CE-SECCION SEGUNDA-25000-23-25-000-2002-01940-01(4941-04)-2006

REGIMEN PRESTACIONAL – En vigencia de la Constitución de 1886, la fijación del régimen prestacional de los empleados oficiales era potestad exclusiva del Congreso y del Presidente de la República, en tanto que las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales podían disponer sobre la remuneración de los empleados de su jurisdicción / REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS – Su fijación es competencia exclusiva del nivel nacional por el Congreso y el Gobierno Nacional / REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL EN EL DISTRITO CAPITAL – A partir de la Constitución de 1991 no tiene competencia para fijar el régimen salarial y prestacional / SOBRESUELDO – No puede ser determinado mediante Decreto del Alcalde / SOBRESUELDO – Procede la inaplicación del Decreto 1242 de 1977 porque el Alcalde Mayor de Bogotá no tiene competencia en materia salarial y prestacional En vigencia de la Constitución de 1886 la fijación del régimen prestacional de los empleados oficiales era potestad exclusiva del Congreso y del Presidente de la República, en tanto que las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales podían disponer sobre la remuneración de los empleados de su respectiva jurisdicción. Así lo precisó el Consejo de Estado en su momento. En cambio bajo el régimen de la Constitución de 1991 los regímenes salarial y prestacional de los empleados públicos son de competencia exclusiva del nivel nacional, en el ejercicio de una competencia concurrente entre el Congreso y el Gobierno Nacional, prevista por el artículo 150, numeral 19, literal e). El Decreto 1242 de 3 de agosto de 1977, artículo

19, expedido por el Alcalde Mayor de la Ciudad de Bogotá D.E., con vigencia fiscal a partir del 1 de enero de 1977, estableció unos sobresueldos para los Supervisores, con vigencia fiscal a partir del 1 de enero de 1977. La disposición precedente no es aplicable al presente caso por cuanto el actor fue vinculado como Supervisor a partir del 5 de marzo de 1994, fecha para la cual, por la vigencia de la Constitución de 1991, el Distrito Capital de Bogotá, ente territorial que expidió el Decreto 1242 de 1977, no podía fijar el régimen salarial ni prestacional de sus empleados por constituir una materia de competencia exclusiva del nivel nacional, conforme al artículo 150, numeral 19, literal e). En consecuencia reconocer el sobresueldo reclamado por el demandante equivaldría a violar las normas constitucionales que radican en cabeza del Gobierno Nacional la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre ellos los docentes, en el marco de la ley que para el efecto expidió el Congreso de la República, Ley 4 de 1992. Esta disposición tampoco puede aplicarse en el presente caso por las mismas razones señaladas en relación con el Decreto 1242 del 3 de agosto de 1977. El actor desde el 5 de marzo de 1994 acreditó la condición de Supervisor; en consecuencia, por la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, no puede reconocérsele un sobresueldo previsto por normas del orden territorial que, como es sabido, no pueden consagrar disposiciones relativas al régimen salarial y prestacional de los empleados públicos debido a la precisa

competencia que para tales efectos fijó la Constitución en el artículo 150, numeral 19, literal e). Por lo tanto pretender un reconocimiento de sobresueldo con base en este acuerdo quebranta la Ley fundamental y, por ello, deben denegarse las pretensiones. En tales condiciones la Sala negará lo planteado por el recurrente pues las normas que le sirven de fundamento son inaplicables por mandato de la Constitución.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero ponente: JESUS MARIA LEMOS BUSTAMANTE

Bogotá D.C., seis (6) de abril de dos mil seis (2006).- Radicación número: 25000-23-25-000-2002-01940-01(4941-04)

Actor: FRANCISCO ANTONIO ALFONSO MELO

Demandado: DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTA AUTORIDADES DISTRITALES Decide la Sala la apelación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia del 10 de junio de 2004, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala de Descongestión, negó las peticiones de la demanda formulada por Francisco Antonio Alfonso Melo contra el Distrito Capital de

Santafé de Bogotá, Secretaría de Educación.

1. La demanda Mediante apoderado, Francisco Antonio Alfonso Melo presentó el 16 de enero de 2002, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, demanda encaminada a obtener la nulidad de la Resolución No. 5877 del 17 de septiembre de 2001, mediante la cual la Secretaría de Educación de Bogotá

D.C. dio respuesta negativa a su petición de pago de un sobresueldo en su calidad de Supervisor. Como consecuencia y a título de restablecimiento solicitó el reconocimiento y pago de un 20% sobre la asignación básica devengada en su condición de Supervisor de Centro Educativo y los valores que se sigan causando hacia el futuro, así como el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 176 y siguientes del Código Contencioso Administrativo (C.C.A.) Como fundamento de sus pretensiones adujo los siguientes hechos: Se vinculó a la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. el 2 de febrero de 1970. La administración distrital, mediante el Decreto 1242 de 1977 y el Acuerdo 28 de 1991, le autorizó el pago de un sobresueldo en el equivalente al 20% de su asignación básica mensual. Mediante oficios de 27 de agosto de 1997 y 15 de agosto de 2000, presentados ante la Secretaría de Educación Distrital, solicitó se le restableciera el sobresueldo del 20% de su asignación básica mensual, que devengaba como Supervisor de Centro Educativo Distrital, sin indicar la fecha desde la cual la entidad incurrió en el cese del pago. Por Resolución No.5877 de 17 de septiembre de 2001 la Secretaría de Educación de Bogotá le negó el pago pretendido (Fls. 20 a 26). El Alcalde Mayor de Bogotá dictó el Decreto 1242 de 1977 con el objeto de nivelar los salarios básicos de los docentes y directivos docentes ampliando el ámbito de aplicación del Decreto 1135 de 1952 o Estatuto Docente de

Primaria, posteriormente sustituido por el Decreto 2277 de 1979. El artículo 19 del Decreto 1242 de 1977 determinó que el salario básico de los Supervisores sería igual al de los directores, Escalafón más 20 % y más 40%. El Concejo de Bogotá dictó el Acuerdo 28 de 1991 y en el parágrafo de su artículo segundo dispuso que el sobresueldo de los Supervisores de Educación se liquidaría de conformidad con lo expuesto en el artículo 19 del Decreto 1242 de 1977, tanto para los Supervisores de primaria como de secundaria, o sea, el 40% sobre el sueldo que corresponda a los directores de escuela. En marzo de 1996 (sic) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del Acuerdo 11 de 1998 (sic), en razón de que la competencia y responsabilidad presupuestal, según el fallo, le corresponden a la Nación, sin tener en cuenta que los beneficiarios del Acuerdo 11 estaban en ese momento “nacionalizados”. Habiendo desaparecido el fenómeno de la “nacionalización”, que predicó la Ley 43 de 1975, el fundamento de la nulidad predicada por el Tribunal desapareció y, con ello, la causa de la anulación. Así las cosas el patrono sustituyente y el sustituto, a saber, la Nación y el Distrito, respectivamente, son solidariamente responsables de los salarios y prestaciones que se hubiesen causado antes de que operara el fenómeno jurídico de la sustitución patronal.

2. Normas violadas El actor considera violadas las siguientes normas: De la Constitución, los artículos 1, 2, 13, 25, 53 y 90.

Del Decreto 2277 de 1979, el artículo 34.

3. La sentencia que se impugna El Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala de Descongestión, en proveído del 10 de junio de 2004, declaró probadas las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y falta de causa, propuestas por la parte demandada, y como consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

Argumentó: Al demandante efectivamente se le pagó un sobresueldo hasta el mes de diciembre de 1995, en virtud de los Acuerdos 11 de 1989 y 28 de 1991 y del Decreto 1242 de 1977.

El acuerdo 11 de 1989, que sirvió de soporte al acuerdo 28 de 1991, fue declarado nulo por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 29 de marzo de 1996. Como consecuencia, todo acto que lo tuviera como fundamento perdió fuerza ejecutoria. Habiendo desparecido la fuerza ejecutoria del acto que dispuso el sobresueldo pretendido las excepciones propuestas en la contestación de la demanda están llamadas a prosperar. En relación con el Decreto 1242 de 1977 manifestó que, a pesar de no estar en discusión su vigencia, ella se prolongó hasta la expedición del Decreto 2277 de 1979, por el cual se estableció el estatuto para el sector educativo a nivel nacional. (Fls. 70 a 74).

4. La sustentación del recurso de apelación La parte demandante, mediante memorial presentado el 29 de marzo de 2005, sustentó el recurso de apelación con los siguientes argumentos.

Está probado dentro del proceso que con el Acuerdo 7 de 1996, dictado por el Concejo de Bogotá D.C., desapareció el fenómeno de la nacionalización de la educación, que sirvió de fundamento al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para decretar la nulidad de los acuerdos 11 de 1989 y 28 de 1991; por consiguiente en el sub lite no habría vulneración del principio de cosa juzgada puesto que desapareció la causa que originó la anulación, tal como lo dispone el artículo 158 del C.C.A., análisis que no fue tenido en cuenta por el a quo al dictar la sentencia. Tampoco se tuvieron en cuenta los demás argumentos de la demanda ni los del escrito de alegatos de conclusión. (Fls. 85 a 86)

5. Consideraciones de la Sala 5.1. El problema jurídico por resolver El Consejo de Estado deberá decidir si se ajusta a la legalidad la Resolución No. 5877 del 17 de septiembre de 2001, expedida por la Alcaldía Mayor de

Santafé de Bogotá, D.C., Secretaría de Educación, que negó al demandante, FRANCISCO ANTONIO ANFONSO MELO, el pago del sobresueldo como Directivo docente - Supervisor. 5.2. Análisis de la Sala El demandante fue nombrado Directivo docente - Supervisor mediante Decreto 117 del 4 de marzo de 1994 y tomó posesión del cargo al día siguiente (Fl. 47 cuadermo 2. ). Según constancia emitida por el Subdirector de Nóminas de la Secretaría de Educación de la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, D.C., se le viene

liquidando y pagando el 40% de la asignación básica como sobresueldo desde el 4 de marzo de 1994, en su calidad de Supervisor (Fl. 63). Según las pruebas que obran en el plenario al demandante nunca se le reconoció el 20% de sobresueldo, que posteriormente fue suspendido en razón de la declaración de nulidad del Acuerdo Distrital 11 de 1989 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sólo percibió el sobresueldo del 40% del orden nacional. De ello da fe la certificación que obra a Fl. 63 del expediente. 5.2.1. Competencia para fijar los regímenes salarial y prestacional en las Constituciones de 1886 y 1991. En vigencia de la Constitución de 1886 la fijación del régimen prestacional de los empleados oficiales era potestad exclusiva del Congreso y del Presidente de la República, en tanto que las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales podían disponer sobre la remuneración de los empleados de su respectiva jurisdicción. Así lo precisó el Consejo de Estado en su momento: “En efecto, ya es abundante la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual es potestad exclusiva del Congreso Nacional determinar por medio de ley todo lo relativo al régimen prestacional de quienes sirven en el sector público. Por mandato expreso del artículo 76 numeral 9 de la Constitución Nacional corresponde al Congreso “Determinar la estructura de la administración nacional (...) y fijar la escalas (sic) de remuneración de las distintas categorías de empleo, así como el régimen de sus prestaciones sociales” (subrayas fuera de texto).

Esta atribución se refiere a la administración pública Nacional, en cuanto a la determinación de su estructura, pero su regulación se extiende a las entidades territoriales en materia de régimen prestacional de acuerdo a lo dispuesto en la misma Constitución Nacional, artículo 76 – numeral 10, en concordancia con lo establecido en los artículos 62 y 132 de la misma Carta política, que disponen que el régimen prestacional de los empleados oficiales sea competencia del Congreso – o del Presidente en ejercicio de facultades extraordinarias-. Esta conclusión inequívoca se obtiene, además de las normas ya citadas, de lo dispuesto en los artículos 187 –5 y 197 – 3, de la Constitución Nacional. En efecto, conforme al primero, corresponde a las asambleas por medio de ordenanzas “... 5’) Determinar, a iniciativa del gobernador la estructura de la administración departamental, las funciones de las diferentes dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo. Y de acuerdo al segundo, entre las funciones de los concejos que ejercen por medio de acuerdo, está 3) Determinar la estructura de la administración municipal, las funciones de las diferentes dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo”. Se observa, entonces que mientras en las entidades territoriales – departamentos y municipios – tanto las Asambleas como los concejos pueden disponer sobre remuneración de los empleados oficiales de su respectiva jurisdicción, en punto a prestaciones sociales la facultad de disposición se encuentra radicada de modo expreso, exclusivo y excluyente, en el legislador, ordinario o extraordinario.”1. En cambio bajo el régimen de la Constitución de 1991 los regímenes salarial

y prestacional de los empleados públicos son de competencia exclusiva del nivel nacional, en el ejercicio de una competencia concurrente entre el Congreso y el Gobierno Nacional, prevista por el artículo 150, numeral 19, literal e), que dispone: “Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (...) 1 Sentencia de 4 de julio de 1991, Exp. 4301. M.P. Dra. Clara Forero de Castro

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los

siguientes efectos: (...) e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública; (...)” 5.2.2. Las normas distritales invocadas El Decreto 1242 de 3 de agosto de 1977, artículo 19, expedido por el Alcalde Mayor de la Ciudad de Bogotá D.E., con vigencia fiscal a partir del 1 de enero de 1977, estableció unos sobresueldos para los Supervisores, con vigencia fiscal a partir del 1 de enero de 1977: “Artículo 19. Los Supervisores de Educación Primaria de la Secretaría de Educación: División de Primaria, División de Colegios Privados y División de Educación de Adultos devengarán las siguientes asignaciones pagadas por el Fondo Educativo Regional de Bogotá,. D.E.: a. Los supervisores a los cuales se refiere este artículo clasificados en la primera categoría del escalafón de primaria y que hayan servido a la Secretaría de Educación como mínimo cinco años consecutivos en

dicha categoría devengarán el sueldo de director de escuela más un 25% de éste (Decreto No.1135 de 1952) y el 40% de esta nueva asignación por su carácter de supervisor. b. Los supervisores a los cuales se refiere este artículo clasificados en primera categoría de primaria que hayan prestado sus servicios a la Secretaría de Educación durante diez años consecutivos en dicha categoría, devengarán el sueldo de director de escuelas más un 50% de éste (Decreto No.1135 de 1952 y 766 de 1975 de Bogotá) y un 40% adicional de esta nueva asignación, por su carácter de supervisor. (...).”. La disposición precedente no es aplicable al presente caso por cuanto el actor fue vinculado como Supervisor a partir del 5 de marzo de 1994, fecha para la cual, por la vigencia de la Constitución de 1991, el Distrito Capital de Bogotá, ente territorial que expidió el Decreto 1242 de 1977, no podía fijar el régimen salarial ni prestacional de sus empleados por constituir una materia de competencia exclusiva del nivel nacional, conforme al artículo 150, numeral 19, literal e). En consecuencia reconocer el sobresueldo reclamado por el demandante equivaldría a violar las normas constitucionales que radican en cabeza del Gobierno Nacional la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre ellos los docentes, en el marco de la ley que para el efecto expidió el Congreso de la República, Ley 4 de 1992. En cuanto al Acuerdo 11 de 1989, expedido por el Concejo Distrital de

Bogotá, debe decirse que el mismo fue anulado mediante sentencia del 29 de marzo de 1996 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, Magistrada ponente Martha Betancur Ruiz, por lo que mal puede invocarse como fundamento normativo de las pretensiones de la demanda, habida cuenta de los efectos ex tunc (desde su expedición) de la declaratoria de nulidad. El Acuerdo 28 de 1991, también expedido por el Concejo Distrital de Bogotá, por el cual se modificó el Acuerdo 11 de 1989, dispuso: “ARTICULO SEGUNDO. Modificar el numeral 4º. del Artículo Primero del Acuerdo 11 de 1989, que quedará así: 1.4. Sobre-sueldo para directivos docentes liquidado sobre la asignación básica correspondiente al grado en el escalafón nacional que acredite: (...) SUPERVISORES DE EDUCACIÓN 40% PARAGRAFO.- El sobresueldo correspondiente a los Supervisores de Educación Primaria, se liquidará de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19 del Decreto Distrital No.1242 del 3 de agosto de 1977, tanto para los Supervisores de Primaria como de secundaria, es decir el 40% sobre el sueldo que corresponda a los Directores de Escuela.”. Esta disposición tampoco puede aplicarse en el presente caso por las mismas razones señaladas en relación con el Decreto 1242 del 3 de agosto de 1977. El actor desde el 5 de marzo de 1994 acreditó la condición de Supervisor; en consecuencia, por la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, no puede reconocérsele un sobresueldo previsto por normas del

orden territorial que, como es sabido, no pueden consagrar disposiciones relativas al régimen salarial y prestacional de los empleados públicos debido a la precisa competencia que para tales efectos fijó la Constitución en el artículo 150, numeral 19, literal e). Por lo tanto pretender un reconocimiento de sobresueldo con base en este acuerdo quebranta la Ley fundamental y, por ello, deben denegarse las pretensiones. En tales condiciones la Sala negará lo planteado por el recurrente pues las normas que le sirven de fundamento son inaplicables por mandato de la Constitución. 5.2.3. Otros cargos contra el acto demandado Sostiene el actor que se violó el derecho al trabajo, consagrado en los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, porque se trató a un grupo de Supervisores de establecimientos educativos en mejores condiciones que a otros, a quienes se les negó el derecho a devengar el sobresueldo del 20%. La Sala rechazará este cargo por cuanto el demandante no demostró otra situación en la que algún servidor que estuviera en las mismas condiciones del apelante percibiera el 20% de sobresueldo. Como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional se hace necesario contar con dos situaciones fácticamente demostradas en relación con las cuales se advierta un trato diferenciado, no justificado, para considerar que se incurrió en trato discriminatorio: “Como acertadamente lo sostuvo el ad quem en su decisión, invocando la jurisprudencia de esta Corte, el derecho establecido por el Constituyente en el artículo 13 de la Carta implica un concepto relacional, es decir, que su aplicación supone la comparación de por lo menos dos situaciones para determinar si,

en un caso concreto, ambas se encuentran en un mismo plano y, por ende, merecen el mismo tratamiento o si por el contrario, al ser distintas un trato diferente ameritan” 2 (Destacado fuera de texto) En el mismo sentido cabe señalar que distinta es la situación que parece señalar, con carácter general, el actor, es decir, la de quienes amparados bajo las normas distritales, Decreto Distrital 1242 de 1977 y Acuerdo Distrital 11 de 1989, como directivos docentes percibieron efectivamente el sobresueldo del 20% antes de que la Administración lo suspendiera. En tal circunstancia resulta válido aplicar la teoría de los derechos adquiridos hasta cuando ingresaron a su haber porque los emolumentos de que se trata entraron a conformar el patrimonio de los interesados y, se entiende, fueron recibidos de buena fe por tales servidores, como se presume conforme al artículo 83 de la Constitución. 2 Sentencia T-861 del 28 de octubre de 1999, expediente T-231236, actora Marleny Acosta, Magistrado ponente, Carlos Gaviria Díaz. Distinta es la situación del demandante, quien afirma que le fue suspendido el pago del sobresueldo en diciembre de 1995 por la Administración, cuya actuación encontró luego respaldo en la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B” del 29 de marzo de 1996, Magistrada Ponente Martha Betancur Ruiz, que declaró la nulidad del Acuerdo 11 del 3 de agosto de 1989 expedido por el Concejo de Bogotá, D.C., “en cuanto en él se ordena el reconocimiento de algunas obligaciones

del Distrito Especial de Bogotá, con el Magisterio Distrital”: “De manera que no le era dado al Concejo Municipal del Distrito Especial de Bogotá con los fundamentos allí señalados, atribuirse competencias legislativas sobre remuneración y prestaciones sociales de los docentes, funcionarios públicos del Distrito Especial de Bogotá ya que sus facultades en materia salarial sobre ésta clase de empleados públicos por tener régimen especial son privativamente del órgano Legislativo Así las cosas no cabe la menor duda para ésta Corporación que el Acuerdo 11 de 1989, aquí demandado, el cual fue expedido por el Concejo del Distrito Especial de Bogotá, viola flagrantemente los artículos 52, 76-9, 197-3 de la Constitución Política de Colombia vigente para entonces (CN 1886), y la Ley 43 de 1975 y en tal razón, los argumentos de la parte demandada, sobre facultades especiales de regulación de remuneración de los empleados del Distrito Especial de Bogotá, carecen de fundamento Constitucional y Legal.”. Los efectos de la declaración de nulidad se produjeron, como es obvio, a partir de la ejecutoria de la providencia que la declaró pero se extendieron retroactivamente desde el momento mismo del nacimiento del acto a la vida jurídica, vale decir, “ex tunc” (desde entonces), porque la nulidad de los actos administrativos “devuelve las cosas al estado que antes tenían”, como reiteradamente y sin rectificación alguna lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado 3 . Finalmente, aduce el recurrente que está probado dentro del proceso que

con el Acuerdo 7 de 1996, dictado por el Concejo de Bogotá D.C., desapareció el fenómeno de la nacionalización de la educación que sirvió de fundamento al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para decretar la nulidad de los acuerdos 11 de 1989 y 28 de 1991, razón por la cual en el sub lite no habría vulneración del principio de cosa juzgada puesto que desapareció la causa que originó la anulación, tal como lo dispone el artículo 158 del C.C.A., y este análisis no fue tenido en cuenta por el a quo al dictar la sentencia. El Acuerdo 7 de 1996, expedido por el Concejo de Santa Fe de Bogotá Distrito Capital, en su artículo tercero, dispuso que el régimen de remuneración y las escalas salariales para los cargos docentes se regirán de acuerdo con los grados del escalafón establecidos en el Decreto Ley 2277 de 1979 y demás normas que lo modifiquen o adicionen; prescribió, así mismo, que los reajustes salariales serán definidos de conformidad con la Ley 4 de

1992. Esta disposición, antes que quitar fundamento a los fallos a los que alude el actor, reitera la tesis central de la presente sentencia, que, en vigencia de la Constitución de 1991, los entes del nivel territorial no pueden fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Por ello, con buen criterio, el acuerdo reiteró la sujeción de los docentes distritales a las normas que, sobre el particular, rigen para el nivel nacional.

Por las razones expresadas se desestimarán los argumentos del recurrente encaminados a que se le reconozcan unos emolumentos establecidos por

3 Sentencia de 22 de junio de 1955, Anales, Tomo LXI 382-386, página 88. normas del Distrito de Bogotá y, como consecuencia, se confirmará lo decidido por el Tribunal que negó las pretensiones de la demanda.

6. Decisión En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA CONFIRMASE la sentencia del 10 de junio de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala de Descongestión, que negó las pretensiones de la demanda promovida por FRANCISCO ANTONIO ALFONSO MELO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19’064.315

de Bogotá, contra el DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTA. Reconócese personería a la doctora GABRIELA MONTES SERNA, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.633.162 de Bogotá y tarjeta profesional No. 80.597 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada del Distrito Capital de Santafé de Bogota, Secretaría de Educación.

EN FIRME DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

COPIESE, NOTIFIQUESE, Y CUMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO JESUS MARIA LEMOS

BUSTAMANTE

TARSICIO CACERES TORO