CE-SECCION SEGUNDA-52001-23-33-000-2014-00370-01(4108-16)-2019

INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL – Determinación A la demandante le fue calculada su pensión de jubilación con el 75% del promedio de los factores salariales sobre los cuales cotizó durante los últimos 10 años de servicios, en atención a las reglas de interpretación fijadas tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado, plasmadas en las sentencias citadas en el acápite precedente, en el sentido de que en el inciso 3° del artículo 36 ibidem el legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso base de liquidación que consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliados al entrar en vigor aquella, por lo que se someten al mandato contenido en tal norma o en el artículo 21 ib, según corresponda, tal como lo hizo la UGPP en el presente caso; lo que además guarda relación con el artículo 48 superior, en cuanto dispone que «Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones […]».

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición pensional del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ver: C. de E, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, rad 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ), C.P. César Palomino Cortés FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 36 INCISO 3 / EY 33 DE 1985 / LEY 62 DE 1985 / DECRETO 1158 DE 1994

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUETER

Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 52001-23-33-000-2014-00370-01(4108-16)

Actor: LIBIA LEONOR ROJAS PAZ

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Reliquidación de pensión ordinaria de jubilación conforme a las Leyes 33 y 62 de 1985; factores salariales que deben tenerse en cuenta en el ingreso base de liquidación pensional de persona beneficiaria del régimen de transición de la Ley Expediente: 52001-23-33-000-2014-00370-01 (4108-2016) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Libia Leonor Rojas Paz contra la UGPP 100 de 1993; prescripción trienal de mesadas Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante (ff. 412 a 422) contra la sentencia de 5 de agosto de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe (ff. 400 a 410).

I. ANTECEDENTES 1.1 Medio de control (ff. 2 a 17). La señora Libia Leonor Rojas Paz, mediante

apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan. 1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad parcial de las Resoluciones RDP 12409 de 22 de octubre de 2012, RDP 19855 de 17 de diciembre de 2012, RDP 4165 de 30 de enero de 2013, RDP 51648 de 7 de noviembre de 2013 y RDP 55627 de 6 de diciembre de 2013, por las cuales se le negó a la actora el reconocimiento de la pensión de jubilación bajo los parámetros de la Ley 33 de 1985. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la accionada reconocer la pensión de jubilación a la demandante conforme a las Leyes 33 de 1985 y 100 de 1993 (artículo 36), con el 75% de la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios, a partir del 19 de junio de 2007, cuyas diferencias deberán ser indexadas; cancelar intereses moratorios; y dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA; por último, condenar en costas y agencias en derecho a la demandada. 1.3 Fundamentos fácticos. Relata la actora que nació el 18 de junio de 1952,

prestó sus servicios a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por más de 20 años y por ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 (al tener más de 35 años de edad al 1° de abril de 1994 y más de 750 semanas a julio de 2005), pidió de la entonces Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) el reconocimiento de la pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985, el cual en principio le fue negado con Resoluciones RDP 12409 de 22 de octubre de 2012, RDP 19855 de 17 de diciembre de 2012 y RDP 4165 de 30 de enero de 2013, por inconsistencias en las certificaciones de factores salariales devengados. Que, mediante Resolución RDP 51648 de 7 de noviembre de 2013, se le concedió la pensión de jubilación, pero con el promedio de lo cotizado durante los últimos 2

Expediente: 52001-23-33-000-2014-00370-01 (4108-2016) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Libia Leonor Rojas Paz contra la UGPP 10 años de servicios, a partir del 31 de octubre de 2010; decisión confirmada a través de Resolución RDP 55627 de 6 de diciembre del mismo año. 1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por los actos demandados los artículos 53 de la Constitución Política y 36 de la Ley 100 de 1994; las Leyes 33 y 62 de 1985, el Decreto 1045 de 1978 y el acto legislativo 1 de 2005.

Arguye que de acuerdo con el derrotero jurisprudencial del Consejo de Estado, le asiste derecho a que su pensión de jubilación sea liquidada con el universo de factores salariales devengados durante el último año de servicios, pues la Ley 33 de 1985 debe aplicarse en su integridad, dado que es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Asimismo, indica que su prestación debe ser reconocida a partir del 19 de junio de 2007, fecha en la que adquirió el estatus pensional y no hay lugar a aplicar prescripción, pues interrumpió tal fenómeno el 24 de mayo de 2009. 1.5 Contestación de la demanda 1.5.1 UGPP (ff. 256 a 269). La entidad demandada, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones; respecto de los hechos dice que algunos son ciertos, otros ajenos a la UGPP y los demás no comportan situaciones fácticas. Aduce que para efectos de la liquidación de las pensiones de las personas beneficiarias del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, ha de aplicarse la regla contenida en el inciso 3° de su artículo 36, de conformidad con la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, la cual resulta de obligatorio cumplimiento, en armonía con el acto legislativo 1 de 2005, que refuerza el principio de sostenibilidad fiscal. 1.5.2 Llamado en garantía Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (ff. 291 a 297). A través de apoderado, se

opone a las súplicas del medio de control; se refirió a cada uno de los hechos de la demanda, en el sentido de que algunos son ciertos, otros no, unos parcialmente y los demás no tienen tal naturaleza. Asevera que la base de liquidación pensional de la accionante se encuentra integrada por los factores sobre los cuales cotizó, de conformidad con el Decreto 1158 de 1994. 1.6 La providencia apelada (ff. 400 a 410). El Tribunal Administrativo de Nariño, en sentencia de 5 de agosto de 2016, negó las súplicas de la demanda (con condena en costas), al considerar que, de acuerdo con las reglas contenidas en los fallos C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional, las personas beneficiarias del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, se les liquida su pensión de jubilación con los factores sobre los cuales hubiesen efectuado aportes al sistema de seguridad social, puesto que el ingreso base de liquidación pensional (IBL) no hace parte de dicho régimen. 3

Expediente: 52001-23-33-000-2014-00370-01 (4108-2016) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Libia Leonor Rojas Paz contra la UGPP 1.7 El recurso de apelación (ff. 412 a 422). Inconforme con la anterior sentencia, la demandante interpuso recurso de apelación, para lo cual pide, en principio, la inaplicabilidad de la providencia SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional, para en su lugar dar cumplimiento a la Ley 33 de 1985 en su integridad, en armonía con

el derrotero jurisprudencial del Consejo de Estado. Por otra parte, advierte que el a quo omitió decidir acerca de la fecha de efectividad pensional, pues la entidad demandada declaró la prescripción de algunas de sus mesadas de manera errónea.

II. TRÁMITE PROCESAL.

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 29 de agosto de 2016 (f. 424) y admitido por esta Corporación a través de auto de 23 de junio de 2017 (f. 472), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA. 2.1 Alegatos de conclusión. Admitido el recurso, se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, con auto de 29 de septiembre de 2017 (f. 479), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por las primeras, para reiterar los argumentos expuestos en sus escritos de contestación de la demanda y alzada (ff. 485 a 491 y 492 a 502).

III. CONSIDERACIONES. 3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia. 3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación1, corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar (i) si a la demandante le asiste derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación, por no habérsele tenido en cuenta la

totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios, de conformidad con el régimen ordinario previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985, o al contrario, carece de razón, pues para efectos de la liquidación pensional le es aplicable el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto reglamentario 1158 de 1994, como lo estimó el a quo; y (ii) la fecha de efectividad fiscal del reconocimiento de tal prestación. 3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del primer problema jurídico 1 Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella». 4

Expediente: 52001-23-33-000-2014-00370-01 (4108-2016) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Libia Leonor Rojas Paz contra la UGPP planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

Lo primero que ha de anotarse es que la Ley 100 de 1993, «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», fue expedida por el Congreso de la República con el fin, entre otros, de unificar la normativa en

cuanto a la diversidad de regímenes pensionales especiales existentes. No obstante lo anterior y con el objetivo de evitar menoscabar derechos a personas que se encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto tiempo de servicio, se previó el régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la referida Ley 100 de 1993. En efecto, en dicha norma se dispuso que las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social integral (1° de abril de 1994) contaran con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, se les reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el régimen anterior al cual se encontraban afiliados, es decir, la pensión de jubilación respecto de la edad, tiempo de servicio y monto se les aplicará el régimen anterior. En lo que atañe al ingreso base de liquidación (IBL) pensional de tales personas, el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 preceptúa que los beneficiarios del régimen de transición «[…] que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE» (se subraya). Respecto de esta norma, la Corte Constitucional2 precisó: […] En efecto, la Sala recuerda que el propósito original del Legislador

al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 19933, tal como se desprende del texto de la disposición y de los antecedentes legislativos, fue crear un régimen de transición que beneficiara a 2 Corte Constitucional, sentencia C-258 de 2013. 3 El artículo 36 indica: “ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. || La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. || El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación

del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE” (negrilla fuera del texto). 5

Expediente: 52001-23-33-000-2014-00370-01 (4108-2016) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Libia Leonor Rojas Paz contra la UGPP quienes tenían una expectativa legítima de pensionarse conforme a las reglas especiales que serían derogadas. Para estas personas, el beneficio derivado del régimen de transición consistiría en una autorización de aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes a los que se encontraban afiliados, relacionadas con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo. El Ingreso Base de Liquidación no fue un aspecto sometido a transición, como se aprecia claramente en el texto del artículo 36… […] Para el efecto, la Corte acudirá a la regla general de Ingreso Base de Liquidación prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100. En efecto, el artículo 36 estableció dos reglas específicas en la materia: (i) para quienes el 1° de abril de 1994, les faltara menos de 10 años para pensionarse, el IBL sería (a) “el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta” para reunir los requisitos para causar el derecho a la pensión, o (b) el promedio de lo “cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”. (ii) En los demás casos, es decir, en la hipótesis de las

personas a quienes el 1° de abril de 1994 les faltaban más de 10 años para reunir los requisitos de causación de la pensión, a falta de regla especial en el artículo 36 y teniendo en cuenta que el inciso segundo ibídem solamente ordena la aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes especiales sobre edad, tiempo de cotización o servicios prestados, y tasa de reemplazo, se les debe aplicar la regla general del artículo 21 de la Ley 100, el cual indica: “ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo.” El precitado derrotero fue acogido por la sala de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado, al estudiar un caso en el que se reclamaba el reajuste de la pensión de jubilación en virtud de la Ley 33 de 1985, mediante sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01

(4403-2013), consejero ponente César Palomino Cortés, en la que se fijaron las siguientes reglas de interpretación en torno al tema, así: […] Sentar como jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consagra el 6

Expediente: 52001-23-33-000-2014-00370-01 (4108-2016) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Libia Leonor Rojas Paz contra la UGPP régimen de transición pensional, lo siguiente:

1. El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

2. Para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es: - Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. - Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la

pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

3. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

Lo anterior, al considerar: A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma.

86. Como se dijo en párrafos anteriores el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, otorgando efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos regímenes para aquellas personas que se encontraban afiliadas a los mismos y que estaban próximas a adquirir el derecho pensional. Tales elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión.

87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la

viabilidad futura del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo 7

Expediente: 52001-23-33-000-2014-00370-01 (4108-2016) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Libia Leonor Rojas Paz contra la UGPP en cuenta que el periodo de transición abarcaría varias décadas4.

88. Como toda reforma pensional implica un cambio de las condiciones para acceder a la pensión, es importante que ese cambio no resulte traumático o desafortunado para aquellas personas que, si bien no alcanzaron a consolidar su derecho pensional bajo el régimen anterior, sí estaban próximos a adquirir tal derecho y venían cotizando con la confianza legítima que se pensionarían en las condiciones que los cobijaban.

89. Entonces la razonabilidad de ese cambio legislativo está en poder conciliar la finalidad que motiva la reforma pensional con la confianza y la expectativa de los ciudadanos que están próximos a pensionarse, es decir, garantizar el interés general sin sacrificar del todo el interés particular. Es importante precisar que un cambio en el sistema de pensiones necesariamente implica el establecimiento de requisitos y condiciones, en principio, menos favorables, para adquirir la pensión, por eso se requiere un periodo de transición que permita implementar de manera ponderada y equilibrada el nuevo régimen, concretamente, para aquellas personas que, bajo las condiciones legales anteriores, podrían adquirir su pensión en un corto periodo de tiempo.

De acuerdo con la anterior normativa y la jurisprudencia citada, nótese que en criterio de la Corte Constitucional y la sala de lo contencioso-administrativo del

Consejo de Estado en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso base de liquidación que consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliados al entrar en vigor aquella; por ende, en virtud del principio de favorabilidad, la correspondiente entidad de previsión social, al momento de la liquidación pensional deberá determinar el ingreso base de liquidación que le fuera más benéfico al pensionado, en la medida en que la Ley 100 de 1993 permite optar por (i) el promedio de lo cotizado durante el tiempo que le hiciere falta entre la entrada en vigor de la Ley 100 (1° de abril de 1994) y la adquisición del estatus pensional, si fuere inferior a 10 años; (ii) el promedio de lo aportado durante todo el tiempo, si el monto es superior, actualizado anualmente con el índice de precios al consumidor (IPC); o (iii) el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años, conforme al artículo 21 ibidem. Ahora bien, para efectos de determinar los factores sobre los cuales se debieron efectuar cotizaciones, cabe anotar que con el Decreto 691 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993, se incorporaron el sistema general de pensiones a los servidores públicos (i) de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas; y (ii) del Congreso de la República, de la rama judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía

4 En virtud del Acto Legislativo No. 1 de 2005, la aplicabilidad del régimen de transición corrió hasta el 31 de julio de 2010, o, excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2014, en el caso que los beneficiarios contaran con 750 semanas de cotización o su equivalente en tiempo de servicios al momento de la entrada en vigencia de dicho Acto Legislativo. 8

Expediente: 52001-23-33-000-2014-00370-01 (4108-2016) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Libia Leonor Rojas Paz contra la UGPP General de la Nación, la organización electoral y la Contraloría General de la República; en cuyo artículo 6° se estableció el salario mensual base para calcular las cotizaciones al sistema de tales servidores, modificado por el Decreto 1158 de 1994, que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.

Por otro lado, en lo pertinente a la normativa que rige los requisitos y tasa de la pensión de jubilación a la que alude la presente demanda, la Sala se remite a lo preceptuado en la Ley 33 de 1985, que en relación con el asunto objeto de

examen dispone: Artículo 1º. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. […]. Obsérvese que la Ley 33 de 1985, en lo pertinente, prescribe como requisitos para acceder a la pensión mensual vitalicia de jubilación por parte de los empleados oficiales, haber servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegado a la edad de cincuenta y cinco (55) años. Igualmente, determina que la cuantía será del 75% del salario promedio. 3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en tal virtud, se destaca: a) Según cédula de ciudadanía de la accionante, nació el 18 de junio de 1952 (f. 53). b) Conforme a certificaciones de la DIAN (ff. 55 y 143 a 159), la actora laboró desde el 15 de enero de 1972 hasta el 31 de marzo de 1992 y de 1976 a 1992 devengó salario, auxilio de alimentación, subsidio de transporte, bonificaciones por servicios prestados y por recreación, sueldo de vacaciones y primas de

antigüedad, servicios, navidad y vacaciones. c) Por medio de Resoluciones PAP 23921 de 29 de octubre de 2010 (ff. 67 a 69) y UGM 10941 de 29 de septiembre de 2011 (ff. 75 a 79) de Cajanal y RDP 12409 de 22 de octubre de 2012 (ff. 94 a 96), RDP 19855 de 17 de diciembre de 2012 y RDP 4165 de 30 de enero de 2013 de la UGPP (CD en f. 271)5, se da respuesta a 5 Estas dos últimas confirmaron la Resolución RDP 12409 de 22 de octubre de 2012. 9

Expediente: 52001-23-33-000-2014-00370-01 (4108-2016) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Libia Leonor Rojas Paz contra la UGPP las peticiones de la accionante de 20 de enero de 2009, 24 de mayo de 2011 y 28 de febrero de 2012, respectivamente, orientadas a obtener el reconocimiento de su pensión de jubilación. d) Mediante Resoluciones RDP 51648 de 7 de noviembre y RDP 55627 de 6 de diciembre de 2013, en atención a la solicitud formulada el 31 de octubre de ese año por la actora, la UGPP le reconoció pensión de jubilación de conformidad con las Leyes 33 de 1985 y 100 de 1993 (artículo 21 y 36), con el 75% del promedio de lo cotizado del 1° de abril de 1982 al 30 de marzo de 1992, con inclusión de la

asignación básica, la prima de antigüedad y la bonificación por servicios prestados, con la correspondiente actualización, a partir del 18 de junio de 2007, pero con efectos fiscales desde el 31 de octubre de 2010, por prescripción trienal (ff. 15 a 17 y 33 a 35). Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de advertirse es que la demandante se encontraba amparada por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que para el 1º de abril de 1994 tenía más de 35 años de edad. Ahora bien, de las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que la accionante cumplió 55 años de edad el 18 de junio de 2007 y laboró en la DIAN del 15 de enero de 1972 al el 31 de marzo de 1992, es decir, que completó como tiempo de servicios más de 20 años, por lo que pidió de la entonces Cajanal el reconocimiento de su pensión de jubilación con escritos de 20 de enero de 2009, 24 de mayo de 2011, 28 de febrero de 2012 y 31 de octubre de 2013, hasta cuando, con Resoluciones RDP 51648 de 7 de noviembre y RDP 55627 de 6 de diciembre de 2013, le fue concedida de conformidad con los requisitos de edad y tiempo, así como con la tasa pensional (75%), contenidos en la Ley 33 de 1985, y calculada sobre el promedio de lo cotizado entre 1982 y 1992, con inclusión de la asignación básica, la prima de antigüedad y la bonificación por servicios

prestados, conforme al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el 21 ibidem, con la correspondiente indexación de la primera mesada, a partir del 18 de junio de 2007, pero con efectos fiscales desde el 31 de octubre de 2010, por prescripción trienal. Los anteriores prolegómenos nos conducen a la conclusión de que a la demandante le fue calculada su pensión de jubilación con el 75% del promedio de los factores salariales sobre los cuales cotizó durante los últimos 10 años de servicios, en atención a las reglas de inter