CE-SECCIÓN QUINTA-63001-23-33-000-2020-00341-01_20210211

Radicado: 63001-23-33-000-2020-00341-01

Demandante: Fabio Cagua Castellanos NULIDAD ELECTORAL – Contra nombramiento del director del programa de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad del Quindío / AUTONOMÍA UNIVERSITARIA - Forma de proveer las vacantes absolutas respecto de los directores de programa de la Universidad del Quindío / DEROGATORIA DE LA LEY – Expresa o tácita La Constitución Política de 1991, en su artículo 69 dispone que se debe garantizar la autonomía universitaria y en tal virtud las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

Adicionalmente, prevé que la ley establecerá un régimen especial para las instituciones de educación superior del Estado, se fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior. (…). [E]l grado de autonomía [conforme a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992] estaría reflejado en aspectos tales como: (a) darse y modificar sus estatutos; (b) designar sus autoridades académicas y administrativas; (c) crear, organizar y desarrollar programas académicos; (d) definir y organizar labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales; (e) conferir los títulos a sus egresados; (f) seleccionar los profesores; (g) admitir a los alumnos y adoptar sus regímenes; y, (h) establecer, arbitrar y

aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y la función institucional. (…). De acuerdo con la jurisprudencia y las normas superiores que garantizan la autonomía universitaria, es necesario revisar en las normas internas que regulan el funcionamiento de la Universidad del Quindío, para determinar la forma de proveer las vacantes absolutas en el cargo de director de programa. (…). El artículo 53 del Acuerdo 005 del 28 de febrero de 2005 (Estatuto general), definió y estableció el período de los directores de programa de la siguiente forma, “el director de programa es la máxima autoridad ejecutiva del programa, responsable de la dirección académica administrativa, y será designado por el rector con base en los lineamientos del Estatuto General, para un período de 3 años”. Ese mismo compendio normativo, en el artículo 54 se establecieron los requisitos para el mencionado empleo. (…). Así mismo, en lo referente a las faltas temporales y absoluta, el artículo 56 reguló que “si se presentara falta temporal o absoluta de un director, el encargo o nombramiento lo hará el rector. Si la falta absoluta es del 50% o más del período, se convocará nuevamente a elección”. Por otra parte, en complemento de la anterior normatividad, el Consejo Superior Universitario de la Universidad del Quindío, profirió el Acuerdo No. 011 del 19 de agosto de 2010, mediante la cual se expide el estatuto elector de la institución, regulación que en su artículo 12 indicó que “el rector de la Universidad del Quindío convocará a consultas de opinión y elecciones con fundamento en el numeral 9

del Artículo 38 del Estatuto General dentro de los términos y fechas establecidos en el presente estatuto electoral, mediante los actos administrativos necesarios para su organización general, con el propósito de proveer los cargos o representaciones establecidos en los estatutos institucionales”. En cuanto período de los directores de programa, el parágrafo 1 del artículo 26 del estatuto electoral, precisó que “el período del rector, representantes del Consejo Superior, Decanos, Directores de Programa, representantes del Consejo Académico, de Facultad y Curriculares será de cuatro (4) años.” En lo que concierne a la elección, el artículo 52 del estatuto electoral, indicó que “el rector designará como Director de Programa al candidato que obtenga mayor porcentaje en un proceso de selección que tenga en cuenta los siguientes factores: un 20% la hoja de vida, un 20% de la opinión del rector, un 20% de la opinión del decano de la facultad respectiva, un 20% de la opinión de los profesores y un 20% de la opinión de los estudiantes del respectivo programa”. Adicionalmente el parágrafo 1 del mismo precepto 1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 63001-23-33-000-2020-00341-01

Demandante: Fabio Cagua Castellanos estableció los requisitos para ser director de programa. Por último, en lo referente al tema de las faltas absolutas y temporales el artículo 35 de estatuto electoral, dispuso que “en el evento de que se presente falta temporal o absoluta o

inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes que conlleve a separación transitoria o definitiva para los cargos de Rector, Decano, Director de Programa y representantes a los distintos consejos a que hace referencia el presente estatuto, la autoridad competente para cada casa tendrá la facultad de convocar a elecciones o de designar para el cargo o representación por el tiempo que resta del período siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos para el mismo”. (…). El Código Civil, en el artículo 71, prevé que la derogatoria de las leyes puede ser expresa o tácita, la primera se presenta “cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua”, y la segunda “cuando la nueva ley contiene disposiciones que no puede conciliarse con las de la ley anterior”; además, indica que esta figura jurídica puede ser total o parcial. En cuanto a los efectos de la derogación tácita, el artículo 72 de la misma regulación, dispone que esta “deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley”. NULIDAD ELECTORAL – Contra nombramiento del director del programa de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad del Quindío / AUTONOMÍA UNIVERSITARIA – El estatuto general y el electoral de la Universidad del Quindío son complementarios en cuanto a la forma de proveer las vacancias absolutas de los directores de programa / NULIDAD ELECTORAL – Ante la vacancia absoluta y faltando más de la mitad del tiempo para terminar el periodo debió citarse a nuevas elecciones En el presente caso, es necesario tener en cuenta que el actor insiste en su

recurso de alzada, sobre las pretensiones y el concepto de violación de la demanda, esto es, que se encuentra viciada de nulidad la resolución No. 7070 del 11 de marzo de 2020, por medio del cual se nombró al señor John James Pérez Penagos como Director de Programa de seguridad y salud en el trabajo, por cuanto de una parte, se inobservó el artículo 56 del acuerdo No. 005 de 28 de febrero de 2005 (estatuto general de la Universidad del Quindío), que contempla la forma de proveer una vacante en el mencionado cargo cuando se presenta una falta absoluta y faltare el 50% o más de tiempo para finalizar el período y de otro, se aplicó erróneamente el artículo 35 del Acuerdo No. 011 del 19 de agosto de 2010 (estatuto electoral), el cual permite suplir la vacante de forma directa. (…). En suma, el estatuto general y el electoral partiendo del efecto útil de las normas y una interpretación sistemática, deben entenderse en lo atinente a la manera de proveer las vacancias absolutas de los directores de programa, que son complementarias, ello por cuanto ambas regulaciones permanecen vigentes. En esa medida, es claro que el acuerdo 11 de 2010 establece que la autoridad competente tendrá la facultad, bien para convocar a elecciones o designar directamente el reemplazo del director de programa, sin embargo, deberá colegirse que se deberá convocar a elecciones cuando la vacancia absoluta del mencionado empleo se presente faltando el 50% o más del periodo del cago, de manera concordante con el acuerdo 005 de 2010. De acuerdo con lo señalado, el artículo 35 del Acuerdo 005 de 2005 y el 56 del Acuerdo 011 de 2010, pueden

coexistir, dado que la segunda norma reitera la facultad que tiene el rector de efectuar una convocatoria o nombrar directamente cuando se presente una vacancia absoluta en el cargo de director de programa, sin embargo, es la primera de las reseñadas la que dispone cuando se debe proceder de una forma u otra. 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 63001-23-33-000-2020-00341-01

Demandante: Fabio Cagua Castellanos Adicionalmente, para la Sala entender que el artículo 35 del Acuerdo No. 011 de 2010 derogó tácitamente el 56 del Acuerdo No. 005 de 2005, podría significar que se afecte el carácter democrático que pretende preservar el proceso de la convocatoria, en tanto siempre quedaría a disposición del nominador la facultad de nombrar al director de programa, independientemente del tiempo que faltare para que se cumpla el periodo institucional, que precisamente fue lo que consideró el estatuto general, al consagrar que si falta más de la mitad de dicho periodo, se cuenta con el tiempo suficiente para procurar que la designación esté precedida de un proceso en el que puedan participar los distintos estamentos de la universidad, garantizando de esta manera una mayor legitimidad de la elección, margen de protección que podría resultar más “costoso" o innecesario, teniendo en cuenta el poco tiempo que falta para que se finalice el periodo institucional. (…). En ese orden de ideas, para la Sala es imperioso concluir que en el presente

caso no existe una derogatoria tácita, teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 70 y 71 del Código Civil, dado que en cuanto a la provisión de una falta absoluta de un director de programa, el artículo 56 del Acuerdo No. 005 de 2005 y el 35 del Acuerdo 011 de 2010 son complementarios, contario a lo indicado por el a quo. (…). En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el parágrafo 1 del artículo 26 del estatuto electoral, dispuso que ““el período del rector, representantes del Consejo Superior, Decanos, Directores de Programa, representantes del Consejo Académico, de Facultad y Curriculares será de cuatro (4) años.” En aplicación del artículo 56 del Acuerdo 005 de 2005, incumbe a la Sala determinar si cuando se presentó la falta absoluta (en el momento que se desvinculó a la señora Hilda Clemencia Marín Valencia) faltaba el 50% o más del tiempo para terminar el período. (…). De lo anterior es dable concluir, que como el período de los directores de programa es de 4 años, lo que equivale a 48 meses, y al momento de presentarse la vacancia absoluta solamente había trascurrido 9 meses y 3 días, para la Sala es claro que se configuró el evento previsto en el artículo 56 del Acuerdo No. 005 de 2005, en tanto hacía falta mucho más del 50% para culminar el período, por lo que se debió citar nuevas elecciones. En esa medida, haber desconocido el rector la norma antes referida, vulneró el principio democrático, pues desconoció la participación de los diferentes estamentos como

lo son, los estudiantes, docentes y el decano de la facultad, quienes, tiene el derecho a intervenir en el proceso electoral para la escogencia de un director de programa.

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la autonomía de las universidades y la posibilidad de acudir al derecho supletivo, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia 16 de octubre 2016, C P. Alberto Yepes Barrero, Rad. 1100103-28-000-2015-00019-00. En cuanto a la derogación de las normas, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-229 del 21 de abril de 2015, M.P. Gabriel

Eduardo Mendoza Martelo.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 69 / LEY 30 DE 1992 – ARTÍCULO 28 / LEY 30 DE 1992 – ARTÍCULO 29 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 71 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 72 / LEY 153 DE 1887 – ARTÍCULO

3

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 63001-23-33-000-2020-00341-01

Demandante: Fabio Cagua Castellanos

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 63001-23-33-000-2020-00341-01

Actor: FABIO CAGUA CASTELLANOS Demandado: JOHN JAMES PÉREZ PENAGOS - DIRECTOR DEL PROGRAMA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE QUINDÍO Referencia: NULIDAD ELECTORAL - Aplicación de las leyes - derogatoria SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Procede la Sala a decidir mediante sentencia de segunda instancia el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el fallo proferido el 22 de octubre de 2020, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Quindío negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES 1.1 La demanda

1. El señor Fabio Cagua Castellanos, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, demandó el nombramiento del señor John James Pérez Penagos como director del programa de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad del Quindío, la cual consta en la Resolución 7070 del 11 de marzo de 2020 expedida por el rector. 1.1.1 Pretensión “DECLARAR LA NULIDAD del acto administrativo resolución 7070 fechado el 11 de marzo de 2020 expedido por la Rectoría de la Universidad del Quindío con el cual se hizo nombramiento como director de Programa Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad del Quindío al señor John James Pérez Penagos”

1.1.2. Hechos

2. Afirmó el actor, que el rector de la Universidad del Quindío por Resolución 5286 del 20 de febrero de 2019, estableció las directrices o reglas para la realización de

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 63001-23-33-000-2020-00341-01

Demandante: Fabio Cagua Castellanos la convocatoria y elección de los empleos directivo-administrativo de la institución, entre los cuales se encuentran, los directores de programa.

3. Refirió que por Resolución 6133 del 31 de mayo de 2019, expedida por la rectoría de la universidad, se nombró directora del programa seguridad y salud en el trabajo a la señora Hilda Clemencia Marín Valencia, para el período comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 13 de mayo de 2023.

4. Comentó que el acto administrativo antes señalado fue objeto de control judicial a través de la pretensión de nulidad electoral, por el Tribunal Administrativo del Quindío, que anuló el mismo tras estimar que la señora Marín Valencia no reunía los requisitos de ley para ocupar el cargo.

5. En consecuencia, indicó que mediante la Resolución 7070 del 11 de marzo de 2020, se nombró al señor John James Pérez Penagos, como director del programa de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad del Quindío hasta el 31 de mayo de 2023, es decir, “por tiempo superior al cincuenta por ciento del previsto para el período de los directores de programa que es de cuatro años”. 1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

6. Señaló el demandante, que con la elección atacada se desconocieron las normas en que debía fundarse, esto es, los artículos 69 de la Constitución Política,

28 de la Ley 30 de 1992, 55 y 561 del Acuerdo 011 de agosto de 2010 (estatuto electoral) y el Acuerdo 05 de 20052 (estatuto general), por cuanto el rector de la Universidad de Quindío realizó una interpretación errada de los estatutos generales de la institución, al momento de proveer el cargo de director de programa, dado que según éstos, al presentarse una falta absoluta del 50% o más del período, el órgano directivo debió proceder a convocar a una nueva elección para proveer el empleo por el tiempo restante, y no realizar un nombramiento de forma directa (como ocurrió en el caso de autos), en aplicación de una norma electoral de la institución, con abierto desconocimiento a las disposiciones estatutarias que regulan la materia. 1.2 Actuaciones Procesales 1.2.1 Admisión de la demanda 1 Artículo 56. Faltas absolutas y temporales. Si se presentara falta temporal o absoluta de un director, el encargo o nombramiento lo hará el rector. Si la falta absoluta es del 50% o más del período, se convocará nuevamente a elecciones para el tiempo restante. 2 Artículo 35. En el evento en que se presente falta temporal o absoluta o inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes que conlleve a separación transitoria o definitiva para los cargos de rector, decano, director de programa y representantes a los distintos consejos a que hace referencia el presente estatuto, la autoridad competente para cada caso tendrá la facultad de convocar a elecciones o de designar para el cargo o representación por el tiempo que resta del período, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos para el mismo.

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 63001-23-33-000-2020-00341-01

Demandante: Fabio Cagua Castellanos

7. Mediante auto del 10 de agosto de 2020, el Tribunal Administrativo del Quindío admitió el libelo introductorio y negó la solicitud de suspensión provisional del acto electoral cuestionado. 1.2.2 Contestación de la demanda

8. El demandado: Por intermedio de apoderado, indicó que no se observa desconocimiento de las normas superiores con la expedición de la Resolución 7070 del 11 de marzo de 2020, mediante la cual se hace el nombramiento del señor John James Pérez Penagos como director del programa de seguridad social y salud en el trabajo adscrito a la facultad de ciencias de la salud de la Universidad del Quindío, al encontrarse motivado en las normas de la institución, eso es, el artículo 35 del Acuerdo No. 011 de 2010, el cual enuncia que “en el evento en que se presente falta temporal o absoluta o inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes que conlleve a separación transitoria o definitiva para los cargos de rector, decano, director de programa y representantes a los distintos consejos a que hace referencia el presente estatuto, la autoridad competente para cada caso tendrá la facultad de convocar a elecciones o de designar para el cargo o representación por el tiempo que resta del período, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos para el mismo”.

9. Así mismo, propuso la excepción de caducidad, aduciendo que entre la fecha

de expedición del acto demandado, es decir el 11 de marzo de 2020 y la presentación de la demanda, 5 de agosto de mismo año, habían trascurrido más de 30 días; así mismo, la de inexistencia de control de legalidad previo por parte de la universidad, para lo cual refirió que antes de iniciar alguna acción ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el actor debió hacer uso de los instrumentos con que cuenta la institución para que ésta tuviera la oportunidad, antes de iniciar la demanda, de pronunciarse sobre los argumentos que propone el actor; de otra parte, alegó la inexistencia de nulidad del acto administrativo por interpretación errada de la normativa, para lo cual estimó que en la demanda se invocó como desconocida una norma general (Acuerdo No. 005 de 2005), la cual no debe ser aplicada por cuanto existe una especial que regula la materia (Acuerdo 011 de 2010).

10. De igual manera, propuso la excepción de inexistencia de nulidad por aplicación expresa del artículo 35 del estatuto electoral (Acuerdo 011 de 2010), indicando que el acto demandado fue proferido en uso de las facultades que se encuentran contenidas en la disposición señalada, dado que faculta al rector de la institución a nombrar de forma directa el reemplazo del director de programa cuando se presente una vacancia absoluta.

11. Por último, invocó como medio exceptivo la inexistencia de nulidad por derogación tácita y orgánica del artículo 35 del estatuto electoral (Acuerdo 011 de 2010), frente al 56 del estatuto general (Acuerdo 005 de 2005), al estimar que la primera disposición, es especial, posterior y regula la forma de proveer las

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 63001-23-33-000-2020-00341-01

Demandante: Fabio Cagua Castellanos vacantes de los cargos de directores de programa cuando se presenta una vacante absoluta de quien ocupaba el cargo, norma que se ajusta para dar una adecuada solución al caso concreto y por consiguiente, expulsa del ordenamiento jurídico la segunda disposición.

12. La Universidad del Quindío, mediante apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual propuso la excepción de inexistencia de causal de nulidad, al estimar que el artículo 35 del estatuto electoral (acuerdo 11 del 19 de agosto de 2010), derogó tácitamente la normativa contenida en el estatuto general (acuerdo 05 de 2005), otorgando la posibilidad al rector de designar directamente a una persona para ocupar por el resto del tiempo al presentarse una vacancia en el empleo de director de programa. 1.2.3 Auto que ordena adelantar el trámite de sentencia anticipada

13. Por medio de auto del 24 de septiembre de 2020, el magistrado sustanciador del asunto ordenó adoptar el trámite de sentencia anticipada contenido en el Decreto 806 de 2020, teniendo en cuenta que se trataba de una controversia de puro derecho y no había pruebas que practicar. 1.2.4 Alegatos de conclusión

14. La parte actora, presentó alegatos de conclusión en los que remitió a los

argumentos del libelo genitor y agregó que el cargo de director de programa de seguridad y salud en el trabajo está siendo ocupado por una persona que no fue elegida de acuerdo con los canales democráticos establecidos en los estatutos de la Universidad del Quindío, en consonancia con los artículos 40 y 103 de la Constitución Política de 1991. Además, resaltó que si bien la Carta permite la autonomía universitaria, advirtió, que esta facultad debe ser ejercida de acuerdo con los postulados del Estado Social de Derecho, por lo que las normas e instituciones universitarias deben propugnar por la participación democrática en sus procedimientos electorales.

15. La Universidad del Quindío alegó de conclusión, reiterando los argumentos presentados en la contestación de la demanda y agregó que, en lo que tiene que ver con argumento nuevo presentado por el demandante, respecto de la vulneración del artículo 40 de la Constitución, no está llamado a prosperar, pues adujo que para controvertir el Acuerdo número 011 de agosto de 2010 por estar en contraposición a la Carta, debió iniciarse una acción de nulidad por inconstitucionalidad o simple.

16. El señor John James Pérez Penagos, reiteró los argumentos presentados en la contestación de la demanda, y precisó que el fallador deberá analizar en conjunto las normas internas de la institución educativa que son proferidas en

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 63001-23-33-000-2020-00341-01

Demandante: Fabio Cagua Castellanos virtud de la autonomía universitaria y que regulan temas como los electorales que se debaten en el presente proceso.

17. Por último, el Ministerio Público luego de analizar las normas que se aducen desconocidas y el acervo probatorio, concluyó que el señor John James Pérez Penagos, sí podía ser nombrado en el cargo de director de programa de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad del Quindío, por cuanto el estatuto electoral

(artículo 35 del acuerdo 011 de 2010), prescribe que al presentarse faltas absolutas o temporales de los directores de programa, el rector de la institución podía nombrar al reemplazo de forma directa o mediante convocatoria, siempre y cuando el nombrado cumpla con los requisitos legales para ostentar el cargo, en ese orden de ideas, al haber atendido la disposición señalada, consideró que la demanda carece de mérito. 1.3. Sentencia de primera instancia

18. El Tribunal Administrativo del Quindío mediante sentencia del 22 de octubre de 2020, decidió negar las pretensiones de la demanda, las cuales se centraron en determinar si el acto electoral (Resolución No. 7070 del 11 de marzo de 2020) del señor John James Pérez Penagos como director del programa de seguridad y salud en el trabajo, se encuentra viciado de nulidad, en la medida en que su nombramiento por parte del rector se hizo de forma directa en aplicación del estatuto electoral de la universidad, aunque el estatuto general indica que se debe estar precedido de una convocatoria. Basó la negativa de las peticiones del

demandante, en el estudio en la vigencia de las normas en el tiempo, para lo cual indicó que el estatuto electoral (Acuerdo No. 011 de 2010) de la universidad fue proferido de forma posterior, al estatuto general de la institución (Acuerdo No. 005 de 2005), en esa medida consideró que al tener estas dos normativas disposiciones incompatibles, debe preferirse la primera de las mencionadas.

19. Los anterior, por cuanto según lo disponen los artículos 723 del Código Civil y 24 de la Ley 153 de 1887, el artículo 35 del Acuerdo 011 de 2010, al ser una norma posterior prevalece sobre la anterior, es decir, el artículo 56 del Acuerdo 005 de 2005. Adicionalmente, advirtió que por las modificaciones introducidas por el estatuto electoral y su especialidad, es aplicable al caso en concreto.

20. Aunado a lo antes señalado, refirió que como el artículo 56 del Acuerdo 005 de 2005, fue derogado de forma tácita, dado que resulta incompatible con el artículo 56 del Acuerdo 011 de 2010, por regular de forma distinta la manera en la que se suplen las vacancias absolutas en el cargo de director de programa, pues en la primera, simplemente se menciona que cuando ésta se presente faltando el 50% o más para finalizar el período del empleo, se convocará a elecciones, y la segunda

3 La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley. 4 La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria á otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicarán la ley posterior.

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 63001-23-33-000-2020-00341-01

Demandante: Fabio Cagua Castellanos se deja al arbitrio del nominador la facultad de realizar una convocatoria o nombrar directamente.

21. Concluyó, que el señor rector como autoridad competente, de acuerdo con la normativa vigente en la Universidad del Quindío, podía realizar una designación directa ante la situación administrativa presentada en el cargo de director del Programa Seguridad y Salud en el Trabajo, por el tiempo que restaba para que culminara el período de 4 años. 1.4. Recurso de apelación

22. Inconforme con la decisión anterior, el demandante, el 27 de octubre de 2020, presentó ante el Tribunal Administrativo de Quindío recurso de apelación.

23. En primer lugar, advirtió que el superior debe tener en cuenta la argumentación expuesta en la demanda, en donde se indicó con claridad que en el ordenamiento que rige a la Universidad del Quindío existen dos normas de la misma jerarquía, que no son contradictorias, ni excluyentes o antagónicas, esto es, el Acuerdo No. 005 de 2005 (estatuto general) y el Acuerdo No. 011 de 2010

(estatuto electoral), compendios normativos que son complementarios, específicamente en lo que concierne a la elección de los directivos de la institución educativa, en esa medida al ser conciliables no puede predicarse respecto de uno de ellos una derogatoria tácita.

24. Lo anterior, por cuanto la primera de las normas mencionadas establece la

forma de proveer el empleo de director de programa, cuando la vacancia absoluta se presenta cuando aun no se ha cumplido el 50% o más del período de 4 años y la segunda cuando este tiempo es inferior al mencionado porcentaje.

25. Así mismo, solicitó que se estudiaran los artículos 1, 2, 40 y 103 de la Constitución Política de 1991, pues los cánones constitucionales son reglas del Estado Social de Derecho que deben ser observadas por los jueces en sus decisiones. 1.5. Trámite del recurso de apelación

26. Mediante auto del 6 de noviembre de 2020, el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Quindío concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación.

27. Una vez repartido el expediente en la Sección Quinta del Consejo de Estado, por proveído de 25 del mismo mes y año, la magistrada conductora del proceso admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante, contra la sentencia del 22 de octubre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 63001-23-33-000-2020-00341-01

Demandante: Fabio Cagua Castellanos 1.6. Alegatos de conclusión en el trámite de la segunda instancia 1.6.2. De la parte demandada

28. Reiteró los argumentos presentados en el escrito de alegatos de la primera instancia. 1.6.1.1. Universidad del Quindío

29. La Universidad del Quindío, insistió en que el estatuto electoral de la universidad (Acuerdo No. 011 de agosto de 2010), en su artículo 58 enuncia que “el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, y deroga todas las normas que le sean contrarias”, por tanto, es claro que ésta norma era la aplicable al caso en concreto, al ser la posterior a los estatutos generales de la universidad, y regular la forma de proveer la vacante absoluta de un cargo de directivo de programa. 1.7. Concepto de la Agente del Ministerio Público

30. Solicitó revocar la sentencia de primer grado, con los siguientes argumentos:

31. Estimó, que en caso de faltas temporales o absolutas en el cargo de director de programa, existen dos normas en la universidad que regulan la materia, a saber, el artículo 56 del estatuto general, Acuerdo 005 No. de 28 de febrero de 2005, el cual dispone que “si se presentara falta temporal o absoluta de un director, el encargo o nombramiento lo hará el rector. Si la falta absoluta es del 5