CE-SECCION SEGUNDA-11001-03-25-000-2012-00279-00(1051-12)-2017

COSA JUZGADA - Imposible fáctico y jurídico someter a un nuevo juicio la legalidad del acto que fue declarado nulo / SOLDADOS E INFANTES DE MARINA PROFESIONALES / SUPRESION DEL RECONOCIMIENTO AL DERECHO PRESTACIONAL DEL SUBSIDIO FAMILIAR - Medida regresiva y carente de legalidad Procederá la Sala a establecer inicialmente la existencia o no de impedimento para abordar el análisis de las normas acusadas contenidas en el Decreto 3770 de 2009 por razón del advenimiento del fenómeno de la Cosa Juzgada; poniendo de presente que se aprecia que mediante Sentencia del 8 de junio de 2017, dentro del expediente 11001-03-25-000-2010-00065-00 (RI 0686-2010), con ponencia del actual Magistrado Ponente, esta Subsección estudió de fondo la legalidad del acto administrativo sub examine y decidió “declarar, con efectos ex tunc, la nulidad total”. La declaratoria de nulidad total del Decreto 3770 de 2009, con efectos ex tunc (desde entonces), con lleva a que este acto administrativo haya perdido validez desde el momento mismo en que fue proferido, por lo que las cosas deben retrotraerse al estado en que se encontraban antes de su expedición; deviniendo en un imposible fáctico y jurídico someter a un nuevo juicio de legalidad al acto que ya fue declarado nulo. En ese sentido, la Sala advierte que en la medida en que las disposiciones y expresiones normativas del acto administrativo demandando ya fueron examinadas anteriormente y sobre ellas obra un

pronunciamiento de esta Corporación que lo conminó a la invalidez por nulidad; se constituye un impedimento insuperable para realizar un pronunciamiento de fondo, toda vez que se precisa el advenimiento del fenómeno jurídico de la cosa juzgada absoluta. COSA JUZGADA - Concepto / COSA JUZGADA - Material y formal [C]iñéndonos exclusivamente a un criterio procesal, y con el fin de desentrañar los posibles efectos de la Cosa Juzgada sobre el análisis al que se sometería la legalidad del Decreto 3770 de 2009, se sostendrá que las partes involucradas en esta demanda de nulidad cuyo conocimiento se ha avocado y las partes que sostuvieran la controversia desatada mediante la Sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, proferida el 8 de junio de 2017; son plenamente coincidentes, por cuanto que se trata del Gobierno Nacional, quien actúa como sujeto pasivo o parte demandada, y un “Ciudadano” quien obra como sujeto activo o parte actora. (…) tanto del estudio de la demanda que se incoara contra el Decreto 3770 de 2009 y que obtuviera sentencia del 8 de junio de 2017, como en el libelo que actualmente se examina, se establece que las normas violadas y los conceptos de violación que se expusieran en uno y otro caso se fundamentan en los mismas consideraciones, como en idénticas circunstancias de hecho y de derecho. Ambas demandas se encaminan a señalar que el acto administrativo acusado genera condiciones de desmejora prestacional a los soldados e infantes

de marina profesionales al habérseles privado del derecho al subsidio familiar, vulnerando el principio de igualdad y progresividad, como la proscripción de discriminación y regresión de los derechos de contenido prestacional. (…) La Sentencia proferida por esta Corporación el 8 de junio de 2017 versa respecto de la legalidad del Decreto 3770 de 2009; acto administrativo que también es acusado en la actualidad y materia de esta providencia. Por tanto, siendo el contenido material del acto administrativo que se somete a juicio de legalidad idéntico al que ya fue anteriormente estudiado, se establece la plena identidad de objeto entre estos. Como corolario de lo argumentado, la Sala estima que existe impedimento para pronunciarse de fondo respecto de la legalidad de las disposiciones contenidas en el Decreto 3770 de 2009, como quiera que se presenta el advenimiento del fenómeno jurídico de la cosa juzgada, al encontrar identidad entre las partes, el objeto y la causa de esta litis y aquella trabada con ocasión de la sentencia proferida por esta Corporación el 8 de junio de 2017.

NORMA DEMANDADA: DECRETO 3770 DE 2009 (Cosa Juzgada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION "B"

Consejero ponente: CESAR PALOMINO CORTES

Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil diecisiete (2017).

Radicación número: 11001-03-25-000-2012-00279-00(1051-12)

Actor: EDIL MAURICIO BELTRAN PARDO

Demandado: GOBIERNO NACIONAL Referencia: NULIDAD PARCIAL DEL DECRETO 3770 DE 2009. EFECTOS DE LA DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 11 DEL DECRETO 1794 DE 2000 QUE

DISPUSO LA CREACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SUBSIDIO FAMILIAR PARA

LOS SOLDADOS E INFANTES DE MARINA PROFESIONALES. COSA

JUZGADA ABSOLUTA. SIMPLE NULIDAD - DECRETO 01 DE 1984

La Sala decide la demanda de nulidad, que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, presentó el ciudadano Edil Mauricio Beltrán Pardo, contra el inciso único del artículo primero y un aparte del artículo segundo del Decreto número 3770 del 30 de septiembre de 2009, “por el cual se deroga el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones”.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA El 2 de mayo de 2012 el ciudadano Edil Mauricio Beltrán Pardo, presentó demanda de nulidad, contra el inciso único del artículo primero, y contra las expresiones normativas “y deroga el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000”, contenida en el artículo segundo, del Decreto número 3770 del 30 de septiembre de 2009, “por el cual se deroga el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Presidente de la República, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Ministro de Defensa Nacional y la Directora del

Departamento Administrativo de la Función Pública, y que fuera publicado en el diario oficial número 47.488 del 30 de septiembre de 2009. 1.1. El acto acusado El ciudadano Edil Mauricio Beltrán Pardo, pretende que se declare la nulidad parcial del Decreto número 3770 del 30 de septiembre de 2009, “por el cual se deroga el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Gobierno Nacional; cuyas disposiciones y expresiones acusadas se subrayan a continuación: “DECRETO NUMERO 3770 DE 2009 (Septiembre 30) Por el cual se deroga el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones, El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales señaladas en la ley 4 de 1992, DECRETA: Artículo 1. Derógase el artículo 11 del decreto 1794 de 2000, Parágrafo 1º. Los Soldados profesionales e Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto estén percibiendo el subsidio familiar previsto en el derogado artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, continuarán devengándolo hasta su retiro del servicio. Parágrafo 2º. Aclárase que el valor del subsidio familiar a que se refiere el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 es el resultado de aplicar la siguiente fórmula: 4% Salario Básico Mensual + 100% Prima de

Antigüedad Mensual. Artículo 2°._ El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el artículo 11 del. Decreto 179 de 2000. Publíquese y cúmplase”. (Cursiva y subrayado ajenos al texto original) 1.2. Normas violadas y concepto de violación En la demanda, el actor considera que los apartes demandados del Decreto 3770 de 2009 violan el artículo 1 y la parte final del literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992; los artículos 1, 2, 13, 25, 42 inciso 2, 44, 48 inciso 3, 53, 93 y 189 numeral 11, y el Preámbulo de la Constitución Política; los artículos 2, 4, 6, 13, 53, 85, 93, y los artículos 2 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; los artículos 1 y 7 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o Protocolo de San Salvador, y el precedente constitucional contenido en las Sentencias C-1165 de 2000, C-671 de 2002 y C-038 de 2004. Funda el concepto de violación en señalar que el Gobierno Nacional mediante las disposiciones acusadas retrocedió en la protección del derecho social constitucional al trabajo de los soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares, puesto que consagró regulaciones menos favorables a los trabajadores, en la medida en que eliminó el subsidio familiar para

un sector importante de sus integrantes. De tal manera que mientras el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, estableció a favor de los soldados profesionales de las Fuerzas Militares, casados o con unión marital de hecho vigente, el derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual más la prima de antigüedad, las disposiciones demandadas lo eliminaron hacia el futuro, sin motivación ni justificación alguna. Con las disposiciones acusadas, el Gobierno Nacional violó la parte final del literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, en tanto establece que para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores relacionados en el artículo primero de la misma ley, aquel debe tener en cuenta, como uno de los objetivos y criterios, que en ningún caso puede desmejorar sus salarios y sus prestaciones sociales. En el literal d) del artículo 1 de la mencionada ley, se encuentran relacionados los miembros de la fuerza pública, como quiera que ésta, según lo establece el artículo 216 de la Constitución Política, está integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y por la Policía Nacional. Se precisa además que el subsidio familiar es una prestación social, que conforme con el artículo 1 de la Ley 21 de 1982, es “pagadera en dinero, especie y servicios a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad”. Por lo que el subsidio familiar no es salario, sino una prestación

social que hace parte del derecho a la seguridad social, según lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia C-508 del 9 de octubre de 1997. Por mandato constitucional contenido en el artículo 53 de la Carta, prosigue el actor, la seguridad social goza de una especial garantía de protección. Es un principio mínimo fundamental en el derecho laboral colombiano. Pero además esta garantía impide los retrocesos, debiendo promocionarse por el Estado para lograr cada día una mayor cobertura entre la población, de conformidad con los postulados del Estado Social de Derecho y de las obligaciones contraídas a nivel internacional para la protección de la familia, de los niños y del trabajo. Las disposiciones acusadas implican un retroceso en la protección y van en contravía de la promoción del subsidio familiar para los soldados profesionales de las fuerzas militares, violando flagrantemente el inciso 3 del artículo 48 y el artículo 53 de la Constitución Política. Adicionalmente, violan el artículo 25 de la Constitución en la medida en que desconocen la especial protección que el Estado le debe al trabajo en todas sus modalidades, porque el trabajo no sólo es un derecho sino una obligación social, especialmente a su cargo en lo que atañe a su promoción, como quiera que tiene como fin constitucional asegurar el derecho de toda persona a vivir dignamente, de acuerdo con su condición humana. Por ser el derecho al trabajo un derecho social, es de desarrollo progresivo. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) como en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o Protocolo de San Salvador, reconocen el derecho al trabajo y establecen el deber de los

Estados de adoptar las medidas apropiadas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente la plena efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Al respecto, se indica que la Corte Constitucional en la consideración número 22 de la Sentencia C-038 de 2004, dijo que la progresividad hace referencia al reconocimiento de prestaciones y protecciones mayores y superiores en relación con cada uno de esos derechos sociales, por lo que, el mandato de progresividad implica que, una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve restringida y, en consecuencia, todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado “debe presumirse en principio inconstitucional” puesto que contradice el mandato de progresividad. Para el demandante, “el Gobierno Nacional vulneró el mandato de progresividad al disminuir el nivel de protección alcanzado por los soldados profesionales en el campo de la seguridad social, utilizó su potestad reglamentaria de la ley con un fin distinto al proclamado por la Constitución, ya que, como es fácil advertir, no se trata de disposiciones expedidas para la cumplida ejecución de la ley, como lo ordena el numeral 11 del artículo 89 de la misma, sino de disposiciones que contrarían su espíritu y el ideal del Estado Social de Derecho contenido en el artículo 1 de la Constitución”. (Sic) (Folios 3 al 13)

2. TRÁMITE PROCESAL La demanda fue admitida mediante Auto del 28 de enero de 2013. En el mismo proveído se procedió a ordenar la notificación al Agente del Ministerio Público, al

señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, al señor Ministro de Defensa Nacional y a la señora Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública. Finalmente se dispuso la respectiva fijación en lista. (Folios 16 al 17).

3. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3.1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público El Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de su delegada solicitó “desestimar las pretensiones del accionante”, al considerar válidos los criterios del gobierno al momento de expedir los apartes del Decreto 3770 de 2009, sobre los cuales se solicita la nulidad.

Se arguye que la expedición del Decreto 3770 de 2009 surge como una respuesta a una incorrecta interpretación del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 por parte del Ministerio de Defensa, dado que los decretos referenciados son expedidos con base en las normas generales contenidas en la Ley 4 de 1992. Sin embargo, el Decreto 1794 difiere de los criterios objetivos previstos en los literales h) e i) de la Ley 4 de 1992, por lo que se profirió el Decreto 3770 de 2009. Se señala que no puede hablarse de desmejoramiento de prestaciones sociales, toda vez que con la expedición del Decreto 3770 de 2009, se buscó evitar una situación fiscal de difícil sostenimiento, teniendo en cuenta que para el año 2009 se encontró que el beneficio del subsidio familiar se constituyó en un incentivo en la población beneficiara y por tanto de los 22000 soldados e infantes de marina

profesionales tenían tal beneficio, existiendo un universo potencial de beneficiarios que podían ascender a más de 87000. No obstante, se garantizó el cumplimiento de los derechos de quienes eran efectivamente beneficiarios de la prestación, dando cumplimiento al marco general que regula los derechos de los trabajadores. “En ese orden de ideas y bajo un análisis armónico de las diferentes disposiciones en la materia, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública concluyen que la mejor opción es la derogatoria del artículo 11 del decreto 1794 de 2000”, precisa la apoderada del Ministerio. (Folios 68 al 74) 3.2. Departamento Administrativo de la Función Pública El apoderado del Departamento Administrativo de la Función Pública solicitó “desestimar los cargos de nulidad” presentados por el Ciudadano Edil Mauricio Beltrán Pardo y, en su lugar, declarar “su legalidad material”. La argumentación en esta contestación se dirige a precisar que los cargos formulados en la demanda “devienen en gran medida, de la indebida comprensión que la censura tiene de las competencias constitucionales y legales del Gobierno Nacional”, toda vez que con base en lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 4 de 1992 se debe concluir que la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados y funcionarios del Estado, incluidos los miembros de la Fuerza Pública, corresponde, de manera privativa, al Gobierno Nacional. Argumenta que ninguna regulación salarial puede decretarse sin consultar con los parámetros generales establecidos en la Ley Marco de Salarios, es decir, sin

consultar los estudios de factibilidad, de concertación, de orden económico, de índole presupuestal y los procedimientos que el ordenamiento señala para la adopción de esta clase de actos. En lo relacionado con la planteada vulneración de derechos laborales de los soldados e infantes de marina profesionales que al momento de expedición del Decreto 3770 de 2009 no tenían causado el derecho a percibir el subsidio familiar previsto en el derogado artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, debe tenerse en cuenta la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual los derechos adquiridos en materia laboral sólo se predican respecto de los derechos que el trabajador ha afianzado durante su relación laboral y no de simples expectativas de conseguir un determinado beneficio bajo el amparo del mantenimiento de una determinada legislación de derecho público, a cuya intangibilidad no se tiene derecho. De esta manera, prosigue, estando claramente establecido que los soldados profesionales de las fuerzas militares casados o con unión marital de hecho que en vigencia del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 no consolidaron su derecho a percibir el reconocimiento mensual de un subsidio familiar, no pueden alegar derechos adquiridos frente a la regulación establecida en el Decreto 3770 de 25 de septiembre de 2009, lo cual se explica en el hecho de que el Gobierno Nacional en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4 de 1992 está facultado para modificar la legislación salarial y prestacional de los empleados públicos. “De esta manera y como quiera que el ciudadano Edil Mauricio Beltrán Pardo no logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara el Decreto 3770 de 2009,

cuya censura en realidad se afianza en una equivoca lectura de las facultades con que fue expedido dicho acto administrativo y no en verdadero reparo de constitucionalidad o legalidad, las pretensiones del actor están llamadas a fracasar por improcedentes”. (Folios 81 al 85) 3.3. Ministerio de Defensa Nacional La apoderada especial del Ministerio de Defensa Nacional, solicita en su escrito de contestación que se denieguen las súplicas de la demanda, al considerar que el Presidente de la República se encontraba revestido de la facultad constitucional y legal para modificar el Decreto 1794 de 2000 y derogar el artículo 11, de conformidad con lo dispuesto en la ley 4 de 1992, toda vez que lo dispuesto en la Ley 578 de 2000 no se constituye en fundamento jurídico para sustentar la expedición de dicho acto. Se señala que no es cierto que el Decreto 3770 de 2009 genere una desmejora para los soldados profesionales al desconocer sus derechos adquiridos al subsidio familiar que venían devengando, toda vez que con la expedición de los Decretos 1793 y 1794 de 2000 se mejoraron las condiciones salariales y prestacionales de los soldados profesionales en comparación con aquellas que les fueran reconocidas a partir de la Ley 131 de 1985. En relación con la derogatoria del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, introducida por el Decreto 3770 de 2009, se precisa que “lo que hace la nueva norma es mantener la disposición anterior y establece en su parágrafo 2º, es aclarar que el valor del subsidio familiar es el resultado de aplicar la formula

expuesta, hecho que para nada contraviene ni desconoce los derechos adquiridos del personal que venía devengando el subsidio”. (Folios 100 a 116)

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. Parte actora La parte demandante guardó silencio. 4.2. Parte demandada Tanto el Departamento Administrativo de la Función Pública, como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Ministerio de Defensa, reiteraron los argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda, tal como consta a folios 145 a 146, 148 a 149 y 150 a 168, respectivamente.

No obstante, la apoderada del Departamento Administrativo de la Función Pública, resaltó que “debe concluirse que el subsidio familiar que venía siendo percibido por los soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares, fue derogado por el Decreto 3770 del 30 de septiembre de 2009, sin que sea dable que los servidores que no vienen percibiéndolo puedan reclamarlo, lo cual se explica en el hecho de que el Gobierno Nacional en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4 de 1992 está facultado para modificar la legislación salarial y prestacional de los empleados públicos, a cuya intangibilidad no se tiene derecho”. Por su parte, la representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, enfatizó en precisar que “la argumentación de la vulneración alegada por el demandante se circunscribe a señalar desprotección de derechos frente a universo de soldados que solo tenían la expectativa de recibir el subsidio familiar

en términos enunciativos y subjetivos, no obstante, no hace referencia a la interpretación equívoca que hace el Ministerio de Defensa del artículo 11 del Decreto 1794 de 2004, en el sentido de que se paguen dos veces la prima de antigüedad como un factor sobre el cual calcularla (…) En ese sentido, se estaría frente a un doble pago, razón por la cual se profiere el Decreto 3770 de 2009; por lo que no puede pretenderse declarar la nulidad del decreto, ya que por su forma, su contenido, su finalidad y la autoridad que lo expide atienden a preceptos constitucionales, pues como lo ha reiterado la jurisprudencia y la doctrina, el derecho material y la constitución deben prevalecer sobre la forma y sobre las normas de inferior jerarquía”. Finalmente, la apoderada del Ministerio de Defensa, concluyó que el “personal de soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares nunca ha estado desprotegido de esta prestación y por el contrario a través de las normas señaladas, y proferidas en el año inmediatamente anterior, por tanto las razones de presunta anulación que pretende hacer valer el accionante en concepto de esta Entidad, no son capaces de invalidar el Decreto 3770 de 2009, hoy acusado”.

5. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA La Subsección es competente para conocer, en única instancia, de la presente demanda de nulidad contra el inciso único del artículo primero, y contra la expresión normativa “y deroga el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000”, contenida

en el artículo segundo del Decreto 3770 de 2009 “por el cual se deroga el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones”, publicado en el diario oficial número 47.488; conforme con el artículo 128 numeral 1 del Código Contencioso Administrativo.

2. PROBLEMA JURÍDICO La Sala debe establecer si las disposiciones acusadas contenidas en Decreto 3770 de 2009 generan una desmejora salarial y prestacional a los soldados e infantes de marina profesionales, desconociendo derechos adquiridos y configurando un acto de discriminación que vulnera el principio de igualdad y la proscripción de regresividad de los derechos de contenido prestacional.

Sobre el particular, amerita precisar que esta Subsección resolvió recientemente un problema jurídico con idénticas características, relativo a la demanda de nulidad total del Decreto 3770 de 2009, por tanto, se procederá a realizar un análisis preliminar con miras a establecer si sobre el juicio de legalidad del Decreto 3770 de 2009 operó el fenómeno jurídico de la Cosa Juzgada, por cuanto que resulta relevante determinar la existencia o no de impedimento para emprender su examen.

3. EL FENÓMENO JURÍDICO DE LA COSA JUZGADA Como se señaló procederá la Sala a establecer inicialmente la existencia o no de impedimento para abordar el análisis de las normas acusadas contenidas en el Decreto 3770 de 2009 por razón del advenimiento del fenómeno de la Cosa Juzgada; poniendo de presente que se aprecia que mediante Sentencia del 8 de junio de 2017, dentro del expediente 11001-03-25-000-2010-00065-00 (RI 06862010), con ponencia del actual Magistrado Ponente, esta Subsección estudió de fondo la legalidad del acto administrativo sub examine y decidió “declarar, con efectos ex tunc, la nulidad total”.

La declaratoria de nulidad total del Decreto 3770 de 2009, con efectos ex tunc (desde entonces), con lleva a que este acto administrativo haya perdido validez desde el momento mismo en que fue proferido, por lo que las cosas deben retrotraerse al estado en que se encontraban antes de su expedición; deviniendo en un imposible fáctico y jurídico someter a un nuevo juicio de legalidad al acto que ya fue declarado nulo. En ese sentido, la Sala advierte que en la medida en que las disposiciones y expresiones normativas del acto administrativo demandando ya fueron examinadas anteriormente y sobre ellas obra un pronunciamiento de esta Corporación que lo conminó a la invalidez por nulidad; se constituye un impedimento insuperable para realizar un pronunciamiento de fondo, toda vez que se precisa el advenimiento del fenómeno jurídico de la cosa juzgada absoluta. En materia de cosa juzgada, y para efectos de clarificar el alcance de sus efectos frente al caso estudiado, conviene realizar las siguientes consideraciones: 3.1. Definición y alcance La cosa juzgada es una institución jurídico-procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica.

De esta definición se derivan dos consecuencias importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio. De esta manera se puede sostener que la cosa juzgada tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico. La fuerza vinculante de la cosa juzgada se encuentra limitada a quienes plasmaron la litis como parte o intervinientes dentro del proceso, es decir, produce efecto Inter partes. No obstante, el ordenamiento jurídico excepcionalmente le impone a ciertas decisiones efecto erga omnes, es decir, el valor de cosa juzgada de una providencia obliga en general a la comunidad, circunstancia que se establece en materia penal y constitucional (Artículo 243 de la Constitución Política). Al operar la cosa juzgada, no solamente se predican los efectos procesales de la inmutabilidad y definitividad de la decisión, sino que igualmente se producen efectos sustanciales, consistentes en precisar con certeza la relación jurídica objeto de litigio. En principio, cuando un funcionario judicial se percata de la operancia de una cosa

juzgada debe rechazar la demanda, decretar probada la excepción previa o de fondo que se proponga, y en último caso, procede una sentencia inhibitoria. La Corte Constitucional ha señalado los siguientes elementos para que una decisión alcance el valor de Cosa Juzgada: “Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente. Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa. Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada”1. (Cursiva y negrilla ajenas al texto original) 3.2. Cosa Juzgada Formal y Cosa Juzgada Material La cosa juzgada formal se presenta “...cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a su

estudio...”2, o, cuando se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual3. Este evento hace que “...no se pueda volver a revisar la decisión adoptada mediante fallo ejecutoriado...”4 Por su parte, la cosa juzgada material, “...se [presenta] cuando no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos. El fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de los contenidos de una norma jurídica...” 5 Esta restricción tiene s