CE-SECCION SEGUNDA-19001-23-33-000-2015-00502-02(5530-19)

RECURSO DE APELACIÓN FALLIDA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA /

LIQUIDACIÓN DE COSTAS.

Cuando los argumentos expuestos en el recurso de apelación no se dirigen contra el fondo de la decisión recurrida, al no existir correspondencia con los presupuestos del asunto que se resuelve, se presenta la apelación fallida, lo que trae como consecuencia que permanezca incólume lo resuelto en primera instancia.(…) la apoderada de la parte demandante al exponer los argumentos de la apelación contra el auto del 7 de febrero de 2019, en lo que se refiere a la liquidación de las costas, sólo hizo referencia específica al debate sobre la imposición de las costas, pero no presentó las razones por las cuales consideraba debía modificarse la suma que por este concepto se fijó en primera instancia, pues claramente este fue el objeto que abordó el auto recurrido. Lo anterior, porque el marco de la resolución judicial en segunda instancia lo prevé la decisión del a quo y el recurso de apelación, por lo que el examen sólo puede versar sobre los motivos de inconformidad que formula el apelante contra la providencia. En consecuencia, dichas objeciones son las que realmente deben ser analizadas y resueltas en la decisión de segunda instancia y no, como lo pretende el recurrente, reabrir un debate sobre un aspecto de la sentencia que, como ya se anotó, se encuentra debidamente ejecutoriada.

FUENTE FORMAL : CÓDIGO GHENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 328

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 19001-23-33-000-2015-00502-02(5530-19)

Actor: JULIO CÉSAR VELASCO MARTÍNEZ

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DIRECCIÓN DE

IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Tema: Apelación auto. Liquidación de costas.

AUTO SEGUNDA INSTANCIA Ley 1437 de 2011

Interlocutorio O-2021 ASUNTO El Consejo de Estado decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca el 7 de febrero de 2019, a través del cual aprobó la liquidación de costas. ANTECEDENTES El Tribunal Administrativo del Cauca, a través de sentencia del 1.º de noviembre de 20161, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al señor Julio César Velasco Martínez. La parte demandante apeló la sentencia. El Consejo de Estado, mediante providencia del 16 de agosto de 2018, confirmó en su totalidad el pronunciamiento de primera instancia y también lo condenó en costas de la segunda instancia. En atención a lo anterior, la secretaría del Tribunal Administrativo del Cauca procedió a liquidar las costas del proceso de la siguiente manera: «[…]

CONCEPTO VALOR TOTAL

AGENCIAS EN $1.050.000

DERECHO

Primera instancia (0.5% $1.050.000 pretensiones solicitadas) $210.000.000 Segunda instancia 0

GASTOS DEL

PROCESO

Notificaciones Correo

TOTAL COSTAS $1.050.000

[…]»

PROVIDENCIA IMPUGNADA2

El a quo, a través de auto del 7 de febrero de 2019, en atención a lo preceptuado en el artículo 366 del CGP, impartió la correspondiente aprobación a la liquidación de costas referida anteriormente.

RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN3

La parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Para el efecto manifestó que a través de sentencia 1 Folios 321 a 326. 2 Folio 316. 3 Folios 320 a 323. 15001233300020120016201 (44922013) del 2016, se varió y acogió el criterio objetivo para la imposición de costas (incluidas las agencias en derecho), al concluir que no debe evaluarse la conducta de las partes (temeridad o mala fe), sino los aspectos objetivos respecto de la causación de las costas, tal como lo prevé el CGP, con el fin de darle plena aplicación a su artículo 365. Agregó que las costas procesales deben liquidarse junto con las agencias en derecho y corresponden a los gastos y expensas en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que se acredite su existencia y utilidad. Así las cosas, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden

asumirse como una sanción en su contra. CONSIDERACIONES Competencia El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 7 de febrero de 2019, que aprobó la liquidación de costas, de conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en concordancia con el numeral 5.º del artículo 366 del CGP. De igual modo, conviene precisar que el ponente adopta la decisión, en virtud de lo previsto en los artículos 125 y 243 del CPACA, dado que el presente asunto no constituye uno de los eventos de los numerales 1.º a 4.º de este último. Problema Jurídico El problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se resume en la siguiente pregunta: 1. ¿La parte demandante presentó argumentos concretos de reproche frente a la decisión que adoptó el Tribunal Administrativo del Cauca relacionada con la aprobación de la liquidación de costas? El despacho sostendrá la siguiente tesis: La parte demandante no presentó argumentos de reparo concretos frente a la decisión que adoptó el tribunal de aprobar la liquidación de costas por concepto de agencias en derecho, lo que pretendió fue reabrir el debate de la condena que ya había sido impuesta en la sentencia de primera instancia, que quedó ejecutoriada el 28 de septiembre de

2018. Razón, por la cual, deberá declararse la apelación fallida, con fundamento en los argumentos que a continuación se amplían.

Sobre la apelación fallida. Si bien esta figura no se encuentra regulada en ninguna norma procesal, sí se ha

utilizado jurisprudencialmente cuando los argumentos de reproche que presenta el apelante con respecto a la decisión recurrida no guardan congruencia con lo esbozado por el juez, es decir, las razones que se exponen como reparo frente a la providencia proferida no tienen relación con el tema debatido. Frente al punto, por parte de esta sección4 se ha explicado lo siguiente: «Se debe precisar, a la altura de lo enunciado, que al no respetar el principio de congruencia el recurso de apelación presentado por el apoderado del Ministerio de Educación frente a la sentencia de primera instancia, la apelación es fallida y por consiguiente se tiene por no presentado. Lo anterior por cuanto el recurso de apelación demarca la competencia del juez de segunda instancia y, por lo mismo, cuando los fundamentos de la apelación son extraños al debate del sub judice por no corresponder a los mismos hechos analizados por el a quo, se entiende como una apelación fallida, según lo ha sostenido el Consejo de Estado5, así: “(…) En conclusión, se observa que los argumentos esgrimidos por el recurrente como sustentación del recurso, en verdad, no están dirigidos contra el fondo de la sentencia apelada, por no corresponder al caso que se juzga, lo cual impide en el fondo desatar la apelación, es decir, ésta resulta fallida porque es imposible confrontar la sentencia con una apelación de la misma que no lo es. Así, realmente no existe apelación de la sentencia. Y esta situación impide conocer de fondo el caso por la vía de la apelación.”.» (Negrilla del texto original). Tal como se expuso en la providencia citada, cuando los argumentos expuestos

en el recurso de apelación no se dirigen contra el fondo de la decisión recurrida, al no existir correspondencia con los presupuestos del asunto que se resuelve, se presenta la apelación fallida, lo que trae como consecuencia que permanezca incólume lo resuelto en primera instancia. Lo anterior materializa el debido proceso, teniendo en cuenta que la decisión que debe adoptar el ad quem necesariamente debe guardar congruencia con lo resuelto por el juez de primera instancia, razón, por la cual, los argumentos de reproche que se presenten en el recurso de apelación son los que eventualmente darán lugar a que la providencia sea confirmada, revocada o modificada, según el caso. También resulta importante hacer referencia a lo dispuesto por el artículo 328 del CGP, en donde se prevé la competencia del superior en los siguientes términos: 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17/10/2017, Rad.: 19001-2333-000-2013-00214-01 (1392-2016). 5 Consejo de Estado, sentencia del 25/05/2006, Rad.: 15001-23-31-000-2000-02086-01 (22732005). «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar

y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.» Subraya fuera de texto Visto lo anterior, debe concluirse que la competencia del superior se supedita o limita al estudio de aquellos argumentos que fueron expuestos por el apelante, de ahí que, si esos planteamientos no hacen referencia al tema de fondo que decidió el a quo, no puede en segunda instancia efectuarse pronunciamiento alguno, lo que trae como consecuencia que la apelación sea fallida. En virtud de lo anterior, para el caso concreto debe advertirse que el estudio que sobre el auto proferido por el tribunal correspondía abordarse en esta instancia, debía circunscribirse únicamente a determinar si el auto que aprobó la liquidación de costas se ajustó a los límites normativos previstos para el efecto, por lo que no es éste el escenario procesal correspondiente para efectuar estudio sobre la imposición de las costas a cargo de la parte demandante que hizo el Tribunal Administrativo del Cauca en la sentencia proferida el 1.º de noviembre de 20166, teniendo en cuenta que dicho fallo se encuentra debidamente ejecutoriado, tal como consta a folio 299 del expediente, al haberse resuelto la segunda instancia el 16 de agosto de 2018. En efecto, tal como se expuso en los antecedentes, la apoderada de la parte

demandante al exponer los argumentos de la apelación contra el auto del 7 de febrero de 2019, en lo que se refiere a la liquidación de las costas, sólo hizo referencia específica al debate sobre la imposición de las costas, pero no presentó las razones por las cuales consideraba debía modificarse la suma que por este concepto se fijó en primera instancia, pues claramente este fue el objeto que abordó el auto recurrido. Lo anterior, porque el marco de la resolución judicial en segunda instancia lo prevé la decisión del a quo y el recurso de apelación, por lo que el examen sólo puede versar sobre los motivos de inconformidad que formula el apelante contra la providencia. En consecuencia, dichas objeciones son las que realmente deben ser analizadas y resueltas en la decisión de segunda instancia y no, como lo pretende el recurrente, reabrir un debate sobre un aspecto de la sentencia que, como ya se anotó, se 6 Folios 321 a 326. encuentra debidamente ejecutoriada. Decisión de segunda instancia Como el recurso de apelación presentado por el señor Julio César Velasco Martínez no se refirió de manera alguna a los presupuestos en que se fundó el tribunal para aprobar la liquidación de las costas, se impone declarar fallida la apelación y, en consecuencia, se dejará incólume la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca. Por lo expuesto, se RESUELVE Primero: Declarar fallida la apelación frente a la decisión que profirió el Tribunal Administrativo del Cauca el 7 de febrero de 2019, de aprobar la liquidación de costas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado

por el señor Julio César Velasco Martínez contra la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Segundo: Realizar las anotaciones correspondientes en el programa SAMAI y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Magistrado Ponente