CE-SECCION SEGUNDA-41001-23-31-000-2001-00389-01(1429-07)-2007

RECURSO DE QUEJA - Cuantía / DOBLE INSTANCIA - Antecedente jurisprudencial En aplicación de la jurisprudencia se tiene que a los procesos que eran de doble instancia para el momento de su iniciación, se les debe salvaguardar el derecho a la segunda, razón por la cual, la cuantía que debe tenerse en cuenta es la que se encontraba vigente para la fecha en que se presentó la demanda, es decir la establecida en el literal a) del numeral 6º del artículo 131 del C.C.A., modificado por el decreto 597 de 1998 que disponía que para que el proceso tuviera doble instancia debía tener una cuantía que excediera la suma que señala el decreto antes mencionado para cada año respectivamente. En el presente proceso, se demanda un acto de retiro del servicio, caso en el cual la cuantía se determina por los emolumentos que se pretendan desde cuando se causaron (retiro), hasta la fecha de presentación de la demanda, en aplicación del artículo 134E del Código Contencioso Administrativo, que dispone que para efectos laborales, la cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multa o perjuicios reclamados, con excepción de aquellas en que se reclame el pago de prestaciones periódicas.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION "A"

Consejero ponente: ALFONSO VARGAS RINCON

Bogotá, D.C., octubre veinticinco (25) de dos mil siete (2007).

Radicación número: 41001-23-31-000-2001-00389-01(1429-07)

Actor: JESUS ANTONIO MARIN RAMIREZ Demandado: RAMA JUDICIAL - FISCALIA GENERAL DE LA NACION Se decide el recurso de queja interpuesto por el apoderado del demandante, contra el auto de 9 de mayo de 2007, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Huila, denegó la concesión del recurso de apelación contra la sentencia proferida el 23 de marzo de 2007.

ANTECEDENTES Jesús Antonio Marín Ramírez, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda contra la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, solicitando la nulidad de la Resolución No. 02315, proferida el 15 de diciembre de 2000, mediante la cual el Fiscal General de la Nación lo declaró insubsistente del cargo de Fiscal Delegado ante el Tribunal de Distrito de la Dirección Seccional de Fiscalías de Neiva. Como consecuencia de la anterior declaración, solicita a título de restablecimiento del derecho el reintegro al mismo cargo que venía desempeñando o a uno de igual o similar categoría y remuneración. De igual forma, solicita se condene a la entidad demandada a pagarle el valor de los salarios, primas y demás derechos laborales dejados de percibir desde la fecha en que se hizo efectiva la declaratoria de insubsistencia hasta el momento del reintegro. EL AUTO IMPUGNADO El Tribunal Administrativo del Huila consideró que la presente demanda es de única instancia, por considerar que para la fecha de presentación de la demanda (5 de abril de 2001), se encontraba vigente el Decreto 597 de 1998, el cual establecía como de única instancia los procesos de carácter laboral, cuya cuantía

fuera inferior a $ 3.810.000, por lo tanto en esa época el proceso era de doble instancia. Sin embargo, para la fecha de interposición del recurso, habían cobrado vigencia las normas de la Ley 446/98, cuyo artículo 164 prevé, que en materia de recursos se aplica la Ley vigente al momento de su interposición y por lo tanto para el 23 de abril de 2007, la cuantía requerida era de $ 28.600.000.oo. En el presente caso, el actor incluyó perjuicios morales y de vida, tasando la cuantía en $94.680.000.oo. En casos de retiro del servicio, la competencia está determinada por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin considerar otros factores, por lo que realmente la cuantía asciende a la suma de $ 26.094.493, que no supera la exigida en el numeral 2º del artículo 132 del C.C.A, razón por la cual el proceso no es susceptible del recurso de apelación. LA QUEJA Señala el apoderado de la parte demandante que en este caso no es cierto lo afirmado por el Tribunal Administrativo del Huila, al señalar que la cuantía es inferior a $28.600.000, por cuanto al momento de la desvinculación el actor devengaba la suma de $ 7.385.234. Liquidados los emolumentos causados durante los 112 días, es decir entre la fecha de despido y la fecha de presentación de la demanda, se tiene que la suma deprecada por el actor asciende a $35.888.953, por lo que el recurso de apelación es procedente. Por lo anterior, solicita el actor se declare mal denegado el recurso de apelación, y

en su lugar se conceda. CONSIDERA El problema jurídico se circunscribe a determinar si el presente proceso es susceptible del recurso de apelación, al haber sido afectado por la entrada en vigencia de la Ley 954 de 2005 y posteriormente por la Ley 446 de 1998. Para efectos de decidir la Sala dirá lo siguiente: La Ley 446 de 1998, reguló lo relativo a la descongestión, eficacia y acceso a la administración de justicia en materia contencioso administrativa, así mismo, repartió la competencia entre Juzgados Administrativos, Tribunales y el Consejo de Estado, disposiciones que solamente empezaron a aplicarse cuando entraron en funcionamiento los Juzgados Administrativos, es decir hasta el 1º de agosto de 2006. Posteriormente, fue expedida la Ley 954 de 2005, mediante la cual se modificaron, adicionaron y derogaron algunos artículos de la Ley 446 de 1998 y del Código Contencioso Administrativo de forma temporal, y se dictaron otras disposiciones sobre competencia, descongestión, eficiencia y acceso a la administración de justicia. Esta norma en su artículo 1º readecuó las competencias y estableció las cuantías, de la siguiente manera: “Artículo 1º. Readecuación temporal de competencias previstas en la Ley 446 de 1998. El parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998, quedará así: "Parágrafo. Las normas de competencia previstas en esta ley se aplicarán, mientras entran a operar los Juzgados Administrativos, así: Los Tribunales Administrativos conocerán en única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta de 100, 300, 500 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes previstas

en el artículo 42, según el caso, y en primera instancia cuando la cuantía exceda de los montos. Asimismo, en única instancia del recurso previsto en los artículos 21 y 24 de la Ley 57 de 1985, en los casos de los municipios y distritos y de los procesos descritos en el numeral 9 del artículo 134b adicionado por esta ley, salvo los relativos a la acción de nulidad electoral de los alcaldes de municipios que no sean capital de departamento, que serán revisados en primera instancia". Los Tribunales Administrativos continuarán, en única y primera instancia, con el ejercicio de las competencias de que tratan los artículos 39 y 40. Es importante señalar que esta Ley estuvo vigente entre el 28 de abril de 2005 y el 31 de julio de 2006, ya que a partir del 1º de agosto de ese año entraron en funcionamiento los Juzgados Administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Nº PSAA06-3409 del 9 de mayo de 2006 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Es decir que con la entrada en funcionamiento de los Juzgados Administrativos, los recursos de apelación interpuestos con posterioridad al 1º de agosto de 2006, deben seguir las reglas de competencia y cuantía de la Ley 446 de 1998. No obstante lo anterior, esta Sección en auto de 12 de julio de 2007, con ponencia de los doctores Jesús María Lemos Bustamante, Jaime Moreno García y Bertha Lucía Ramírez de Páez precisó lo siguiente: “En los casos concretos, cuando se profirieron las sentencias los procesos eran de única instancia. Cuando se presentó el recurso de apelación, ya estaban operando los Jueces

Administrativos y, por ende, ya había entrado en aplicación la Ley 446 de 1998, conforme a la cual los procesos serían de doble instancia, bien ante el Tribunal o ante el Consejo de Estado, sólo si la cuantía superaba los 100 salarios mínimos mensuales. Como en los presentes casos la cuantía es inferior a los 100 salarios mínimos la competencia para conocer de ellos mismos estaría atribuida a los Jueces administrativos en primera instancia, de acuerdo con el artículo 42 de la ley 446 de 1998, que modificó y adicionó el numeral 1 del artículo 134B del C.C.A. y, por ende, la segunda instancia correspondería a la misma autoridad judicial que decidió los asuntos, lo que haría improcedente la apelación. Para resolver el problema debe la Sala interpretar las normas de competencia de modo tal que se le dé efecto útil al principio constitucional de la doble instancia sin vulnerar la aplicación inmediata de las normas procesales ni olvidar que “el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial”. (Articulo 4º del C.P.C) El artículo 31 de la Carta Política establece como regla general el principio de la doble instancia, de manera que la única instancia es la excepción. La ley 446 de 1998 no reguló expresamente la cuantía de los asuntos que entraron a Despacho para fallo como de doble instancia, se convirtieron en de única en virtud de una norma transitoria y volvieron a ser de primera instancia al dejar de regir la norma temporal, por ello, en criterio de la Sala, en aplicación de la garantía de la doble instancia prevista en la

Carta Política, tales asuntos conservan el derecho a ser impugnados. Es más el inciso tercero del artículo 164 de la Ley 446 de 1998 dispone: “Los procesos en curso que eran de única instancia ante el Consejo de Estado o ante los Tribunales y que quedaren de doble instancia se deberán enviar en el estado en que se encuentren al competente, según esta ley, salvo que hayan entrado al despacho para sentencia,” Una razonable interpretación de esta normativa permite entender que como el proceso de única que se convierte en de doble instancia, como regla general, deberá enviarse al competente en el estado en que se encuentre, salvo que haya entrado al Despacho para sentencia. En este último caso, en garantía del principio de la doble instancia, la segunda debe surtirse ante el Consejo de Estado, que era el competente para ello a la fecha de presentación de la demanda. En consecuencia, en aplicación de la jurisprudencia transcrita se tiene que a los procesos que eran de doble instancia para el momento de su iniciación, se les debe salvaguardar el derecho a la segunda, razón por la cual, la cuantía que debe tenerse en cuenta es la que se encontraba vigente para la fecha en que se presentó la demanda, es decir la establecida en el literal a) del numeral 6º del artículo 131 del C.C.A., modificado por el decreto 597 de 1998 que disponía que para que el proceso tuviera doble instancia debía tener una cuantía que excediera la suma que señala el decreto antes mencionado para cada año respectivamente. En el presente proceso, se demanda un acto de retiro del servicio, caso en el cual la cuantía se determina por los emolumentos que se pretendan desde cuando se

causaron (retiro), hasta la fecha de presentación de la demanda, en aplicación del artículo 134E del Código Contencioso Administrativo, que dispone que para efectos laborales, la cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multa o perjuicios reclamados, con excepción de aquellas en que se reclame el pago de prestaciones periódicas. Atendiendo lo anotado, los presupuestos a tener en cuenta son: - Fecha de retiro del servicio - Último salario o asignación a la fecha de retiro - Fecha de presentación de la demanda - Tiempo transcurrido entre el retiro y la presentación de la demanda. De acuerdo con lo anterior la cuantía de este asunto es la siguiente: - Fecha de retiro: 15 de diciembre de 2000 - Fecha de presentación de la demanda: 5 de abril de 2001 - Ultimo salario devengado: $ 7.385.234 - Salarios reclamados: $ 7.385.234120/30 = $ 29.540.936 - Prima de navidad: $ 7.385.234120/360 = $ 2.461.744 - Prima de servicios: $ 7.385.234120/720 = $ 1.203.872 - Prima de vacaciones: $ 7.385.234120/720 =$ 1.203.872 - Cesantías: $ 7.385.234120/360 = $ 2.461.744 - intereses de cesantías: $ 2.461.74412/100 = $ 295.409 - Vacaciones: $ 7.385.234120/720 = $ 1.203.872

TOTAL: $ 38.371.449.oo Como para la fecha de presentación de la demanda (6 de abril de 2001), la cuantía era de $ 3.810.000 al ser las pretensiones superiores a la suma exigida, deberá estimarse mal denegado el recurso de apelación y en su lugar concederse en el efecto suspensivo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A” RESUELVE: ESTÍMASE MAL DENEGADO el recurso de apelación interpuesto por el señor Jesús Antonio Marín Ramírez, contra la sentencia de 23 de marzo de 2007. En su lugar CONCÉDESE en el efecto suspensivo. Por secretaría, ofíciese al Tribunal Administrativo del Huila que se sirva remitir el expediente. Cópiese, notifíquese y cúmplase. Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

GUSTAVO GÓMEZ ARANGUREN JAIME MORENO GARCÍA

ALFONSO VARGAS RINCÓN