CE-SECCION SEGUNDA-11001-03-25-000-2011-00589-00(2265-11)

COSA JUZGADA – No configuración [E]n el sub judice no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada por cuanto no hay inmutabilidad respecto de los actos administrativos disciplinarios proferidos en contra del señor Aldemar Portela Ticora, toda vez que esta se predica solamente de las decisiones judiciales, y los actos demandados como ya se señaló, son típicos actos administrativos proferidos en el ejercicio de la función administrativa que tienen un control pleno e integral de parte del juez. NOTA DE RELATORIA: Referente a la diferencia entre la cosa juzgada y la cosa asistida, ver: C. de E, Sentencia de 1 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-25-000-2010-00062-00, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA MIEMBRO DE LA POLICÍA NACIONAL / TRASLADO AL MINISTERIO PÚBLICO DEL RECURSO DE REPOSICIÓNOmisión / DEBIDO PROCESO – No vulneración [E]n atención a los principios de taxatividad y petición expresa consagrados en el artículo 146 de la Ley 734 de 2002 (…), en su oportunidad el disciplinado no invocó expresamente una nulidad, ni identificó causal alguna y menos aún la sustentó, y si bien es cierto que en el desarrollo de sus argumentos en algunos momentos hace alusión a la existencia de errores sustanciales o vulneraciones del debido proceso, el contexto que encierra su razonamiento no es el de solicitar una nulidad procesal, sino por el contrario el de continuar con consideraciones defensivas sustentadas en citas jurisprudenciales, por lo tanto es claro que, en

relación con este asunto no observa irregularidad alguna. Igualmente, sostuvo el apoderado del demandante que dentro del trámite del recurso de reposición interpuesto por la defensa del entonces investigado, la entidad demandada omitió correrle traslado al Ministerio Público, el cual a su juicio, era un sujeto procesal dentro del proceso disciplinario adelantado contra el señor Aldemar Portela Ticora. Sobre este argumento, la Subsección sostiene que, como se dijo en el acápite que antecede, conforme el artículo 89 del CDU, el Ministerio Público es sujeto procesal cuando la actuación se adelante por el Consejo Superior o los Consejos Seccionales de la Judicatura, el Congreso de la República, por lo que este argumento no tiene vocación de prosperidad.

FUENTE FORMAL: LEY 1015 DE 2006 – ARTÍCULO 58 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 143 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 146 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 147 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 89

PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA MIEMBRO DE LA POLICÍA NACIONAL/

MANIPULACIÓN IMPRUDENTE DE ARMA QUE OCASIONA PARAPLEJÍA A

COMPAÑERO DE INSTITUCIÓN / DEBIDO PROCESO – No vulneración /

REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN VALORACIÓN PROBATORIA – Aplicadas

[D]e acuerdo con las reglas de la sana crítica y visto el material probatorio en conjunto, se concluye que no existen pruebas que permitan llevar a la convicción

de la afirmación del demandante, de manera que conducen a establecer que el arma de fuego fue accionada con ocasión de la imprudencia de éste al operar el arma de dotación –al jugar a la ruleta rusa-, pues así lo manifestó el lesionado y el patrullero Álvaro Jesús Rincón Pacheco, quien sostuvo que el mismo disciplinado “gritó que le ayudaran porque había herido al patrullero Cortés”, por lo que es viable concluir que no existen las supuestas dudas del acervo probatorio, puesto que de acuerdo con la valoración en conjunto de todas ellas, se encuentra demostrada la falta disciplinaria endilgada, esto es, la manipulación imprudente del arma de fuego que le causó una paraplejía a su compañero de la institución policial. NOTA DE RELATORIA: Referente al respeto a las reglas sustanciales disciplinarias en materia probatoria, ver: C. de E, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 6 de octubre de 2016, Rad. 2012-00681-00, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez FUENTE FORMAL: LEY 1015 DE 2006 - ARTÍCULO 34, NUMERAL 20 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 6 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 130 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 141 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 142 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 162 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29

PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA MIEMBRO DE LA POLICÍA NACIONAL /

DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN – No vulneración / DEFENSA

TÉCNICA PASIVA

[S]ostiene el actor, que se le desconoció el derecho de defensa y contradicción, por cuanto se encontraba representado por un abogado que ejerció una defensa técnica pasiva; situación respecto de la cual esta Subsección no avizora irregularidad alguna. Por el contrario, de acuerdo con las actuaciones del proceso disciplinario, se establece que doctora Luz Marina Vera Fierro, en calidad de abogada defensora del entonces investigado rindió descargos, solicitó la nulidad del pliego de cargos de 10 de mayo de 2009 y la ampliación de los testimonios rendidos por los señores Héctor Cobos Quiche, Luis Sabogal Chávez, Camilo Angarita Apache y Álvaro Rincón Pacheco, practicadas durante la etapa de indagación preliminar; además de que interpuso recurso de reposición y apelación. Al resolver este último, la autoridad demandada el 7 de septiembre de 2009, anuló parcialmente el auto de cargos. Por consiguiente, no existió una vulneración de la garantía de defensa, pues contrario a ello, ejerció los mecanismos de defensa establecidos en la ley disciplinaria hasta que se allegó la sustitución de apoderado el 3 de noviembre de 2009.

ANTIJURIDICIDAD O ILICITUD SUSTANCIAL EN MATERIA DISICPLINARIAConfiguración

[E]n materia disciplinaria la antijuridicidad o ilicitud sustancial se materializa con la afectación al deber funcional por parte del servidor público sin justificación legal, independientemente si mediante la conducta objeto de reproche disciplinario se produjo o no un daño, esto de conformidad con lo previsto en el artículo 5º del

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002, y de todas formas es claro que existió una afectación del orden y la disciplina institucional, en razón de la conducta reprochada al demandante, que no sólo afectó la salud de un servidor público –la cual fue atendida con recursos estatales-, sino el buen nombre de la Policía Nacional e implicó la utilización de personal y recursos del estado para la atención de tal situación. Así las cosas, en el caso objeto de estudio, se encuentran debidamente acreditados la tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad como elementos requeridos para imponer sanción disciplinaria, razón por la cual, la Sala considera que los cargos del concepto de violación no tienen vocación de prosperidad.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 5

PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA MIEMBRO DE LA POLICÍA NACIONAL /

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – No vulneración [E]l operador disciplinario de segunda instancia aun cuando absolvió al demandante por uno de los cargos –falta grave, cometida a título de culpa grave, del artículo 35 numeral 17 de la Ley 1015 de 2006-, podía mantener la sanción impuesta al disciplinado en primera instancia -destitución y 12 años de inhabilidad generalpues confirmó la falta gravísima a título de culpa gravísima -artículo 34 numeral 20 de la Ley 1015 de 2006-, la cual por sí sola de acuerdo con los artículos 38 y 39 ídem –antes trascritosdan lugar a la sanción principal de destitución y accesoria de inhabilidad general de 10 a 20 años, dado que la

extensión de esta última no se sustenta en la pluralidad de imputaciones disciplinarias, sino que -de acuerdo con las pruebas que obran en el expedientese basa en varias de las causales descritas en el artículo 40 de la normativa antes mencionada, puesto que el investigado –ahora demandantei) no procuró por iniciativa propia resarcir el daño compensar el perjuicio causado (literal g), ii) no reparó el bien afectado con su conducta (literal h), iii) trató de eludir su responsabilidad -toda vez que en su declaración planteó una versión de los hechos ajena a la realidad- (literal k), iv) afectó injustificadamente los derechos fundamentales a la salud y vida en condiciones dignas de un funcionario público (literal j) y v) su conducta contraria a derecho puede ser calificada como de trascendencia institucional (literal i). En virtud de lo expuesto, concluye la Sala que en el presente asunto, el fallador disciplinario de segunda instancia no desconoció el principio de congruencia, pues no modificó elementos esenciales de la imputación de la falta disciplinaria, y la actuación controvertida fue adelantada con observancia del principio del debido proceso, en consecuencia, el presente cargo de violación no tiene méritos de prosperidad.NOTA DE RELATORIA: Sobre el principio de congruencia, ver: C. de E, Sección Segunda, Subsección A, Rad. 11001-03-25-000-2011-00651-00(2542-11), M.P. Dr. William Hernández Gómez.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 171 / LEY 1015 DE 2006,

ARTÍCULO 34 - NUMERAL 20 / LEY 1015 DE 2006, ARTÍCULO 35 / LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 40 / LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 38 / LEY 734 DE 2002ARTÍCULO 39

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D. C., once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 11001-03-25-000-2011-00589-00(2265-11)

Actor: ALDEMAR PORTELA TICORA

Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Trámite: ÚNICA INSTANCIA – DECRETO LEY 01 DE 1984

Decisión: NIEGA PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

FALLO DE ÚNICA INSTANCIA Conoce la Sala del expediente de la referencia, con informe de la Secretaría,1 surtido el trámite previsto en los artículos 207 a 211 del Código Contencioso Administrativo,2 para dictar sentencia de única instancia, una vez verificado que no hay irregularidades o vicios de nulidad que sanear.

I. ANTECEDENTES 1.1 La demanda y sus fundamentos El señor Aldemar Portela Ticora, por conducto de apoderado y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho3, solicitó la nulidad de

los fallos disciplinarios de 17 y 27 de agosto de 2010 proferidos por el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía de Cundinamarca4 y la Inspectora Delegada Regional Uno5, a través de los cuales fue sancionado con destitución e inhabilidad general por el término de 12 años; así como la Resolución 03121 del 29 de septiembre de 2010, expedido por el Director General de la Policía Nacional -hace efectiva sanción disciplinaria impuesta-6. Como consecuencia de lo anterior, el demandante solicitó a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad accionada: i) reintegrarlo sin solución de continuidad al cargo de patrullero u otro de igual o superior jerarquía; ii) pagar los salarios, emolumentos y beneficios prestacionales dejados de percibir desde la fecha de retiro7; iii) actualizar los dineros que se causen en su favor con la respectiva indexación conforme el artículo 178 del CCA – Decreto 01 de 1984; iv) dar cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso contencioso administrativo, en los términos de los artículos 176 y 177 ibídem. 1 Del 24 de enero de 2020, visible a folio 267 del cuaderno principal expediente. 2 Decreto 01 de 1984. Artículo 207, Auto admisorio de la demanda; Artículo 208. Aclaración o corrección de la demanda; Artículo 209. Período probatorio; Artículo 210. Traslados para alegar; Artículo 211. Registro del proyecto de fallo. 3 Previsto en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

4 Visible a folios 2 – 77 del CD que obra a folio 184 - cuaderno principal del expediente. 5 Folios 362-420 del CD que obra a folio 184 - cuaderno principal del expediente. 6 Visible a folios 423 y 424 del CD que obra a folio 184 - cuaderno principal del expediente. 7 Dos (2) de octubre de 2010. La Sala se permite realizar un resumen de la situación fáctica presentada en la demanda, así: Afirmó el apoderado del demandante que, el señor Aldemar Portela TicoraPatrullero de la Policía Nacional adscrito a la Estación de Policía de Ubaté como integrante de Patrulla de Vigilancia-, el 5 de julio de 2007, aproximadamente a las 18:20, mientras contestaba una llamada, le sacó cinco cartuchos y dejó uno dentro del tambor de su arma de dotación marca Smith and Wesson 18D0756, la cual tenía entre sus piernas y, al intentar cogerla para evitar que se le cayera al piso, impactó al patrullero Juan Guillermo Cortés Castañeda en el costado izquierdo, quien se encontraba descansando en el alojamiento de ese comando policial; novedad que fue informada por el Sargento Viceprimero Héctor Cobos Quiche, en su calidad de Comandante de la Estación de Ubaté a través de Oficio 140 que data de la misma fecha8, reiterada ese día mediante Oficio 142 CDUBA, suscrito por el Capitán Edwin Alexander Vargas Pitacuar, en calidad de Comandante (E) Sexto Distrito Almeidas y Ubaté9. Adujo que, la Jefatura de la Oficina de Control Interno Disciplinario Interno –

DECUN mediante auto de 10 de septiembre de 200710 -notificado personalmente al investigado el 19 de septiembre de 2007abrió indagación preliminar en contra del ahora demandante, y por auto de 10 de mayo de 2009 le formuló pliego de cargos por haber incurrido a título de culpa gravísima en la falta gravísima del artículo 34, numeral 2011 de la Ley 1015 de 2006 -manipular imprudentemente las armas de fuego-, en atención que no tuvo la prudencia necesaria en el manejo de su arma de fuego de dotación. Sostuvo que al rendir descargos por intermedio de abogada12, solicitó la nulidad del pliego de cargos al considerar que la autoridad erró al graduar la culpabilidad, así como una visita al lugar de los hechos, la ampliación del testimonio del patrullero Juan Cortés Castañeda y la nulidad de los testimonios rendidos por los señores Héctor Cobos Quiche, Luis Sabogal Chávez, Camilo Angarita Apache y Álvaro Rincón Pacheco, practicadas durante la etapa de indagación preliminar, con el fin de ejercer el derecho de contradicción. 8 Folio 50 del cuaderno anexo 1. 9 Folios 123 - 127 del cuaderno anexo 1. 10 5 de julio de 2007. 11 Artículo 34, numeral 20. “Manipular imprudentemente las armas de fuego o utilizarlas en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias que produzcan dependencia física o síquica.” 12 Folios 278 – 286 del anexo 3.

Arguyó que la autoridad disciplinaria a través de auto de 7 de septiembre de 200913: i) declaró la nulidad parcial del auto de pliego de cargos, al considerar que en efecto se realizó una graduación ambigua de la culpabilidad14; ii) accedió a la solicitud de ampliación del testimonio del Patrullero Juan Cortés Castañeda; y iii) negó la nulidad de los testimonios practicados, en tanto su práctica se dio con anterioridad a que fuera sujeto procesal; sin embargo, dispuso escuchar nuevamente a dichos funcionarios de la Policía Nacional –notificado personalmente al investigado el 9 de septiembre siguiente-. Contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición el 14 de septiembre de 200915, el cual fue denegado por la entidad demandada por medio de auto del 14 de septiembre siguiente16 – notificado personalmente el 15 del mismo mes y año.

Adujo que posteriormente: 1) el 5 de noviembre de ese año, se practicó la visita especial en la Estación de Ubaté, en compañía del investigado y su abogado defensor, en donde los patrulleros Juan Guillermo Cortes Castañeda, Aldemar Portela Ticora, Nelson Vega Guilombo hicieron su relato respecto de los hechos materia de investigación, 2) el 8 de noviembre de 2009, el Investigador de Campo –Fotógrafo, Técnico Profesional en balística, rindió el informe 903, por el cual realizó una inspección judicial de reconstrucción de hechos17 y 3) el 11 de noviembre de siguiente, los peritos –Técnico Profesional en Balística SIJIN

DECUN y Jefe de Grupo de Policía Científica y Criminalística SIJIN DECUNrindieron el dictamen pericial - informe técnico de investigador de laboratorio 74218. Indicó que frente a la solicitud de pruebas que antecede, elevada por la defensa del señor Aldemar Portela Ticora, la autoridad disciplinaria, a través de auto expedido el 11 de noviembre de 200919, accedió a la ampliación del testimonio del señor Nelson Vega Guilombo y negó los demás medios de prueba solicitados por el investigado20 -notificada personalmente el 17 de noviembre de 2009-. Manifestó que, por medio de auto del 25 de noviembre de 200921, se formuló por segunda vez pliego de cargos, endilgándose la misma falta disciplinaria gravísima 13 Folios 289 – 292 del mismo cuaderno 14 La autoridad señaló que existió una inobservancia del deber objetivo de cuidad –culpa gravey pese a ello, se le endilgó la culpa gravísima. 15 Folio 295. 16 Folio 298. 17 Folios 343 – 351. 18 Folio 336. 19 Folio 352. 20 Por considerar que reunían los requisitos de conducencia y pertinencia establecidos en la ley, e igualmente, era innecesaria el decreto de alguna prueba mediante oficio, por considerarla innecesaria en esa etapa procesal. 21 Folio 363. - Ley 1015 de 2006, artículo 34, numeral 2022 –manipular imprudentemente las armas de fuego-, a título de culpa gravísima, por desatención elemental – notificado personalmente el 27 de noviembre de 2009-, frente a lo cual el entonces

investigado rindió descargos y solicitó la nulidad de todo lo actuado por falta de análisis del material probatorio y atipicidad de la conducta. Al respecto, el operador disciplinario mediante auto del 21 de diciembre siguiente23, decretó nuevamente la nulidad del pliego de cargos señalado. Adujo que, la autoridad disciplina a través de auto de 23 de marzo de 201024, por tercera ocasión formuló pliego de cargos, por el cual se imputó la misma falta disciplinaria gravísima a título de culpa gravísima, frente al cual rindió descargos, solicitándose la nulidad, petición que esta vez fue denegada por la autoridad disciplinaria a través del auto de 11 de febrero de 201025 -decisión frente a la cual presentó recursos de reposición y apelación-26. Señaló que, el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno el 19 de mayo de 2010, expidió el auto 041/CODÍN-DECUN27, por el cual negó la reposición28. En cuanto a la apelación fue resuelta por la Inspección Delegada Regional Uno el 21 de mayo de 201029, declarándose la nulidad de la actuación desde “el pliego de cargos de 23 de marzo de 2010 y demás actuaciones dependientes proferidas por el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario DECUN” -notificado personalmente el 26 de mayo de 2010 al investigado-. Indicó que, la Jefatura de la Oficina de Control Interno Disciplinario InternoDECUN el 4 de septiembre de 2010, a través de auto 064/CODIN-DECUN30, por cuarta ocasión le imputó cargos al demandante, esta vez por haber incurrido a

título de culpa gravísima, en las faltas gravísimas de la Ley 1015 de 2006, artículo 34, numeral 2031 –manipular imprudentemente las armas de fuegoy grave del artículo 35, numeral 1732 –realizar una conducta descrita en la ley como delito, a 22 Artículo 34, numeral 20. “Manipular imprudentemente las armas de fuego o utilizarlas en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias que produzcan dependencia física o síquica.” 23 Folio 396. 24 Folio 428. 25 Folio 467. 26 Interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación (fls. 483 del anexo 3 a 761 del anexo 5. 27 Folio 763 del mismo cuaderno. 28 Notificada personalmente el 20 de mayo de 2010. 29 Folio 777. 30 Folio 798. 31 Artículo 34, numeral 20. “Manipular imprudentemente las armas de fuego o utilizarlas en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias que produzcan dependencia física o síquica.” 32 Artículo 35, numeral 17. “Realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de culpa, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo.” título de culpa, cuando se cometa, con ocasión de la función- , esto es, 12033lesiones culposas. Frente a esto, el investigado rindió descargos el 30 de junio de 201034 y solicitó la nulidad de la actuación, la cual denegada por medio de auto 101/CODIN-DECUN de 6 de julio del mismo año35 -notificado personalmente el 7

del mismo mes y año. Contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación36. Expuso que la Jefatura de la Oficina de Control Interno Disciplinario Interno – DECUN mediante fallo de primera instancia de 17 de agosto de 2010, sancionó al demandante con destitución e inhabilidad general de 12 años, por las faltas disciplinarias mencionadas en el último de los autos de pliego cargos -Ley 1015 de 2006, artículos 34 (numeral 20) y 35 (numeral 17)-, al considerar que incurrió en una desatención elemental de reglas de obligatorio cumplimiento, pues le ocasionó lesiones personales al patrullero Juan Guillermo Cortés Castañeda con el arma de dotación e inobservó las precauciones descritas en los numerales 1 y 10 del decálogo de seguridad en el manejo de las armas de fuego -esta decisión fue apelada por el disciplinado-. Afirmó que, el Inspector Delegado Regional Uno de la Policía Nacional mediante fallo de segunda instancia de 27 de agosto de 2010 confirmó la sanción impuesta en primera instancia, pues si bien lo absolvió de la falta grave consagrada en el artículo 35 (numeral 17) de la Ley 1015 de 2006 –realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de culpa, cuando se cometa, con ocasión de la función-, consideró que si incurrió con culpa gravísima en la falta gravísima del artículo 34 (numeral 20) ídem –manipular imprudentemente las armas de fuego-. Normas vulneradas y concepto de la violación. El demandante citó como

violadas las siguientes disposiciones: - Constitución Política, artículos 2, 4, 6, 13, 15, 26, 29, 12, 218 y 220. - Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículos 3, 5, 6 y 18. - Ley 1015 de 2006, artículos 2, 5, 10, 12, 14, 15, 17 y 19. 33 De la Ley 599 de 2000. 34 Folio 823. 35 Folio 845. 36 El recurso de reposición fue negado por medio de auto del 21 de julio de 2010 proferido por la Oficina de Control Disciplinario Interno (fls. 875 – 882) Esta decisión fue confirmada por medio de auto del 28 de julio de 2010 por la Inspección Delegada Regional Uno (fls. 889 – 894). Concepto de violación. El demandante señaló que, la autoridad demandada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y la igualdad, al incurrir en las siguientes irregularidades: - Irregularidades relacionadas con el decreto y valoración de las pruebas Explicó el apoderado del demandante que, la autoridad disciplinaria dio plena credibilidad a varios testigos que no presenciaron los hechos, ya sea porque estaba parcializada con el lesionado o existían otros intereses de por medio, sin que tuviera en cuenta los descargos y alegatos de conclusión rendidos por el disciplinado, quien indudablemente sabe la verdad sobre lo ocurrido, pues la versión de la víctima se contradice completamente y no fue objeto de análisis con las demás pruebas y con el rigor establecido en el artículo 141 del CDU37.

Manifestó que, el 21 de julio de 2010, la defensa del entonces investigado solicitó la práctica de pruebas, entre ellas, la ampliación de los testimonios38, a fin de contrainterrogarlos, toda vez que cuando aquellos se realizaron, el demandante se encontraba representado por un abogado que ejerció una defensa técnica pasiva, desconociéndose de esa manera el derecho de defensa y contradicción que rige la actuación procesal disciplinaria, pues existió una falta de pericia y cuidado del representante del señor Aldemar Portela Ticora. Afirmó que con la actuación referida, la entidad demandada desconoció la presunción de inocencia establecida en favor del investigado, pues existieron dudas con respecto a la forma como ocurrieron los hechos, toda vez que el quejoso se contradijo a sí mismo y la autoridad dio por acreditado en el pliego de cargos que el investigado disparó el arma de forma imprudente, pues no observó las normas básicas contenidas en el decálogo de seguridad de las armas de fuego. Arguyó que se configuró una deficiente valoración probatoria, habida consideración que los elementos de prueba que obran en el proceso disciplinario no permitieron acreditar que existió un manejo imprudente del arma por parte del accionante, específicamente a partir de la afirmación del Patrullero Juan Guillermo 37 “Apreciación integral de las pruebas. Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.” 38 “a. Patrullero Juan Guillermo Cortés Castañeda b. Patrullero Camilo Fernando Angarita Apache c. Patrullero Luis Alberto Sabogal Sánchez

d. Sargento Viceprimero Héctor Cobos Quiche e. Patrullero Álvaro de Jesús Rincón Pacheco f. Patrullero Nelson Vega Guilombo” Cortés Castañeda relativa a que aquél jugaba con el arma y debido a que se encontraron 5 cartuchos fuera de dicho revólver. - Irregularidades relacionadas con aspectos sustanciales de la responsabilidad disciplinaria. Indicó que se desconocieron los principios de non bis in ídem y de legalidad, pues se adecuó una conducta en dos faltas disciplinarias, una gravísima y otra grave, las cuales debían excluirse en virtud de los principios de especialidad, subsidiariedad o consunción, de manera que solo podía aplicarse una de ellas, pues un mismo comportamiento no podía sancionarse dos veces, aun menos con destitución, sino con una menor, verbigracia, la suspensión del cargo, ya que no existió afectación o perturbación del servicio. Adujo en este punto la parte accionante, que la Policía Nacional calificó la falta disciplinaria a título de culpa gravísima y grave, pese a que se trató de una conducta, bajo el argumento que los supuestos fácticos materia de investigación son consecuencia de la voluntad del actor, sin tener en cuenta que se trató de una acción imprevista, accidental y circunstancial, ya que en el presente caso el disciplinado tenía su arma entre las piernas y para impedir que se cayera, la agarró en el aire, sin la intención de inferir un daño, sino por el contrario, de evitarlo, pues de no ser así, el disparo habría lesionado en otra parte del cuerpo al

quejoso. Sostuvo que, si bien los hechos objeto de reproche fueron desafortunados, no afectaron la función policial, por no existir nexo causal entre la conducta desplegada por el demandante y el perjuicio, en la medida en que no afectó la administración pública, pues no fueron hechos propios del servicio policial ni su buen desempeño como miembro de la Policía Nacional. Indicó que, el operador disciplinario de segunda instancia decidió declarar no probada la segunda falta disciplinaria endilgada al demandante -Ley 1015 de 2006 artículo 35, numeral 17, realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de culpa, cuando se cometa, con ocasión de la funcióny únicamente declararlo responsable respecto de la primera de ellas -Ley 1015 de 2006, artículo 34, numeral 20, manipular imprudentemente las armas de fuego-, sin embargo, confirmó la sanción, pese a que por ese motivo debía modificarse o en todo caso, exponer las razones de su consideración. Por ende, se desconoció igualmente el principio de congruencia, en la medida en que no existió concordancia entre la parte motiva y resolutiva del citado fallo. - Irregularidades relacionadas con aspectos procedimentales de la investigación disciplinaria. Señaló que se configuró la nulidad del proceso disciplinario, en atención a las siguientes irregularidades: - La autoridad disciplinaria profirió pliego de cargos el 23 de marzo de 2010, el cual no fue notificado. El 21 de abril de 2010, nuevamente se expidió pliego de cargos, sin que se declarara la nulidad del anterior, y en lo concerniente a la

culpabilidad del segundo cargo agregó que si el investigado hubiera observado las normas básicas para el manejo de las armas de fuego de los miembros de las Fuerzas Armadas39, no se hubiera presentado el evento en que lesionado el Patrullero Cortés Castañeda Juan Guillermo. Así, por medio del nuevo auto arregló las falencias procesales del anterior, bajo el argumento relativo a que dejaba sin efectos las actuaciones del abogado Luis E. González A., declarándose inexistentes todas las actuaciones hasta la notificación del pliego de cargos del 23 de marzo de 2010. - El Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de Cundinamarca desconoció el traslado al Ministerio Público del recurso de reposición interpuesto por la defensa del disciplinado –artículos 89 y 114 de la Ley 734 de 200240, en razón de las nulidades acaecidas en el dossier disciplinario, por lo que se infringió una etapa procesal e imprescindible dentro de la actuación procesal. 1.2. Contestación de la demanda Mediante escrito del 17 de julio de 2012,41 a través de apoderado judicial legalmente constituido, la Policía Nacional se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda, en tanto no media prueba alguna que permita desvirtuar la presunción de legalidad de los fallos disciplinarios demandados, así 39 “1. Cuando maneje un arma, hágalo como si estuviera cargada.

2. No juegue con las armas de fuego.” 40 ARTÍCULO 89. SUJETOS PROCESALES EN LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. Podrán intervenir en la

actuación disciplinaria, como sujetos procesales, el investigado y su defensor, el Ministerio Público, cuando la actuación se adelante en el Consejo Superior o Seccional de la Judicatura o en el Congreso de la República contra los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución Política. En ejercicio del poder de supervigilancia administrativa y cuando no se ejerza el poder preferente por la Procuraduría General de la Nación, ésta podrá intervenir en calidad de sujeto procesal. (…). ARTÍCULO 114. TRÁMITE DEL RECURSO DE REPOSICIÓN. Cuando el recurso de reposición se formule por escrito debidamente sustentado, vencido el término para impugnar la decisión, se mantendrá en Secretaría por tres días en traslado a los sujetos procesales. De lo anterior se dejará constancia en el expediente. Surtido el traslado, se decidirá el recurso.” 41 Visible a folios 149 a 158 del c