CE-SECCION SEGUNDA-08001-23-33-000-2018-90081-01(3153-19)

RÉGIMEN ANUALIZADO DE CESANTÍAS DE DOCENTES AFILIADOS AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIOAplicación a los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990 /

PRESCRIPCIÓN TRIENAL DE INTERESES MORATORIOS POR PAGO TARDÍO

DE CESANTÍAS ANUALIZADAS - Configuración [L]os docentes oficiales que se vincularon a partir del 1°. de enero de 1990 les es aplicable el régimen de cesantías anualizadas regulado por la Ley 50 de 1990, que dispone la realización de la liquidación anual de dicha prestación social con pago de intereses, suma que deberá ser consignada en el respectivo fondo de cesantías entes del 15 de febrero del año siguiente, so pena de que el empleador sea sancionado con el pago de un día de salario por cada día de retardo. (…) [L]a accionante ha prestado sus servicios al Estado como docente oficial a partir del 13 de noviembre de 1997 y goza del régimen de cesantías anualizadas, por lo que le asiste derecho, ante un eventual incumplimiento de los términos de ley para la consignación de esa prestación en el respectivo fondo, a la sanción moratoria. Como se dijo, dicha sanción resulta exigible desde el 15 de febrero de cada año respecto de las cesantías causadas en el inmediatamente anterior y debe ser reclamada, de acuerdo con el criterio de la Sala mayoritaria, dentro de los tres años siguientes, so pena de la ocurrencia de la prescripción de ese derecho. En el

presente caso, se tiene que la parte demandada no acreditó que las cesantías de la actora de los años 1997 a 2003 hubieren sido consignadas dentro del término previsto por la Ley 50 de 1990, esto es, antes del 15 de febrero siguiente a cada período de liquidación anual, razón por la cual, en principio, tendría derecho a la sanción moratoria que ahora pretende. Sin embargo, la interesada disponía de tres años contados a partir del 15 de febrero siguiente a cada anualidad de liquidación para reclamar la correspondiente sanción moratoria, so pena de su extinción. En el sub lite, la petición de la sanción por mora respecto de las cesantías causadas en los años 1997 a 2003 debía ser presentada, a más tardar, en su orden, los días 15 de febrero de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, plazos individuales que fueron ampliamente superados, dado que formuló la primera solicitud de reconocimiento de la sanción el 11 de noviembre de 2014, circunstancia en virtud de la que se configura la excepción de prescripción extintiva del derecho, como lo concluyó el a quo. NOTA DE RELATORIA: Respecto a la sujeción de la sanción moratoria respecto del término prescriptivo, ver: de E, Sección Segunda, Sentencia de unificación CE-SUJ004 de 25 agosto de 2016, Rad. 08001-23-31-000-2011-00628-01, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero FUENTE FORMAL: LEY 115 DE 1994 - ARTÍCULO 115 / LEY 91 DE 1989ARTÍCULO 15 / LEY 50 DE 1990 - ARTÍCULO 99 / LEY 344 DE 1996

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 08001-23-33-000-2018-90081-01(3153-19)

Actor: RUDYS ESMEDA MOLINA REDONDO

Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG),

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA

(ATLÁNTICO) Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías anualizadas; cómputo del término de prescripción Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de 19 de diciembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho y negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES 1.1 Medio de control (ff. 2 a 13). La señora Rudys Esmeda Molina Redondo, mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio

de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), el departamento del Atlántico y el municipio de Juan de Acosta (Atlántico), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan. 1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del acto ficto originado del silencio administrativo negativo en que incurrió el Ministerio de Educación Nacional respecto de la solicitud de 11 de noviembre de 2014 y de los oficios 4505 de 19 de diciembre y SG. 529 de 2 de diciembre, ambos del mismo año, expedidos por el municipio de Juan de Acosta y el departamento del Atlántico, en su orden, por medio de los cuales se negó la sanción por mora en el pago de cesantías establecida en la Ley 344 de 1996. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la parte demandada el pago de la sanción moratoria por concepto del auxilio de cesantías correspondiente a los años 1997 a 2003, y dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187 y 192 del CPACA; por último, se le condene en costas. 1.3 Fundamentos fácticos. Relata la accionante que se vinculó como maestra al servicio del municipio de Juan de Acosta el 13 de noviembre de 1997 y a partir del 2003 fue homologada a la planta de docentes departamental del Atlántico. Que pertenece al régimen anualizado de cesantías y se encuentra afiliada al Fomag, pero el auxilio de los años 1997 a 2003 no le fue consignado en forma

oportuna. Afirma que solicitó la sanción moratoria, con escritos dirigidos al departamento del Atlántico y al Ministerio de Educación Nacional el 11 de noviembre de 2014 y al municipio de Juan de Acosta (Atlántico) el 12 siguiente, negada a través de los actos demandados. 1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por los actos demandados los artículos 13, 29, 53 y 209 de la Constitución Política; 99 (numeral 3) de la Ley 50 de 1990, 13 de la Ley 344 de 1996, 21 y siguientes del Decreto 1063 de 1991, 1°. del Decreto 1582 de 1998, 20 (numeral 1) del Código de Procedimiento Civil; y 83, 138 y 192 del CPACA. Arguye que le asiste derecho a la sanción moratoria pretendida porque las cesantías de 1997 a 2003 no fueron consignadas de manera oportuna, pese a que debían ser depositadas antes del 15 de febrero siguiente a la finalización de cada período anual. 1.5 Contestaciones de la demanda. 1.5.1 Municipio de Juan de Acosta (Atlántico). A pesar de haber sido notificado en debida forma, guardó silencio. 1.5.2 Departamento del Atlántico (ff. 250 a 265). Por intermedio de apoderado, se opone a las pretensiones de la demanda; formula las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y prescripción extintiva del derecho; y aduce que «[...] no existe DEBER jurídico y/o legal de reconocer [...] la sanción moratoria [...] y menos que la misma este [sic] a

cargo del Departamento del Atlántico, por encontrarse en el evento de tener algún derecho de orden laboral a su favor, PRESCRITAS cualquiera de dichas reclamaciones». 1.5.3. Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag (ff. 91 a 99). Por conducto de apoderada, se opone a las súplicas del libelo introductorio; en lo concerniente a las situaciones fácticas expone que algunas no tienen esa naturaleza, sino que son apreciaciones de la demandante; y propone los medios exceptivos denominados inexistencia del derecho por errónea interpretación de la norma, cobro de lo no debido, pago, buena fe, prescripción y compensación. Asevera que «[…] las disposiciones que regulan el auxilio de cesantías de los docentes afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, no se contempla la indemnización moratoria por el no pago oportuno, y señalan que el pago está sujeto a la condición suspensiva de la disponibilidad presupuestal». 1.6 La providencia apelada (ff. 270 a 289). El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de 19 de diciembre de 2018, declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho y negó las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al considerar que «[…] la sanción moratoria deprecada, en el último de los años reclamados (2003) [...] se hizo exigible desde el 15 de febrero de 2004, razón por la cual la señora [...] tenía tres (3) años para reclamar la aludida sanción, los cuales fenecían el 16 de

febrero de 2007. Ahora, en autos deviene acreditado que la petición para su reconocimiento y pago, se presentó en escritos [...] recibidos el 12 y 11 de noviembre de 2014, respectivamente, data para la cual se había superado con creces el término contemplado en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral. Con mayor razón, están afectadas con el fenómeno extintivo de la prescripción, las sanciones moratorias de los anteriores años reclamados, esto es, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002». 1.7 El recurso de apelación (ff. 301 a 307). La actora, a través de apoderado, interpuso recurso de apelación, al estimar que la excepción decretada por el a quo «[…] no tiene vocación de prosperar, toda vez que […] en la actualidad se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones; por ende, es totalmente inoperante e inválida la proposición de la prescripción, pues queda claro que ésta empieza a operar sólo a partir de que la obligación se hace exigible, esto es cuando termina la relación laboral […]». Que «[…] si bien el [Tribunal] […] para decretar probada la excepción de prescripción sigue un criterio establecido por el Consejo de Estado en [s]entencia de [u]nificación [j]urisprudencial CE-SUJ004 de 2016 de 25 de agosto de 2016, es de tener en cuenta que al momento de la presentación de la demanda, es decir, el día 14 de abril de 2015, dicho criterio no existía, y por su parte el máximo órgano de cierre de la [j]urisdicción [c]ontencioso

[a]dministrativa mantenía la tesis de que no había lugar a decretarse, en virtud de que por mandato legal el término de prescripción con relación a los derechos prestacionales, es de tres años contados a partir de que la obligación se hace exigible y tratándose de cesantías, desde el momento en que la persona quedara retirada del servicio; y al encontrarse vigente la relación laboral […] es claro que dicho fenómeno no ha operado en el presente caso» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 13 de marzo de 2019 (f. 309) y admitido por esta Corporación a través de auto de 22 de enero de 2020 (f. 330), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA. 2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, con providencia de 15 de febrero de 2021 (f. 337), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por la actora para reiterar sus argumentos de demanda y apelación. Asimismo, quien dice ser apoderado especial del departamento del Atlántico allegó escrito con tal propósito, no obstante, dado que no obra poder en el expediente que lo faculte para actuar en representación de este, no se le reconocerá personería ni se le tendrán en cuenta dichas alegaciones1.

III. CONSIDERACIONES. 3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia. 3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si se configura el fenómeno de la prescripción extintiva del derecho a la sanción moratoria prevista en el artículo 99 (numeral 3) de la Ley 50 de 1990, por el no pago de las cesantías correspondientes a los años 1997 a 2003, a pesar de que la accionante continúa vinculada como docente del municipio de Juan de Acosta (Atlántico). 1 Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI. 3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

El auxilio de cesantías es una prestación social a la que todos los empleados del Estado tienen derecho, cuya finalidad primaria consiste en «[…] cubrir o prever las necesidades que se originan para el trabajador con posterioridad al retiro de una empresa, por lo que resulta un ahorro obligado orientado a cubrir el riesgo de desempleo»2, que actualmente también promueve el acceso de los trabajadores a los componentes de educación y vivienda. De acuerdo con el artículo 115 de la Ley 115 de 1994, los docentes oficiales se benefician del reconocimiento del auxilio de cesantías de acuerdo con los

parámetros establecidos por el artículo 15 (numeral 3) de la Ley 91 de 1989, norma que distingue entre los que se benefician del régimen de cesantías retroactivas y aquellos a quienes les es aplicable el de cesantías anualizadas con pago de intereses y sin retroactividad, así:

3. Cesantías: Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.

Según lo anterior, corresponde al Fomag liquidar y reconocer el auxilio de cesantías parciales o definitivas de los docentes oficiales afiliados, actividad 2 Corte Constitucional, sentencia C-823 de 4 de octubre de 2006, magistrado ponente: Jaime Córdoba Triviño. que, en virtud de la «prestación descentralizada de los servicios» consagrada en el artículo 3 de la Ley 91 de 1989 y de la delegación de que trata el artículo 9 ibidem, desarrolla a través de las secretarías de educación de los entes territoriales. Mientras que el pago de la prestación debe ser efectuado a través de la sociedad fiduciaria que administre los recursos del fondo, que en la actualidad es la Fiduprevisora S. A. En paralelo, correspondía a cada entidad territorial el reconocimiento de las cesantías del personal docente no afiliado al Fomag, situación que en términos del artículo 7 del Decreto 196 de 1995, hacía responsable del pago de las prestaciones sociales de los educadores departamentales, distritales y municipales causadas antes de su incorporación al Fondo. Más adelante, el Decreto 3752 de 2003 dispuso que los docentes del servicio público educativo vinculados a las plantas de personal de los entes territoriales deberían ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, norma a partir de la cual el reconocimiento y pago de las cesantías parciales y definitivas estuvo concentrado en esa entidad. En todo caso, se tiene que los maestros vinculados a partir del 1°. de enero de 1990 gozan del régimen de cesantías anualizadas, prestación que a partir de la

entrada en vigor de la Ley 344 de 1996, debe liquidarse de acuerdo con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que prevé: Artículo 99. El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía tendrá las siguientes características: 1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo. 2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente. 3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo. […] Conforme a la normativa transcrita se tiene entonces que los docentes oficiales que se vincularon a partir del 1°. de enero de 1990 les es aplicable el régimen de cesantías anualizadas regulado por la Ley 50 de 1990, que dispone la realización de la liquidación anual de dicha prestación social con pago de intereses, suma que deberá ser consignada en el respectivo fondo de cesantías entes del 15 de febrero del año siguiente, so pena de que el empleador sea sancionado con el pago de un día de salario por cada día de retardo. Por otra parte, en lo atañedero a la citada sanción, la sección segunda del

Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 25 de agosto de 20163, arribó a las siguientes conclusiones: 1.- Las cesantías anualizadas, son una prestación imprescriptible. Las cesantías definitivas sí están sometidas al fenómeno de la prescripción. 2.- La sanción o indemnización moratoria sí está sometida al fenómeno de prescripción trienal y la norma aplicable para ese efecto, es el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral. 3.- La fecha a partir de la cual procede la reclamación de la indemnización por la mora en la consignación de las cesantías anualizadas, es el momento mismo en que se produce la mora, es decir, desde el 15 de febrero del año en que se debió realizar el pago. 4.- La fecha hasta la cual corre la mora, producto del incumplimiento en la consignación de las cesantías anualizadas, es aquella en que se produce la desvinculación del servicio. 5.- El salario a tener en cuenta para liquidar la indemnización moratoria es el que devenga el empleado en el momento en que se produce la mora, y cuando concurren dos o más periodos de cesantías y una mora sucesiva, el salario a tener en cuenta para la liquidación cambia en el momento en que se genera un nuevo periodo de mora, en los términos previamente descritos. No obstante, en auto de 7 de noviembre de 20194, esta sección consideró necesario aclarar el alcance de la citada providencia, dadas algunas inconsistencias entre las conclusiones adoptadas en lo que dice relación con el cómputo del término prescriptivo de la sanción moratoria y la solución dada al

caso allí tratado, por lo que seleccionó el expediente con fines de unificar jurisprudencia, escenario en el cual profirió la sentencia CE-SUJ-SII-02220205, por medio de la que fijó las siguientes reglas: 3 Expediente 08001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14) CE-SUJ2-004-16, C. P. Luis Rafael Vergara Quintero. 4 Expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01 (833-16). 5 Consejo de Estado (sección segunda), sentencia CE-SUJ-SII-022-2020 de 6 de marzo de 2020; expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01 (833-16).

PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la Sección Segunda del Consejo de Estado, para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, las siguientes reglas jurisprudenciales: i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la sanción moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990, es desde su causación y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de la anualidad siguiente, por ende, la reclamación administrativa deberá presentarse dentro de los tres años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva. ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la consignación de cesantías anualizadas, el término prescriptivo de la sanción prevista en la Ley 50 de 1990 deberá contabilizarse de manera

independiente por cada año, de tal modo que el empleado dispone de 3 años contados a partir del 15 de febrero del año siguiente a su causación para reclamar la sanción moratoria por la anualidad correspondiente, so pena de su extinción. De conformidad con lo anterior, el término de prescripción de que trata el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en el caso de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, debe computarse desde el primer día en que se cause el incumplimiento, de manera que si su exigibilidad se origina el 15 de febrero frente a las cesantías correspondientes a la anualidad inmediatamente anterior, la respectiva reclamación administrativa deberá ser presentada dentro de los tres años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva. Asimismo, en el caso de acumulación de anualidades, el término prescriptivo deberá contabilizarse de manera independiente por cada año. En este orden de ideas, resulta claro que, por omitir consignar las cesantías en los términos previstos en el régimen anualizado, el empleador, como se dijo, tendría que pagar la sanción moratoria dispuesta en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, esto es, un día de salario por cada uno de retardo, la cual puede verse afectada por la prescripción de no ser reclamada dentro de los tres años siguientes a la fecha en que se origine6. 3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al

6 El suscrito ponente se había apartado de tal interpretación, adoptada por la sala de subsección mayoritaria en ocasiones anteriores, por considerar que dicha sanción tiene su causación cada día de no pago hasta cuando se consigne el valor del auxilio de cesantías, por lo que podría haber una prescripción parcial, si se reclama dentro de los 3 años siguientes a su cancelación. plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se destaca: a) Según acta de posesión y Decreto de nombramiento 117 de 6 de noviembre de 1997, la demandante labora como educadora en el municipio de Juan de Acosta (Atlántico) desde el 13 de noviembre de 1997, y se encuentra inscrita en el escalafón docente departamental (ff. 17 y 18). b) Mediante memoriales de 11 y 12 de noviembre de 2014, la reclamante formuló ante el departamento del Atlántico, el Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el municipio de Juan de Acosta, peticiones con el propósito de que le fuera reconocida la sanción moratoria por la falta de pago oportuno de las cesantías causadas en los años 1997 a 2003 (ff. 20 a 23). c) La secretaría de gobierno de Juan de Acosta (Atlántico), a través de oficio SG. 529 de 2 de diciembre de 2014, le informó que «[...] su reclamación sobre certificación de consignación de cesantías se encuentra dentro de los hechos y pretensiones de su demanda radicada ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral del Circuito de Barranquilla, por usted iniciada contra el Municipio de Juan

de Acosta [...]» (f. 25). d) El señor secretario de educación del Atlántico, en comunicación 4505 de 19 de diciembre de 2014 (ff. 27 a 29), le respondió al demandante: [...] usted fue [...] afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por el municipio de Juan de Acosta (Atlántico), el 13 de octubre de 2005. [...] Referente a sus cesantías, según el extracto suministrado por la Fiduprevisora S.A., entidad que maneja los Recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se advierte que desde el año 2005 en adelante sus cesantías han sido oportunamente reportadas a la entidad fiduciaria y por el periodo reclamado no aparece reporte alguno por parte del Municipio [...]. En este orden de ideas, las cesantías por los años 1997 a 2003, que corresponden a los pasivos prestacionales a cargo del Ente Territorial, por ser anteriores a la afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y que no han sido aportados a este, son responsabilidad exclusiva del Municipio de Juan de Acosta [...]. De las pruebas anteriormente enunciadas, se desprende que (i) la demandante labora, como maestra, desde el 13 de noviembre de 1997 para el municipio de Juan de Acosta (Atlántico); (ii) reclamó la sanción moratoria porque no le fueron sufragadas oportunamente las cesantías correspondientes a los años 1997 a 2003, mediante escritos de 11 y 12 de noviembre de 2014; y (iii) los mencionados entes territoriales negaron tal solicitud y el Ministerio de

Educación Nacional guardó silencio. Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de advertirse es que la accionante ha prestado sus servicios al Estado como docente oficial a partir del 13 de noviembre de 1997 y goza del régimen de cesantías anualizadas, por lo que le asiste derecho, ante un eventual incumplimiento de los términos de ley para la consignación de esa prestación en el respectivo fondo, a la sanción moratoria. Como se dijo, dicha sanción resulta exigible desde el 15 de febrero de cada año respecto de las cesantías causadas en el inmediatamente anterior y debe ser reclamada, de acuerdo con el criterio de la Sala mayoritaria, dentro de los tres años siguientes, so pena de la ocurrencia de la prescripción de ese derecho. En el presente caso, se tiene que la parte demandada no acreditó que las cesantías de la actora de los años 1997 a 2003 hubieren sido consignadas dentro del término previsto por la Ley 50 de 1990, esto es, antes del 15 de febrero siguiente a cada período de liquidación anual, razón por la cual, en principio, tendría derecho a la sanción moratoria que ahora pretende. Sin embargo, la interesada disponía de tres años contados a partir del 15 de febrero siguiente a cada anualidad de liquidación para reclamar la correspondiente sanción moratoria, so pena de su extinción. En el sub lite, la petición de la sanción por mora respecto de las cesantías causadas en los años 1997 a 2003 debía ser presentada, a más tardar, en su orden, los días 15 de febrero de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, plazos individuales

que fueron ampliamente superados, dado que formuló la primera solicitud de reconocimiento de la sanción el 11 de noviembre de 2014, circunstancia en virtud de la que se configura la excepción de prescripción extintiva del derecho, como lo concluyó el a quo. Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se confirmará la sentencia de primera instancia, que declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho y negó las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 19 de diciembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho y negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la señora Rudys Esmeda Molina Redondo contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), el departamento del Atlántico y el municipio de Juan de Acosta, conforme a la parte motiva. 2º. Abstiénese la Sala de reconocer personería al profesional del derecho Ramiro Enrique Rey González para representar al departamento del Atlántico, de acuerdo con lo indicado en la motivación de la presente sentencia. 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de

origen, previas las anotaciones que fueren menester. Notifíquese y cúmplase, Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha. Firmado electrónicamente CARMELO PERDOMO CUÉTER Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS