CE-SECCION SEGUNDA-73001-23-33-000-2018-00107-01(2834-20)

PENSIÓN DE JUBILACIÓN / RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN / RÉGIME DE TRANSICIÓN / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN /

FACTORES SALARIALES

[E]n la sentencia de 28 de agosto de 2018, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, unificó su jurisprudencia en relación con el ingreso base de liquidación – IBL de las pensiones reconocidas con fundamento en el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Posición que deberá aplicarse con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables». […] [L]a Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación unificó su criterio en torno al ingreso base de liquidación - IBL de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, específicamente, fijó dos subreglas referentes: i) al periodo que debe tenerse en cuenta para liquidar el ingreso base de liquidación - IBL de las mismas, y ii) los factores salariales que deben incluirse para dicho efecto. A manera de conclusión, en cuanto al periodo se dispuso que el ingreso base de liquidación - IBL, para aquellas personas que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 les faltare más de 10 años para adquirir el derecho prestacional, corresponderá al promedio de los salarios o rentas sobre los

cuales hubiere cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión; de lo contrario, esto es, si les faltare menos de 10 años, será: i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior. De igual forma, se precisó que los factores salariales que deben incluirse son únicamente (i) aquellos respecto de los cuales se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones y (ii) que se encuentren consagrados expresamente en la ley.

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 21 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 36 /

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 73001-23-33-000-2018-00107-01(2834-20)

Actor: JOSÉ VIRGILIO VELÁSQUEZ GUARNIZO

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - UGPP Y EL

DEPARTAMENTO DEL TOLIMASECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTAL

Referencia: RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DE JUBILACIÓN/ PROCESO DE

HOMOLOGACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA

DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

I. ASUNTO La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por el accionante, en contra de la sentencia de 22 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima1 que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda instaurada por el señor José Virgilio Velásquez Guarnizo, en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP) y el Departamento del TolimaSecretaría de Educación y

Cultural Departamental.

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda2.

2.1.1. Pretensiones. El señor José Virgilio Velásquez Guarnizo, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contenido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 20113, solicitó declarar la nulidad parcial de la Resolución No. 37375 del 8 de noviembre de 2005 mediante la cual Cajanal, hoy Ugpp le reconoció la pensión de jubilación, asimismo la nulidad de las resoluciones RDP 010824 del 16 de marzo de 2017, a través de la cual la entidad demandada le negó la reliquidación de la mesada pensional y de sus confirmatorias RDP 018361 del 4 de mayo de 2017 y RDP 022909 del 31 de mayo de 2017, por medio de las cuales resolvió negativamente los recursos de reposición y apelación, respectivamente. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento

del derecho, pidió que se reliquide la pensión de vejez con un monto de 75 % del promedio de todos los factores devengados en el último año de servicios, en cuanto a las primas requirió que estas fueran liquidadas en una doceava parte (1/12), sumas debidamente indexadas conforme al IPC. Además, solicitó que la Secretaría de Educación y Cultural del Departamento del Tolima aclare de manera concreta y detallada la información administrativa relacionada con las fechas de los aportes a cada fondo pensional y el valor de la asignación básica mensual devengada, así como las sumas reconocidas, a través de las homologaciones y nivelaciones salariales. 1 Con ponencia del magistrado Luis Eduardo Collazos Guarnizo. 2 Folios 40 a 52. 3 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». 2.1.2. Hechos. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

1. Nació el 6 de octubre de 1946 y fue nombrado en el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución 1401 del 6 de marzo de 1974 y trasladado con posterioridad a la Secretaría de Educación del departamento del Tolima, a partir del 2 de enero de 1977 hasta el 1º de marzo de 2015 cuando se retiró del servicio.

2. Por lo anterior, Cajanal, hoy UGPP mediante Resolución No. 37375 del 6 de octubre de 2005 le reconoció pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio de lo devengado en los últimos 9 años y dos meses con fundamento en la Ley 33 de 1985 y el Decreto 1158 de 1994, prestación supeditada al retiro

definitivo del servicio. 3.Con posteridad, la Secretaría de Educación Departamental del Tolima mediante Resolución 05011 del 20 de noviembre de 2012 como consecuencia del proceso de homologación y nivelación salarial del cual hizo parte le reconoció el retroactivo salarial.

4. Mediante Resolución del 0961 del 13 de febrero de 2015, le fue aceptada la renuncia, con efectos fiscales desde el 1º de marzo de 2015.

5. De ahí que, el 8 de noviembre de 2016 solicitó la reliquidación de la mesada pensional, petición que fue desatada negativamente, a través de la Resolución RDP 010824 del 16 de marzo de 2017, la cual fue confirmada por las resoluciones RDP 018361 del 4 mayo de 2017 y RDP 022909 del 31 de mayo de 2017, por medio de las cuales se resolvió los recursos de reposición y apelación, respectivamente. 2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

Como normas vulneradas citó los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 53, 58, 90, 91 y 230 de la Constitución Política; las leyes 100 de 1993; 33 de 1985; 62 de 1985; 1395 de 2010; 169 de 1896;1437 de 2011, el Convenio 95 de la OIT, ratificado por Colombia y aprobado mediante la Ley 54 de 1962, los decretos 1158 de 1994, 1160 de 1989, 3135 de 1968, 1848 de 1969 y demás normas.

En el concepto de violación explicó que las normas en cita fueron transgredidas, comoquiera que al ser beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la mesada pensional debía liquidarse en atención a lo preceptuado en la Ley 33 de 1985, esto es, con el 75 % del promedio del salario devengado en el último año de servicio. En relación con la liquidación y el reajuste de la pensión de jubilación indicó la entidad demanda desconoció el incremento salarial que le fue reconocido en virtud proceso de homologación y nivelación salarial ordenado por el ente territorial. 2.2. Contestación de la demanda. La UGPP4, por intermedio de apoderado judicial, se opuso a todas y cada una de las súplicas de la demanda, al considerar que reliquidación deprecada en la demanda resultaba improcedente, comoquiera que para liquidar el IBL correspondiente a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 debía seguirse los lineamientos de la Corte Constitucional previstos en las sentencias SU 230 de 2015, SU427 de 2016 y SU 395 de 2017, esto es, que solo se podían tener en cuenta los factores salariales contemplados en el Decreto 1158 de 1994, siempre que sobre esta se hubieren realizado los respectivos aportes al sistema. Por otra parte, indicó que de accederse a las súplicas de la demanda debía declararse la prescripción trienal de las mesadas o diferencias causadas con anterioridad a la fecha de presentación de la misma.

El departamento de Tolima no contestó la demanda. 2.3. Trámite en primera instancia. El Tribunal Administrativo del Tolima, en la audiencia inicial del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, instalada el 7 de mayo de 20195, advirtió que (i) no existían irregularidades o vicios y, por tanto, declaró saneado el proceso; (ii) no se propusieron excepciones previas comoquiera que todas fueron de fondo; y (iii) fijó el litigio en los siguientes términos: «1. Se deberá resolver si la UGPP incluyo en el IBL de la pensión del actor todos los factores que de acuerdo al ordenamiento jurídico debieron incluirse.

2. Si para establecer ese IBL de la pensión del actor se deben tener en cuenta las contraprestaciones económicas niveladas y homologadas, o no.» La decisión se notificó en estrados y no se interpusieron recursos. 2.4. La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia de 22 de noviembre de 20196, (i) declaró probada de oficio la falta de legitimación en la causa por pasiva a favor del departamento del Tolima; (ii) no probada la excepción de prescripción (iii) la nulidad parcial de la Resolución 37375 del 6 de octubre de 2005, a través de la cual la UGPP reconoció la pensión de vejez y; (iv) la nulidad de las resoluciones RDP 010826 del 16 de marzo de 2017, RDP 018361 del 4 de mayo de 2017 y RDP 022909 del 31 de mayo de 2017, por medio de la cuales negó la reliquidación

de la mesada pensional; (v) a título del restablecimiento del derecho ordenó reajustar la prestación teniendo en cuenta el 75 % de IBL de lo devengado entre el 27 de agosto de 2007 al 1º de marzo de 2015, teniendo en cuenta los factores salariales de asignación básica, la prima de antigüedad, la bonificación de 4 Folios 76 a 84. 5 Folio 116 a 119. 6 Folios 267 a 217. servicios prestación y las horas extras con inclusión de los valores homologados y nivelados; (vi) sumas debidamente indexadas conforme al artículo 187 de CPACA (vii) negó las demás súplicas de la demanda y; (viii) se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida dentro de la litis. Al respecto, sostuvo que en atención al precedente jurisprudencial del Consejo de Estado contenido en la sentencia del 28 de agosto de 2018 el IBL que se debía tener en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el numeral 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En cuanto al caso concreto indicó que el accionante al 1º de abril de 1994 contaba con 47 años de edad y 20 años de servicios, por lo que al ser beneficiario del régimen de transición de que trata la Ley 100 de 1993 le resultaba aplicable del régimen anterior los requisitos de edad, tiempo y tasa de remplazo y respecto del IBL este se debía liquidar con el promedio del tiempo que le hacía falta para adquirir su estatus pensional, esto es, 7 años, 6 meses y 5 días, sin embargo teniendo en cuenta que el causante se retiró el 1º de marzo de 2015, estableció

que dicho el periodo a tener en cuenta sería desde el 27 de agosto de 2007 hasta el 1º de marzo de 2015. Por otra parte, manifestó que mediante los decretos Nos. 0284 del 19 de abril de 2007 y No. 916 del 9 de septiembre de 20167 la Secretaría de Educación Departamental le reconoció al personal administrativo adscrito a dicha dependencia la homologación y nivelación salarial, proceso en el que se encontraba incluido el accionante. De ahí que al comparar los valores descritos en el acto de reconocimiento pensional contenido en la Resolución 37375 del 6 de octubre de 2005 estos no coincidían, razón por la cual resultaba necesario ordenar la reliquidación en los términos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018. En virtud de lo anterior, estimó que el reajuste de la pensión de jubilación era equivalente al 75 % del promedio de lo devengado entre el 27 de agosto de 2007 hasta el 1º de marzo de 2015 con inclusión de la asignación básica, las horas extras, prima de antigüedad y la doceava parte de la bonificación de servicios, en atención del valor homologado y nivelado, sumas debidamente indexadas de conformidad con el artículo 187 del CPACA. En lo relacionado con la prescripción indicó que no había lugar a declararla, toda vez que si bien la pensión le fue reconocida el 6 de octubre de 2005, lo cierto era que estaba condicionada al retiro definitivo del servicio lo cual ocurrió el 13 de febrero de 2015, la petición de reliquidación la presentó el 8 de febrero de 2016 y

la demanda la interpuso el 9 de febrero de 2018. Por último, declaró de oficio la falta de legitimación en la causa por pasiva a favor del departamento del Tolima, al considerar que la obligación de reliquidar la 7 Se advierte que estos dos decretos los cuales fueron relacionados por el a quo en la sentencia de primera instancia no coinciden con los aportados por el ente territorial, lo cual en efecto pudo obedecer a un error mecanográfico por parte del tribunal de instancia. prestación para el asunto bajo estudio recaía sobre la UGPP y no condenó en costas a la entidad demandada. 2.5. Recurso de apelación. La UGPP, por intermedio de apoderado judicial, impugnó la decisión de primera instancia8, al considerar no es posible reliquidar la prestación en los términos indicados en la sentencia recurrida, esto es, desde el 27 agosto de 2007 al 1º de marzo de 2015, en atención a la homologación y nivelación salarial surtida, a través de la Resolución 05011 del 20 de noviembre de 2012, por cuanto esta surtió efecto desde el 1º de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2009, es decir que a partir del 1º de enero de 2010 excede lo solicitado por el accionante. Por otro lado, respecto del factor salarial de horas extras según el certificado de salarios de mes a mes expedido el 13 de junio de 2016 allegado al plenario, se tiene que este factor salarial no fue objeto de reconocimiento ni de aportes al sistema de seguridad social, por ende no había lugar a incluirlo en la reliquidación.

2.6. Trámite en segunda instancia. Por autos de 29 de enero de 20219 y 4 de junio de la misma anualidad10, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada y ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al agente del Ministerio Público para conceptuar en segunda instancia, respectivamente. La UGPP11 insistió en los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda. El demandante y el Ministerio Público12 guardaron silencio. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección procede a decidir previas las siguientes,

III. CONSIDERACIONES 3.1. Competencia Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15013 de la Ley 1437 de 2011. 8 Folios 227 a 233. 9 Folio 254. 10 Folio 256. 11 Ver índice 12. 12 Folio 257. 13 « El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los 3.2. Marco de análisis de la segunda instancia.

De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan

apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones. En el asunto objeto de estudio la UGPP es apelante única, por lo que la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a lo expuesto en el recurso de apelación. 3.3. Problema Jurídico. Corresponde a la Sala de Subsección abordar lo siguiente: ¿si el demandante tiene o no derecho, a la reliquidación de la pensión de jubilación especialmente con inclusión del factor salarial de horas extras por ser beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en atención a la homologación y nivelación salarial contenido en la Resolución 05011 del 20 de noviembre de 2012? 3.4. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso. 3.3.1 Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 - IBL de las pensiones de jubilación reconocidas en virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El Congreso de la República a través de la Ley 100 de 1993 creó el sistema general de pensiones, a través del cual unificó los regímenes anteriores, los cuales quedaron abolidos con la entrada en vigencia de dicha normativa. Sin embargo, se previó el régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la referida Ley 100 de 1993, con la intención de proteger a aquellos trabajadores que se encontraban próximos a pensionarse bajo regímenes pensionales vigentes para ese momento. Sobre el particular, se advierte que respecto a la aplicación del mencionado régimen de transición, específicamente en cuanto al periodo de liquidación y los

factores para establecer el ingreso base de liquidación - IBL, surgieron diferentes interpretaciones, entre ellas, esta Sección en sentencia de unificación de 04 de agosto de 201014 consideró que no era taxativo el listado de factores salariales sobre los cuales se calcula el ingreso base de liquidación - IBL de la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 del mismo año, al estimar que debían tenerse en cuenta aquellos factores que constituían salario, independientemente de la denominación que recibieran, es decir, todos los que se cancelaran de manera habitual como retribución directa por el servicio y no extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]». 14 Sentencia proferida dentro del proceso radicado No. 25000232500020060750901. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. solamente los descritos en dicha normativa. Posteriormente, la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-023 de 2018, entre otras, concluyó que el ingreso base de liquidación - IBL no fue un aspecto sometido a la transición y, por ende, debía calcularse de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 36, inciso 3.°, y 21 de la Ley 100 de 1993. Para ello, destacó la relación de correspondencia que existe entre los aportes que hace el empleado a lo largo de su vida laboral ante el sistema general de seguridad social y los principios de solidaridad y de sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Finalmente, en la sentencia de 28 de agosto de 201815, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, unificó su jurisprudencia en relación con el ingreso base de liquidación – IBL de las pensiones reconocidas con fundamento en el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Posición que deberá aplicarse con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables»16. Pues bien, las reglas y subreglas jurisprudenciales fijadas en dicha providencia son las siguientes: «92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial: “El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”. […]

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es: 15 Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01. 16 La anterior decisión judicial cuenta con salvamento parcial de voto, con ponencia de quien se ocupa de esta providencia, donde se analizaron temas tales como las competencias

constitucionales de las Cortes de cierre; los efectos de las sentencias que profiere la Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad en abstracto y en revisión de las sentencias de tutela; la fuerza vinculante de la interpretación de la Constitución por vía de autoridad y como doctrina constitucional integradora; la doctrina constitucional como criterio auxiliar de la interpretación de la ley; el caso de las sentencias de unificación jurisprudencial; la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en sede de revisión de tutelas, así como las sentencias SU-230 de 2015, C-258 de 2013, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017 y SU-023 de

2018. Igualmente se analizaron los alcances y efectos de la sentencia C-258 de 2013 y los efectos de la sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 2010 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la inescindibilidad del régimen de transición pensional y los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional.

A partir de allí se concluyó que en ese caso que « […] el "régimen de transición" previsto en la Ley 100 de 1993 protegía la expectativa legítima de la demandante de pensionarse con sujeción al régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985, esto es, una pensión de jubilación liquidada conforme lo dispuso el artículo 10 de esa ley, esto es, ni más ni menos, el "equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para

los aportes durante el último año de servicio".» - Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. - Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. […]

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

97. Esta subregla se sustenta en el artículo 1° de la Constitución Política que consagra el principio de solidaridad como uno de los principios fundamentales del

Estado Social de Derecho.

98. El artículo 48 constitucional define la Seguridad Social como “un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley”. El legislador (artículo 2 de la Ley 100 de 1993) explica este principio como “[…] la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las

generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil”.

99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. (Negrilla de la Sala).

De acuerdo con lo anterior, se advierte que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación unificó su criterio en torno al ingreso base de liquidación - IBL de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, específicamente, fijó dos subreglas referentes: i) al periodo que debe tenerse en cuenta para liquidar el ingreso base de liquidación - IBL de las mismas, y ii) los factores salariales que deben incluirse para dicho efecto. A manera de conclusión, en cuanto al periodo se dispuso que el ingreso base de liquidación - IBL, para aquellas personas que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 les faltare más de 10 años para adquirir el derecho prestacional,

corresponderá al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales hubiere cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión; de lo contrario, esto es, si les faltare menos de 10 años, será: i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior. De igual forma, se precisó que los factores salariales que deben incluirse son únicamente (i) aquellos respecto de los cuales se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones y (ii) que se encuentren consagrados expresamente en la ley. 3.4. Caso concreto. 3.4.1 De las pruebas Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala de Subsección advierte como relevantes las siguientes pruebas:  El señor José Virgilio Velásquez Guarnizo nació el 6 de octubre de 194617, por lo que en el año 2001 contaba con 55 años y prestó sus servicios de manera interrumpida por más de 20 años en el sector oficial, esto es, desde el 31 de marzo de 1974 hasta el 1º de enero de 1977 cuando fue vinculado a la Secretaría de Educación Departamental de Caldas18 y con posterioridad cuando fue nombrado en propiedad por la Secretaria de Educación y Cultura de la Gobernación del Tolima, esto es, entre el 2 de enero de 1977 al 1º de marzo de

2015. En el que como último cargo ocupó el de Técnico Operativo Código 314

Grado 519.  Según certificado de salario mes a mes para la liquidación de pensiones expedido

el 13 de junio de 2016 por la Secretaría de Educación del Tolima, el actor entre 1980 al 2015 devengó asignación básica; prima de antigüedad, horas extras20 y bonificación por servicios prestados.  Mediante Resolución No. 37375 del 6 de octubre de 200521, Cajanal, hoy UGPP, le reconoció una pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio de lo devengado en los últimos 9 años y 2 meses, con inclusión de los factores salariales de asignación básica, bonificación por servicios prestados y prima de antigüedad. En cuantía del $542.028.22 M/Cte., supeditada al retiro del servicio. Para lo cual tuvo en cuanta lo siguiente: «Que el (a) peticionario (a) aportó para la pensión los siguientes tiempos: [….]

ENTIDAD DESDE H ASTA DIAS

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DPTAL CALDAS 19740321 19750116 296

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DPTAL CALDAS 19750117 19770101 705

DISTRITO EDUCATIVO VENADILLO 19770102 19811231 720

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DPTAL TOLIMA 19790101 20021219 8529

INST EDU TEC COLOMBO ALEMAN LERIDA 20021220 20030530 161 10511 17 Folio 3. 18 Información que se extrae del certificado de tiempo de servicios expedido el 5 de septiembre de 2005 visible en el folio 6 del expediente. 19 información que reposa en el acto administrativo contenido en la Resolución 0961 del 13 de febrero de 2015 por medio de la cual el ente territorial le acepta la renuncia a partir del 1º de marzo de 2015.

20 Es de advertir que las horas extras solo las devengó e hizo los aportes del año 2003 al 2007. 21 Información que obra en el expediente administrativo contenido en CD visible a folio 65 A Que laboró un total de: 10511 días, 1501 semanas. Que nació el 6 de octubre de 1946 y cuenta con 59 años de edad Que el último cargo desempeñado por el peticionario fue el de AUXILIAR TECNICO. Adquirió su estatus jurídico el 6 de octubre de 2001. Que la liquidación se efectúa con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 9 años y 2 meses conforme a lo establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y sentencia 168 del 20 de abril de 1995 de la Corte Constitucional entre el 01 de abril de 1994 el 30 de mayo de 2003.

FACTORES IPC PROMEDIO PROMEDIO PROPORCION

MENSUAL ACTUAL POR AÑO 1994 ASIGNACION BASICA 16.70 $193.319.00

BONIFICACION SERVICIOS PRES $9198.83

PRIMA DE ANTIGÚEDAD $27452.00 --------- --------------- 229.969.83 749646.09 62.961.0

RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago a favor del (a) señor (a) VELÁSQUEZ GUARNIZO JOSE VIRGILIO ya identificado (a) de una pensión mensual vitalicia por vejez, en cuantía de (542,028.22) M/Cte. efectiva a partir del 01 de junio de 2003. El peticionario de mostrar el retiro definitivo del servicio en los términos previstos por la ley para disfrutar esta

pensión […]»  Mediante Resolución 05011 del 20 de noviembre de 201222 la Secretaría de Educación de la Gobernación y Cultura del Tolima en virtud del proceso de homologación y nivelación salarial reconoció al personal administrativo adscrito a dicha dependencia el retroactivo salarial por el término comprendido entre del 1º de enero de 1997 al 31 de diciembre de 2009. Por las siguientes consideraciones: «Que la Secretaría de Educación y cul