CE-SECCION SEGUNDA-11001-03-25-000-2011-00574-00(2201-11)

CONTROL JUDICIAL INTEGRAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DISICIPLINARIOS Si bien es cierto que la jurisprudencia del Consejo de Estado en épocas pasadas consideraba improcedente ejercer el control de legalidad de los actos administrativos de naturaleza disciplinaria en aquellos aspectos relacionados con la apreciación de las pruebas efectuada por la autoridad administrativa, tal y como señala la PGN, también lo es que, dicha tesis jurisprudencial fue revisada y revaluada mediante sentencia unificación proferida el 9 de agosto de 2016 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en la cual se estableció, que el juez contencioso administrativo tiene la obligación de realizar control integral de legalidad de los actos administrativos disciplinarios sometidos a su revisión. De conformidad con lo expuesto, en el presente caso si resulta procedente revisar el análisis probatorio realizado por la autoridad disciplinaria a través de los actos administrativos demandados, con el fin de establecer la legalidad de estos, contrario a lo expuesto por la entidad accionada en la contestación de la demanda; en tal virtud, de ser necesario, esta Corporación deberá abordar el estudio de los elementos de juicio recaudados en el trámite administrativo disciplinario, con el propósito de absolver los reparos concretos expuestos por el demandante en el recurso de apelación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la facultad del juez contencioso administrativo de realizar control integral de legalidad de los actos administrativos disciplinarios sometidos a su revisión, ver: C de E, sala de lo contencioso-administrativo, Sala Plena de lo contencioso

administrativo de la Sección Segunda, del 9 de agosto de 2016, Expediente Nº.

11001032500020110031600. C.P. Dr. William Hernández Gómez.

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA -Es diferente a la responsabilidad penal / PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM – No vulneración / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTA – Es independiente de la responsabilidad disciplinaria [En ] la acción disciplinaria converge o se intercepta en determinados eventos con otros tipos de responsabilidad como la penal y/o la de pérdida de investidura, tal y como se expondrá a continuación sin que ello implique por si solo vulneración de garantías del investigado –entre ellas el non bis in ídemo se exija o se predique prejudicial o dependencia alguna. (…) En un caso concreto ante la comisión de una conducta de un servidor público que se encuentre descrita en la normativa penal como delito –a título de dolopueda dar lugar a que por ese solo hecho incurra también en falta disciplinaria gravísima. (…) De esta manera, esa misma descripción típica objetiva que obra en la ley penal –a título de dolocuando es utilizada por la autoridad disciplinaria para imputarla como falta gravísima de ninguna manera puede llevar a concluir que aquella está asumiendo la imputación de un delito y en consecuencia usurpando la competencia de las autoridades jurisdiccionales ordinarias penales, toda vez que la determinación de la existencia de un delito solo puede ocurrir con la aplicación la estructura de la responsabilidad penal, la cual no es propia del análisis dogmático que hace la autoridad disciplinaria. (…) Para el caso de los congresistas algunas de las causales de

pérdida de investidura pueden constituir a su vez faltas disciplinarias, bien sea porque i) la norma constitucional así lo define de manera expresa (…) ii) porque la causal de pérdida de investidura intrínsecamente implique también una vulneración de los deberes y obligaciones del cargo. (…) Como conclusión de todo lo expuesto, es preciso señalar que fue el Constituyente quien directamente reconoció que a los servidores públicos y en especial a los congresistas se les pueda aplicar de manera directa y autónoma responsabilidad la disciplinaria, penal y de pérdida investidura y, también permitió que éstas en algunos eventos confluyan a la vez sobre una misma conducta sin por ello se pueda objetar prejudicialidad o usurpación de competencias por parte de una autoridad respecto de las otras.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 6 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 124 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 92 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 125 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 277 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 2 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 25 / / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 53 / / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 59 / / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 48 / / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 49 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 250

COMPETENCIA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN PARA

ADELANTAR PROCESOS DISCIPLINARIOS A CONGRESISTAS POR FALTAS

DISCIPLINARIAS QUE IGUALMENTE SE TIPIFICAN COMO DELITOS /

PREJUDICIALIDAD PENAL – Inoperancia /DELITO DE CONCUSIÓN / NO

PRESENTACION D ELA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS EL DEMANDANTE FUE SANCIONADO CON DESTITUCIÓN DEL CARGO COMO CONGRESISTA E inhabilidad general de 12 años, por conductas específicas cometidas con razón y ocasión de su cargo como congresista, a saber, la primera de ellas solicitar dinero al Grupo Nule -contratistas en los contratos estatales para la culminación de la Fase III de la troncal de Transmilenio de la calle 26 y de la reparación de la Malla Vial del Distrito Capital de Bogotá- a fin de influir favorablemente en decisiones que en relación con estos contratos debía tomar el Contralor Distrital de Bogotá, la cual fue considerada como falta gravísima por virtud del artículo 48 numeral 1 de la Ley 734 de 2002 –descripción objetivamente típica de carácter delictivo a título dolosoen concordancia con el artículo 404 del Código Penal que consagra la descripción típica del delito de concusión, y la segunda por no presentar anualmente ante el Congreso de la República su declaración de bienes y rentas la cual fue considerada como falta grave por virtud de los numerales 1 y 9 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002incumplimiento de los deberes del cargoen concordancia con sus deberes como congresista consagrados en el artículo 13 de la Ley 190 de 1995 -estatuto de para

la preservación de la moralidad y para la erradicación de la corrupcióny el artículo 265 numeral 5 de la Ley 5 de 1992 -reglamento del congreso de la República-. i) Atendiendo a lo decantado en el acápite anterior de esta providencia sobre las diversas manifestaciones constitucionales del ius puniendi -en especial sobre su autonomía e independenciay a las imputaciones disciplinarias de las que fue objeto el ahora demandante, es claro que la autoridad disciplinaria en este caso el Procurador General de la Nación estaba legitimado por virtud de la Constitución -artículo 277 y 278 en acápites anteriores mencionadosy el artículo 48 numeral 1 de la Ley 734 de 2002 para investigar y sancionar al ahora demandante por la comisión de cualquier conducta que encajara objetivamente en una descripción típica descrita por una norma penal, entre ellas por el artículo 404 del Código Penal que describe típicamente la concusión, sin que le fuera necesario declarar una prejudicial penal u obtener previamente una calificación de la conducta como delictiva y constitutiva del delito en mención mediante una sentencia de la jurisdicción ordinaria penal -especialmente de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal-, pues, como se indicó en líneas previas de esta providencia, la autoridad disciplinaria en tales eventos no imputa ni juzga la comisión de un delito si no la comisión de una falta disciplinaria gravísima que encuentra su descripción normativa objetiva por remisión en otra codificación distinta al código disciplinario único como lo es el Código Penal, por demás con parámetros jurídicos y categorías dogmáticas de estirpe y de contenido diferentetales como la antijuricidad y la culpabilidad que tienen contenidos distintos en la responsabilidad disciplinaria y la penal INDAGACIÓN PRELIMINAR – Investigación de hechos conexos /

NOTIFICACIÓN DE LAS PROVIDENCIAS INTERLOCUTORIAS Y DE TRÁMITE

EN EL PROCESO DISCIPLINARIO – Clases de notificación / NOTIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS / NOTIFICACIÓN DEL FALLO / GERANTÍAS PROCESALES – No vulneración La indagación preliminar no necesariamente debe limitarse a los hechos de la noticia disciplinaria –denuncia, queja, información proveniente de servidor público, y algún medio que amerite credibilidadpues el legislador igualmente señaló que ésta también procede de oficio y puede extenderse a todos aquellos hechos que “le sean conexos” a la noticia disciplinaria, sin que sea un impedimento el que tales hechos -los conexosno hayan sido puestos de presente en la denuncia o queja respectiva, sobre todo cuando el concepto de conexidad abarca diferentes eventos justificantes independientes -no necesariamente concurrentestales como la unidad de tiempo y acción entre las conductas. (…) El auto de pliego de cargos necesariamente debe notificarse personalmente al investigado o defensor, mientras que los autos de apertura de indagación, de apertura de investigación y el fallo, si bien se exige en principio notificación personal, admiten notificación supletiva por edicto; ii) existen dos tipos de comunicaciones, las primeras para comunicar la existencia de una providencia interlocutoria y a fin de que el interesado proceda a notificarse personalmente (artículo 102 ídem) y las segundas

para brindar publicidad respecto de providencias contra las cuales no proceden recursos (artículo 109 ídem) –esto es, contra aquellas de simple trámite, según el parágrafo del articulo 110 ídem-, y iii) para todas las providencias disciplinarias – interlocutorias y de trámiteexceptuando el pliego de cargos, procede la notificación por conducta concluyente. (…) Las notificaciones de las providencias disciplinarias que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado no toda irregularidad constituye por sí sola, un motivo para declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, pues ello solo es posible cuando los vicios impliquen el desconocimiento de las garantías fundamentales de quien pueda resultar afectado con su expedición, es decir, irregularidades sustanciales o esenciales, que afecten las garantías constitucionales del administrado y que hayan impedido el efecto sustancial que pretende la notificación esto es la posibilidad de presentar recursos o de ejercer dentro de las etapas correspondientes los mecanismos de defensa otorgados por el ordenamiento jurídico. (…) Se refleja en el análisis precedente de las providencias expedidas en la etapa escrita del proceso disciplinario, todas las providencias se notificaron al investigado y/o a su apoderado -aunque algunas con irregularidades en los plazos y oportunidades en la expedición de las comunicaciones respectivas-, e incluso con posterioridad a tales notificaciones se observa al apoderado del investigado ejerciendo en tiempo actividades propias del derecho de defensa y contradicción, esto es presentando recursos y solicitudes, con lo cual resulta evidente que dichas actuaciones procesales cumplieron su finalidad y las anomalías detectadas en algunas de ellas fueron inanes, al punto

que no tuvieron la aptitud para afectar el debido proceso ni el derecho de defensa del investigado. (…) La ley disciplinaria al describir los elementos que debe contener el pliego de cargos autoriza la utilización de un lenguaje jurídico asertivo y claro que le permita entender al imputado el alto nivel de convencimiento que hasta ese momento la autoridad disciplinaria tiene respecto de la conducta disciplinaria, la existencia de la falta, la ilicitud sustancial de la misma y la forma de culpabilidad, sin que por este solo hecho pueda aducirse la violación de sus garantías procesales, esto entre otras porque la provisionalidad de las imputaciones plasmadas en el pliego de cargo no dependen de lenguaje utilizado en el mismo sino que deriva directamente de la ley.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 150 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 152 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 166 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 69 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 74 / LEY 734 DE 2002 –

ARTÍCULO 100

PRUEBA INCONSTITUCIONAL – No configuración / GRABACIÓN MAGNETOFÓNICA / VALORACIÓN PROBATORIA / FALTA DISCIPLINARIAAcreditación La referida cláusula de exclusión probatoria, tienen como fuente de exclusión la obtención de la prueba mediante la vulneración del núcleo esencial de un derecho fundamental -prueba inconstitucional-, así como el desconocimiento de las condiciones legales y/o requisitos sustanciales específicos para la práctica de cada prueba en particular –prueba ilegal-, teniendo como consecuencia que

aquella no pueda ser valorada ni usada para sustentar una decisión en derecho. (…) La grabación magnetofónica ingresó como prueba al expediente disciplinario, mucho tiempo después de proferido el auto de indagación preliminar y de practicadas algunas pruebas ordenadas en este, esto es luego que el señor Miguel Eduardo Nule Velilla en su testimonio rendido en la embajada de Colombia ante la República de Panamá mencionara haber sido el autor de aquella y tenerla en su poder, esto es cuando a través de su apoderado -Daniel Largacha Torresentregó a la Procuraduría General de la Nación el 12 de noviembre de 2010 un CD ROM con el archivo de audio y en la audiencia pública de juzgamiento disciplinario adelantada en contra del señor Germán Alonso Olano. (…) De las pruebas antes referidas y trascritas se puede colegir que no le asiste razón al demandante en su argumento según el cual la autoridad disciplinaria debía haber excluido del acervo probatorio la grabación magnetofónica de la conversación llevada a cabo entre Miguel Nule y Germán Olano Becerra, pues la misma fue allegada al proceso en debida forma, frente a ella se realizó cadena de custodia una vez ingresada al expediente disciplinario -que es cuando adquiere el carácter de prueba y se exige la cadena de custodia-, se realizaron las transcripciones así como los análisis técnicos respectivos -los cuales el investigado tuvo la oportunidad de controvertir-, el cual junto con las pruebas testimoniales acreditaron que el ahora demandante fue uno de los interlocutores de la misma, por lo tanto no había duda sobre su origen, autenticidad e identidad de los interlocutores. (…) En cuanto al argumento del demandante de indebida

valoración de las pruebas –testimoniales y pericialespor supuestas inconsistencias o contradicciones, debe señalarse que un análisis sistemático, integral y conjunto de las declaraciones que obran en el expediente permite dilucidar qué tal acusación no tiene sustento fáctico. (…) Así las cosas, para la Sala, se tiene que, la autoridad disciplinaria no solo se basó en las declaraciones impugnadas para dictar la decisión sancionatoria, sino también en varias pruebas que fueron recepcionadas y practicadas dentro del desarrollo de la investigación disciplinaria, con las cuales se logró establecer sin lugar a dudas la materialización de los reproches que se imputaron y por los cuales el demandante fue sancionado, en consecuencia, los cargos de nulidad bajo análisis referidos al tercer problema jurídico no tienen vocación de prosperidad.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 93 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 21

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-25-000-2011-00574-00(2201-11)

Actor: GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Asunto: Apertura de indagación previa -noticia disciplinaria y factor de conexidad- / Competencia de la autoridad disciplinariadiferencia con la acción penal y la pérdida investidura-./ Cláusula de exclusión probatoria por vía directa e indirecta.

Decisión: Niega las pretensiones de la demanda.

FALLO DE ÚNICA INSTANCIA Conoce la Sala del expediente de la referencia, con informe de la Secretaría1, una vez surtido el trámite previsto en los artículos 207 a 211 del Código Contencioso Administrativo2, para proferir sentencia de única instancia una vez verificado que no hay irregularidades o vicios de nulidad que sanear.

I. ANTECEDENTES 1.1LA DEMANDA Y SUS FUNDAMENTOS El señor Germán Alonso Olano Becerra, por conducto de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, solicitó la nulidad de los Fallos Disciplinarios de 25 de febrero -única instanciay de 26 de febrero -por el cual se resolvió un recurso de reposiciónde 20114 proferidos por el Procurador General de la Nación, mediante los cuales fue sancionado con 1 Del 14 de julio de 2017, visible a folio 210 del cuaderno principal expediente.

2Decreto 01 de 1984. Artículo 207, Auto admisorio de la demanda; Artículo 208. Aclaración o corrección de la demanda; Artículo 209. Período probatorio; Artículo 210. Traslados para alegar; Artículo 211. Registro del proyecto de fallo. 3 Previsto en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo. 4 Decisión verbal grabada en formato DVD en CD Nº 17 obrante a folio 2022 del cuaderno N.º 9 anexo al

expediente. destitución del cargo de Representante a la Cámara por el Distrito Capital de Bogotá e inhabilidad general de 12 años. A título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la entidad demandada a: i) Pagar de forma indexada y actualizada el daño emergente ($154.000.000), el lucro cesante ($22.000.000 mensuales), los perjuicios morales, así como las costas procesales y agencias en derecho; ii) Suprimir las anotaciones y registros de la sanción disciplinaria del Sistema de Sanciones y Causas de Inhabilidad – SIRI; y iii) Cumplir la sentencia favorable que ponga fin al proceso, en los plazos establecidos en los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo. La Sala se permite realizar una síntesis de la situación fáctica presentada por el apoderado del demandante, así: Manifestó el apoderado del demandante que, el señor Germán Alonso Olano Becerra fue elegido Representante a la Cámara por el Distrito Capital de Bogotá para el periodo constitucional comprendido entre 2006 – 2010. Explicó, que el 25 de junio de 2010, varios medios de comunicación nacionales revelaron una grabación de audio en la cual se escucha una conversación entre el hoy demandante y el señor Miguel Nule, miembro de un grupo empresarial contratista responsable de la ejecución de varias obras de infraestructura en el Distrito de Bogotá, respecto del incumplimiento en el pago de comisiones por parte del citado grupo contratista al entonces Contralor Distrital Miguel Ángel MoralesRussi Russi. Señaló, que en virtud de la referida grabación, el 25 de junio de 2010 el señor

Germán Alonso Olano Becerra radicó ante la Procuraduría General de la Nación escrito en el cual solicitó ser investigado por la mencionada entidad en relación con las manifestaciones realizadas en la conversación publicada en múltiples notas periodísticas, con el objeto de demostrar que su actuar se ajustó al ordenamiento jurídico. Indicó, el señor Auditor General de la República mediante oficio del 28 de junio de 2010, remitió a la Procuraduría General de la Nación varias denuncias y quejas así como la declaración del ciudadano Manuel Alejandro Botero Franco referida a hechos irregulares en la actividad contractual del Distrito Capital de Bogotá, por lo cual el Procurador General de la Nación ordenó la apertura de indagación disciplinaria en contra del señor Germán Alonso Olano Becerra -en su calidad de Representante a la Cámara por Bogotá-, el señor Miguel Ángel Morales-Russi Russi –en su calidad de Contralor Distrital de Bogotá- y la señora Ángela María Benedetti Villaneda –en su calidad de concejal de Bogotá-. Expresó, que surtida la indagación preliminar el Procurador General de la Nación profirió el auto de 31 de enero de 2011 mediante el cual dispuso archivar el trámite disciplinario contra la señora Benedetti Villaneda, continuar la actuación respecto del accionante y el entonces Contralor Distrital de Bogotá mediante el trámite verbal previsto en los artículos 175 de siguientes de la Ley 734 de 2002, y formuló pliego de cargos contra los citados servidores públicos. Relató, que en la providencia mencionada la entidad demandada le imputó al señor German Olano Becerra la comisión a título de dolo de: i) las faltas graves de

incumplimiento de los deberes del cargo (numerales 1º y 9º5 del artículo 34 de la Ley 734 de 2021) y ii) las faltas gravísimas de incurrir en el delito de concusión e incremento injustificado del patrimonio (numerales 16 y 37 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 4048 del Código Penal). Lo anterior porque en su condición de Representante a la Cámara solicitó sumas de dinero a los representantes del denominado grupo empresarial Nule entre los años 2008 y 2010, como contraprestación para garantizar a estos un trato favorable por parte del señor Contralor Distrital Miguel Ángel Morales-Russi Russi en el ejercicio del control fiscal sobre la utilización de recursos públicos en los contratos de obra ejecutados por el citado grupo empresarial en el Distrito Capitalacto que tipificó el delito de concusión previsto en el artículo 404 del Código Penal-; incrementó su patrimonio de manera injustificada en la suma de $ 279.873.000 durante el ejercicio del empleo público antes citado, y no cumplió el deber de presentar la declaración juramentada de bienes y rentas correspondiente a los años 2007 a 2010, en desconocimiento del artículo 13 de la Ley 190 de 1995, y en el artículo 268 numeral 5º de la Ley 5 de 1992, que consagra este como un deber especial de los miembros del Congreso de la República. Manifestó que el Procurador General de la Nación, mediante fallo disciplinario de única instancia proferido en audiencia de 25 de febrero de 2011 sancionó al señor

German Olano Becerra con destitución del cargo de Representante a la Cámara e inhabilidad general por 15 años al encontrarlo responsable de la comisión de las faltas disciplinarias imputadas, y que a través del fallo disciplinario de 26 de febrero de 2011 –en el cual resolvió un recurso de reposición presentado contra el fallo de única instanciadisminuyó la sanción de inhabilidad general a 12 años –al considerar no acreditada la falta disciplinaria del artículo 48 numeral 3 de la Ley 734 de 2002, referida al incremento injustificado del patrimonio-. 5 Ley 734 de 2002, artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código. (…). 9. Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del cargo. 6 Ley 734 de 2002, artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se

cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo. 7 Ley 734 de 2002, artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: (…) 3. (…) Incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, en favor propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga. 8 Código Penal, artículo 404. Concusión. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses. 1.2 Las normas vulneradas y el concepto de la violación El apoderado judicial del accionante señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: - Constitución Política artículos 2, 6, 13,15, 21, 25 29 y 209. - Ley 734 de 2002, artículos 1, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 47, 75, 79, 81, 90, 91, 92, 97, 103, 134, 140, 141, 142, y 182 a 191.

• Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, artículos 3, 84 y 85. - Código de Procedimiento Penal, artículos 5, 8, 9, y 13.

Como concepto de la violación expuso los siguientes planteamientos: Primer cargo. Falta de competencia de la Procuraduría General de la Nación para imponer sanción de destitución a Congresistas de la República Consideró el apoderado judicial del accionante que el Procurador General de la Nación carecía de competencia para sancionar con destitución al señor Germán Alonso Olano Becerra en su calidad de Congresista de la República, dado que en su sentir, la sanción de destitución se equipara por su gravedad a la pérdida de investidura, esto, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia del 25 de junio de 1996. En ese orden argumentó que de conformidad con lo establecido en el artículo 184 de la Constitución Política, el competente para conocer sobre las pérdidas de investidura de Congresistas es el Consejo de Estado y no la entidad demandada. En consecuencia, al ostentar el hoy demandante fuero de Congresista, el trámite en su contra debía ser adelantado mediante un proceso de pérdida de investidura ante el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo y no mediante un procedimiento administrativo disciplinario adelantado por el Procurador General de la Nación. Segundo cargo. Ilicitud del auto de apertura de la indagación disciplinaria Señaló el abogado del demandante que el Procurador General de la Nación

mediante el auto de 28 de junio de 2010 por el cual se abrió indagación preliminar en contra del representante a la cámara Germán Alonso Olano Becerra, vulneró el artículo 150 inciso 6º de la Ley 734 de 2002, el cual dispone que esta no podrá extenderse a hechos distintos a los que fueron objeto de la queja disciplinaria. Esto por cuanto, en la queja del señor Manuel Alejandro Botero Franco que dio lugar al trámite disciplinario nunca se mencionó al referido congresista y se limitó a cuestionar irregularidades en la contratación de obras de infraestructura vial del Distrito Capital cometidas por particulares, personas jurídicas, funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU y de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Afirmó que la entidad demandada a través del Procurador General de la Nación desconoció los principios de unidad procesal, competencia por el factor conexidad e igualdad, toda vez que omitió adelantar, en el mismo proceso disciplinario iniciado contra el ahora demandante, investigación contra todos los servidores públicos y particulares involucrados en los hechos cuestionados –Ley 734 de 2002, artículos 15, 70 y 81-. Indicó que la indagación preliminar se adelantó a espaldas del congresista disciplinado, teniendo como fin el interés mediático y ocultando evidencia que no fue conocida por éste o por su defensa. Tercer cargo. Vulneración del derecho al debido proceso por valoración de una prueba nula de pleno derecho Afirmó la parte actora, que la actuación disciplinaria promovida contra el señor Olano Becerra se originó en la grabación de audio en la cual se escucha una

conversación en la que presuntamente interviene éste y el señor Miguel Nule, prueba esta que fue allegada al trámite administrativo disciplinario por un medio de comunicación y por un particular ajeno a dicha actuación. Al respecto manifestó, que no existe certeza sobre el origen de la citada prueba documental que sustentó la apertura de indagación preliminar y el auto de formulación de cargos, es decir, que existen serias dudas sobre la autenticidad del mencionado elemento de juicio, dado que antes de ser aportado a la actuación reprochada este pudo haber sido manipulado, cercenado o amañado por lo que no es posible determinar si el contenido de este corresponde con lo que efectivamente ocurrió en el lugar de los hechos, por lo cual dicha prueba carece de valor probatorio. Aunado a lo expuesto señaló que si bien la entidad demanda aplicó el procedimiento de cadena de custodia sobre la mencionada grabación, este no cumplió en el presente caso con la finalidad y los requisitos establecidos en los artículos 288 y 289 de la Ley 600 de 2000 –Código de Procedimiento Penaldado que los soportes de registro, embalaje, rotulado y custodia se aplicaron a partir de que dicho medio probatorio fue allegado a la Procuraduría General de la Nación, entidad que además dejó de verificar la autenticidad de esta. Así mismo consideró, que la prueba mencionada fue obtenida sin la existencia de una orden proferida por una entidad competente y sin el conocimiento del disciplinado, motivo por el cual esta fue obtenida con desconocimiento del derecho a la intimidad y debido proceso de éste, circunstancia que genera la ilegalidad de la referida grabación.

Explicó que no obstante a que la citada grabación no fue tenida en cuenta por el Procurador General de la Nación al momento de proferir los actos administrativos demandados, a partir de esta se estructuró la actuación disciplinaria, se formularon interrogantes y cuestionamientos que fueron resueltos con la práctica de pruebas testimoniales y periciales que tenían la finalidad de corroborar los hechos expuestos en el material de audio. En su sentir dichos elementos de juicio son nulos