CE-SECCION SEGUNDA-50001-23-31-000-2011-00304-01(2079-18)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – Objeto /

DESNATURALIZACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS –

Configuración / PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS PACTADAS El contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual. (…). El contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 32 / DECRETO 2400 DE 1968 – ARTÍCULO 2 / DECRETO LEY 1045 DE 1978 – ARTÍCULO 20 / LEY 995 DE

2005

CONTRATO REALIDAD / RELACIÓN LABORAL – Elementos / PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS – Configuración /

RECONOCIMIENTO DEL CONTRATO REALIDAD – Procedencia / SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD EN EL CONTRATO REALIDAD – Cómputo de la prescripción De acuerdo con lo acreditado en el proceso, se tiene que el actor laboró para la ESE Hospital Departamental de Villavicencio (Meta) por medio de contratos de prestación de servicios durante tres períodos: (i) 1º. de noviembre de 2000 a 31 de diciembre de 2001, (ii) 1º. de febrero de 2002 a 31 de enero de 2008 y (iii) 1º. de marzo de 2008 a 30 de junio de 2009, vinculaciones que, en aplicación de la primera regla de la referida sentencia de unificación, evidencian el acaecimiento de tal fenómeno por el primer vínculo contractual (finalizó el 31 de diciembre de 2001 y la reclamación se formuló el 17 de enero de 2011) , pues al existir entre los contratos un tiempo considerable de interrupción, ha de entenderse que hubo solución de continuidad y, por ende, el término prescriptivo debe contabilizarse de modo independiente para cada uno de ellos. Sobre este particular, se destaca que no le asiste razón al accionante en cuanto a que su relación laboral ha permanecido en el tiempo y que debe entenderse continua, pues, a su juicio, esas interrupciones son frecuentes en las entidades públicas, toda vez que esta Sala no evidencia elementos probatorios que soporten sus afirmaciones. Por otro lado, se encuentra acertada la aseveración del ente demandado sobre la existencia de otras pausas en la contratación de aquel, pero la reclamación ante la

Administración se formuló dentro del término de los tres años siguientes a su finalización, de acuerdo con la mencionada regla de unificación, motivo por el que, según se explicó, dicho fenómeno solo operó frente al primer interregno laborado, como lo concluyó el a quo. RECONOCIMIENTO DEL CONTRATO REALIDAD / COMPENSACIÓN DE VACACIONES – Procedencia / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – No incluye primas extralegales / PRIMAS EXTRALEGALES – Solo para los empleados públicos / RECONOCIMIENTO DE RECARGOS NOCTURNOS Y DOMINICALES – Improcedencia por falta de prueba de su causación Al haber declarado la existencia de una relación laboral entre el supuesto contratista y la Administración, corresponde compensarle al primero el derecho a descansar de sus labores y a la par recibir remuneración ordinaria, pero comoquiera que el daño de impedirle el goce de tal período se encuentra consumado, ha de compensársele con dinero tal garantía en los términos del aludido artículo 20 del Decreto ley 1045 de 1978, así como de la Ley 995 de 2005 (…). Al demandante le asiste el derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales de carácter legal que devenga, en este caso, un médico general de la ESE Hospital Departamental de Villavicencio (Meta), tales como vacaciones, primas, bonificaciones, cesantías y las reconocidas por el sistema integral de seguridad social, mas no podrán reconocérsele aquellas extralegales, por cuanto comportan un beneficio para los empleados públicos, condición de la que él carece. En lo concerniente a los recargos nocturnos y dominicales, como dentro

del expediente no existe prueba de su causación, no se puede establecer su cantidad exacta. Entonces, era necesario que el interesado demostrara que en efecto laboró tiempo extra, si fue de día o de noche, si existió compensación o no y si se le autorizó para tal efecto, pero como no lo hizo, no es procedente su reconocimiento.

RECONOCIMIENTO DEL CONTRATO REALIDAD / DEVOLUCIÓN AL

CONTRATISTA DEL PORCENTAJE DE COTIZACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL – Improcedencia / APORTES A SEGURIDAD SOCIAL – No constituyen un crédito a favor del interesado En lo referente a la devolución de los aportes efectuados por la demandante a pensión, salud y riesgos profesionales, lo cierto es que, en criterio de la sala mayoritaria, esos recursos del sistema integral de seguridad social son de obligatorio pago y recaudo para fines específicos y no constituyen un crédito a favor del contratista, por lo tanto, no es dable que se le sufraguen directamente al interesado. En consecuencia, resulta improcedente que se disponga el reembolso por los mencionados conceptos en la forma solicitada por la demandante, sino que únicamente se ordenará consignar los correspondientes al fondo de pensiones, motivo por el que la sentencia apelada será adicionada en ese aspecto.

RECONOCIMIENTO DEL CONTRATO REALIDAD / DEVOLUCIÓN AL

CONTRATISTA DE LO DESCONTADO POR RETENCIÓN EN LA FUENTE – Improcedencia Sobre el reintegro de los dineros descontados por concepto de retención en la fuente, esta subsección ya se ha pronunciado al respecto , en el sentido que no es

dable acceder a ella, puesto que es derrotero de esta Corporación que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no es el mecanismo idóneo para ventilar tal súplica, dado que esa figura reviste un cobro anticipado de un impuesto, esto es, un concepto tributario, que desborda el objeto de la controversia laboral del epígrafe. Además, la desnaturalización de la vinculación del actor a través de órdenes de prestación de servicios, no implica el reembolso de dineros que se hayan erogado para su celebración.

RECONOCIMIENTO DEL CONTRATO REALIDAD / RECONOCIMIENTO DE LA

SANCIÓN MORATORIA – Improcedencia / SENTENCIA CONSTITUTIVA DEL DERECHO Esta Sala encuentra acertada la decisión de negar las pretensiones de pago de la sanción moratoria por falta de cancelación de las cesantías y de reconocimiento de perjuicios morales, en la medida en que, por un lado, la obligación de pagar las prestaciones sociales surge con esta sentencia y, por otro, no se probó la causación de dichos perjuicios, los que no son dables presumir.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D.C., seis (6) de mayo de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 50001-23-31-000-2011-00304-01(2079-18)

Actor: EIDER ORLANDO DEL RÍO CARRILLO

Demandado: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (ESE) HOSPITAL

DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO (META)

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y accionada contra la sentencia de 11 de septiembre de 2017 proferida por la sala transitoria de tribunal administrativo1, mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES 1.1 La acción (ff. 1 a 37 del cuaderno principal 1). El señor Eider Orlando del Río Carrillo, mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar acción de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 85 del Código Contencioso Administrativo

(CCA), contra la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Departamental de Villavicencio, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan. 1 Cuya competencia fue dada por el Acuerdo PCS17-10693 de 30 de junio de 2017 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, por medio del cual se creó una sala transitoria de tribunal administrativo «para la atención de los procesos del sistema escrito en estado de fallo». 1.2 Pretensiones. Se declare (i) «[…] nulo el […] oficio sin número del 28 [d]e enero de 2011 […]», por medio del cual se negó la existencia de una relación laboral entre las partes; y (ii) que entre estas hubo una «[…] inequívoca situación legal y reglamentaria, por la naturaleza de la función encomendada y por haberse presentado todos los elementos de una relación laboral, para que se declare por vía de interpretación, que […] gozó del

status de empleado público […]». A título de restablecimiento del derecho, se condene al pago de «[…] la diferencia salarial entre lo recibido mensualmente por un [m]édico [g]eneral de [p]lanta (carrera) y lo que se le cancel[ó] […]»; las cesantías e intereses a las cesantías; vacaciones, bonificaciones, aportes por concepto de salud, pensión y administradora de riesgos profesionales; recargos nocturnos, dominicales y festivos; primas de servicios, navidad y vacaciones; sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990 (artículo 99, numeral 3), por la falta de pago de las cesantías causadas desde 2000 a 2009; y perjuicios morales en cuantía de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, se ordene la devolución de los dineros retenidos a causa de retención en la fuente. Todo lo anterior debidamente indexado junto con las costas procesales. 1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que «[…] ingres[ó] a laborar a la ESE Hospital Departamental de Villavicencio el día 01 de [n]oviembre de 2000», vinculado por medio de contratos de prestación de servicios como médico general, «[…] hasta el 30 de junio de 2009, cuando fue desvinculado sin que se hubiere presentado causal legal para ello». Que «[l]as labores que hubo de cumplir […] en virtud de las órdenes (contratos de prestación de servicios) […] no diferían en nada de las cumplidas por las personas vinculadas laboralmente con la entidad […]», con acatamiento de horario «[…] que se le asignaba por medio de las agendas

firmadas por el [c]oordinador [m]édico del [s]ervicio de [g]inecología y/o por el [s]ubgerente [a]sistencial y/o por el [j]efe de [d]ivisión [m]édica laborando 180 horas mensuales» (sic), dentro de las cuales se encontraban turnos de noche, «[…] sin que se le hubieren cancelado los recargos por ello». Afirma que «[…] no tenía ninguna clase de autonomía, pues si necesitaba retirarse de sus labores durante el cumplimiento de las jornadas establecidas por la ESE […] tenía que pedirle permiso a su jefe inmediato». Que el 17 de enero de 2011 solicitó de la accionada el reconocimiento de la existencia de la relación laboral, negado con el acto acusado. 1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por el acto administrativo demandado los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 14, 25, 29, 43, 53, 95, 125, 127, 209 y 277 de la Constitución Política; 1º. de la Ley 65 de 194; 68 de la Ley 4ª de 1990; 2, 3, 36 y 84 del CCA; 26 (inciso 2º), 40, 46 y 61 del Decreto 2400 de 1968; 5 y 71 del Decreto 1250 de 1970; y 108, 180, 215 y 240 a 242 del Decreto 1950 de 1973. De igual modo, las Leyes 10 y 50 de 1990, 100 de 1993 y 790 de 2002 y los Decretos 1333 de

1986 y 1453 y 1582 de 1998. Arguye que prestó sus servicios de manera personal, continua y subordinada, como elementos propios de una relación laboral, y por ello tiene derecho a que se le reconozcan las prestaciones propias de este vínculo, motivo por el cual el acto demandado está viciado de nulidad, pues niega el pago de las prestaciones reclamadas, dada la suscripción de los contratos de prestación de servicios. 1.5 Contestación de la demanda (ff. 335 a 342 del cuaderno principal 2). La entidad accionada, por intermedio de apoderada, se opuso a la prosperidad de las súplicas del libelo introductorio; respecto de los hechos dijo que unos son ciertos, otros no y los demás no le constan, por lo que deben probarse; y formuló las excepciones denominadas nuevas pretensiones no alegadas en la vía gubernativa, ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones y prescripción. Arguye que «[a]ceptar el reconocimiento de las prestaciones reclamadas, sería tanto como conceder el status de empleado público a[l] […] demandante, además desconocer el contrato que es ley para las mismas, e ignorar la consagración de esta figura en la [L]ey 80 de 1993, como mecanismo para suplir las necesidades de la administración. No es decoroso, ni jurídicamente viable, que el actor luego de haber contratado sus servicios con la administración mediante contrato de prestación de servicios pretenda ahora apartarse de [este] […] y las cláusulas en él contenidas y aceptadas de manera voluntaria en pleno uso de sus capacidades mentales, e ignorar el contenido del mismo […]».

1.6 La providencia apelada (ff. 456 a 472 vuelto del cuaderno principal 3). La sala transitoria de tribunal administrativo, en sentencia de 11 de septiembre de 2017, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al considerar que «[l]as pruebas, tanto documentales como testimoniales, recaudadas dentro del proceso, permiten establecer la existencia de una relación laboral entre la entidad demandada […] y el demandante […] entre el 1 de noviembre de 2000 y el 30 de junio de 2009, acorde con las órdenes y las certificaciones aportadas como prueba documental […] hallándose acreditada la práctica de la administración por emplear de modo permanente los servicios del demandante, para el cumplimiento de labores propias de su misión institucional, que implicaban subordinación, en tanto le era exigible el cumplimiento de órdenes en cuanto al tiempo, modo y cantidad de trabajo como la imposición de reglamentos durante todo el tiempo de vinculación, quedando desvirtuada la naturaleza del contrato de prestación de servicios por razón de la existencia de una verdadera relación laboral, lo que se constituye en un indicio claro de que la administración pretendió ocultar la realidad sobre la vinculación del demandante» (sic). En lo atañedero al fenómeno jurídico-procesal de la prescripción, advierte que la prestación de servicios se dio en 2 períodos, desde el 1º. de noviembre de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2001 y del 1º. de febrero de 2002 al 30 de junio de 2009, motivo por el que aquel se configuró respecto de «[…] los

derechos prestacionales ordinarios causados con anterioridad al 1 de febrero de 2002, ya que los derechos pensionales derivados, por su naturaleza son imprescriptibles, no se verán afectados […]» (sic). A título de restablecimiento del derecho, ordenó a la accionada: […] QUINTO: […] reconocer y pagar […] las siguientes prestaciones: a) Primer período comprendido entre el primero (1º) de noviembre de dos mil (2000) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil uno (2001): […] los valores correspondientes a los aportes con destino a las entidades de seguridad social en salud y pensión, en la proporción que le correspondía a la E.S.E. […]. Lo anterior teniendo en cuenta que respecto a las prestaciones sociales, comunes y ordinarias, operó el fenómeno de la prescripción […] b) Segundo período comprendido del primero (1º) de febrero de dos mil dos (2002) al treinta (309 de junio de dos mil nueve (2009). […] las prestaciones sociales comunes y ordinarias derivadas de una verdadera relación laboral, en igualdad de condiciones de un empleado público de la entidad (médico general), tomando como base los honorarios contractuales, así mismo el pago de los valores correspondientes a los aportes con destino a las entidades de seguridad social en salud y pensión, en la proporción que le correspondía a la E.S.E. […] […]. Además, negó las pretensiones de la demanda referentes a la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, toda vez que «[…] solo es viable en tanto […] hayan sido reconocidas, y no cuando está en litigio la declaración del derecho a percibirlas […]»; a la devolución de las sumas

canceladas por concepto de aportes a salud, pensiones y retención en la fuente, en la medida en que «[…] no existe prueba en el proceso de que tales sumas hubieren sido recaudadas directamente por la entidad demandada, sino que […] fueron realizadas con destino a la seguridad social, lo cual redunda en beneficio del derecho prestacional del demandante y con destino a la DIAN, por causa del ingreso por los honorarios profesionales del vínculo contractual […]»; y a los perjuicios morales, puesto que es «[…] carente por completo de prueba o sustentación fáctica y jurídica […]». 1.7 Los recursos de apelación. 1.7.1 Actor (ff. 479 a 481 del cuaderno principal 3). Por intermedio de su apoderado, interpuso recurso de apelación (parcial), en lo concerniente a que se tuvo por configurado el fenómeno jurídico-procesal de la prescripción, por la interrupción en la contratación durante el mes de enero de 2002, por cuanto «[…] el suspender la vinculación […] por un período […] es una costumbre de la demandada, para lesionar los derechos […] en caso de una demanda, para hacer parecer como si hubiera existido solución de continuidad en la vinculación […]». 1.7.2 Entidad demandada (ff. 475 a 478 del cuaderno principal 3). Inconforme con la anterior sentencia, por conducto de su apoderada, también formuló recurso de apelación, al estimar que, además del interregno en que el a quo consideró que operó la prescripción (enero de 2002), también se presentó «[…] en el mes de febrero de 2008, generándose la solución de

continuidad […] ya que no se acredit[ó] la existencia de la orden de prestación de servicios […]» y «[…] entre el 1 de marzo de 2008 [y el] 30 de junio de 2009».

II. TRÁMITE PROCESAL.

Los recursos de apelación fueron concedidos mediante proveído de 20 de febrero de 2018 (f. 490 del cuaderno principal 3) y admitidos por esta Corporación a través de auto de 6 de noviembre de 2019 (f. 497 ibidem), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las otras partes por estado, en cumplimiento del artículo 212 del CCA. 2.1 Alegatos de conclusión. Admitidas las alzadas, se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, con providencia de 3 de julio de 2020 (f. 499 del cuaderno principal a), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del CCA, oportunidad en la que guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES. 3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 129 del CCA a esta Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.

Sin perjuicio de lo anterior, en atención que las partes interpusieron recursos de apelación, se dará aplicación a lo previsto en el inciso segundo del artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), en virtud del cual «[…] [c]uando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]»

3.2 Problema jurídico. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar, si tras haber sido declarada en primera instancia la existencia de la relación laboral entre las partes, hay lugar o no a declarar el fenómeno jurídicoprocesal de la prescripción respecto de la totalidad de las vinculaciones acreditadas en el proceso, excepto en lo atañedero a los aportes pensionales. 3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto. En principio, cabe precisar que respecto de los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone: Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. Posteriormente, este artículo fue modificado por los Decretos 165 de 1997, 2209 de 1998 y 2170 de 2002, que precisaron «solo se realizarán para fines específicos o no hubiere personal de planta suficiente para prestar el servicio a contratar». Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad,

o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual. Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso […] general relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, así: Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada. Del análisis comparativo de las dos modalidades contractualescontrato de prestación de servicios y contrato de trabajose obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos. En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que

determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente. Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo. Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 19682, «[p]or el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]», dispone: Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural. Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo. Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio

civil de la República. Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes. Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los 2 Modificado por el Decreto 3074 del mismo año. empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones . La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia, entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una relación laboral. Frente al tema, expuso: La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera,

despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos. De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia. En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales3. De igual manera, en decisión la subsección B de esta sección segunda4 recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen

reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia , es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud , que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión, elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en cuenta para decidir el asunto sub examine. 3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se destaca: a) El accionante prestó sus servicios como médico general en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio (Meta), en forma personal e interrumpida, desde el 1º. de noviembre de 2000 hasta el 30 de junio de 2009, en virtud de los siguientes contratos de prestación de servicios: Contratos de prestación Inicio Finalización Folios de servicios 466 01/11/2000 30/11/2000 47 del cuaderno anexo 1

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