CE-SECCION SEGUNDA-25000-23-25-000-2001-04138-01(4138-04)-2006

RAMA JUDICIAL – Incorporación de los funcionarios y empleados de la justicia regional / JUSTICIA REGIONAL – Incorporación de sus funcionarios y empleados a la rama Judicial Con fundamento en lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, profirió el Acuerdo No. 533 de 1999, por medio del cual creó por un año, contado a partir del 1º de julio de 1999, una Sala Especial de Descongestión en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. En virtud de la creación de dicha Sala, el Magistrado de la Sala Especial de Descongestión en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, profirió el Decreto No. 3 del 1º de julio de 1999, por medio del cual nombró en encargo y provisionalidad al actor, en el cargo de Abogado Asesor del Despacho. De conformidad con el artículo 27 de la Ley 153 de 1887, cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu y así mismo que donde la Ley no distinga no le es dable al intérprete distinguir. En efecto, el artículo 40 transitorio de la Ley 504 de 1999, dispuso que los funcionarios y empleados vinculados a la justicia regional se integrarían en provisionalidad a los cargos correspondientes de jueces penales de circuito especializados y de los Fiscales Delegados ante ellos. La norma, como puede observarse fue clara y se refirió a los funcionarios y empleados, sin distinguir la instancia a la que pertenecían, radicando en cabeza de todos ellos, el derecho a ser integrados en las condiciones en ella señalados, en los cargos creados. Nótese

que se refiere a funcionarios y empleados y a estos últimos en forma genérica. Ahora bien, el alcance de la expresión “cargos correspondientes”, contenida en el artículo 40 de la Ley 504 de 1999, no ofrece duda, señala a los funcionarios y empleados vinculados a la justicia regional y ella está comprendida tanto por los juzgados, como por el Tribunal Nacional. Si en gracia de discusión, se aceptara que la norma no es clara, en casos como el presente y por disposición constitucional, se deben tener en cuenta como principios mínimos fundamentales en relación con el trabajo, tanto la estabilidad en el empleo como la obligación de apreciar la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho. Así, al estudiar la exequibilidad de dicha norma, la Corte Constitucional consideró que se ajustaba al ordenamiento superior, por cuanto en ella, necesariamente se debía establecer un régimen de transición para los funcionarios y empleados de la justicia regional, que se ocupara de definir su situación laboral y que garantizara los principios constitucionales de estabilidad en el empleo y del trabajo en condiciones dignas y justas. Así pues, es innegable el derecho que tenía el actor a ser reincorporada en los cargos señalados en el artículo 40 de la Ley 504 de 1999, obligación que no cumplió la Entidad demandada, razón por la cual el acto está viciado de nulidad por desconocimiento de las normas en que debía fundarse, teniendo en cuenta que el objetivo de dicha Ley, era precisamente el de garantizar la continuidad en el servicio de quienes se veían afectados por la

desaparición de la justicia regional, sin distinguir o sin hacer excepciones. No desconoce la Sala que la parte del artículo 40, declarada inexequible por la Corte Constitucional, se refería en forma concreta a la situación de los funcionarios y empleados del Tribunal Nacional, segunda instancia de la justicia regional, no obstante, la declaratoria de inexequibilidad, nada tuvo que ver con las prerrogativas que se les otorgaban a los empleados, por cuanto, como lo dijo la Corte, dicha Ley necesariamente debía establecer un régimen de transición, que se ocupara de definir la situación laboral de los funcionarios y empleados vinculados a ella y en dicha parte se adecuaba a la Constitución por realizar los mandatos constitucionales de garantía a la estabilidad y el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Por las anteriores razones, se revocará la sentencia del Tribunal, para acceder a las súplicas de la demanda, declarando la nulidad del Oficio No. 006038 del 19 de septiembre de 2000, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, ordenando el consecuente reintegro del actor a uno de los cargos señalados en la Ley 504 de 1999, en provisionalidad, y el pago de los salarios y emolumentos dejados de percibir desde el 7 de julio de 2000 hasta el momento en que efectivamente se le reintegre. La afirmación del Tribunal de primera instancia y de la entidad demandada en la contestación de la demanda, en cuanto señaló que el actor no tenía fuero de carrera judicial, no son de recibo en el presente caso, teniendo en cuenta que las garantías otorgadas por la Ley, cobijaban a todos los

empleados de la justicia regional, independientemente de que ostentaran o no algún fuero, por cuanto todos, quedarían integrados en provisionalidad en los cargos allí señalados.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCION “B”

Consejero ponente: ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO

Bogotá, D.C., octubre cinco (5) de dos mil seis (2006).

Radicación número: 25000-23-25-000-2001-04138-01(4138-04)

Actor: JOSE REYES RODRIGUEZ CASAS

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA AUTORIDADES NACIONALES Decide la Sala el recurso de apelación contra la sentencia del 19 de febrero de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca.

A N T E C E D E N T E S JOSÉ REYES RODRÍGUEZ CASAS por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A., demandó del Tribunal Administrativo de Arauca, la nulidad del Oficio No. 006038 del 19 de septiembre de 2000, emanado de la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el cual fueron negadas las pretensiones del actor, para que se ordenara su vinculación inmediata y en provisionalidad a la Rama Judicial, en un cargo igual o de superior categoría al que ocupaba como Abogado Asesor del Tribunal Nacional, el 30 de junio de 1999, así como el pago de salarios, primas, prestaciones y demás erogaciones que le corresponden, desde el 7 de julio de 2000,

fecha en que fue excluido de la nómina. La incorporación solicitada, le fue negada con el argumento de que el artículo 40 de la Ley 504 de 1999, tenía dos proposiciones jurídicas principales, siendo una de ellas, la de que una vez entrara a regir la Ley que creara el Tribunal Superior Nacional, los funcionarios y empleados vinculados al Tribunal Nacional y ante la Unidad de Fiscalía Delegada, serían designados en provisionalidad, para desempeñar los cargos del Tribunal Superior Nacional, pero mientras entraba en vigencia este organismo, serían incorporados en provisionalidad, ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y ante la Unidad de Fiscalía Delegada ante ese Tribunal. La anterior proposición, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-392 de 2000, razón por la cual no fue posible hacer la vinculación. Señala el actor que la Ley 504 de 1999, creó los jueces penales de circuito especializados y les asignó competencia. En el artículo 37 transitorio, adjudicó a la Sala Pena del Tribunal Superior de Bogotá, el conocimiento de los procesos de que venía conociendo el Tribunal Nacional, facilitando allí mismo, a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para crear una Sala Especial de Descongestión, conforme al artículo 63 de la Ley 270 de 1996, para efectos del conocimiento en segunda instancia de los procesos a que se refiere el artículo 5º de dicha Ley, es decir, los de competencia de los jueces penales de circuito especializados. Bajo tal entendimiento, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,

expidió el Acuerdo No. 527 del 28 de junio de 1999, por el cual se crean y organizan los circuitos penales especializados en todo el territorio nacional, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 504 de 1999 y seguidamente se expidió el Acuerdo 531, por el cual se establecen los juzgados penales de circuito especializados en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento de la Ley 504 de 1999. El mismo 30 de junio de 1999, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, expide el Acuerdo 533, por el cual se creó una Sala Especial de Descongestión en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, creación que hace en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las establecidas en el artículo 63 de la Ley 270 de 1996 y en el artículo 37 de la Ley 504 de 1999 y una vez oído el concepto previo de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. La mencionada Sala Especial de Descongestión, adscrita a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, tendría vigencia hasta por un año, contado a partir del 1º de julio de 1999, especificándose allí mismo que los magistrados que la conformarían serían designados en provisionalidad por la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 504 de 1999 y que los empleados de los Despachos de los magistrados y la Secretaría serán designados por los respectivos nominadores, conforme a la previsión contenida en el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 504 de 1999.

Con base en lo señalado en el artículo 40 transitorio de la Ley 504 de 1999, los Magistrados, Abogados Asesores, Auxiliares, Conductores y empleados de la Secretaría que se venían desempeñando en el Tribunal Nacional, pasaron todos a ocupar, sin solución de continuidad, los mismos cargos en la Sala Especial de Descongestión a partir del 1º de julio de 1999, pues la justicia regional se terminó el 30 de junio de ese año. El actor se vinculó a la Rama Judicial desde el 30 de octubre de 1991, ocupando diversos cargos hasta el 17 de mayo de 1994, cuando ingresó a laborar en la justicia regional como Auxiliar Judicial, pasando a ocupar el cargo de Abogado Asesor del Tribunal Nacional, el 11 de junio de 1996, en el que permaneció hasta el 30 de junio de 1999, día en que por disposición de la Ley Estatutaria, llegó a su fin la justicia regional. A partir del 1º de julio de 1999, el actor entró a desempeñarse como Abogado Asesor de la Sala de Descongestión creada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura por medio del Acuerdo No. 533 de 1999, con el cual se dio cumplimiento a la Ley 504 de 1999, artículos 37 y 40. Posteriormente, mediante Acuerdo No. 728 del 2 de febrero de 2000, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, creó doce cargos de Jueces Penales de Circuito Especializados de Descongestión, adscritos a los Juzgados

Penales de Circuito Especializados de Bogotá y Arauca, siendo designado el actor en uno de ellos. Con motivo de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 37 de la Ley 504 de 1999, que autorizaba al Consejo Superior para crear una Sala Especial de Descongestión, la Sala Administrativa dictó el Acuerdo No. 784 derogando el 533 de 1999. Señala el actor que el Acuerdo se ejecutó, sin haber comenzado a regir, pues las actividades establecidas en su articulado se cumplieron sin que la Sala Administrativa cumpliera con el deber de publicarlo, como lo manda el artículo 43 del C.C.A. Al actor no le fue posible incorporarse al puesto que desempeñaba como Abogado Asesor de la Sala Especial de Descongestión – Antiguo Tribunal Nacional-, por lo que continuó como Juez Penal del Circuito Especializado de Descongestión hasta el 6 de julio de 2000, fecha en que se terminaba con este cargo, sin que hubiera recibido notificación alguna sobre reubicación laboral, en los términos del artículo 40 de la Ley 504 de 1999, quedando cesante en sus actividades, a partir del 7 de julio de 2000. N ormas violadas y concepto de la violación: Se citan como transgredidas las siguientes:  C.P., artículos 1, 2, 4, 13, 25, 53, 230, 243 y 257.  Ley 270 de 1996, artículos 48 y 85.  Ley 504 de 1999, artículo 40 LA SENTENCIA APELADA El Tribunal Administrativo de Arauca, por medio de la sentencia apelada, se inhibió

para un pronunciamiento de mérito, con fundamento en lo siguiente: Consideró el Tribunal que el 25 de junio de 1999 se expidió la Ley 504 de 1999, la cual en sus artículos 37 y 38, autorizó al Consejo Superior de la Judicatura para crear una Sala Especial de Descongestión adscrita a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. En virtud de lo ordenado en dicha norma, se expidió el Acuerdo No. 533 del 30 de junio de 1999, por el cual la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, creó una Sala Especial de Descongestión en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. La Corte Constitucional, declaró inexequible los artículos 37 y 38 de la Ley 504 de 1999 y en cumplimiento de ello, se expidió el Acuerdo 784 del 24 de mayo de 2000 que drogó el Acuerdo No. 533. Al ser derogado dicho Acuerdo, la Sala Especial de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dejó de existir y como consecuencia de ello, los cargos con su estructura. En el mismo sentido, el Acuerdo No. 784, fue explícito en señalar que los funcionarios y empleados que efectuaran actividades, lo harían hasta el 15 de junio de 2000, es decir, que el vínculo laboral terminó en esa fecha, por lo que al actor no le quedaba otro camino que interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de los cuatro meses siguientes a esa decisión. RAZONES DEL RECURSO El apoderado de la parte actora, señala como razones de inconformidad con la sentencia de primera instancia, las siguientes:

Considera el recurrente que en el presente caso no se presenta caducidad de la acción por cuanto el acto que se demanda es el Oficio No. 006038 del 19 de septiembre de 2000 y que resulta desconcertante que el Tribunal de Arauca, de manera equívoca, pretenda hacer creer que no fue ese el acto que debió demandarse, sino el Acuerdo No. 784 de 2000 que derogó el Acuerdo No. 533 de 1999, pues de ser así no habría caducidad de la acción sino ineptitud sustancial. Para resolver, se C O N S I D E R A JOSÉ REYES RODRÍGUEZ CASAS por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A., demandó del Tribunal Administrativo de Arauca, la nulidad del Oficio No. 006038 del 19 de septiembre de 2000, emanado de la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el cual se le negó su vinculación inmediata y en provisionalidad a la Rama Judicial, en un cargo igual o de superior categoría al que ocupaba como Abogada Asesora del Tribunal Nacional, el 30 de junio de 1999, así como el pago de salarios, primas, prestaciones y demás erogaciones que le corresponden, desde el 7 de julio de 2000, fecha en que fue excluida de la nómina. Sea lo primero señalar que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, en el presente caso no se configura la caducidad de la acción por cuanto, el demandado –Oficio 000025tiene fecha 19 de septiembre de 2000 y la demanda fue presentada el 18 de

enero de 2001, es decir, dentro del término de los 4 meses. Cabe anotar, que en el presente caso, las pretensiones de la demanda están dirigidas a obtener la reincorporación, en los términos señalados en el artículo 40 de la Ley 504 de 1999, razón por la cual, la demanda estuvo bien dirigida, pues la nulidad del Acuerdo No. 784, contrario a lo afirmado por el Tribunal, no tendría la virtualidad de restablecer el derecho del actor, por cuanto no se está atacando el acto que dio cumplimiento a la sentencia de inexequibilidad del artículo 37 de dicha Ley, sino la no incorporación, razón por la cual dicho acto no era susceptible de demanda para este caso en particular. Por las razones que anteceden, se revocará el fallo apelado y se entrará al estudio del fondo del asunto, así: La Ley 270 de 1996, dispuso lo siguiente: ARTICULO 205. TRANSITORIO. Mientras subsistan, el Tribunal Nacional y los Juzgados Regionales forman parte de la Rama Judicial. Los Fiscales delegados ante ellos forman parte de la Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la Justicia Regional dejará de funcionar a más tardar el 30 de junio de 1999. Por lo anterior, el 25 de junio de 1999, se expidió la Ley 504 de 1999, que en sus artículos 37 y 40, señaló: ARTICULO 37. Transitorio. Adscríbase a la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, el conocimiento de los procesos de que actualmente conoce el Tribunal Nacional, y de los que conozca hasta el 1o. de julio de 1999. La Sala

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá crear una sala especial de descongestión, conforme al artículo 63 de la Ley 270 de 1996, para efectos del conocimiento de los procesos a que se refiere el artículo 5o. de la presente ley. ... ARTICULO 40. Transitorio. Los funcionarios y empleados que a la vigencia de la presente ley se encuentran vinculados a la Justicia Regional se integrarán en provisionalidad a los cargos correspondientes de los Jueces Penales de Circuito Especializados y de los Fiscales Delegados ante los Jueces Penales de Circuito Especializados. Una vez entre a regir la ley que cree el Tribunal Superior Nacional, los funcionarios y empleados que a la vigencia de esta ley se encuentren vinculados al Tribunal Nacional y ante la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional serán designados en provisionalidad para desempeñar los cargos correspondientes del Tribunal Superior Nacional y de la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior Nacional, de acuerdo con la distribución que realice la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación conforme a las disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre el particular. Mientras entra en vigencia la ley que crea el Tribunal Superior Nacional, los actuales Magistrados y empleados del Tribunal Nacional y Fiscales de la Unidad Delegada ante el Tribunal Nacional y los empleados de la misma, serán designados en provisionalidad ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá y ante la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, D. C.

Con fundamento en lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, profirió el Acuerdo No. 533 de 1999, por medio del cual creó por un año, contado a partir del 1º de julio de 1999, una Sala Especial de Descongestión en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. En virtud de la creación de dicha Sala, el Magistrado de la Sala Especial de Descongestión en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, profirió el Decreto No. 3 del 1º de julio de 1999, por medio del cual nombró en encargo y provisionalidad al actor, en el cargo de Abogado Asesor del Despacho. La parte subrayada, del artículo 40 de la Ley 504 de 1999, así como el artículo 37 en su totalidad, fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, con fundamento en lo siguiente: Artículo 37 ... El artículo 11 de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia, en su parágrafo primero establece el ámbito de competencia territorial de los Tribunales Superiores, el cual se circunscribe al "correspondiente distrito judicial", asunto este que, como salta a la vista, constituye aspecto esencial de la estructura misma de la administración de justicia pues, dentro de ésta resulta indispensable determinar dónde puede ejercerse válidamente la jurisdicción del Estado por los distintos tribunales intermedios, como quiera que en la propia ley y en el mismo parágrafo del citado artículo 11 se indica que la competencia "en todo el territorio nacional" se ejerce por la Corte Suprema de Justicia, la Corte

Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Así las cosas, el atribuirle competencia territorial al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Penal, por conducto de una especial "sala de descongestión", es abiertamente violatorio de la Constitución Nacional, en la medida en que de esa manera se extiende la competencia de ese Tribunal fuera del territorio de su distrito, para abarcar en adelante todo el territorio de la república. Adicionalmente, ha de observarse por la Corte que, si la segunda instancia para conocer de los procesos de los que conocen en primera instancia los Jueces Penales del Circuito Especializados ha de cumplirse ante el "Tribunal Superior que cree la ley" o el "Tribunal Superior Nacional" de creación por una Ley Estatutaria de próxima expedición, ello significa que la Ley 504 de 1999 atribuye competencia a un organismo inexistente. Es decir, si ese Tribunal a la postre no adquiere vida jurídica, la segunda instancia en estos procesos carecería de organismo judicial ante el cual podría surtirse. Esta singular situación jurídica de asignar competencia a organismos de creación futura e incierta, resulta violatoria, como es fácil advertirlo, de la garantía constitucional al debido proceso, pues ella implica necesariamente la preexistencia del juez conforme a la ley, para que el justiciable desde el inicio mismo de la actuación tenga conocimiento de quién es el juez, lo que impone al Estado el deber jurídico de establecer legalmente y con anterioridad al proceso, a cuál órgano judicial con existencia real corresponde el juzgamiento del sindicado. Precisa la Corte, que la atribución de competencias a

organismos judiciales para conocer de la segunda instancia de los procesos de competencia de los jueces penales del circuito especializados, que se extiendan a todo el territorio nacional, como la asignada a la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, o a un tribunal superior nacional que llega a crearse por ley estatutaria, es abiertamente contraria a la Constitución, porque conforme al art. 11 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia sólo pueden ejercer competencia en todo el territorio nacional la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. Y además, según el art. 228 de a Constitución, el funcionamiento de la justicia debe ser no sólo autónomo, sino desconcentrado. ... Artículo 40 ... c) El art. 40 dispone que los funcionarios y empleados que a la vigencia de la presente ley se encuentren vinculados a la justicia regional se integraran en provisionalidad a los cargos correspondientes de los jueces penales del circuito especializado y de los fiscales delegados ante dichos jueces. Igualmente dicha norma alude a la situación laboral de dichos empleados una vez entre a regir la futura ley que cree el Tribunal Nacional. Es preciso observar que la ley demandada necesariamente debía establecer un régimen de transición, con ocasión de la desaparición de la justicia regional, que se ocupara de definir la situación laboral de los funcionarios y empleados vinculados a ella. Por ello, la primera parte de la norma en cuanto dispone la incorporación en provisionalidad de dichos servidores a los referidos cargos se ajusta a la Constitución, por realizar en

concreto los mandatos constitucionales que garantizan el trabajo en condiciones dignas y justas y la estabilidad en los empleos (arts. 25 y 53 C.P.). Prohíja la Corte el aparte del concepto del señor Vicefiscal General de la Nación que aboga por la constitucionalidad de la referida norma, en el cual se expresa: “Otro aspecto central que fortalece la constitucionalidad del precepto acusado, es que la norma es clara en indicar que la incorporación automática es en provisionalidad, por lo que mal puede indicarse que se están estableciendo beneficios con violación del principio de igualdad, ya que la permanencia en tales cargos dependerá de su incorporación en la carrera administrativa, previo el agotamiento de las respectivas etapas de selección”. Igualmente la Corte, acorde con el concepto de dicho funcionario, interpreta la norma en el sentido de que la incorporación del referido personal a los mencionados cargos se entiende referida a la planta de personal de la jurisdicción penal ordinaria “y que la distribución de tales funcionarios y empleados corresponderá al Consejo Superior de la Judicatura, conforme al art. 257-2 del Estatuto Superior”. En cambio, el aparte normativo que regula la situación laboral de los empleados y funcionarios vinculados a la justicia regional, una vez se produzca la creación del Tribunal Superior Nacional, no se adecua a la Constitución. Conforme a lo anterior se declarará la inexequibilidad del art. 40, salvo la expresión “Los funcionarios y empleados que a la vigencia de la presente ley se encuentren vinculados a la justicia regional se integrarán en provisionalidad a los cargos

correspondientes de los Jueces Penales del Circuitos Especializados”. ... Al haber sido declarado inexequible el artículo 37 de la Ley 504 de 1999, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, expidió el Acuerdo No. 784 del 2000, que en relación con las personas que se encontraban laborando para la Sala Especial de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, dispuso: ARTÍCULO OCTAVO.- Los funcionarios y empleados de la Sala Especial de Descongestión del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, entregarán los muebles y bienes devolutivos a el (la) Director(a) Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca o su delegado. ARTÍCULO NOVENO.- Los funcionarios y empleados a los que se refiere el artículo anterior, efectuarán las actividades establecidas en los anteriores artículos hasta el día quince (15) de junio del dos mil (2000). Considera el actor, que en virtud del artículo 40 transitorio, de la Ley 504 de 1999, en la forma como quedó redactado, luego de la declaratoria de inexequibilidad parcial de que fue objeto, ha debido ser incorporada al cargo de Juez Penal de Circuito Especializado o al de Fiscal ante dichos jueces, en consideración a que dicha norma, se ocupó de la situación laboral de los funcionarios y empleados de la justicia regional, consagrando el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral. La Entidad demandada, negó el derecho al actor, por considerar que el artículo 40, se ocupaba de dos situaciones diferentes. La de quienes debían ser vinculados a los cargos correspondientes de los jueces penales del circuito especializado y de

fiscales delegados ante estos y de quienes debían ser vinculados al Tribunal Superior de Bogotá, como medida transitoria mientras se creaba un Tribunal Especial. El Tribunal, denegó las súplicas de la demanda, con fundamento en las mismas consideraciones. La Sala no está de acuerdo con los anteriores razonamientos por lo siguiente: De conformidad con el artículo 27 de la Ley 153 de 1887, cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu y así mismo que donde la Ley no distinga no le es dable al intérprete distinguir. En efecto, el artículo 40 transitorio de la Ley 504 de 1999, dispuso que los funcionarios y empleados vinculados a la justicia regional se integrarían en provisionalidad a los cargos correspondientes de jueces penales de circuito especializados y de los Fiscales Delegados ante ellos. La norma, como puede observarse fue clara y se refirió a los funcionarios y empleados, sin distinguir la instancia a la que pertenecían, radicando en cabeza de todos ellos, el derecho a ser integrados en las condiciones en ella señalados, en los cargos creados. Nótese que se refiere a funcionarios y empleados y a estos últimos en forma genérica, así: ARTICULO 40. Transitorio. Los funcionarios y empleados que a la vigencia de la presente ley se encuentran vinculados a la Justicia Regional se integrarán en provisionalidad a los cargos correspondientes de los Jueces Penales de Circuito Especializados y de los Fiscales Delegados ante los Jueces Penales de Circuito Especializados.

Ahora bien, el alcance de la expresión “cargos correspondientes”, contenida en el artículo 40 de la Ley 504 de 1999, no ofrece duda, señala a los funcionarios y empleados vinculados a la justicia regional y ella está comprendida tanto por los juzgados, como por el Tribunal Nacional. Si en gracia de discusión, se aceptara que la norma no es clara, en casos como el presente y por disposición constitucional, se deben tener en cuenta como principios mínimos fundamentales en relación con el trabajo, tanto la estabilidad en el empleo como la obligación de apreciar la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho. Así, al estudiar la exequibilidad de dicha norma, la Corte Constitucional consideró que se ajustaba al ordenamiento superior, por cuanto en ella, necesariamente se debía establecer un régimen de transición para los funcionarios y empleados de la justicia regional, que se ocupara de definir su situación laboral y que garantizara los principios constitucionales de estabilidad en el empleo y del trabajo en condiciones dignas y justas. En dicha providencia, expresó: c) El art. 40 dispone que los funcionarios y empleados que a la vigencia de la presente ley se encuentren vinculados a la justicia regional se integraran en provisionalidad a los cargos correspondientes de los jueces penales del circuito especializado y de los fiscales delegados ante dichos jueces. Igualmente dicha norma alude a la situación laboral de dichos empleados una vez entre a regir la futura ley que cree el Tribunal Nacional. Es preciso observar que la ley demandada necesariamente

debía establecer un régimen de transición, con ocasión de la desaparición de la justicia regional, que se ocupara de definir la situación laboral de los funcionarios y empleados vinculados a ella. Por ello, la primera parte de la norma en cuanto dispone la incorporació