CE-SECCION SEGUNDA-05001-23-33-000-2015-00742-01(1778-19)

RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DOCENTE / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PROTECCIÓN A PERSONA DE LA TERCERA EDAD En el asunto bajo estudio, se encuentra probado que el demandante cuenta con 69 años , situación que lo ubica en un estado de vulnerabilidad por encontrarse dentro de los postulados constitucionales que imponen la protección de las personas de la tercera edad por parte del Estado, en ese sentido exigirle que presente de nuevo un proceso para incluir los actos que expidió la misma entidad a la cual demandó en este caso, a efectos obtener la reliquidación de su pensión de jubilación, traería consigo un desgaste injustificado y desesperanzador para el señor Ovidio de Jesús Ochoa Quintero, toda vez que no se le estaría garantizando el goce y disfrute de sus derechos fundamentales, comoquiera que transcurriría mucho tiempo entre la presentación de la demanda y un nuevo pronunciamiento de la jurisdicción en el que se le reconozca o niegue el reajuste pensional invocado. Así las cosas, considera esta Sala que resulta necesario para el caso concreto hacer un análisis de fondo, esto es, si procede o no la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales, bajo el régimen contemplado en la Ley 33 de 1985.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 228 / CONSTITUCIÓN POLÍTICAARTÍCULO 229

RÉGIMEN PENSIONAL DE LOS DOCENTES AFILIADOS AL FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO / INGRESO

BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN PENSIONAL DE LOS DOCENTES

AFILIADOS AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Es de advertir que de lo arrimado al plenario se observa que la Resolución No. 04821 del 19 de abril de 2010, por medio de la cual la entidad accionada reconoció al interesado la pensión de jubilación incluyó los factores salariales de la asignación básica mensual, sobresueldo y vacaciones, sin embargo estos dos últimos no se podían incluir en la liquidación, en atención a los factores enlistados en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985 y las reglas jurisprudenciales fijadas por la Sección Segunda de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019. De ahí que no le asiste el derecho al accionante en los términos invocados en la demanda, es decir, que se reliquide la mesada pensional con inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, por las razones expuestas en el párrafo precedente. Lo anterior, con la precisión de que se mantendrán incólume los factores salariales incluidos por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en la Resolución No. 04821 del 19 de abril de 2010, a fin de no desmejorar su derecho prestacional.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, ver: C de E, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Segunda, sentencia de unificación de 25 abril de 2019, rad 68001-23-33-0002015-00569-010935-17SUJ-014-CE-S2-19, rad C.P. César Palomino Cortés FUENTE FORMAL: LEY 6 DE 1945 / LEY 91 DE 1989 / LEY 812 DE 2003 / LEY 962 DE 2005 / DECRETO 2831 DE 2005 / DECRETO 1158 DE 1994 / LEY 33 DE 1985 / LEY 62 DE 1985 / ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 CONDENA EN COSTAS – Configuración De conformidad con lo señalado en recientes providencias de esta Subsección y en atención al criterio objetivo valorativo de causación de costas procesales, previsto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y en concordancia con los numerales 1°, 4° y 8.° del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas a la demandante, toda vez que se revocará la sentencia recurrida para en su lugar negar la súplicas de la demanda, asimismo se demostró su causación con la intervención de la parte contraria, quien presentó alegatos de conclusión en esta instancia.

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 - NUMERAL 1 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 - NUMERAL 8

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 05001-23-33-000-2015-00742-01(1778-19)

Actor: OVIDIO DE JESÚS OCHOA QUINTERO

Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIO.

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Temas: RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DOCENTE

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/LEY 1437 DE 2011

I. ASUNTO La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la sentencia del 21 de junio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia1, que se inhibió 1 Con ponencia del magistrado Gonzalo Zambrano Velandia

2 835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de pronunciarse de fondo respecto de la demanda instaurada por el señor Ovidio de Jesús Ochoa Quintero en contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional De Prestaciones Sociales del Magisterio.

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda2.

2.1.1. Pretensiones. El señor Ovidio de Jesús Ochoa Quintero, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contenido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 20113, solicitó declarar la nulidad parcial de la Resolución No. 04821 del 19 de abril de 2010, por medio de la cual la Secretaría

de Educación de Medellín en representación de la entidad demanda le reconoció pensión de vejez equivalente al 75 % de lo devengado en el último año de servicios en virtud de los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 2341 de 2003, 1158 de 1994, 3752 de 2003; las leyes 33 de 1985, 812 de 2003, 1122 de 2007 y 1250 de 2008; y del acto legislativo No.1 de 2005, en cuantía de $2.185.652 M/Cte., efectiva a partir 1 de diciembre de 2009. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la entidad demandada a lo siguiente:  Reliquidar la pensión de jubilación con inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, sumas debidamente actualizadas conforme al IPC.  Indexar la primera mesada.  Reconocer y pagar los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.  Dar cumplimiento a la sentencia según lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. 2.1.2. Hechos. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

1. El señor Ovidio de Jesús Ochoa Quintero nació el 25 de enero de 1952 y prestó sus servicios como Docente Nacional en el Departamento de Antioquia y con posterioridad en el Municipio de 2 Folios 86 a 114. 3 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo». 3 835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Medellín, desde 16 de febrero de 1989 hasta 30 de noviembre de 2009, cuando adquirió su estatus pensional.

2. A través de la Resolución No. 04821 del 19 de abril de 2010, la Secretaría de Educación de Medellín en representación de la entidad demanda reconoció a favor del accionante pensión de vejez equivalente al 75 % de lo devengado en el último año de servicios con inclusión de la asignación básica, sobresueldo y prima de vacaciones, en cuantía de $2.185.652 M/Cte., efectiva a partir 1 de diciembre de 2009. 2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

Como normas vulneradas citó los artículos artículos 2°, 4°, 6°, 13, 23, 25, 48, 53, 83, 84, 95, 209 y 228 de la Constitución Política; 17 de la Ley 6ª de 1945; 3° de la Ley 65 de 1946; 2° de la Ley 24 de 1947; 4° de la Ley 48 de 1962; 2° de la Ley 5 de 1969; 3° de la Ley 33 de 1985; 1° de la Ley 62 de 1985; 2° y 15 de la Ley 91 de 1989; 141 de la Ley 100 de 1993, 81 de la Ley 812 de 2003; 56 de la Ley 962 de 2005; 192 de La Ley 1437 de 2011; 45 del Decreto Ley 1045

de 1978; 36 literal f del Decreto Ley 2277 de 1979; 99 del Decreto 1848 de 1969; el Decreto 2831 de 2005 y el Acto Legislativo 01 de 2005. En el concepto de violación explicó que la entidad demandada en el acto administrativo de reconocimiento pensional omitió incluir todos los factores salariales devengados en el último año de servicios a los que considera tiene derecho, ello en infracción a la normatividad anteriormente citada. 2.2. Contestación de la demanda4. Admitida la demanda de la referencia mediante auto del 14 de mayo de 20155 se vinculó al Municipio de Itagüí por tener interés directo en las resultas del proceso, de ahí que por intermedio de apoderado judicial, se opuso a todas y cada una de las pretensiones formuladas por el demandante, para lo cual indicó que el acto administrativo objeto de censura había sido expedido por el municipio de Medellín con aprobación del FOMAG, quien era la entidad encargada de reajustar dicha prestación. Por lo anterior, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción e inexistencia de la obligación. 2.3. Trámite en primera instancia. 4 Folios 128 a 131. 5 Folio 117 4 835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal Administrativo de Antioquia, en la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, instalada el 5 de noviembre de 20156, advirtió que (i) no existían vicios que

invalidaran lo actuado y, por tanto, declaró saneado el proceso; (ii) en cuanto a las excepciones previas de falta de legitimación en la causa por pasiva y la prescripción indicó que no se encontraban probadas; y (iii) fijó el litigio en los siguientes términos: «Le corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 04821 del 19 de abril de 2010, preferido por la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, mediante el cual se le reconoció la pensión de jubilación al señor OVIDIO DE JESÚS OCHOA QUINTERO, si está viciado de nulidad parcial y si como consecuencia de ello hay lugar al restablecimiento del derecho por las razones que indica el accionante, esto es, que no fueron incluidos todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición de su estatus pensional, específicamente la prima de navidad, y que tampoco se le reconoció la mesada adicional del mes de junio; o si por el contrario si dicho acto administrativo se encuentra en armonía con la normatividad aplicable al caso concreto.» 2.4. La sentencia apelada. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 21 de junio de 20187, declaró de ofició la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida individualización del acto demandado, condenó en costas al demandante y denegó el incidente de regulación de honorarios. Al respecto indicó que el accionante se encontraba en la obligación

de individualizar con toda precisión el acto del cual pretendía su nulidad máxime cuando había evidenciado que con posterioridad el accionante elevó una solicitud de reliquidación pensional con inclusión de todos los factores salariales la cual fue desatada desfavorablemente por la entidad accionada mediante Resolución No. 013350 del 9 de diciembre de 2014. En ese sentido agregó que esta última había puesto fin a la actuación administrativa, circunstancia que ante la naturaleza rogada de la jurisdicción contencioso administrativo lo obligaba a proferir un fallo inhibitorio, pues en sentir del a quo al acceder a las pretensiones de la demanda y declarar la nulidad del acto censurado quedaría vigente el acto administrativo definitivo en el que se plasmó finalmente la voluntad de la administración en relación a dicha reliquidación. Por otro lado, en cuanto al incidente de regulación de honorarios lo denegó al considerar que si bien el Dr. Gustavo Andrés Cano 6 Folios 198 a 202. 7 Folios 372 a 380 Vto. 5 835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cadavid había intervenido dentro del proceso, no arribó al plenario documento que diera cuenta que en efecto existió un vinculó contractual con el accionante cuyo objeto sería el de la prestación de servicios profesionales en calidad de abogado, siendo que otro era su apoderado principal. 2.5. Recurso de apelación. El demandante por conducto de apoderado judicial interpuso recurso de apelación8 en contra de la decisión de primera instancia,

al considerar que el a quo le impuso la obligación de formular una segunda petición para acudir a la jurisdicción bajo el argumento que no individualizó con toda precisión las pretensiones invocadas en la demanda, siendo que el acto administrativo recurrido si surtió efectos jurídicos diferente a la resolución que negó la reliquidación en tanto esta última no introducía o modificaba situación jurídica alguna, por lo que consideraba que al inhibirse de pronunciamiento transgredía los derechos al acceso a la administración de justicia, igualdad y debido proceso, máxime cuando omitió expresarlo dentro de las oportunidades procesales en aras de sanear el proceso. 2.6. Trámite en segunda instancia. Por autos de 11 de junio de 20199 y 31 de julio de 201910, este Despacho admitió los recursos de apelación interpuestos por las partes procesales y ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al agente del Ministerio Público para conceptuar en segunda instancia, respectivamente. La entidad demandada la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio manifestó que no es procedente reliquidar pensión, teniendo en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios, toda vez que solo se pueden incluir aquellos sobre los cuales se hayan efectuado los aportes al fondo pensional a fin de no afectar los principios de sostenibilidad fiscal y economía, razón por la que consideraba se deben denegar las súplicas de la demanda y en consecuencia la exonerarla de cualquier responsabilidad. La Procuradora Tercera Delegada11 presentó concepto para lo cual

indicó que era menester del actor demandar la nulidad de todos los actos administrativos a través de los cuales la entidad accionada negó las solicitudes elevadas, entre tanto estos se consideraban 8 Folios 386 a 395. 9 Folio 404. 10 Folio 412. 11 Folios 417 a 422. 6 835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co actos que definieron de fondo la situación, razón por la que encontraba ajustada la decisión de primera instancia. La demandante y las demás partes demandadas guardaron silencio. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección procede a decidir previas las siguientes,

III. CONSIDERACIONES 3.1. Competencia Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15012 de la Ley 1437 de 2011. 3.2. Marco de análisis de la segunda instancia.

De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones. En el asunto objeto de estudio, el señor Ovidio de Jesús Ochoa Quintero es apelante único, por lo que la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a lo expuesto en el recurso de apelación. 3.3. Cuestión previa Previo a decir, resulta imperioso señalar que al actor pretende exclusivamente la nulidad parcial del acto administrativo de

reconocimiento pensional contenido en la Resolución 4821 del 19 de abril de 2010 la cual no incluyó todos los factores salariales devengados en el último año servicios. Sin embargo es de advertir que con posterioridad, esto es, el 29 de a septiembre de 2014, el señor Ochoa Quintero elevó ante la entidad accionada solicitud de reliquidación de la pensión de vejez la cual fue desatada desfavorablemente mediante Resolución 01350 del 9 12 « El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]». 7 835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de diciembre de 201413, la cual no fue objeto de censura dentro del libelo demandatorio, razón por la que el a quo profirió sentencia inhibitoria pues consideró que este último acto le había puesto fin a la actuación ante la administración siendo menester demandarlo ante la jurisdicción. Ahora bien, en reiteradas oportunidades, esta Corporación ha sostenido que el juez debe integrar e interpretar la demanda de forma tal que supere los meros formalismos y llegue a impartir

justicia, de fondo y sin dilaciones14, especialmente cuando se está en presencia de escenarios de desprotección de derechos fundamentales de personas de la tercera edad, tales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, artículos 29, 228 y 229 de la Constitución Política, a quienes imponerle la carga de volver a presentar la demanda para acceder a la reliquidación pensional, constituye un desacierto que no se ajusta a los principios que rigen el Estado Social de Derecho. En este sentido, la Corte Constitucional ha aclarado, que en los casos en los que el solicitante o afectado sea una persona de la tercera edad, implica por sí misma, el incremento de la vulnerabilidad del individuo15, frente a quienes las autoridades deben obrar, dadas sus condiciones de debilidad manifiesta, interpretando el alcance de sus propias funciones con un criterio eminentemente protector, de tal forma que se materialice la intención del constituyente y se busque garantizar el goce de sus derechos constitucionales fundamentales.16 En el asunto bajo estudio, se encuentra probado que el demandante cuenta con 69 años17, situación que lo ubica en un estado de vulnerabilidad por encontrarse dentro de los postulados constitucionales que imponen la protección de las personas de la tercera edad por parte del Estado, en ese sentido exigirle que presente de nuevo un proceso para incluir los actos que expidió la 13 Folio 300 a 302. 14 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; 12 de noviembre de 1998; M. P. doctor Carlos A. Orjuela Góngora; radicado interno No. 17593; actor:

Caja Nacional de Previsión Social. 15 En tal sentido la Corte dijo en la Sentencia T-668 de 2007, lo siguiente: “…en ciertos casos el análisis de la procedibilidad de la acción en comento deberá ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes con un criterio más amplio, cuando quien la interponga tenga el carácter de sujeto de especial protección constitucional –esto es, cuando quiera que la acción de tutela sea presentada por niños, mujeres cabeza de familia, discapacitados, ancianos , miembros de grupos minoritarios o personas en situación de pobreza extrema. En estos eventos, la caracterización de perjuicio irremediable se debe efectuar con una óptica, si bien no menos rigurosa, sí menos estricta, para así materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad”. 16 Sentencia T-719 de 2003. 17 Información que se extrae de copia de la cédula de ciudadanía visible a folio 4 del expediente, que indica que el accionante nació el 25 de enero de 1952. 8 835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co misma entidad a la cual demandó en este caso, a efectos obtener la reliquidación de su pensión de jubilación, traería consigo un desgaste injustificado y desesperanzador para el señor Ovidio de Jesús Ochoa Quintero, toda vez que no se le estaría garantizando el goce y disfrute de sus derechos fundamentales, comoquiera que

transcurriría mucho tiempo entre la presentación de la demanda y un nuevo pronunciamiento de la jurisdicción en el que se le reconozca o niegue el reajuste pensional invocado. Así las cosas, considera esta Sala que resulta necesario para el caso concreto hacer un análisis de fondo, esto es, si procede o no la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales, bajo el régimen contemplado en la Ley 33 de 1985. 3.4. problema Jurídico Corresponde a la Sala de Subsección establecer si: 1. ¿Si el señor Ovidio de Jesús Ochoa Quintero quien en su condición de docente nacional adquirió su pensión de jubilación con el régimen instituido en la Ley 91 de 1989 tiene derecho o no a la reliquidación con inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios?

2. En caso de que el anterior interrogante sea afirmativo se procederá a estudiar la prescripción del derecho reclamado.

Para resolver lo anterior se abordará el siguiente orden metodológico: i) posición de la Sección Segunda del Consejo de Estado frente a los regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de los docentes vinculados al sector público oficial. Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-19; ii) análisis de la Sala; y iii) condena en costas. 3.5.) Posición de la Sección Segunda del Consejo de Estado frente a los regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de los docentes vinculados al sector público oficial. Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-19.

A través de la sentencia de unificación jurisprudencial 014 CE S2 19 de 25 de abril de 201918 con ponencia del Dr. César Palomino Cortés, se determinó que según el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación para los docentes 18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda.

Radicado: 68001-23-33-000-2015-00569-01(0935-17); Demandante. Abadía Reynel

Toloza; Demandado: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 9 835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial, para tal efecto explicó lo siguiente: i) Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 200319, quienes, en virtud de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985 y los factores que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación, son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes. En torno a ello, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige

por las siguientes reglas: Edad 55 años Tiempo de servicios 20 años Tasa de remplazo 75% Este ítem comprende i) el período del último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de representación; Ingreso base de primas de antigüedad, técnica, liquidación ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. ii) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Para este personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores señalados por el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. Los parámetros que se deben observar con el fin del reconocimiento de la pensión de jubilación, de los docentes oficiales vinculados con posterioridad a las Ley 812 de 2003 son los que a continuación se relacionan: 19 Ésta ley entró en vigencia el 27 de junio de 2003. 10 835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co Edad 57 años para hombres y mujeres Artículo 33 Ley 100 de 1993 modificado por Tiempo de servicios artículo 9 de la Ley 797 de 2003 Tasa de remplazo 65%-85% Este grupo comprende i) El promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión y ii) los factores salariales contemplados en el Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual, gastos de representación, Ingreso base de prima técnica, cuando sea factor de liquidación salario, primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario, remuneración por trabajo dominical o festivo, bonificación por servicios prestados, remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna. Las afirmaciones anteriores permiten colegir que la aplicación de uno u otro régimen está condicionada a la fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite cada docente. 3.6. Análisis del caso concreto. 3.7. De las pruebas Para resolver la controversia se tendrá en cuenta el material probatorio documental recaudado dentro del sub examine, toda vez que su presunción de autenticidad no fue objetada por las partes, y que le permite a esta instancia tener como acreditados lo siguiente:  El señor Ovidio de Jesús nació el 25 de enero de 195220 por lo que en el año 2007 cumplió con el requisito de la edad, esto es, 55 años.  Según certificado expedido por la Secretaria de Educación de

la alcaldía de Medellín el 21 de diciembre de 200921, el actor se desempeñó como docente en el municipio de Itagüí desde el 16 de febrero de 1989 hasta el 1 de diciembre de 1991.  Con posterioridad, fue nombrado por el Gobernador de Antioquia mediante Decreto 1206 del 7 de mayo de 199222 como profesor de tiempo completo y prestó sus servicios 20 Información que se extrae de la copia de la cédula visible a folio 4 21 Folio 29. 22 Folio 265. 11 835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dentro de dicha entidad hasta el 30 de noviembre de 200923 fecha en la que adquirió su estatus pensional en atención al cumplimiento del requisito de tiempos de servicios.  De conformidad con el certificado de nómina suscrito por el Líder de Proyecto Equipo de Nomina del 25 de noviembre de 201524, el accionante durante su último año de servicio, esto es, desde el año 2008 a 2009, devengó los siguientes emolumentos:  Asignación básica  Asignación adicional  Prima de navidad  Prima de vacaciones  Mediante la Resolución No. 04821 del 19 abril de 201025, la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Medellín en nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, le reconoció la pensión de jubilación al señor Ochoa Quintero, equivalente al 75 % de lo devengado en el último año de

servicios con inclusión de la asignación básica, sobresueldo y prima de vacaciones en virtud de los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 2341 de 2003, 1158 de 1994, 3752 de 2003; las leyes 33 de 1985, 812 de 2003, 1122 de 2007 y 1250 de 2008; y del acto legislativo No.1 de 2005 en cuantía de $2.185.652 M/Cte., efectiva a partir del 1 de diciembre de 2009. Para lo cual tuvo en cuenta lo siguiente: «Que el (la) educador(a) OCHOA QUINTERO OVIDIO DE JESÚS, con CC 3.351.142 de MEDELLIN, actuando en su propio nombre y mediante radicado 2009-PENS-018711 del 21 de diciembre de 2009, solicitó el reconocimiento y posterior pago de una Pensión de Jubilación, por haber laborado en varias entidades de Derecho Público por más de veinte (20) años y últimamente como docente Nacional, en (la) Institución Educativa FE Y ALEGRÍA SANTO DOMINGO SAVIO del Municipio de Medellín. […]

7. Que los factores salariales que sirvieron de base para esta liquidación son

FACTOR VALOR

Asignación Básica 1.817.504 Mensual Sobresueldo 999.627 Prima de Vacaciones 97.071 Total 2.914.202 23 Información que obra en el acto administrativo de reconocimiento pensional folio 290 a 291 Vto. 24 Folio 305 Vto a 307. 25 Folio 290 a 291 Vto.

12 835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Que el valor de la pensión a reconocer es de $2.185.652 efectiva a partir del 1 de Diciembre de 2009 9 Que el valor de la pensión está calculado en la suma de $2.185.652 equivalente al 75% del salario promedio mensual devengado durante el último año de servicio en la fecha que adquirió el status 10 Que la prestación fue aprobada mediante la hoja de liquidación con identificador No 901403 por la Fiduciaria la Previsora SA. entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de acuerdo a Ley 91 de 1989 y al Artículo 3° del Decreto 2831 de 2005. […]

13. Que son disposiciones aplicables entre otras, Decreto 3135 de

1968. Decreto 1848 de 1969, Ley 33 de 1985; Ley 812 de 2003, Decreto 2341 de 2003, Decreto 1158 de 1994, Decreto 3752 de 2003, acto legislativo No.