El] argumento de la censura del recurso no corresponde a la realidad procesal observada por esta Magistratura y, en tal sentido, carece de vocación para prosperar, pues no se omitió su incorporación al proceso y, menos, se negó por el a quo el reconocimiento o decreto de los (…) anexos como pruebas, al contrario, los mismos fueron incorporados al acervo probatorio y puestos en conocimiento de las partes. Por contera, se advierte que las consideraciones que tuvo el operador a Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

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quo atinente a que no había pruebas pendientes por practicar, fue por la que dio cumplimiento al numeral 1º del artículo 13 del Decreto 806 de 2020 y corrió traslado para alegar, sin que se advierta por este Despacho disconformidad procesal alguna. Así las cosas, como el auto dictado por el juez a quo el 13 de noviembre de 2020 no rechazó la demanda o su reforma, mucho menos negó total o parcialmente el mandamiento ejecutivo, no puso fin al proceso, no aprobó o improbó alguna conciliación extrajudicial o judicial, ni resolvió algún incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios, sino que se limitó a señalar que una prueba solicitada ya estaba dentro acervo probatorio y, por ende, no evidenció la necesidad volver a pedirla, y corrió traslado para alegar de conclusión, circunstancias que a todas luces no se enmarcan dentro de los autos susceptibles de alzada, no observa esta judicatura ad quem que sea de recibo el planteamiento del quejoso. En estricto sentido, como no se está ante un auto denegatorio de la prueba ni omisivo en su práctica, pues se itera ya se había materializado el adosamiento documental al expediente, aunado a que la providencia no es susceptible de apelación, (…), es que este Despacho encuentra que los planteamientos propuestos por el demandado en el recurso de queja incoado no son de recibo por lo que se impone estimar bien denegado el recurso de apelación.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los autos pasibles del recurso de apelación,

consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 27 de enero de 2021, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 13001-23-33-000-2020-0005001. Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 16 de agosto de 2020, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, radicación 47001-23-33-000-2020-00087-01. Sobre la improcedencia del recurso de apelación contra el auto que niega el decreto o práctica de pruebas, consultar: Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 7 de febrero de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, radicación 73001-23-31000-2013-00205-01(20738); Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 13 de febrero de 2013, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación 63001-23-33-0002012-00056-01; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 22 de octubre de 2019, M.P. Ramiro Pazos Guerrero, radicación 1100103-15-000-2019-03209-01. En cuanto a precisar que solo son apelables los autos relacionados en los numerales 1 a 4 del artículo 243 del CPACA, que profieran los tribunales administrativos en la primera instancia, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 25 de junio de 2014, M.P. Enrique Gil Botero, radicación 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ). Respecto a

que siempre que los jueces colegiados que pertenecen a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo profieran alguna de las providencias relacionadas en los numerales 5 al 9 del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, no resulta procedente el recurso de apelación, ver: Corte Constitucional, sentencia C-329 del 27 mayo de 2015. De igual forma, sobre la improcedencia del recurso de apelación contra los autos relacionados en los numerales 5 a 9 del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, consultar: Consejo de estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 19 de julio de 2016, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación 2013-02218-00 (PI). Consejo de estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 16 de julio de 2019, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, radicación 2018-00317-01 (PI).

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 243 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 245 / LEY 2080 DE 2021 – ARTÍCULO 65 / LEY 2080 DE 2021 – ARTÍCULO 86 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 352 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 353 / DECRETO 806 DE 2020 – ARTÍCULO 13

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Diputado del Departamento del Huila

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 41001-23-33-000-2019-00536-02

Actor: CLARA INÉS VEGA PÉREZ

Demandado: RODRIGO AMAYA CULMA - DIPUTADO DEL DEPARTAMENTO

DEL HUILA, PERÍODO 2020-2023

Referencia: NULIDAD ELECTORAL - RECURSO DE QUEJA CONTRA EL

AUTO QUE RECHAZÓ LA APELACIÓN FRENTE A LA PROVIDENCIA QUE

DISPUSO CORRER TRASLADO PARA ALEGAR DE CONCLUSIÓN AUTO Decide la Sala Unitaria el recurso de queja interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido el 14 de enero de 2021, por el Tribunal Administrativo del Huila, que no repuso la decisión y rechazó la apelación interpuesta contra al auto del 13 de noviembre de 2020, por medio del cual se corrió traslado para alegar de conclusión.

I. ANTECEDENTES 1.1. La demanda La señora CLARA INÉS VEGA PÉREZ, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda de nulidad electoral el 9 de diciembre de 20191, ante el Tribunal Administrativo del Huila, con la que pretende la nulidad del acto de

elección del señor RODRIGO AMAYA CULMA, en calidad de Diputado del Departamento del Huila para el período 2020-2023. Por lo que solicitó: “1. …DECRETAR la NULIDAD PARCIAL del acto administrativo que declara la elección de la Asamblea Departamental del Huila para el período constitucional 20202023, contenido en el formulario E-26 ASA, de fecha 5 de noviembre de 2019 proferido por la Comisión Escrutadora General Departamental (Huila) en lo referido a la ELECCIÓN señor RODRIGO AMAYA CULMA como Diputado del Departamento del Huila para el período constitucional 2020-2023.

2. Como consecuencia de la anterior declaración se ordene CANCELAR la credencial expedida al señor RODRIGO AMAYA CULMA que lo acredita como el Diputado del Departamento del Huila para el periodo constitucional 2020-2023. 1 Folios 35 del cuaderno principal del Tribunal.

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Diputado del Departamento del Huila

3. En aplicación del artículo 288 numeral 2º del CPACA DECLÁRESE electa como Diputada del Departamento del Huila para el período constitucional 2020-2023 por el Partido Cambio Radical a la señora CLARA INÉS VEGA PÉREZ con cédula de ciudadanía 36.176.047 expedida en Neiva (H), identificada en el tarjetón electoral

con el número 51 del partido Cambio Radical.

4. Ordenar que se expida a nombre de la señora CLARA INÉS VEGA PÉREZ la credencial que la acredita como Diputada el Departamento del Huila para el período constitucional 2020-2023 por el partido Cambio Radical.”2

Como supuestos fácticos y normativos la parte actora invocó que se configuró la causal de nulidad contemplada en el numeral 3° del artículo 275 del CPACA3, pues el número de votos de los candidatos CLARA INÉS VEGA PÉREZ y RODRIGO AMAYA CULMA que se registraron en el formulario E-14, de diferentes mesas de votación, no coinciden con los plasmados en el formulario E24, sin que se hubiera realizado un reconteo que explique los cambios y alteraciones. Siendo esa diferencia determinante para la elección del demandado. 1.2. El trámite en primera instancia 1.2.1. Auto que corrió traslado a las partes para alegar de conclusión Con auto del 13 de noviembre de 2020, en aplicación al artículo 134 del Decreto 806 de 2020, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones finales con el fin de emitir sentencia de carácter anticipado. Inconforme con la decisión el demandado presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. 1.2.2. Recurso de reposición y apelación 2 Folio 21. 3 “Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:

(…)

3. Los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales.” 4 La norma en cita establece la figura de la sentencia anticipada -que incluso en la actualidad se encuentra contenida como norma procesal definitiva en la Ley 2080 de 25 de enero de 2021conforme con la siguiente literalidad:

“El juzgador deberá dictar sentencia anticipada:

1. Antes de la audiencia inicial, cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas, caso en el cual correrá traslado para alegar por escrito, en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia se proferirá por escrito.

2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión. Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición. deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios

contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.

3. En la segunda etapa del proceso prevista en el artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, cuando encuentre probada la cosa juzgada, la transacción; la conciliación, la caducidad, la prescripción extintiva y la falta de legitimación en la causa. La sentencia se dictará oralmente en audiencia o se proferirá por escrito. En este caso no se correrá traslado para alegar.

4. En caso de allanamiento de conformidad con el artículo 176 de la Ley 1437 de 2011.”.

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Demandado: RODRIGO AMAYA CULMA Diputado del Departamento del Huila La parte demandada, presentó el memorial de impugnación el 19 de noviembre de 2020, en el que indicó que en virtud de los artículos 179 de la Ley 1437 de 2011 y 13 del Decreto 806 de 2020 la sentencia anticipada es procedente únicamente cuando no hay solitudes probatorias de las partes.

Manifestó que el hecho de que se permitiera por el legislador proferir sentencia anticipada, no quiere decir que se pueda omitir la etapa referente al decreto de pruebas, porque en el presente caso existen pruebas pendientes por recaudar. Agregó que, en efecto, la parte actora solicitó, que de ser necesario, se oficiara a

la Registraduría Nacional del Estado Civil para que aportara al proceso copia de los formatos E-14 y E-24, y que el Tribunal no efectuó pronunciamiento al respecto. Con base en lo anterior, solicitó se revocara la decisión por vía de reposición y, en subsidio, se concediera el recurso de apelación, con el fin de finiquitar el recaudo probatorio y obtener respuesta de la solitud probatoria que aún estaba a la espera de la contestación respectiva. 1.2.3. Auto no repone y rechaza por improcedente el recurso de apelación Mediante auto del 14 de enero de 2021 la Magistrada Ponente del Tribunal resolvió no reponer la decisión, pero la adicionó en el sentido de tener como prueba los documentos allegados por “la parte actora obrantes a folios 36 a 1026 y por el demandado Rodrigo Amaya Culma en folios 1112 a 1182 y 1184 a 1343.” Respecto del recurso de apelación, precisó que en virtud del inciso segundo del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, solo son apelables las decisiones proferidas por los Tribunales que pongan fin al proceso, decreten una medida cautelar o el que apruebe una conciliación; por lo tanto, como el auto del 13 de noviembre de 2020 no ostenta una decisión como las descritas, el recurso se torna improcedente y en consecuencia se decantó por rechazarlo. Posteriormente, la parte demandada, nuevamente elevó recurso de reposición y en subsidio, queja contra la providencia proferida el 14 de enero de 2021, en la

que no se repuso la decisión de correr traslado para alegar de conclusión y se rechazó la apelación interpuesta contra al auto del 13 de noviembre de 2020. 1.2.4. Fundamentos de los recursos de reposición y queja La parte recurrente en memorial del 2 de febrero de 2021, después de señalar los antecedentes de la actuación, precisó que la queja es procedente en virtud de lo descrito en el artículo 65 de la Ley 2080 de 2021, y que en tal base normativa se señaló que serán apelables los autos que niegan el decreto de las pruebas, por lo que, consideró que no se debía rechazar el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 13 de noviembre de 2020. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

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Demandado: RODRIGO AMAYA CULMA Diputado del Departamento del Huila Reiteró que lo acontecido es que el Despacho de primera instancia omitió referirse sobre la totalidad de las pruebas solicitadas por las partes, en especial en las que solicitaron “oficiar”, para el recaudo de la copia de los formularios electorales E-14 y E-24 de la elección de la Asamblea Departamental del Huila. Indicó que el Decreto 806 de 2020 “no eliminó etapas [procesales] solo eliminó la necesidad de hacer audiencias” y agregó –aunque se está en etapa probatoriaque es oportuno

conocer la delimitación del problema jurídico y de la fijación del litigio5 que pretende abordar y solucionar el despacho en la sentencia. 1.2.5. Auto resuelve recurso de reposición y el trámite de la queja El 1 de marzo de 2021, la Magistrada Ponente del Tribunal Administrativo del Huila al resolver el recurso de reposición y dar trámite a la queja con fundamento en el 353 del CGP, señaló que el recurso tiene dos argumentos, (i) el pronunciamiento sobre las pruebas solicitadas por la parte actora y (ii) la obligatoriedad de fijar el litigio. Indicó que el primer planteamiento fue analizado en auto del 13 de noviembre de 2020 al indicarse que la prueba documental solicitada a la Registraduría Nacional del Estado Civil ya se encontraba en el plenario, aunado a que ello quedó claro en auto del 14 de enero 2021, donde se recordó que no era necesario pedir copia de los formularios E-14 y E-24 pues los mismos ya habían sido allegados al expediente y eran conocidos por las partes y adicionalmente resolvió “Incorpórense y téngase como prueba los documentos allegados por la parte actora obrante a folios 36 a 1026 y por el demandado Rodrigo Amaya Culma en folios 1112 a 1182 y 1184 a 1343, con los respectivos anexos de representación de las partes”, por lo que, consideró que no existía un argumento nuevo que pudiera ser debatido nuevamente por la apoderada del demandado. Respecto al segundo argumento, esto es la procedencia o no de fijar el litigio

antes de emitir sentencia de carácter anticipado, precisó que dicho argumento no fue estudiado en el auto en el que se corrió traslado para alegar de conclusión ni fue un argumento empleado en el recurso de reposición presentado en aquella oportunidad, por lo tanto, a la luz del artículo 318 del CGP, rechazó de plano la reposición formulada. Ahora, frente al recurso de queja, expuso que el mismo resulta procedente, correspondiéndole al Consejo de Estado resolver si el recurso de apelación contra la providencia que corrió traslado para alegar de conclusión fue bien rechazado o si en su defecto debe ser concedido.

II. CONSIDERACIONES 5 Este punto que se menciona resulta ajeno a la discusión que ocupa la atención del Despacho, en tanto la fijación del litigio, bajo la égida de la Ley 1437 de 2011 solo es susceptible de reposición, conforme a las voces del artículo 242 ib, aunado a que en el vocativo de la referencia no fue un argumento que el memorialista mencionara en la alzada ni constituyó planteamiento del recurso de reposición. Valga recordar entonces que lo cuestionado en esta oportunidad ante el Consejo de Estado como juez ad quem, por vía de la queja, es la no concesión de la apelación frente a la decisión del traslado para la presentación de alegaciones finales y, por ende, el cierre de la etapa probatoria.

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Diputado del Departamento del Huila I.1. Competencia La Sala Unitaria es competente para conocer del recurso interpuesto, en virtud de lo estipulado por los artículos 1256, 150, 152 numeral 97 y 278 del CPACA y sus modificaciones citadas a pie de página con ocasión de la expedición de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación, al recaer sobre el auto que no concedió por improcedente la apelación contra el auto que corrió traslado para alegar de conclusión. I.2. Asunto por resolver Determinar si, conforme a los argumentos del recurso de queja, hay lugar a estimar bien o mal denegado el recurso de apelación frente al auto del 13 de noviembre de 2020, en el que, en aplicación al artículo 13 del Decreto 806 de 2020, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones finales con el fin de emitir sentencia de carácter anticipado. I.3. El entendimiento y alcance del recurso de queja Conforme al artículo 245 del CPACA, modificado por el artículo 65 de la Ley 2080 de 2021, el recurso de queja procede ante el superior cuando: a) “no se conceda, se rechace o se declare desierta la apelación” b) “se niegue” la apelación o “se conceda” en un efecto diferente. c) “no se concedan” los recursos extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia previstos en este Código.

Similar previsión contiene el Código General del Proceso, en los términos de los artículos 352 y 353, al disponer “cuando el juez de primera instancia deniegue el recurso de apelación, el recurrente podrá interponer queja para que el superior lo conceda si fuere procedente. El mismo recurso procede cuando se deniegue el de casación”. 6 Modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2020, el cual en su numeral 3 dispuso: Artículo 20. Modifíquese el artículo 125 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así: Artículo 125. De la expedición de providencias. La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: 3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja. 7 Cabe advertir que según se extrae de la información oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, el Municipio de Cereté cuenta con un número de 96.252 habitantes, razón por la cual la nulidad del acto de elección enjuiciado corresponde en primera instancia a Tribunal Administrativo de Córdoba. Al respecto resulta imperioso precisar que según lo expuesto en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, los asuntos de competencia no variarán hasta dentro del año siguiente a la publicación de esta disposición, es decir, el 25 de enero de 2022. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 41001-23-33-000-2019-00536-02

Demandado: RODRIGO AMAYA CULMA Diputado del Departamento del Huila Pues bien, ha de aclararse que la decisión que permite la interposición del recurso de queja en realidad no es la denegatoria del recurso sino la denegatoria de la concesión, por cuanto el primero supone un pronunciamiento de fondo con todo el alcance y connotaciones que ello conlleva procesalmente. Lo que provee el juez de la queja es o la procedencia del recurso de apelación o extraordinarios, o la corrección de su efecto, en el caso de la apelación.

Tal consideración encuentra soporte en el propósito del recurso de queja y es que si el superior, estima que fue indebida la “denegación” – léase la no concesión – o se erró en el efecto en que debió concederse la apelación, procede a admitir el recurso y/o a determinar el efecto y comunica su decisión al inferior. Y en un aspecto histórico, pues no en vano por años se le nominó “recurso de hecho” para diferenciarlo de la decisión de “derecho” que implicaba abordar el fondo de lo recurrido. Lo cierto es que el juez de la queja limita su análisis al estudio de si el recurso no concedido (apelación o extraordinarios) era procedente o no, a partir de: (i) la oportunidad para recurrir; (ii) la legitimación del recurrente; (iii) los requisitos legales como la carga de sustentar ante el inferior, en el caso de la apelación y; (iv) verificar el efecto en que se concedió la apelación frente al que le corresponde

por ley procesal. Así las cosas, luego de esa decisión de estimar mal denegado en su concesión es que el superior solicita al a quo la remisión de las piezas procesales requeridas para