CE-SECCION SEGUNDA-15001-23-33-000-2013-00489-01(4425-18)-2019

CESANTÍAS DEFINITIVAS / SANCIÓN MORATORIA POR EL PAGO TARDÍO

DE CESANTÍAS DEFINITIVAS / APELANTE ÚNICO / DECLARATORIA DE OFICIO DE LA PRESCRIPCIÓN Al tratarse de cesantías definitivas la mora solo puede tener lugar en un único evento, esto es, con ocasión del fenecimiento de la relación laboral, de manera que la aplicación del término extintivo al causarse una única sanción, solo podrá ser total. Ahora, no encuentra esta Sala de recibo el cargo de la parte actora relativo a que no puede el juez de instancia extralimitarse en sus funciones y declarar de oficio la prescripción (…) ello no es impedimento para que el juez si encontró probada la aludida excepción la declare de oficio, por cuanto tal facultad le está dada por el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual dispone que en la «[…] En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada […]»; norma especial que rige la jurisdicción contenciosa administrativa y que es de aplicación preferente, ello si se tiene en cuenta que el artículo 306 ibídem solo permite la remisión al Código General del Proceso en los aspectos no regulados por la Ley 1437 de 2011. De otro lado, si bien es cierto como lo aduce la parte actora que la sanción moratoria pretendida (…) no se encuentra sujeta al término prescriptivo contemplado en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, por cuanto no hace parte de los derechos y prestaciones

sociales consagrados en dichas disposiciones y que la Ley 244 de 1995 no previó la prescripción, también lo es que la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación, ya efectuó el respectivo análisis y estableció que la aludida penalidad al pertenecer al derecho sancionador y no ser accesoria a la prestación aludida, se encuentra sujeta al plazo extintivo previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social (…) en tanto se trata de la mora por la cancelación tardía de cesantías definitivas. […] Igualmente, considera esta Sala oportuno precisar que el hecho de que la Ley 244 de 1995, haya sido creada con la finalidad de proteger al empleado cesante ante el incumplimiento del empleador en la obligación de pagar dentro del término legal las cesantías definitivas, no exime al interesado para que una vez iniciada la mora cumpla con la carga de adelantar de manera oportuna la reclamación, so pena de que se aplique en su contra el fenómeno de la prescripción. […] No obstante todo lo expuesto, en virtud del mandato constitucional de no desmejorar la condición del apelante único prevista en el artículo 31 de la Carta Política, no puede esta Sala declarar en la parte resolutiva de la presente providencia la prescripción total del derecho, razón por la cual se confirmará la sentencia proferida (…) por el Tribunal Administrativo de Boyacá - Sala de Decisión No. 5, que declaró la prescripción parcial de las porciones de sanción causadas (…) la nulidad del acto acusado y en consecuencia condenó al ente territorial demandado al reconocimiento, a título de

sanción, de un día de salario por cada día de retardo […].

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN "B"

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D.C., primero (1) de agosto de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 15001-23-33-000-2013-00489-01(4425-18)

Actor: TERESA VALLARES FLORIÁN Demandado: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Referencia: SANCIÓN MORATORIA - CESANTÍAS DEFINITIVASAPLICACIÓN DE LA LEY 244 DE 1995 - PRESCRIPCIÓN.

I. ASUNTO La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 11 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo de

Boyacá - Sala de Decisión No. 5, mediante la cual se declaró probada parcialmente la excepción de prescripción y en consecuencia, ordenó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria derivada de la cancelación tardía de las cesantías definitivas desde el 19 de diciembre de 2009 al 22 de diciembre de 2009.

II. ANTECEDENTES La demanda

2. La señora Teresa Vallares Florián presentó demanda1 el 13 de junio de 20132 contra el departamento de Boyacá, en la cual solicita las siguientes:

Pretensiones a. Declarar la nulidad del Oficio 001089 de 11 enero de 2013, por el cual el director jurídico de la secretaría general de Boyacá, le negó la sanción por mora3

derivada del pago tardío de las cesantías definitivas reconocidas mediante Resolución 0216 de 21 de abril de 2005. 1 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 2 Según se observa a folio 23 del expediente. 3 Establecida en la Ley 1071 de 2006. b. Como restablecimiento del derecho, solicitó se condene a la entidad demandada a título de sanción moratoria, a un día de salario por cada día de retardo, con ocasión al pago tardío de las cesantías definitivas de conformidad con lo previsto por la Ley 244 de 19954. c. Igualmente, solicitó la indexación de las sumas reconocidas a su favor, intereses moratorios y el cumplimiento del fallo, conforme a los artículos 187, 192 y 195 del CPACA.

3. Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes hechos relevantes5: Fundamentos fácticos.-

a. La demandante fue nombrada como promotora rural del Hospital de San Salvador de Chiquinquirá mediante Resolución 045 de 1986, de la cual tomó posesión el 31 de enero de ese año, y posteriormente en virtud de que mediante concepto 1585 de 23 de julio de 2004, esta Corporación determinó que la naturaleza de dicha institución era privada, fue desvinculada del servicio el 19 de noviembre de 2004, por el gobernador de Boyacá a través del Decreto 1370. b. En consecuencia de lo anterior, el secretario general de la gobernación de

Boyacá mediante Resolución 0216 de 21 de abril de 2005 le ordenó el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, discriminando por concepto de cesantías la suma de $14.495.892, la cual solo se hizo efectiva de manera total hasta el 23 de noviembre de 2009, esto es, 5 años después de la exigibilidad de la obligación. c. En virtud de ello, manifestó que radicó petición el 19 de diciembre de 2012 ante el ente territorial demandado, solicitando el reconocimiento y pago de la sanción moratoria conforme a lo previsto por la Ley 244 de 19956 , la cual fue negada a través del acto acusado. Normas violadas y concepto de violación. 4 « Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.» 5 Folios 41 a 43 del expediente. 6 « Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.»

4. Invocó como normas desconocidas7: los artículos 1º, 2,º 6º, 25º, 29º, 42º, 53º, 123º, 124º, 125º y 209º de la Constitución Política; Ley 244 1995; Ley 50 de 1990; Decreto 1582 de 1998.

5. Manifestó que el acto acusado se expidió con infracción de las normas en las que debían fundarse, desconociendo derechos de carácter constitucional y laboral,

en tanto la administración no tuvo en cuenta el término perentorio previsto por la Ley 244 de 19958 para el pago de las cesantías definitivas, lo que le ocasionó un grave perjuicio, por cuanto la suma reconocida por dicho concepto era la que le permitía poder solventar las necesidades derivadas de su retiro del servicio.

6. Indicó conforme a la disposición invocada, que los 45 días para el pago de las cesantías definitivas vencieron el 8 de septiembre de 2005, por lo que, se causó a su favor un periodo moratorio desde dicha fecha hasta el día «23 de diciembre de 2009»9, cuando se hizo efectiva la obligación.

Contestación de la demanda.

7. El apoderado del departamento de Boyacá10 se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que la mora no es imputable a la entidad que representa, toda vez que el pago de las cesantías definitivas de la actora se encontraba condicionado a lo establecido en los convenios de concurrencia celebrados entre el referido ente territorial y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entidad encargada de girar los recursos para la cancelación de las prestaciones sociales de los servidores desvinculados del Hospital San Salvador de Chiquinquirá que se encontraba en liquidación, de manera que en ningún momento ha tenido disponibilidad presupuestal y en tal virtud no se le puede endilgar responsabilidad, máxime si se tiene en cuenta que la señora Vallares Florián no laboró para el departamento de Boyacá, en tanto su empleador era el aludido hospital, razón por la cual propuso como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva. 7 Folios 50 a 55 del expediente.

8 « Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.» 9 Transcripción literal, visible a folio 53 del expediente. 10 Folios 162 a 179.

8. Adujo que existe una ineptitud sustantiva de la demanda, en la medida que el acto acusado, simplemente se limita a informar sobre una decisión adoptada, de manera que no crea, modifica o extingue derechos de la actora.

9. Invocó como otras excepciones: i) caducidad de la acción, en tanto transcurrieron más de 4 de meses desde que se publicaron, notificaron y ejecutaron los actos que reconocieron la prestación aludida sin que se hubiere presentado demanda; y ii) Prescripción, por cuanto la cesantías al no ser una prestación periódica no se puede demandar en cualquier tiempo y toda vez que el actora pretende revivir términos si se tiene en cuenta que el acto que reconoce la prestación aludida es el que se debió impugnar ante esta jurisdicción.

Audiencia Inicial.

10. El Tribunal Administrativo de Boyacá en audiencia inicial celebrada el 19 de noviembre de 201511 declaró no probadas las excepciones previas propuestas por la parte demandada; en cuanto a la prescripción indicó que aquella seria estudiada en el fondo del asunto y finalmente, procedió a fijar el litigio al reverso del folio 338 del expediente en los siguientes términos: « Si el Departamento de Boyacá incurrió en mora por pago extemporáneo de las cesantías reconocidas a la demandante conforme a la Ley 244 de

1995 o si por el contrario no incurrió en mora, porque era procedente que se condicionara el pago de las cesantías de la demandante hasta el momento en que se giraran los recursos del Convenio de Concurrencia suscrito entre la Nación - Ministerio de Hacienda, el municipio de Chiquinquirá y el departamento de Boyacá, asi como el Convenio de Desempeño para la Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Prestación de Servicios de Salud suscrito entre el Departamento de Boyacá y el Ministerio de la Protección Social Si operó el fenómeno de la prescripción total o parcial del derecho reclamado»

III. SENTENCIA APELADA. 11 Ver folios 335 a 340

11. El Tribunal Administrativo de Boyacá - Sala de Decisión No. 5, mediante fallo del 11 de abril de 201812, declaró parcialmente probada la excepción de prescripción por el periodo comprendido entre el 8 de septiembre de 2005 al 18 de diciembre de 2009, la nulidad del acto acusado y condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar a favor de la señora Vallares Florián, a título de sanción, un día de salario por cada día de mora desde el 19 de diciembre de 2009 hasta el 22

de diciembre de 2009, al considerar lo siguiente:

12. En primer lugar, estableció que la inexistencia de apropiación presupuestal y de un convenio con el Ministerio de Protección Social no exime a la entidad demandada del pago de la sanción moratoria pretendida, pues el reconocimiento, liquidación y cancelación de las cesantías no puede someterse a la condición de

que exista disponibilidad presupuestal, por cuanto dicha prestación corresponde a un derecho constitucional fundamental de los empleados, y es por ello que tal actuar es contrario a los postulados superiores.

13. Establecido ello, procedió a analizar el caso en concreto encontrando que para la fecha en que la administración canceló las cesantías ya había transcurrido un lapso superior a los 45 días que prevé la ley para hacer efectiva la respectiva obligación, los cuales vencieron 8 de septiembre de 2005, por lo que, le asiste derecho a un periodo de sanción desde el 8 de septiembre de 2005 hasta el 22 de diciembre del 2009, día anterior a la fecha en que se realizó el pago total de la prestación aludida.

14. En cuanto a la prescripción, sostuvo con fundamento en la jurisprudencia de esta Corporación13 que la actora de conformidad con el artículo 41 del Decreto 3135 de 196814 contaba con tres años a partir de que se hizo exigible la obligación, esto es, el 8 de septiembre de 2005, para reclamar la sanción moratoria cuya aplicación pretende, no obstante se observa que radicó petición en ese sentido el 19 de diciembre de 2012, de manera que las porciones de sanción causadas con anterioridad al 19 de diciembre de 2009 se encuentran prescritas, 12 Folio 430 a 442 del expediente. 13 Consejo de Estado – Sección Segunda, Sentencia de 1 de julio de 2009, Rad. 2005-01994-01, C.P.: Dra.

Bertha Lucía Ramírez de Páez; Sección Segunda - Subsección B, Sentencia de 22 de enero de 2015, Rad.

2012-0045-01, C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez. 14 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales. […] ARTÍCULO 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.» razón por la cual, se reconoció un periodo de moratorio desde el 19 de diciembre de 2009 hasta el 22 de diciembre de 2009, día anterior a la fecha en la que se hizo efectiva la obligación.

15. Finalmente, indicó que no se condenará en costas a la parte vencida por cuanto las pretensiones de la demanda prosperaron parcialmente, ello en atención a lo previsto por el numeral 5 del artículo 365 del Código General del Proceso15.

IV. RECURSO DE APELACIÓN.

16. El apoderado de la parte demandante16 sostuvo que el juez de instancia extralimitó sus funciones al declarar probada la prescripción, por cuanto aquella no fue alegada por la parte demandada dentro de la contestación de la demanda, pues el departamento de Boyacá simplemente se limitó a invocar como excepción «prescripción de la acción», lo que en términos legales conlleva a la caducidad no a la extinción del derecho.

17. Arguyó con fundamento en el artículo 251317 del Código Civil, que la

prescripción del derecho no puede ser declarada de oficio y debe ser alegada por quien se beneficia de aquella, de lo contrario, se entiende por renunciada «por lo que no puede el administrador de justicia […] convertirse en otra parte más dentro del proceso, esto es, en un coadyuvante del demandado, pues […] su labor es aplicar justicia de manera imparcial y no tomar parte hacia uno de los extremos procesales, como se ha hecho en el presente asunto.» 15 «ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […]

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.» 16 Folios 445 a 456 del expediente. 17 «ARTICULO 2513. <NECESIDAD DE ALEGAR LA PRESCRIPCION>. El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio. <Inciso adicionado por el artículo 2 de la Ley 791 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> La prescripción tanto la adquisitiva como la extintiva, podrá invocarse por vía de acción o por vía de excepción, por el propio prescribiente, o por sus acreedores o cualquiera otra persona que tenga interés en que sea declarada, inclusive habiendo aquel renunciado a ella.»

18. Manifestó que si bien es cierto los Decretos 3135 de 196818 y 1848 de 196919 consagran un término prescriptivo, también lo es, que este fue previsto

únicamente para la reclamación de las prestaciones sociales y derechos contemplados en dichas disposiciones, dentro de los cuales no se encuentra la sanción moratoria, máxime si se tiene en cuenta que esta no ostenta la calidad de prestación, en tanto es definida como «[…] la consecuencia o efecto de una conducta que constituye a la infracción de una norma […]» y no como «[…] lo que debe el patrono al trabajador en dinero, especie, servicios u otros beneficios […]».

19. En apoyo a la tesis anteriormente expuesta, señala en atención a que la Ley 244 de 199520 no consagró la prescripción de la sanción y toda vez que la finalidad de dicha disposición fue la de proteger al trabajador que se ve cesante en su vida laboral del incumplimiento del empleador en el pago oportuno de la obligación, que la aludida penalidad no debe estar sujeta a término extintivo del derecho, máxime si se tiene en cuenta el principio de favorabilidad el cual predica que la norma o situación más favorable debe aplicarse al favor el trabajador.

20. Finalmente, indicó que no se encuentra de acuerdo con la decisión del a quo de no condenar en costas a la parte demandada, toda vez que «la parte actora ha incurrido en diversos gastos con ocasión a este proceso, que van desde la consignación que exigiera el Tribunal hasta la reproducción de fotocopias, desplazamientos y demás gastos necesarios que deben ser reintegrados por la parte vencida, no importando si a las pretensiones se accedió de manera parcial o no.»

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

21. La parte demandante21 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de

apelación. Por su parte el ente territorial demandado y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal22. 18 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.» 19 «Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.» 20 « Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.» 21 Ver folios 481 a 488. 22 Según se observa del informe de la Secretaría de la Sección Segunda de 3 de mayo de 2019, que obra a folio 489 del expediente.

VI. CONSIDERACIONES Análisis del asunto

22. En principio, considera esta Sala pertinente señalar, que si bien es cierto el parágrafo 1 del artículo 63A de la Ley 270 de 199623, el cual a su vez remite de manera expresa al artículo 18 de la Ley 446 de 199824, dispone que las sentencias se deben dictar en el orden en el que los expedientes hayan ingresado al despacho, se le dará prelación al presente asunto, en atención a la facultad otorgada a las Altas Cortes del Estado por el artículo 115 de la Ley 1395 de 201025, relativa a que «cuando existan precedentes jurisprudenciales, conforme al

23 «ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA […] ARTÍCULO 63A. DEL ORDEN Y PRELACIÓN DE TURNOS. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando existan

razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación. Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente. Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos. Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán

periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio. PARÁGRAFO 1o. Lo dispuesto en el presente artículo en relación con la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se entenderá sin perjuicio de lo previsto por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998. [….].» 24 «Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia. [….] ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social. La alteración del orden de que trata el inciso precedente constituirá falta disciplinaria. En estos casos, el Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales, en lo de su competencia, solicitarán al Juez o Ponente la explicación pertinente para efectos administrativos y disciplinarios. El Consejo Superior de la

Judicatura o los Consejos Seccionales obrarán de oficio o a petición de quienes hayan resultado afectados por la alteración del orden.» 25 «Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. […] ARTÍCULO 115. Facúltese a los jueces, tribunales, altas cortes del Estado, Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura para que cuando existan precedentes jurisprudenciales, conforme al artículo 230 de la Constitución Política, el artículo 10 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 230 de la Constitución Política, el artículo 10 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 4o de la Ley 169 de 1896» se puedan decidir sobre casos similares que se encuentren en la etapa de dictar fallo, sin tener que respetar el turno de entrada o de ingreso de los citados procesos, ello, atendiendo a la jurisprudencia pacífica de esta Corporación en relación con la aplicación de la prescripción prevista en el artículo 15126 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social a la sanción moratoria derivada del el pago tardío de las cesantías parciales o definitivas.

23. Ahora bien, encontrándose la Sala en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en primera instancia y sin que se evidencien irregularidades que deban sanearse por el órgano judicial, en tanto el trámite del proceso se encuentra ajustado a derecho,

se planteará el siguiente: Problema jurídico: 23.1. Establecer si el derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria

prevista en la Ley 244 de 1995 por el incumplimiento en la cancelación oportuna de las cesantías definitivas se encuentra sujeto al término prescriptivo y en caso de ser así, determinar a partir desde cuando se hace exigible. 23.2. Dilucidado lo anterior, en caso que el derecho reclamado en el sub júdice se encuentre sujeto al fenómeno extintivo, determinar si el tribunal de instancia puede declarar de oficio la prescripción de la sanción moratoria, o si dicha excepción solo procede a petición de parte.

24. Para resolver los anteriores problemas jurídicos, esta Sala analizará la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de prescripción de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 199527. artículo 4o de la Ley 169 de 1896, puedan fallar o decidir casos similares que estén al Despacho para fallo sin tener que respetar el turno de entrada o de ingreso de los citados procesos, conforme a lo señalado en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998.» 26 «ARTICULO 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual.» 27 « Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.» Jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de prescripción de la

sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995.

25. Al respecto, se tiene que la sección segunda de esta Corporación28 ha sostenido que la sanción moratoria de la Ley 244 de 1995 29 , se encuentra sujeta al término de prescripción previsto en el artículo 15130 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y que aquel se hace exigible desde el momento mismo en que se causa la mora, ello en atención a lo previsto por la Sentencia de Unificación CE-SUJ004 de 25 de agosto de 201631, que en materia de la aplicación del fenómeno extintivo a la penalidad por mora, dispuso lo siguiente: « i) Prescripción de los salarios moratorios […] Como hacen parte del derecho sancionador32 y a pesar de que las disposiciones que introdujeron esa sanción en el ordenamiento jurídico, no consagran un término de prescripción, no puede considerarse un derecho imprescriptible, pues bien es sabido que una de las características del derecho sancionador es que no pueden existir sanciones imprescriptibles.

Siendo así y como quiera que las Subsecciones A y B han aplicado la prescripción trienal en asuntos relativos a sanción moratoria, se considera que no hay controversia alguna sobre ese particular; no obstante, sí es del caso precisar que la norma que se ha de invocar para ese efecto, es la consagrada en el Código de Procedimiento Laboral, artículo 151, que es del siguiente tenor literal: “Artículo 151. -Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la

respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o 28 Véase: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, Sentencia de 6 de diciembre de 2018, Rad. 201200461-01; Sentencia de 7 de noviembre de 2018, Rad. 2013-00683-01; Sentencia de 14 de febrero de 2019, Rad. 2013-0078-01; Sentencia de 22 de noviembre de 2018, Rad. 2014-00363-01; Sentencia de 24 de enero de 2019, Rad. 2012-90134-01; Sentencia de 25 de octubre de 2018, Rad. 2013-00078-01; Sentencia de 31 de octubre de 208, Rad. 2013-00295-01, C.P.: Gabriel Valbuena Hernández; Sentencia de Sentencia del 5 de abril del 2018. Rad. 08001-23-33-000-2014-00069-01 (2268-2015). C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, Sentencia de 6 de diciembre de 2018, Rad. 2014-00650-01; Sentencia de 2014-00164-01, C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez. 29 « Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.» 30 «ARTICULO 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito

del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual.» 31 Consejo de Estado – Sección Segunda, Sentencia de Unificación CE-SUJ004 de 25 de agosto de 2016, Rad. 2011 00628-01. 32 En sentencia C-448 de 1996, la Corte Constitucional consideró que esta sanción “busca penalizar económicamente a las entidades que incurran en mora…” prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual.” La razón de aplicar esta disposición normativa y no el término prescriptivo consagrado en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 196933, previamente citados, consiste en que tales decretos en forma expresa señalan que la prescripción allí establecida, se refiere a los derechos de que tratan las referidas normas, entre los cuales no figura la sanción moratoria, pues para la época de su expedición, la sanción aludida no hacía parte del ordenamiento legal, la que sol