CE-SECCION SEGUNDA-05001-23-31-000-2011-00411-01(4349-17)

PROCESO DISCIPLINARIO / CONTROL JUDICIAL DE FALLO DISCIPLINARIO – Proceso de doble instancia Señaló que en la etapa del fallo decide el Tribunal que el presente asunto corresponde a un proceso de única instancia. Afirmó que tal decisión desconocería el debido proceso, así como el principio de la buena fe, la confianza y la judicial efectiva. Aclara la Sala que, si bien la sentencia de 13 de julio de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el encabezado de esta se indicó que era de única instancia, no obstante, por medio del auto de 6 de septiembre de 2017 se concedió ante esta Corporación el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, con lo cual queda superado cualquier irregularidad al respecto, sin que se incurra en desconocimiento del debido proceso. NOTA DE RELATORÍA: En relación con el control judicial integral de los actos administrativos de contenido disciplinario, ver: C. de E., Sala Plena de lo contencioso administrativo, sentencia de 9 de agosto de 2016, radicación: 121011, C.P.: William Hernández Gómez.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 2 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 48 NUMERAL 17 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 156 / DECRETO 262 DE 2000 – ARTÍCULO 7 / DECRETO LEY 128 DE 1976

PROCESO DISCIPLINARIO / PERSONERÍAS MUNICIPALES – No cuentan con personalidad jurídica / RECLAMACIÓN JUDICIAL CONTRA PERSONERÍAS MUNICIPALES – Debe demandarse al municipio al que

pertenecen / CONVALIDACIÓN DE LA FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL FRENTE AL MUNICIPIO – Procedencia Advierte el disciplinado que no comparte la decisión del Tribunal, la cual se fundamentó en la cambiante y contradictoria jurisprudencia del Consejo de Estado, por lo que reprocha que se aplique una sentencia proferida en el año 2016, más de 4 años después de admitida la demanda. Efectivamente, el A-quo en sentencia de 13 de julio de 2017 sostuvo que en el caso concreto era menester que se agotara el requisito de procedibilidad referido a la conciliación extrajudicial respecto del municipio de Medellín, toda vez que únicamente se hizo referente a la personería de Medellín. La presente acción fue instaurada en contra de la Personería de Medellín, es por ello por lo que, mediante auto de 16 de mayo de 2011, se inadmitió la demanda para que la parte actora aclarara frente a qué persona jurídica promovía la acción, al carecer las personerías municipales de capacidad jurídica para comparecer en juicio como entidades demandadas. (…). Debe resaltarse que a las personerías municipales se le atribuyen funciones de control administrativo, pero de conformidad con el artículo 168 de la Ley 136 de 1994 no tienen el carácter de persona jurídica del orden municipal, a pesar de ello, se advierte que la demanda fue corregida para cumplir la exigencia de la corporación judicial que tramitaba el proceso, por lo que la demanda quedó dirigida en contra del municipio de Medellín y la personería de Medellín, y a

ambas entidades se les notificó la demanda, entidades que contestaron la misma. Por consiguiente, al tratarse del ejercicio oficioso de adecuar la demanda respecto a la entidad contra la cual se dirigía la acción, en el auto inadmisorio no se dispuso allegar el requisito de procedibilidad de conciliación respecto al municipio de Medellín, por lo que admitió la demanda sin que se hubiera interpuesto recurso alguno, además al resolverse el incidente de nulidad en donde se dispone expresamente que la acreditación de este requisito se encontraba saneado, tampoco se recurrió la decisión, con lo cual se acepta lo resuelto en la instancia. CONTROL JUDICIAL DE FALLO DISCIPLINARIO / TUTELA JUDICIAL EFECTIVA – Improcedencia de fallo inhibitorio Aludió el demandante al principio de expurgación entendido como aquel a través del cual se deben materializar los principios de eficiencia y efectividad de la tutela judicial efectiva, cuyo producto resultante debe ser una decisión de fondo. Reitera que no correspondía en la sentencia un pronunciamiento propio de la etapa de inadmisión o rechazo. Añade que se desconoció el principio “pro actione” que le impone al juez el deber de interpretar la norma de la manera más favorable para la efectividad de la acción. Comparte la Sala los argumentos planteados por el disciplinado, toda vez que evidentemente era al momento de calificar la demanda la oportunidad para señalar los defectos de esta, precisamente para evitar un fallo inhibitorio, respecto de los cuales ha señalado esta Corporación no tienen lugar en el ordenamiento jurídico colombiano, por cuanto una de las garantías que debe

brindársele a los ciudadanos que acuden al aparato jurisdiccional, es la de obtener una pronta solución del litigio, con lo cual se garantiza el efectivo acceso a la administración de justicia y el principio de prelación del derecho sustancial sobre las formas, pilares fundamentales de la actividad judicial. PROCESO DISCIPLINARIO / CONTROL DISCIPLINARIO SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES – Competencia dual de la respectiva procuraduría provincial y de la personería del municipio a que pertenezca el disciplinado / FALTA DE COMPETENCIA DE PERSONERÍA MUNICIPAL PARA ADELANTAR PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA EMPLEADO MUNICIPAL – Improcedencia El artículo 76 del Decreto 262 de 2000 prevé la posibilidad de que las Procuradurías Distritales y Provinciales, dentro de su circunscripción territorial, ejerzan la potestad disciplinaria, en primera instancia, frente a los alcaldes municipales, que no sean capital de departamento, los concejales de éstos, los personeros, los personeros delegados, entre otros servidores públicos, siempre que el Procurador General de la Nación así los disponga. Frente a lo expuesto se desprende que se trata de una competencia dual, es decir la puede ejercer la Procuraduría General de la Nación como suprema autoridad del Ministerio Público, así como el personero de Medellín, respecto de los servidores públicos del orden municipal. Debe advertirse igualmente que el literal a) del numeral 1) del artículo 76 de la ley 262 de 2000, hace referencia como sujetos disciplinables a los alcaldes, concejales, personeros, ediles, gerentes de los organismos y las

entidades descentralizadas del orden distrital o municipal de los municipios que no sean capital de departamento, y Medellín es capital del Departamento de Antioquia. Es por ello, que con oficio de remisión No 6371 de fecha 29 de noviembre de 2007, la Procuradora Provincial del Valle de Aburrá remite al Personero de Medellín la queja suscrita por Gloria Patricia Henao, únicamente respecto al señor Gabriel Jaime Ángel Faraco y no en contra del exalcalde Sergio Fajardo, con fundamento en el numeral 4 del artículo 178 de la Ley 136 de 1994 y los artículos 2, 3 inciso 4, 66, 67, y 78 de la Ley 734 de 2002. PROCESO DISCIPLINARIO / DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA / SUPERACIÓN DEL TÉRMINO DE LEY PARA ADELANTAR INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA – No viola en sí misma el debido proceso disciplinario Si bien el cumplimiento de los términos dentro de un proceso disciplinario constituye garantía para el disciplinado con el fin de que se debe resolver su situación sin dilaciones, también lo es que ante su incumplimiento debe verificarse en cada caso, si se desconoció o no el derecho al debido proceso. En el caso estudiado se encuentra plenamente justificado, tanto la prórroga de la investigación disciplinaria como el decreto de pruebas de oficio, de conformidad con el artículo 129 de la Ley 734 de 2002, en razón a que el funcionario disciplinario debe buscar la verdad real, y para ello debe investigar con igual rigor, los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y

la responsabilidad del investigado y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad.. (…). Debe entenderse que por el hecho de que la entidad demandada exceda el periodo para adelantar las diligencias de investigación disciplinaria dentro de los procesos administrativos, las decisiones definitivas que resulten del procedimiento no estarán sucedidas de nulidad; sin embargo, de presentarse una violación flagrante al debido proceso se estaría frente a otra situación. De la revisión del proceso disciplinario se destaca que dentro de este se garantizó el derecho de defensa, tal como se evidencia en las notificaciones de las piezas procesales, el haber sido asistido mediante apoderado, haber tenido la oportunidad de allegar medios de defensa, además fue escuchado en versión libre, presentó descargos, pudo interponer recursos, con lo que se observó el derecho de defensa, así como el debido proceso.

PROCESO DISCIPLINARIO / RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DE

MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA POR SERVICIOS POR VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE INHABILIDADES – Configuración / PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ENTIDAD A LA QUE SE ESTUVO VINCULADO DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE AL RETIRO DEL SERVICIO Expresa el actor que lo que la norma impide es que aquel servidor que ha desempeñado cargo como gerente o director o que ha sido miembro de la junta de la entidad respectiva, sea contratado bajo la figura del contrato de consultoría o de prestación de servicios, la norma en momento alguno está prohibiendo que pueda desempeñarse como servidor público. Tampoco comparte la Sala, la

interpretación que hace el inculpado del artículo 10 del Decreto Ley 128 de 1976, toda vez que esta norma determina la prohibición legal para los miembros de las juntas o consejos directivos de las entidades descentralizadas de prestar sus servicios profesionales durante el ejercicio de sus funciones y dentro del año siguiente a su retiro y para los gerentes, directores o presidentes de estas dentro del año siguiente a su retiro, en la entidad pública en la cual actúan o actuaron y en las que formen parte del sector administrativo al cual pertenece la entidad. En conclusión, la prohibición establecida en el artículo 10 del Decreto Ley 128 de 1976 se limita a impedir que los miembros de las juntas o consejos directivos de las entidades descentralizadas prestar sus servicios profesionales en la entidad descentralizada a la que estuvieron vinculados, dentro del año siguiente al retiro, los cuales pueden ser prestados en virtud de una relación legal o reglamentaria, o una relación contractual y no como lo interpreta la defensa del inculpado que entiende por servicios profesionales los servidos como contratistas.

PROCESO DISCIPLINARIO / VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD

POR NO SANCIONARSE DISCIPLINARIAMENTE A SERVIDORES PÚBLICOS

EN APARENTES CONDICIONES IDÉNTICAS A LAS DEL DISCIPLINADO – Improcedencia Referente a la posible vulneración del derecho a la igualdad debido a que en casos parecidos no se iniciaron las investigaciones disciplinarias, en gracia a la discusión, la Sala destaca que el hecho de que algunos asuntos similares sean resueltos en forma diferente ello no comporta necesariamente una discriminación o diferencia de trato, dado que pueden presentarse particularidades en cada caso,

como la existencia de pruebas o faltas disciplinarias distintas que determinen un desenlace diferente sobre el asunto. Por tanto, el derecho a la igualdad de trato ante la ley que le asiste a los disciplinados no alude al sentido de la decisión en sí misma, sino en la aplicación de las normas procesales y sustanciales, atendiendo a los supuestos de hecho que determinarán cada caso individualmente considerado. En tal forma, la ausencia de un patrón de igualdad que permita la comparación de uno y otro evento torna improcedente la pretensión de considerar que los actos administrativos disciplinarios supuestamente vulneraron el derecho a la igualdad.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 05001-23-31-000-2011-00411-01(4349-17)

Actor: GABRIEL JAIME ÁNGEL FARACO Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLÍN La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 13 de julio de 2017 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia que se declaró la inepta demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, el señor Gabriel Jaime Ángel Faraco, por conducto de apoderado judicial, solicita las siguientes declaraciones y

condenas: 1.1 Pretensiones Que se declare la nulidad del Fallo de Primera Instancia del 23 de abril de 2010, proferido por el personero delegado 17D en virtud del cual se impuso al demandante la sanción de destitución e inhabilidad por el término de 10 años; y el Fallo de Segunda Instancia del 23 de junio de 2010, proferido por el Personero de Medellín, mediante el cual se resuelve el recurso de apelación impetrado por la parte demandante que modificó la sanción imponiéndole la suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 8 meses. Pide que, a título de restablecimiento del derecho: (i) se condene a la Personería de Medellín la supresión de la sanción impuesta de todo registro en donde haya sido radicada, informada o registrada; ii) el reintegro, reembolso o devolución de las sumas que el actor haya pagado como consecuencia de la sanción disciplinaria; iii) al pago de costas y agencias en derecho; iv) la condena se deberá actualizar de conformidad con el artículo 178 del C.C.A.; y v) dar cumplimiento al fallo en los términos del artículo 178 del C.C.A. Como pretensión subsidiaria solicita que, de no haberse pagado el valor de la sanción, se ordene a la entidad demandada para que se abstenga de realizar el cobro de esta1. Los hechos que fundamentan las pretensiones son los siguientes: Asegura que por medio del Decreto No 0238 del 13 de febrero de 2007, el alcalde de Medellín nombró como Gerente General de la Empresa Metropolitana para la

Seguridad “Metroseguridad” a Gabriel Jaime Ángel, quien se posesionó en el cargo el día 15 de los mismos mes y año. Relata que el 13 de septiembre de 2007, la veeduría cívica para el Desarrollo de Medellín, radicó queja ante el Procurador General de la Nación contra el alcalde de Medellín, Sergio Fajardo Valderrama, y contra el Gerente General de Metroseguridad, Gabriel Jaime Ángel Faraco, por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Menciona que el 17 de septiembre de 2007, el Procurador General de la Nación remitió la queja al Procurador Delegado I para la Vigilancia Administrativa; éste a su vez, el día 25 de los mismos mes y año, envió la queja a la Procuraduría 1 Folio 2 del cuaderno principal Provincial de Medellín; finalmente, el 26 de mayo de 2007, el Procurador Provincial del Valle de Aburrá, por medio del oficio 6371, remitió la queja a la Personería de Medellín. Anota que el 21 de enero de 2008, la Personería de Medellín emitió auto de apertura de investigación disciplinaria. En auto del 17 de abril de 2009, resolvió prorrogar la investigación. En autos del 26 de mayo y del 8 de junio de 2009, decretó pruebas. Y, en auto del 2 de octubre de 2009, dictó pliego de cargos. Refiere que el 23 de abril de 2010 se expidió el fallo de primera instancia, mediante el cual declaró probado el cargo; el 23 de junio de 2010, el Personero

de Medellín, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el fallo disciplinario, modificando su numeral 2 en el sentido de imponer al demandante la suspensión de 8 meses en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el mismo tiempo, y confirmando en lo demás la decisión recurrida. Concluye que se dio cumplimiento al requisito de procedibilidad de la acción de conciliación extrajudicial2. 1.2 Normas violadas y concepto de violación Como normas violadas cita el demandante las siguientes: De la Constitución Política, los artículos 13 y 29. Del Decreto 262 de 200, el artículo 76 numeral 1, literal a). De la Ley 734 de 2002, los artículos 15, 82 y 156. En el concepto de violación afirmó la violación del debido proceso en razón a: 1.- De la competencia, indicó que atendiendo al elemento político que envuelve a la Personería de Medellín, y a la dignidad de los cargos de Alcalde Municipal y de Gerente de entidad descentralizada del orden municipal, la ley confirió a las Procuradurías distritales y provinciales la competencia para conocer los procesos disciplinarios que se adelanten contra los mismos, lo cual fue observado por el Procurador General de la Nación y por el Procurador Delegado para la Vigilancia 2 Folios 2 al 4 del cuaderno principal. Administrativa, quien por decisión motivada ordenó al Procurador Provincial de Medellín, asumir el conocimiento de la queja formulada, Agrega que, por lo anterior, no tiene justificación que el Procurador Delegado Provincial del Valle de Aburrá. Sin auto que motivara la decisión remitiera el

expediente al Personero Municipal de Medellín. A su vez, dicho funcionario tenía la obligación de advertir que carecía de competencia para adelantar la investigación, sin embargo, no lo hizo. 2.- De la inobservancia de los términos legales. Manifestó, que la Personería de Medellín no acató lo dispuesto en el artículo 156 del CDU sobre el término de la investigación disciplinaria, por ende, actuó sin tener competencia temporal, y con un claro abuso de su potestad sancionadora, sin que exista justificación para las dilaciones en que incurrió, las cuales se traducen en una vulneración del derecho fundamental al debido proceso. 3.- Inexistencia de la norma que sustenta la sanción. Con la expedición de la ley 200 de 1995 desaparecieron las normas de naturaleza especial o general que regulaban el régimen disciplinario. Desde luego que el artículo 10 del Decreto 128 de 1976 al ocuparse del tema de las inhabilidades regulaba el régimen disciplinario de los servidores públicos. Y el capítulo 4 del Título IV del libro primero de la Ley 734 de 2002 regula el mencionado régimen en los artículos 36 y ss. 4.- Adiciona que los actos demandados están incursos en la causal de nulidad de falsa motivación, ya que la sanción disciplinaria impuesta al demandante, se sustentó en la supuesta inhabilidad para ejercer cargo público, por haber prestado a Metroseguridad sus servicios como Gerente, no obstante el año anterior haber actuado como miembro de la Junta Directiva de Metroseguridad, pues a la fecha que se posesionó como gerente de esa entidad el día 15 de febrero de 2007

venía de ser miembro de la junta directiva. Sin embargo, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 128 de 1976, lo que impide es que aquel servidor que ha desempeñado cargo como gerente o director que ha sido miembro de la junta de la entidad respectiva, salga y sea contratado bajo la figura del contrato de consultoría o de prestación de servicios con el objeto de prestar sus servicios profesionales, pero no que pueda desempeñarse como servidor público. 5.- Finalmente, argumentó la violación del derecho a la igualdad, dado que sancionar al demandante consolidó un trato desigual y discriminatorio, ya que la personería no sustentó las razones por las cuales tramitó un fallo condenatorio en contra del actor y jamás se tramitó uno contra aquellas personas que en circunstancias de hechos iguales, es decir, que siendo miembros de juntas directivas de entidades descentralizadas, pasaron de manera inmediata a ocupar el más alto cargo directivo de esa misma entidad.3

2. La contestación de la demanda 2.1.- El Municipio de Medellín, a través de apoderada, contestó la demanda solicitando la probanza de la generalidad de los hechos en los que fundamentan las pretensiones y oponiéndose a la prosperidad de éstas.

Contrario a lo señalado en el concepto de violación, indicó, que la Personería de Medellín sí era competente para adelantar la investigación disciplinaria en contra del demandante, dada su calidad de servidor público del orden municipal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 178 de la Ley 136 de 1994.

Frente a la inobservancia de los términos legales, refirió, que en efecto, la investigación disciplinaria duró más tiempo que el previsto en el artículo 156 de la Ley 734 de 2002, sin embargo, ello no conlleva a la terminación o anulación del proceso, sino que es sólo un límite para la práctica de pruebas tendientes al esclarecimiento de los hechos investigados, aunado, el artículo 29 de la Ley 734 de 2002, establece como únicas causales de extinción de la acción disciplinaria la prescripción de ésta y la muerte del investigado. Respecto a la norma que sustenta la sanción adujo que fue clara la Personería de Medellín, en cuanto a la norma transgredida, la misma que a juicio del defensor fue derogada por la ley 200 de 1995, aspecto que no merece discusión, pues el artículo 36 de la Ley 734 de 2002, establece que se incorporan a esta ley el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, es decir que en ninguno de sus apartes de dicha norma aparece su derogatoria, se observa que por parte del disciplinado y su defensor se discutió la no aplicabilidad de esta norma, no porque 3 Folios 4 al 11 del cuaderno principal. hubiese sido derogada, sino dándole otra interpretación, se nota el cambio de estrategia. Además, propuso las siguientes excepciones: i) falta de requisito de procedibilidad; ii) falta de legitimación en la causa por pasiva; iii) litisconsorcio necesario; iv) inexistencia de la obligación; v) incapacidad o indebida representación del apoderado del demandante; vi) inepta demanda por falta de

requisitos formales o indebida acumulación de pretensiones; vii) falta de causa para pedir; viii) buena fe y ix) genérica4. 2.2.- La Personería de Medellín, contestó la demanda a través de apoderado y se pronuncia respecto de los hechos de la demanda, oponiéndose a las pretensiones de la misma al considerar que no demuestra el actor que el actuar de la Personería de Medellín en la configuración de los elementos sustanciales y formales del acto administrativo, al momento de su nacimiento y su concordancia con el régimen jurídico que debió respetar tanto en su jerarquía normativa como en el procedimiento para su expedición, fueron contrarios a derecho. Afirma que al no haber sido desvirtuada la legalidad del acto administrativo acusado, al no probar una causal de nulidad que sustente las pretensiones, ni la falta al debido proceso en el trámite disciplinario que dio origen al mismo, en la medida en que se encuentra probado que con su conducta negligente incurrió en una falta disciplinaria en el ejercicio de sus funciones, conducta que conduce a la declaratoria de responsabilidad disciplinaria, se debe denegar las pretensiones de la demanda5.

3. La sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 13 de julio de 2017, declaró probada la excepción de inepta demanda, con fundamento en los siguientes argumentos6: Expresa que en el caso concreto era menester que se agotara el requisito de procedibilidad referido a la conciliación prejudicial, dado que la acción instaurada es la de nulidad y restablecimiento del derecho y las pretensiones contienen un 4 Folios 277 al 285 del cuaderno principal

5 Folios 181 al 193 del cuaderno principal 6 Folios 494 al 508 del cuaderno principal interés eminentemente económico, puesto que como consecuencia solicita se reintegre al demandante y el pago de las sumas que hubiese cancelado, que según la cuantía equivale a $80.000.000. Alega que con ocasión al auto inadmisorio, el accionante solicitó tener como parte accionada al municipio de Medellín, por lo que se admitió la demanda respecto de esta entidad territorial. Pero antes de la presentación de la demanda se incoó solicitud de conciliación extrajudicial, frente al Personero de Medellín. Expone, que el requisito de procedibilidad no se cumplió frente a la entidad demandada, municipio de Medellín, entidad que argumentó que la audiencia de conciliación se surtió con otra persona diferente, a la cual el alcalde no le había otorgado poder para que lo representara. De otro lado, tampoco se cumplió con el requisito previo de que pasara por el Comité de Conciliación del municipio de Medellín. Afirma que, si bien a la personería municipal se le atribuyen funciones de control administrativo, tal organismo, no obstante poseer autonomía administrativa y presupuestal, no tiene el carácter de persona jurídica del orden municipal para efectos de comparecer a juicio en defensa de la legalidad de sus propios actos, por tanto, deben comparecer al proceso a través del respectivo municipio al cual pertenezcan.

4. El recurso de apelación La parte actora presentó recurso de apelación contra la sentencia del 13 de julio de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, así7:

1.- Proceso de doble instancia. Señaló que en la etapa del fallo decide el Tribunal que el presente asunto corresponde a un proceso de única instancia. Afirmó que tal decisión desconocería el debido proceso, así como el principio de la buena fe, la confianza y la judicial efectiva; 2.- No agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extraproceso. Advierte que no comparte la decisión del Tribunal, la cual se fundamentó en la cambiante y contradictoria jurisprudencia del Consejo de Estado, por lo que reprocha que se aplique una sentencia proferida en el año 2016, más de 4 años después de admitida la 7 Folios 510 al 521del cuaderno principal demanda; 3.- Tutela judicial efectiva. Aludió al principio de expurgación entendido como aquel a través del cual se deben materializar los principios de eficiencia y efectividad de la tutela judicial efectiva, cuyo producto resultante debe ser una decisión de fondo. Reitera que no correspondía en la sentencia un pronunciamiento propio de la etapa de inadmisión o rechazo. Añade que se desconoció el principio “pro actione” que le impone al juez el deber de interpretar la norma de la manera más favorable para la efectividad de la acción; 4.- Capacidad para ser parte y citación del municipio de Medellín. Argumenta que sustentado en el artículo 149 del C.C.A., la demanda se dirigió contra la personería de Medellín. Pues dicha norma brindó capacidad jurídica para ser parte procesal a entidades que no son necesariamente personas jurídicas. En concordancia la Nación estará representada por la persona de mayor jerarquía en

la entidad que expidió el acto. De allí que la representación la ostente el Personero de Medellín, al tener capacidad para ser parte procesal, por cuanto la demanda se dirigió contra ella, más aún cuando la vinculación fue decidida por el Tribunal que en tal sentido requirió al actor. 5.- En el presente asunto sí se agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación extraproceso. Sostuvo que si el juez de la admisión lo consideraba pertinente debería tenerse como parte demandada al municipio de Medellín, entidad frente a la cual no correspondería la carga del agotamiento del requisito de procedibilidad, habida cuenta que dicha vinculación fue por exigencia del despacho. Es claro que se agotó frente a la personería de Medellín, no en cuanto al municipio, por cuanto el mismo no era parte pasiva de la relación jurídico procesal. 6.- Vicio de incompetencia. Insiste que se presentó un vicio de incompetencia por parte de la Personería de Medellín para adelantar el proceso disciplinario habida cuenta del desconocimiento de los plazos legales en el transcurso del proceso disciplinario que adelantó. Considera que la ley confirió a las Procuradurías distritales y provinciales la competencia para conocer los procesos disciplinarios, no estando facultada la Personería de Medellín, para adelantar el proceso disciplinario, habiendo hecho caso omiso a todas las advertencias presentadas en las distintas etapas probatorias, por lo que se configuró vulneración al debido proceso; 7.- Vicios de los actos demandados por desconocimiento de las normas procedimentales y falta de competencia por el factor temporal. La personería de Medellín desconoció normas que regulan los

plazos para adelantar la investigación disciplinaria como lo consagrado en el artículo 156 de la Ley 734 de 2002. Por lo que no hay razón para que, transcurrido más de un año del auto de apertura de la investigación disciplinaria, se hubiera ordenado la prórroga de la investigación y que solo hasta el 2 de octubre de 2009 se emitiera pliego de cargos; 8.- Inexistencia de la norma que sustenta la sanción. Dijo que el artículo 177 de la Ley 200 de 1995 derogó el artículo 10 del Decreto Ley 128 de 1976 esto es disposiciones disciplinarias especiales incluida las municipales; 9.- Falsa motivación de los actos demandados. Expresa que lo que la norma impide es que aquel servidor que ha desempeñado cargo como gerente o director o que ha sido miembro de la junta de la entidad respectiva, sea contratado bajo la figura del contrato de consultoría o de prestación de servicios, la norma en momento alguno está prohibiendo que pueda desempeñarse como servidor público; 10.- Derecho a la Igualdad. Expone que dentro de la administración municipal de Medellín se dieron otros casos similares frente a los cuales la personería no enfiló acción, tal como el caso de Jesús María Ramírez en la empresa de seguridad urbana, Andrés de Bedout en las empresas varias de Medellín.

5. Alegatos de conclusión Mediante auto del 16 de febrero de 2018, el Despacho sustanciador corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el concepto8. 5.1 Parte demandante.

El demandante guardó silencio durante esta etapa procesal como aparece en la constancia secretarial de agosto 6 de 2018.9 5.2 Parte demandada 5.2.1. El municipio de Medellín presentó los alegatos de conclusión haciendo referencia a cada uno de los argumentos del recurso así. 1.- Única instancia. Considera que dicho asunto se resolvió, teniendo en cuenta que se admitió el recurso de apela