CE-SECCION SEGUNDA-05001-23-31-000-2004-05736-01(10226-05)-2006

RECURSO DE QUEJA - Procedencia. Recurso de apelación mal denegado: Se concede en efecto suspensivo / JUZGADOS ADMINISTRATIVOS - A partir de su entrada en funcionamiento los recursos de apelación se rigen por las reglas de la Ley 446 de 1998 / COMPETENCIA POR RAZON DE LA CUANTIADeterminación. Se establece de acuerdo al valor de las pretensiones al tiempo de presentación de la demanda / PROCESO DE DOBLE INSTANCIAEn acciones de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral se tiene en cuenta la cuantía de 100 salarios mínimos legales vigentes al momento de presentación de la demanda La Sala considera que para este caso debe tenerse en cuenta la cuantía de 100 salarios mínimos mensuales vigentes al momento de la presentación de la demanda. Aplicando la parte del artículo 131 numeral 6 del C.C.A. declarada exequible y el artículo 20 numeral 1 del C. de P. C., la cuantía se establece por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquélla, en el presente caso $ 43.204.000, según la estimación hecha por el actor. La cuantía vigente para la fecha en que se presentó la demanda (11 de agosto de 2004), de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 954 de 2005 es la suma de $ 35’800.000,oo., al ser las pretensiones superiores a tal suma, se tiene que el proceso es de primera instancia y por tanto

esta Corporación tiene competencia para conocer de él.

NOTA DE RELATORIA: La Sala se pronunció en igual sentido dentro de los procesos 1058-06 de julio 27 de 2006 y 9485-05 de abril 6 de 2006, Ponente:

ALBERTO ARANGO MANTILLA.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA - SUBSECCION "A"

Consejero ponente: ALBERTO ARANGO MANTILLA

Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil seis (2006).

Radicación número: 05001-23-31-000-2004-05736-01(10226-05)

Actor: BERTULFO AGUIRRE SANCHEZ Demandado: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL Se decide el recurso de queja interpuesto por el señor BERTULFO AGUIRRE SANCHEZ, contra el auto de 05 de octubre de 2005, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, denegó la concesión del recurso de apelación contra la sentencia proferida dentro de este proceso el 02 de agosto de 2005.

EL AUTO IMPUGNADO El Tribunal Administrativo manifiesta que la presente demanda es de única instancia, pues teniendo en cuenta la estimación razonada de la cuantía, esto es $ 10.368.960, esta resulta ser inferior a lo exigido por la Ley 954 de 2005. LA QUEJA Señala la apoderada del demandante que el tribunal no tuvo en cuenta la estimación razonada de la cuantía que se hizo dentro de la demanda, es decir $43.204.000.

Para resolver se Considera:

El 27 de abril de 2005 fue proferida la Ley 954, mediante la cual se modifican, adicionan y derogan algunos artículos de la Ley 446 de 1998 y del Código Contencioso Administrativo, y se dictan otras disposiciones sobre competencia, descongestión, eficiencia y acceso a la administración de justicia. Esta norma en su artículo 7° dispone: “Vigencia de la ley. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación, en los términos pertinentes del artículo 164 de la Ley 446 de 1998, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.” Siendo así, la Ley cobró vigencia a partir del 28 de abril de 2005, fecha en que fue publicada en el Diario Oficial Año CXL. N. 45893, en la página 19. De la misma manera la referida disposición en su articulo primero prescribe: “Artículo 1º. Readecuación temporal de competencias previstas en la Ley 446 de 1998. El parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998, quedará así: "Parágrafo. Las normas de competencia previstas en esta ley se aplicarán, mientras entran a operar los Juzgados Administrativos, así: Los Tribunales Administrativos conocerán en única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta de 100, 300, 500 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes previstas en el artículo 42, según el caso, y en primera instancia cuando la cuantía exceda de los montos. Asimismo, en única instancia del recurso previsto en los artículos 21 y 24 de la Ley 57 de 1985, en los casos de los municipios y distritos y de los procesos descritos en el

numeral 9 del artículo 134b adicionado por esta ley, salvo los relativos a la acción de nulidad electoral de los alcaldes de municipios que no sean capital de departamento, que serán revisados en primera instancia". Los Tribunales Administrativos continuarán, en única y primera instancia, con el ejercicio de las competencias de que tratan los artículos 39 y 40. Las competencias sobre jurisdicción coactiva asignadas en segunda instancia a los Tribunales Administrativos según el artículo 41, corresponderán en segunda instancia al Consejo de Estado. Y las competencias sobre jurisdicción coactiva asignadas en segunda instancia a los Jueces Administrativos según el artículo 42, corresponderán en segunda instancia a los Tribunales Administrativos. El Consejo de Estado asumirá en única y segunda instancia, las competencias asignadas en los artículos 36, 37 y 38. Las competencias por razón del territorio y por razón de la cuantía, previstas en el artículo 43 de la Ley 446 de 1998, regirán a partir de la vigencia de la presente ley.” (Resalta la Sala) Mediante auto de 28 de marzo de 2006, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado precisó: “Ahora bien, el problema jurídico se circunscribe en determinar, si los 100, 300, 500 o 1500, salarios mínimos vigentes a que se refiere la Ley 954 de 2005, para efectos de determinar la competencia, debe tenerse como referente el Salario Mínimo Legal Vigente (S.M.L.V) que regía para el año en el cual se presentó la demanda, o el correspondiente al de la anualidad, en la cual se interpuso el recurso

de apelación. A juicio de la Sala, el Salario Mínimo Legal Mensual determinante para tener en cuenta y así fijar la competencia en única o primera instancia (100, 300, 500 y 1500 S.M.L.V, según el caso), debe ser el que gobernaba a la fecha de presentación de la demanda, único momento procesal en el cual la parte demandante determina la cuantía de un proceso, por así ordenarlo la misma ley 954 de 2005, en armonía con los artículos 134 E y 137 del C.C.A., en concordancia con el 20 del C.P.C. En efecto, el artículo 134 E del C.C.A, adicionado por el artículo 43 de la Ley 446 de 1998, y vigente a partir de la expedición de la ley 954 de 2005, estipula que para efectos de determinar la competencia en razón a la cuantía, en asuntos de carácter laboral como en el presente se determinará “(...)por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multa o perjuicios reclamados, excepto cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, en cuyo caso se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.” (negrilla fuera del texto) Lo anterior indica que la cuantía es un factor objetivo que se fija en el momento de la presentación de la demanda con el único propósito de que el juez a-quo determine si el proceso corresponde a única o primera instancia (sin perjuicio de que posteriormente el ad-quem al momento de considerar eventualmente la admisión de un recurso de

apelación revise tal decisión) lo cual explica por qué el artículo 137 del C.C.A, establece como requisito para la admisión de la demanda, la estimación razonada de la cuantía, so pena de inadmisión o rechazo de la misma. (numeral 6º de ibidem) De aceptar la interpretación hecha por el Tribunal, se quebrantaría no sólo el principio de la seguridad jurídica necesaria en todos los procesos para que las partes debatan con plena certeza los elementos que se presentan en una relación jurídica procesal, sino también el de la doble instancia, ya que éste dependería única y exclusivamente del transcurrir del tiempo, pues la competencia variaría cada vez que se incremente el salario mínimo legal….”1 Así las cosas, la Sala considera que para este caso debe tenerse en cuenta la cuantía de 100 salarios mínimos mensuales vigentes al momento de la presentación de la demanda. Aplicando la parte del artículo 131 numeral 6 del C.C.A. declarada exequible y el artículo 20 numeral 1 del C. de P. C., la cuantía se establece por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquélla, en el presente caso $ 43.204.000, según la estimación hecha por el actor (fl. 05). La cuantía vigente para la fecha en que se presentó la demanda (11 de agosto de 2004), de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 954 de 2005 es la suma de $ 35’800.000,oo., al ser las pretensiones superiores a tal suma, se tiene que el

proceso es de primera instancia y por tanto esta Corporación tiene competencia para conocer de él. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A” RESUELVE : 1 Auto Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. JAIME MORENO GARCIA. Exp –7678-05. Declárase mal denegado el recurso de apelación interpuesto por el señor BERTULFO AGUIRRE SANCHEZ contra la sentencia proferida dentro de este proceso el 02 de agosto de 2005. En su lugar CONCÉDESE en el efecto suspensivo. Por Secretaría, ofíciese al Tribunal Administrativo de Antioquia para que se sirva remitir el expediente. Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

ALBERTO ARANGO MANTILLA JAIME MORENO GARCIA

ANA MARGARITA OLAYA FORERO