CE-SECCION SEGUNDA-17001-23-33-000-2014-00452-01(5816-18)

CONTRATO REALIDAD - Contrato de prestación de servicios / CONTRATO REALIDAD - Marco normativo y jurisprudencial / RELACIÓN LABORALElementos / ELEMENTOS DE LA RELACIÓN LABORAL - Subordinación, prestación personal del servicio y remuneración / FORMADOR DEL SENAEl desempeño de las funciones por parte del accionante estaba sujeto a la imposición de medidas y órdenes de la demandada / SUBORDINACIÓNDemostrada / CONTRATO REALIDAD - Configuración El contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia. En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales. El actor prestó sus servicios en la regional Caldas del Sena, vinculado a través de dos contratos de prestación de servicios, desde el 16

de septiembre hasta el 15 de diciembre de 2009 y del 20 de enero al 15 de diciembre de 2010, con el propósito de dictar «formación profesional», «presencial o virtual (asesoría, formulación y acompañamientos en planes de negocios, atención a los aprendices) en los programas de formación profesional integral del Centro de Procesos Industriales del SENA». Valoradas las pruebas en su conjunto, se colige que si bien el demandante se vinculó al Sena a través de contratos de prestación de servicios, se desdibujaron las características propias de este tipo de vínculos, circunstancia que originó una relación laboral distinguida por la permanencia y continuidad en su ejecución y la correspondiente subordinación. La jurisprudencia de esta sección ha sostenido que cuando el objeto del contrato versa sobre el desempeño de funciones de carácter permanente y en el proceso se demuestra que hubo subordinación y dependencia respecto del empleador, surge el derecho al pago de prestaciones, porque de lo contrario se afectan los derechos del trabajador. Cabe anotar que pese a que se encuentran probados los elementos configurativos de una relación laboral en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades (prestación personal del servicio, contraprestación y subordinación o dependencia), destaca la Sala que ello no implica que la persona obtenga la condición de empleado público, puesto que no median los componentes para una relación de carácter legal y reglamentaria en armonía con el artículo 122 superior.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 53

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 17001-23-33-000-2014-00452-01(5816-18)

Actor: JHON FREDDY CORTÉS SOTO

Demandado: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. CONTRATO

REALIDAD.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el accionado (ff. 189 a 194) contra la sentencia de 8 de junio de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe (ff. 169 a 186).

I. ANTECEDENTES 1.1 Medio de control (ff. 2 a 18 y 73 a 761). El señor Jhon Freddy Cortés Soto, mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan. 1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio 2-2014-008096 de 10 de julio de 2014, mediante la cual el Sena negó el pago de prestaciones sociales al actor.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se

ordene al demandado reconocer y sufragar los aportes a «Pensión, Salud, Riesgos Profesionales, y Cajas de Compensación Familiar, primas (primas de servicio, navidad, vacaciones), cesantías [e] intereses a las mismas, y el Subsidio 1 Correspondientes a la demanda y su corrección. familiar, auxilios de transporte y manutenciones dejadas de pagar […] desde el 15 de septiembre de 2009 hasta el 15 de diciembre de 2010 […]» (sic), sanciones y descuentos por retención en la fuente, «tomándose como base los honorarios percibido correspondiente para cada uno de los años en reclamación, con sus respectivos reajustes anuales, aplicados en salarios y demás prestaciones que por ley le corresponden sin que la reliquidación sea inferior a la que recibió el demandante, en virtud del reconocimiento que inicialmente, efectuó la entidad accionada» (sic). 1.3 Fundamentos fácticos. Relata el accionante que «[…] estuvo laborando, en el SENA REGIONAL CALDAS sede Manizales […] desde el 15 de Septiembre de 2009 […] mediante órdenes de trabajo y contratos de prestación de servicios […], [que] la labor que cumplió […] se concibió en sus propias instalaciones, con elementos de propiedad de la entidad, recibiendo una remuneración por los servicios personales prestados, sometido al cumplimiento de estrictos y obligatorios horarios de trabajo, bajo la supervisión directa de los coordinadores y/o supervisores, en su labor de instructor contratista, impartiendo formación profesional presencial o virtual (asesoría, formulación y acompañamientos en

planes de negocios, atención a los aprendices) en los programas de formación profesional integral del Centro de Procesos Industriales […]» (sic). Que el «[…] 13 junio de 2014, mediante apoderado, [formuló] derecho de petición tendiente a que se declarara y reconociera la relación contractual desarrollada […] por haberse dado los elementos de la relación laboral, que estuvieron presentes durante la prestación del servicio, lo que da lugar a declarar la existencia de un contrato realidad, por el desconocimiento del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades y como consecuencia de la anterior declaración […] se reconozcan y cancelen […] todos los derechos que emanan de una relación laboral, esto es: Aporte a Pensión, Salud, Riesgos Profesionales, y Cajas de Compensación Familiar, primas (primas de servicio, navidad, vacaciones), cesantías intereses a las mismas, y el Subsidio familiar, auxilios de transporte y manutenciones dejadas de pagar» (sic), negado mediante oficio 2-2014-008096 de 10 de julio de 2014. 1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por el acto demandado los artículos 1, 2, 3, 6, 13, 25, 53, 122, 123 y 125 de la Constitución Política; 8 del Código Civil; y los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1042 de 1978. Arguye que en el presente caso el Sena trasgredió las normas antes citadas «[…] pues no podía denominar como de prestación de servicios personales una labor

que debe desempeñarse o bien por una relación legal y reglamentada, ora por un contrato de trabajo, como en definitiva es el que nos ocupa». 1.5 Contestación de la demanda (ff. 96 a 126). El accionado, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda; se refirió a cada uno de los hechos, en el sentido de que algunos son ciertos, otros no y los demás parcialmente. Asevera que no existió relación laboral con el actor, puesto que estuvo vinculado a la entidad mediante contratos de prestación de servicios autorizados por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que excluyen reconocimientos prestacionales. Que el demandante al momento de ejecutar la orden de trabajo conocía de antemano la fecha de comienzo y finalización, su objeto y naturaleza, por lo que no hay lugar a controversia o debate. Asimismo, adujo que «[…] los servicios contratados bajo la modalidad del contrato de prestación de servicios NO PODÍAN REALIZARSE CON PERSONAL DE PLANTA, por ser el mismo insuficiente y además, SE REQUERÍAN CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS, experiencia, capacitación y formación profesional en el ÁREA DE INFLUENCIA DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES» (sic). 1.6 La providencia apelada (ff. 169 a 186). El Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia de 8 de junio de 2018, accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda (con condena en costas), al considerar que, «[…] de la jurisprudencia traída a colación y de las pruebas relacionadas y analizadas, y del estudio

realizado a la labor desempeñada por el demandante entre finales del año 2009 y el año 2010, se concluye que la subordinación o dependencia para su ejercicio, se encuentra plenamente acreditada, se encuentran ínsitas o son connaturales a las mismas, por tanto se puede sostener que el SENA utilizó el contrato de prestación de servicios para encubrir la naturaleza laboral de la labor desempeñada. […] En consecuencia, y teniendo en cuenta que el elemento subordinación y dependencia se encuentra plenamente acreditado, y que la prestación del servicio fue personal por el demandante, y que le fueron pagados unos horarios y suministrados los materiales para la práctica de la docencia, es por lo que ante la evidencia de la existencia de una relación laboral se declarar[á] la nulidad total del oficio No. 22014-008096 del 10 de julio de 2014 suscrito por el Director Regional del SENA […]» Conforme a lo anterior, ordenó al demandado «[…] tomar (durante el tiempo comprendido entre el 16 de septiembre de 2009 al 15 de diciembre de 2010, salvo interrupciones) el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante honorarios pactados), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le corresponde como empleador, […] que el tiempo laborado por el demandante como instructor bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - desde el 16 de

septiembre de 2009 y el 15 de diciembre de 2010, salvo interrupciones, se debe computar para efectos pensionales […]». Por último, negó «[…] las pretensiones relacionadas con el pago de cesantías e intereses a las mismas, primas de servicios, navidad y vacaciones, subsidio familiar, dotaciones y auxilio de transporte», porque el actor suscribió dos contratos, los cuales culminaron el 15 de diciembre de 2009 y el 15 de diciembre de 2010, respectivamente, y como la reclamación la presentó el 16 de junio de 2014, operó el fenómeno prescriptivo. 1.7 El recurso de apelación (ff. 189 a 194). El Sena, a través de apoderado, formuló alzada, al estimar que «[n]o obra prueba [de la que se] pueda concluir que existieran órdenes por parte de los funcionarios del SENA, dirigidas especialmente al demandante, tendientes al estricto cumplimiento del horario o funciones del Centro de formación[;] los testigos NO fueron lo suficientemente precisos para demostrar que el demandante se encontrara subordinado a las exigencias de los funcionarios del SENA, y particularmente del coordinador de formación. […] Sobre la labor desarrollada en condiciones de dependencia continuada, tampoco obra prueba de que las actividades desarrolladas ESPECÍFICAMENTE por el demandante debieron ejecutarse en forma diferente a la convenida en los contratos de prestación de servicios. […] Las actividades como rendir informes mensuales de la ejecución del contrato, pasar planillas o hacer la planeación académica, no pueden considerarse, por sí mismas, como elementos de

subordinación laboral, pues hacen parte de la ejecución y de las relaciones de coordinación propias del contrato de prestación de servicios» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL El recurso de apelación fue concedido con auto de 10 de septiembre de 2018 (ff. 200 y 201) y admitido por esta Corporación a través de proveído de 30 de octubre de 2019 (f. 211), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198

(numeral 3) y 201 del CPACA. 2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, por medio de auto de 8 de julio de 2020 (f. 217), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por el demandado2, para enfatizar en que no se probó la subordinación en el sub lite y, por ende, no se desvirtuó la existencia de contratos de prestación de servicios regidos por la Ley 80 de 1993, por lo que se debe revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

III. CONSIDERACIONES 3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia. 3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si entre las partes se configuró una relación laboral, a pesar de la vinculación del demandante mediante contratos de

prestación de servicios, en consecuencia, si a este le asiste el derecho al pago de las prestaciones sociales no devengadas durante el tiempo que laboró como instructor de formación profesional del Sena, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades; o por el contrario, no se acreditó el elemento de la subordinación, como lo alega el accionado. 2 Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI. 3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto. En principio, cabe precisar que respecto de los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone: Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. Posteriormente, este artículo fue modificado por los Decretos 165 de 1997, 2209 de 1998 y 2170 de 2002, que precisaron que «solo se realizarán para fines específicos o no hubiere personal de planta suficiente para prestar el servicio a contratar». Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades

relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual. Por su parte, la Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso […] generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, así: Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada. Del análisis comparativo de las dos modalidades contractualescontrato de prestación de servicios y contrato de trabajose obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos. En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que

determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente. Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo. Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 19683, «Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]», dispone: Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural. Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo. Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República. Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos

obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes. Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones. La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia, entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una relación laboral. Frente al tema, expuso: La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de 3 Modificado por el Decreto 3074 del mismo año. celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales

con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos. De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia. En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales4. 4 En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-000-199803542-01(0202-10). De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección segunda5

recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión, elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en cuenta para decidir el asunto sub examine. 3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se destaca: a) El actor prestó sus servicios como instructor «impartiendo formación profesional, presencial o virtual (asesoría, formulación y acompañamientos en planes de negocios, atención a los aprendices) en los programas de formación

profesional integral del Centro de Procesos Industriales del SENA», regional Caldas (ff. 20 a 27), así: Número de orden de servicio o Plazo de ejecución contrato 1 132 de 2009 16/09/09 a 15/12/09 2 16 de 2010 20/01/10 a 15/12/10 5 Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-2012-00020-01 (0316-2014). En las órdenes de servicios y contratos de prestación de servicios suscritos por las partes se pactó, entre otras cosas, que el contratista se obligaba a «impartir formación profesional», en las áreas en las que se desempeñó. b) El accionante allegó copia de los correos electrónicos en los cuales el demandado lo citaba a capacitaciones, remitía los horarios de clase o programación de los cursos que dictaría y demás indicaciones para la realización de la labor contratada (ff. 58 a 66 y 77 a 82). c) Con memorial de 13 de junio de 2014 (ff. 43 a 46), el demandante presentó reclamación con el fin de que el Sena reconociera la existencia de un contrato realidad y, en consecuencia, pagara las acreencias prestacionales propias del servicio, la sanción moratoria y el reembolso de los aportes a seguridad social que correspondían al empleador, retención en la fuente y pólizas de cumplimiento. d) Mediante oficio 2-2014-008096 de 10 de julio de 2014 (ff. 28 a 39), el Sena

denegó la solicitud del actor, para lo cual adujo que su vinculación se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece que «En ningún momento se estructura un contrato de trabajo y si más bien diferentes contratos de prestación de servicios personales sin formalidades plenas, de carácter temporal e interrumpido, en lo que la disponibilidad presupuestal lo permitía […]». e) Dentro de este proceso judicial se recaudaron los testimonios de los señores José Fernando Vergara Gallego y Ana Celia Gaviria Velázquez, quienes relataron circunstancias concernientes a la prestación de servicios del demandante como instructor del Sena, así como su desempeño en las funciones que le encargaban, el cumplimiento de horario y la supeditación a funcionarios superiores de dicha entidad (ff. 153 a 155 y CD en f. 156). De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se tiene que el actor prestó sus servicios en la regional Caldas del Sena, vinculado a través de dos contratos de prestación de servicios, desde el 16 de septiembre hasta el 15 de diciembre de 2009 y del 20 de enero al 15 de diciembre de 2010, con el propósito de dictar «formación profesional», «presencial o virtual (asesoría, formulación y acompañamientos en planes de negocios, atención a los aprendices) en los programas de formación profesional integral del Centro de Procesos Industriales del SENA». Ahora bien, está demostrado con la copia de los contratos de prestación de servicios y los testimonios recaudados, la existencia de los elementos de la relación laboral, por un lado, (i) la prestación personal del servicio, por cuanto

efectivamente el demandante fue contratado por el accionado como instructor, según el objeto contractual ya relatado, lo que implica que fue quien prestó el servicio; por otro, (ii) la remuneración por el trabajo cumplido, comoquiera que en dichos contratos se estipuló «VALOR y FORMA DE PAGO» con cargo a los recursos presupuestales de la entidad, es decir, la suma de dinero que tenía derecho a recibir y la modalidad del pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de su denominación (honorarios o salario). En lo concerniente a (iii) la subordinación, como último elemento de la relación laboral, resulta procedente examinar la naturaleza de las funciones desempeñadas por el actor y su verdadero alcance, con el fin de establecer si existió o no. El Sena fue creado mediante Decreto ley 118 de 1957 y sus funciones iniciales consistían en brindar formación profesional a los trabajadores de la industria, el comercio, la agricultura, la minería y la ganadería, según el Decreto 164 de 6 de agosto de 1957. Posteriormente, la Ley 119 de 19946 dispone que el Sena es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo, cuya misión, según su artículo 2, consiste en «[…] cumplir la función que le corresponde al Estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que

contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país». Así las cosas, la misión especial encomendada a esa entidad consiste en formar y capacitar a los trabajadores, funciones de carácter permanente que cumple en desarrollo de su actividad, de lo que se colige que las labores desempeñadas por 6 «Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones». el accionante como instructor son inherentes a su materialización, en tanto que no fueron temporales y están directamente relacionadas con ella. En el mismo sentido, se tiene que según el manual específico de funciones, requisitos mínimos y competencias laborales para los empleos de la planta de personal del Sena, contenido en el Decreto 986 de 27 de mayo de 2007 (vigente entre 2007 y 20