CE-SECCION SEGUNDA-17001-23-31-000-2002-01739-01(2391-07)-2009

OFICIO DE TRAMITE INTERNO EN ENTIDAD – No es demandable / INEPTITUD DE LA DEMANDA – Impugnación de oficio de trámite interno en entidad pública El Oficio No. 055/DIPON-SEGEN-OFJUR-ASJUR de 30 de abril de 2002 es reflejo de un trámite previo dentro de la Entidad para atender la solicitud de reconocimiento salarial y prestacional incoada por el interesado, pues dicho documento fue la respuesta de una consulta elevada por el Jefe del Grupo Primas y Subsidios a la Secretaría General, Oficina Jurídica, de la Policía Nacional. Este acto, entonces, no tuvo la virtualidad de modificar la situación concreta del interesado, y, en consecuencia, no era demandable por vía jurisdiccional, en los términos del artículo 137, numeral 2º del C.C.A. Por lo anterior, sobre este punto hay lugar a revocar parcialmente el fallo del A quo, para, en su lugar, declarar de oficio la excepción de inepta demanda frente al Oficio No. 055/DIPON-SEGENOFJUR-ASJUR de 30 de abril de 2002 e inhibirse la Sala de efectuar un estudio de fondo sobre su contenido.

FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 137 NUMERAL 3

SUSPENSION EN EL CARGO DE AGENTE DE LA POLICIA NACIONAL POR ORDEN JUDICIAL – Regulación legal / SUSPENSION EN EL CARGO POR ORDEN DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR – Efectos salariales y prestacionales / SUSPENSION EN EL CARGO POR ORDEN DE LA JUSTICIA PENAL ORDINARIA – Efectos salariales y prestacionales / SUSPENSION EN

EL CARGO DE AGENTE DE LA POLICIA POR ORDEN JUDICIAL– Fallo absolutorio o cesación del procedimiento. Efectos Bajo el amparo del artículo 23 del Decreto 262 de 1994, el Agente suspendido por orden de autoridad judicial tenía derecho, mientras duraba la suspensión, a percibir las primas, subsidios y el 50% de su salario. Transcurrido el proceso respectivo, de resultar absuelto o favorecido con la medida de cesación del procedimiento, tenía derecho al reintegro del porcentaje del sueldo básico retenido. En vigencia del artículo 1 del Decreto 574 de 1995 se hizo una diferenciación entre la suspensión de funcionarios solicitada por la Justicia Penal Militar y la suspensión solicitada por la Justicia Penal Ordinaria. Así, en el primer evento, el suspendido tiene derecho, durante la suspensión, a percibir las primas, subsidios y el 50% de su sueldo básico; y una vez absuelto o favorecido con la medida de cesación de procedimiento, tiene derecho a que se le reintegre el porcentaje del sueldo básico retenido. Por el contrario, el pago parcial del sueldo básico así como de las primas y subsidios durante la suspensión no fue concedido a los funcionarios que fueran suspendidos por solicitud de la Justicia Penal Ordinaria, esto no quiere decir, sin embargo, que una vez finalizado el proceso penal con fallo absolutorio se haya impedido el reconocimiento de los salarios y prestaciones causados durante la vigencia de la suspensión.

FUENTE FORMAL: DECRETO 262 DE 1994 – ARTICULO 23 / DECRETO 574

DE 1995 – ARTICULO 1

ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO – Pertinente para pago de

salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por suspensión en el cargo por orden judicial / ACCION DE REPARACION DIRECTA – Pertinente para que el nominador obtenga el pago de perjuicios por suspensión en el cargo por orden judicial Es válido afirmar que una vez absuelto dentro del proceso penal el funcionario a quien se le impuso la suspensión en sus funciones como “medida cautelar”, tiene derecho a obtener el pago total de sus derechos salariales y prestacionales dejados de percibir durante el tiempo en que duró la suspensión. Finalmente, no sobra advertir, que, tal como lo aclaró la jurisprudencia de esta Sección, la acción pertinente para reclamar el reconocimiento de los derechos salariales y prestacionales retenidos durante la vigencia de una medida de suspensión, es la de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, no sólo porque dentro del objeto de la misma se incluye el restablecimiento del derecho y la reparación del daño, sino porque el perjuicio se da dentro del marco de una relación eminentemente laboral. En situaciones similares, incluso, se ha sostenido que el nominador, quien es el llamado a responder por los derechos salariales y prestacionales del funcionario durante su suspensión, puede instaurar la acción de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial por el perjuicio que pudo generarle el pago de servicios no prestados efectivamente, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política y 65 de la Ley 270 de 1996.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 90 / LEY 270 DE 1996 – ARTICULO 65

NOTA DE RELATORIA: Sobre la acción procedente por pago de salarios y prestaciones por suspensión en el cargo por orden judicia MP : Bertha Lucía

Ramírez de Páez y del 30 de agosto de 2009, Radicación 9762-05, MP : Alejandro Ordóñez Maldonado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA

Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil nueve (2009) Radicación número: 17001-23-31-000-2002-01739-01(2391-07)

Actor: JADER DE JESUS RESTREPO BERMUDEZ Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICIA NACIONAL Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 26 de abril de 2007, por la cual el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, accedió a las pretensiones de la demanda formulada por Jader de Jesús Restrepo Bermúdez contra la Nación, Ministerio de Defensa

Nacional, Policía Nacional. LA DEMANDA JADER DE JESÚS RESTREPO BERMÚDEZ, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas declarar la nulidad de los siguientes actos: - Oficio No. 055 DIPON-SEGEN-OFJUR-ASJUR de 30 de abril de 2002, proferido por el Asesor Jurídico de Asuntos Penales, Secretaría General, Oficina Jurídica de la Policía Nacional, por el cual le negó el reconocimiento de los salarios y prestaciones causados durante el

tiempo que estuvo suspendido en el ejercicio de sus funciones y atribuciones. - Oficio No. 1425 GRUPS de 2 de mayo de 2002, expedido por el Jefe del Grupo de Primas y Subsidios, Área de Control y Registro de la Policía Nacional, por el cual se negó el reconocimiento de los mismos derechos. - Oficio No. 2100 GRUPS de 12 de junio de 2002, expedido por la misma autoridad administrativa, por el cual al atender el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión la confirmó en su totalidad. - Oficio No. 3325/DIREH de 5 de septiembre de 2002, proferido por el Jefe del Área de Registro y Control de la Policía Nacional, por el cual al resolver el recurso de alzada confirmó la decisión contenida en el Oficio 1425 GRUPS de 2 de mayo de 2002. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la parte accionada a: - Reconocerle, liquidarle y pagarle los sueldos, cesantías, primas, subsidios, vacaciones, bonificaciones, seguridad social y demás emolumentos dejados de percibir desde el 4 de diciembre de 1996 hasta el 1 de junio de 2000. - Reconocerle que para todos los efectos legales no ha habido solución de continuidad, especialmente en lo relacionado con el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y la seguridad social. - Actualizarle las sumas adeudadas, de conformidad con la fórmula de indexación. - Pagar costas procesales. Sustentó sus pretensiones en los siguientes hechos: Ingresó al servicio de la Policía Nacional, como Agente, a partir del 17 de febrero

de 1992. A finales del año 1996 fue vinculado a un proceso penal ante la jurisdicción ordinaria, cuyo conocimiento le correspondió a la entonces Fiscalía Regional con sede en Medellín, por la presunta comisión de la infracción contenida en el artículo 2º del Decreto 1194 de 1989. Por Oficio No. 1257 DTUNO/578 de 4 de diciembre de 1996, proferido por el Comandante de Distrito de Policía Nacional de Manizales, fue dejado a disposición de la Fiscalía Regional de Medellín, Delegada en Manizales. Por boleta de detención No. 070 de 4 de diciembre de 1996, la Fiscalía Regional de Medellín, Delegada en Manizales, solicitó al Comandante del Departamento de Policía de Caldas detenerlo por cuenta de la citada autoridad. Surtido el trámite procesal respectivo, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales, mediante sentencia de 31 de mayo de 2000, dictó sentencia absolutoria en su favor, y, en consecuencia, ordenó su libertad inmediata. Desde que fue puesto a disposición de la Fiscalía Regional de Medellín, Delegada en Manizales, el 4 de diciembre de 1996, hasta que se dictó la sentencia absolutoria, el 1 de junio de 2000, fue sujeto a la medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio liberatorio. Así mismo, desde que se ordenó dicha medida la accionada le suspendió todos los pagos salariales y prestacionales de que era beneficiario. Resultado de la sentencia absolutoria, mediante la Resolución No. 0251 de 6 de junio de 2000, fue restituido al cargo de Agente de la Policía Nacional.

Pese a lo anterior no le fueron reconocidos los derechos salariales y prestacionales que le fueron suspendidos durante el curso del proceso penal adelantado en su contra. A la luz de las disposiciones contenidas en los artículos 1º y 2º del Decreto 574 de 1995, vigentes para el momento en que estuvo suspendido en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, no está prohibido que el funcionario que sea absuelto obtenga el reconocimiento y pago de los derechos salariales y prestacionales retenidos. Dicho cuerpo normativo fue derogado posteriormente por el Decreto No. 1791 de 2000, por el cual se eliminó la discriminación odiosa existente entre la suspensión en el ejercicio del cargo originada en una orden judicial emanada de la jurisdicción penal ordinaria y una orden proveniente de la jurisdicción penal militar, a favor de la primera. Finalmente, la pérdida del poder adquisitivo es un hecho notorio en Colombia. LAS NORMAS VIOLADAS Y SU CONCEPTO DE VIOLACIÓN De la Constitución Política, los artículos 2º, 4º, 13, 25 y 53. Del Decreto 574 de 1995, el artículo 1º. Del Código Civil, el artículo 30. Del Código Contencioso Administrativo, los artículos 5º y siguientes. El demandante consideró que la parte accionada, con los actos acusados, incurrió en indebida interpretación de la Ley, por cuanto: - Le dio a los artículos 1º y 20 del Decreto 574 de 1995 un alcance que contradice los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad material de las personas frente a la Ley, entre otros; omitiendo, de esta forma, reconocerle los derechos salariales y prestacionales una vez absuelto dentro del proceso penal

adelantado ante la Jurisdicción Penal Ordinaria. Con esta actuación, además, vulneró el preámbulo de la Constitución, en tanto éste consagra que el ser humano es el centro de toda la juridicidad; y el artículo 1º ibídem, en la medida en que con dicha decisión no protegió su derecho a la dignidad humana. - Acudió al Decreto 1791 de 2000 con el objeto de sustentar su negativa al reconocimiento solicitado, cuando de una correcta interpretación del mismo con sujeción a los principios y fines del Estado hubiera concluido su derecho al reconocimiento reclamado.

Puntualizó: “Para el trabajador, como en ese (sic) caso, constituye una clara vía de hecho la violación del debido proceso, por una interpretación legal desfavorable. Este principio otrora legal es ahora de rango Constitucional: -... En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.”.

LA SENTENCIA IMPUGNADA El Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, mediante sentencia de 26 de abril de 2007, accedió a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos (fls. 99 a 127 del cuaderno principal): De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Decreto 262 de 31 de enero de 1994, en caso de suspensión de un Agente de la Policía Nacional, por petición de autoridad judicial, tendrá derecho a que se le continúe pagando las primas, los subsidios y el 50% del salario mientras persista la interrupción de sus labores. Dicha disposición fue reformada por el artículo 1º del Decreto 574 de 1995, por el

cual se estableció una distinción entre los funcionarios suspendidos por orden judicial proveniente de la Jurisdicción Penal Ordinaria de los suspendidos por orden de la Jurisdicción Penal Militar. En este último caso había lugar al pago del 50% de primas, subsidios y salarios, en el segundo caso no había lugar a dicho beneficio. Esta distinción fue nuevamente superada con la entrada en vigencia del Decreto 1791 de 2000. A la luz de la normatividad transcrita, interpretada bajo el amparo del derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución Política, y los antecedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado en asuntos similares, se concluye que no hay razón suficiente para el no pago de los salarios y prestaciones reclamados.

Puntualizó el A quo: “(...) Los fundamentos de las tres regulaciones estudiadas hasta el momento son exactamente los mismos, luego la decisión deberá ser siempre la misma, en el sentido que el agente de la Policía Nacional suspendido detenido preventivamente, siempre deberá devengar las primas y bonificaciones y el 50% del salario mientras dure la suspensión en el cargo, y tendrá derecho a reclamar el otro 50% retenido, dado que la suspensión se dio por orden de los funcionarios estatales y al salir absuelto necesariamente se le debe indemnizar por una orden que le afectó y finalmente resultó sin fundamento real alguno”.

Con base en lo expuesto, concluyó el Tribunal, hay lugar a inaplicar por inconstitucional el artículo 10 del Decreto 574 de 1995, y en consecuencia, acceder a las pretensiones de la demanda, salvo en lo relacionado con la condena

en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A. EL RECURSO DE APELACIÓN La parte demandada interpuso y sustentó recurso de apelación contra la sentencia del A quo, con los siguientes argumentos (fls. 135 a 137 de cuaderno principal): De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 1º del Decreto 574 de 1995, no hay lugar al reconocimiento de salarios y prestaciones para el personal de Agentes de la Policía Nacional suspendidos por orden de la Jurisdicción Penal Ordinaria.

Agregó el recurrente: “A pesar de la derogatoria de la norma en cita por el parte (sic) del artículo 952 (sic, debió decir 95) del Decreto 1791 de 2000, -Por medio

del cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacionalel parágrafo en cita tuvo vigencia para la época de ocurrencia de los hechos, es decir, la suspensión del agente por parte de la Justicia Ordinaria, y el mismo debió aplicarse en concordancia con el principio de Legalidad en vista de la vigencia del Decreto en comento.”. CONSIDERACIONES DE LA SALA Cuestión Previa Previamente a definir el problema jurídico por resolver, la Sala analizará la naturaleza de los Oficios demandados, así como la oportunidad en que fueron enjuiciados. Para el efecto se refieren los siguientes hechos: Mediante escrito de 22 de febrero de 2002, sin constancia de recibo, el interesado le solicitó a la Jefatura de Primas y Subsidios de la Policía Nacional el

reconocimiento de los salarios, primas y subsidios que le fueron retenidos durante el tiempo de su suspensión, por orden de autoridad judicial, concretamente, por el tiempo transcurrido entre el 4 de diciembre de 1996 y el 1 de junio de 2000 (fls. 18 a 25 del cuaderno principal). Por Oficio No. 055/DIPON-SEGEN-OFJUR-ASJUR de 30 de abril de 2002, el Asesor Jurídico de Asuntos Penales de la Secretaría General, Oficina Jurídica de la Policía Nacional, le informó al Jefe del Grupo de Primas y Subsidios la improcedencia del reconocimiento de los derechos salariales y prestacionales objeto de la presente acción al interesado, en atención a lo establecido en el artículo 1º, parágrafo 2º del Decreto 574 de 1995, previas las siguientes precisiones: “ASUNTO: Respuesta oficio 1383-180402 AL: Sargento Mayor

CARLOS JULIO MELO ALDANA

Jefe Grupo Primas y Subsidios Gn.- En atención al oficio del asunto, relacionado con la devolución de los haberes retenidos al Agente JADER DE JESÚS RESTREPO BERMÚDEZ, le informo lo siguiente: Mediante resolución No. 3334 del 18 de noviembre de 1997, el citado uniformado fue suspendido en el ejercicio de funciones y atribuciones,..., por cuanto la Dirección Regional de Fiscalías – Secretaría Común – Unidad Dos de Medellín, dictó en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva, (...). Teniendo en cuenta que el mencionado acto administrativo se produjo como consecuencia de la detención preventiva proferida por la Justicia

ordinaria, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 1º, parágrafo 2º del Decreto 574 de 1995, mientras permaneciera suspendido no tenía derecho a percibir remuneración alguna, situación en la que se encontraba hasta cuando se produjo la resolución 2511 del 6 de julio de 2000, mediante la cual se restableció en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, (...). (...)”. Posteriormente, con Oficio No. 1425 GRUPS de 2 de mayo de 2002, el Jefe del Grupo de Primas y Subsidios, Área de Registro y Control de la Policía Nacional, atendió negativamente la petición de la accionante relativa al reconocimiento incoado con la presente acción, en los siguientes términos: “ASUNTO: Respuesta Petición AL: ... De manera atenta, me permito comunicarle que no es posible el reconocimiento de la Prima Vacacional del señor AG. JADER DE JESÚS RESTREPO BERMÚDEZ identificado con C.C. No. 15.485.514 por cuanto el citado uniformado fue suspendido mediante Resolución No. 03334 del 18 de Noviembre de 1997, de conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 2º, Artículo 1º Decreto 574 del 4 de Abril de 1995 vigente para la fecha que fue suspendido ... De conformidad a la norma transcrita anteriormente, le informo que, durante el lapso que permaneció suspendido en el ejercicio de funciones y atribuciones no tenía derecho a recibir remuneración alguna, por cuanto el acto administrativo de suspensión obedeció a una investigación penal adelantada en su contra por la Justicia Ordinaria,

situación en la que debió permanecer hasta cuando le fue levantada dicha medida.”. Contra el anterior Oficio el interesado interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación (fls. 8 a 10 del cuaderno principal), los cuales fueron resueltos negativamente por los Oficios 2100/GRUPS de 12 de junio de 2002 y 3325/DIREH de 5 de septiembre de 2002, respectivamente. De lo anterior es dable concluir que el Oficio No. 055/DIPON-SEGEN-OFJURASJUR de 30 de abril de 2002 es reflejo de un trámite previo dentro de la Entidad para atender la solicitud de reconocimiento salarial y prestacional incoada por el interesado, pues dicho documento fue la respuesta de una consulta elevada por el Jefe del Grupo Primas y Subsidios a la Secretaría General, Oficina Jurídica, de la Policía Nacional. Este acto, entonces, no tuvo la virtualidad de modificar la situación concreta del interesado, y, en consecuencia, no era demandable por vía jurisdiccional, en los términos del artículo 137, numeral 2º del C.C.A. Por lo anterior, sobre este punto hay lugar a revocar parcialmente el fallo del A quo, para, en su lugar, declarar de oficio la excepción de inepta demanda frente al Oficio No. 055/DIPON-SEGEN-OFJUR-ASJUR de 30 de abril de 2002 e inhibirse la Sala de efectuar un estudio de fondo sobre su contenido. No sobra agregar que la declaratoria de la excepción mencionada es procedente, así no haya sido propuesta, de conformidad con lo establecido en el inciso 4º del

artículo 164 del C.C.A. Ahora bien, aun cuando el Oficio No. 1425 GRUPS de 2 de mayo de 2002, manifiesta dar contestación a una petición en la que expresamente se solicitó la prima vacacional, el documento de agotamiento de vía gubernativa allegado a este proceso, el cual no fue tachado de falso, da cuenta de la solicitud completa de los haberes causados durante todo el tiempo de la suspensión Laboral. Además de ello, la entidad expresamente refiere dicha situación en la contestación de la demanda en los siguientes términos: “Posterior al levantamiento de la suspensión es que el demandante, remite al jefe de Grupo de Primas y Subsidios de la Dirección General de la Policía Nacional, Derecho de Petición con el cual reclama, le sean cancelados los sueldos, primas y subsidios que se le retuvieron desde el día 04-12-96 hasta el 01 de junio de 2000, solicitud que le fue contestada en debida forma, mediante el oficio Nro. 1425 de mayo 02 de 2000 (sic), donde le informan que no era de recibo su petición, según lo preceptuado en el Parágrafo 2, artículo 1 del Decreto 574 del 04 de abril de 1995, (...)”. Así entonces, al no observar impedimento alguno para resolver de fondo el asunto sometido a consideración, a continuación la Sala estudiará la legalidad de los Oficios Nos. 1425 GRUPS de 2 de mayo de 2002, 2100/GRUPS de 12 de junio de 2002 y 3325/DIREH de 5 de septiembre de 2002, los cuales sí definieron la situación particular del accionante.

Del fondo del asunto El problema jurídico por resolver se contrae a determinar la legalidad de la retención de salarios y prestaciones a un Agente de la Policía Nacional, durante una suspensión por orden de autoridad perteneciente a la Jurisdicción Penal Ordinaria, a pesar de haber sido absuelto. Para el efecto se resaltan los siguientes supuestos fácticos y jurídicos: a. Relativos a la vinculación laboral El señor Jader de Jesús Restrepo Bermúdez ingresó al servicio de la Policía Nacional, Escuela de Carabineros “Alejandro Gutiérrez”, el 27 de febrero de 1992 (fls. 3 del cuaderno principal y 3 del Cuaderno No. 2). Posteriormente, el 1 de octubre de 1992, se vinculó al servicio de la misma Institución como Agente (fl. 3 del cuaderno principal y 2 del cuaderno No. 2). b. Relativos a la suspensión por orden judicial Mediante Resolución No. 03334 de 18 de noviembre de 1997, proferida por el Director General de la Policía Nacional, el accionante fue suspendido en el ejercicio de sus funciones y atribuciones a partir del 19 de diciembre de 1996, fecha en la que dejó de laborar y se le dictó medida de aseguramiento de detención preventiva (fls. 5 y 6 del cuaderno principal). En cuanto a la suspensión del pago de salarios y prestaciones dispuso, expresamente, el acto referido, que:

“RESUELVE

(...) ARTÍCULO SEGUNDO: La Unidad de Informática de la Policía Nacional, se abstendrá de liquidar y nominar la totalidad de los haberes

que mensualmente devenga el Agente antes mencionados, toda vez que no tienen derecho a recibir remuneración alguna durante el tiempo que permanezca suspendido.”. Luego de que el señor Restrepo Bermúdez fuera absuelto en el proceso penal adelantado en su contra por la Jurisdicción Ordinaria (fls. 4 a 48 del Cuaderno No. 3), por Resolución No. 02511 de 6 de julio de 2000, emitida por el Director General de la Policía Nacional, fue restablecido en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, con efectos fiscales a partir del 1 de junio de 2000. Dicha restitución, sin embargo, no implicó el reconocimiento de los salarios y prestaciones dejados de percibir por el afectado durante el tiempo en que transcurrió el proceso penal, situación que ameritó el presente litigio. Establecido lo anterior, la Sala abordará el asunto sometido a su consideración en el siguiente orden (I) De la suspensión en el cargo por orden judicial - Marco normativo y jurisprudencial; y, (II) Del caso concreto (I) De la suspensión en el cargo por orden judicia l La medida de suspensión en el ejercicio de las funciones y atribuciones por solicitud de autoridad judicial, se encontraba regulada en el artículo 23 del Decreto 262 de 31 de enero de 19941, en los siguientes términos: “Artículo 23. Suspensión. Cuando la autoridad judicial competente solicite la suspensión de funciones y atribuciones de un agente de la Policía Nacional, ésta se dispondrá por disposición de la Dirección General de la Policía Nacional. Parágrafo 1° Durante el tiempo de la suspensión el agente percibirá las

primas y subsidios y el cincuenta por ciento (50% ) del sueldo básico correspondiente. Si fuere absuelto o favorecido con cesación de procedimiento, deberá reintegrársele el porcentaje del sueldo básico retenido. Parágrafo 2° Cuando la sentencia definitiva fuere condenatoria, las sumas retenidas en desarrollo de lo dispuesto en el presente artículo, pasarán a formar parte de los recursos propios de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. Artículo 24. Levantamiento de la suspensión. El levantamiento de la suspensión, se dispondrá por resolución de la Dirección General de la Policía Nacional, con base en la comunicación de autoridad judicial competente, a solicitud de parte o de oficio, siempre y cuando se profiera sentencia absolutoria, cesación de procedimiento o en el evento de revocatoria de la medida de aseguramiento o se decrete la libertad provisional, con excepción de las causales 4ª y 5ª de los artículos 639 y 415 de los Códigos Penal Militar y de Procedimiento Penal, respectivamente, según el caso. A partir de la fecha del levantamiento de la suspensión, el agente se reincorporará al servicio y devengará la totalidad de sus haberes desde el levantamiento de la misma.”. Bajo el amparo de esta norma, entonces, el Agente suspendido por orden de autoridad judicial tenía derecho, mientras duraba la suspensión, a percibir las primas, subsidios y el 50% de su salario. Transcurrido el proceso respectivo, de resultar absuelto o favorecido con la medida de cesación del procedimiento, tenía derecho al reintegro del porcentaje

del sueldo básico retenido. Posteriormente, las normas referidas fueron modificadas por el Decreto 574 de 4 de abril de 19952, en los siguientes términos: 1 “Por el cual se modifica las normas de carrera del personal de agentes de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.”. 2 “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 262 del 31 de enero de 1994, normas de carrera del personal de agentes de la Policía Nacional.”. “Artículo 1. El artículo 23 del Decreto 262 de 1994 quedará así: Artículo 23. Suspensión. Cuando la autoridad judicial competente solicite la suspensión de funciones y atribuciones de un agente, ésta se dispondrá por disposición de la Dirección General de la Policía Nacional. Parágrafo 1. Durante el tiempo de la suspensión solicitada por la Justicia Penal Militar, el agente percibirá las primas y subsidios y el cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico correspondiente. Si fuere absuelto o favorecido con cesación de procedimiento, deberá reintegrársele el porcentaje del sueldo básico retenido. Cuando la sentencia definitiva fuere condenatoria, las sumas retenidas pasarán a formar parte de los recursos propios de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. Cuando el tiempo de la suspensión sea superior al de la condena impuesta por la autoridad penal militar, se devolverá el excedente de los haberes retenidos. Parágrafo 2. Cuando el acto administrativo de suspensión se produzca como consecuencia de la solicitud formulada por la Justicia Ordinaria,

el agente no tendrá derecho a percibir remuneración alguna, durante el tiempo que permanezca suspendido. Si transcurridos ciento ochenta (180) días, contados a partir de la fecha de la suspensión de que trata este parágrafo, el agente no ha sido restablecido en el ejercicio de funciones y atribuciones, se producirá su retiro de la Institución, con la misma fecha en que se produjo la suspensión 3 . Artículo 2. El artículo 24 del Decreto 262 de 1994 quedará así: Artículo 24. Levantamiento de la suspensión. El levantamiento de la suspensión, se dispondrá por la Dirección General de la Policía Nacional, con base en la comunicación de autoridad judicial competente, a solicitud de parte o de oficio, siempre y cuando se profiera sentencia absolutoria, cesación de procedimiento o en el evento de revocatoria de la medida de aseguramiento o cuando se decrete la libertad provisional, con excepción de las causales 4 y 5 de los artículos 639 y 415 de los Códigos Penal Militar y de Procedimiento Penal, respectivamente y normas que los modifiquen. A partir de la fecha del levantamiento de la suspensión, el agente se reincorporará al servicio y devengará la totalidad de sus haberes.”. En vigencia de la mencionada normatividad se hizo una diferenciación entre la suspensión de funcionarios solicitada por la Justicia Penal Militar y la suspensión solicitada por la Justicia Penal Ordinaria. Así, en el primer evento, el suspendido tiene derecho, durante la suspensión, a percibir las primas, subsidios y el 50% de

su sueldo básico; y una vez absuelto o favorecido con la medida de cesación de procedimiento, tiene derecho a que se le reintegre el porcentaje del sueldo básico retenido. 3 El aparte subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C057 de 1996. Por el contrario, el pago parcial del sueldo básico así como de las primas y subsidios durante la suspensión no fue concedido a los funcionarios que fueran suspendidos por solicitud de la Justicia Penal Ordinaria, esto no quiere decir, sin embargo, que una vez finalizado el proceso penal con fallo absolutorio se haya impedido el reconocimiento de los salarios y prestaciones causados durante la vigencia de la suspensión. En vigencia de las mencionadas normas, entonces, cabe preguntarse si el Agente de la Policía Nacional cobijado por la medida de suspensión, por orden de la Justicia Penal Ordinaria, puede reclamar “una vez absuelto o beneficiado con la medida de cesación del procedimiento” el reconocimiento de los derechos salariales y prestacionales causados dur