CE-SECCION SEGUNDA-76001-23-31-000-2010-00978-02(1912-14)-2015

PENSION DE JUBILACION - Empresas municipales de Cali / REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS DEL ORDEN TERRITORIAL - Competencia / PENSION DE JUBILACION - Empleados territoriales / SITUACION JURIDICA CONSOLIDADA - Derecho adquirido / REGIMEN DE TRANSICION - Pensión de jubilación / PENSION DE JUBILACION - Reconocimiento con base en normas del orden municipal o departamental / PROTECCION ESPECIAL - Reconocimiento pensional Al referirse la norma objeto de estudio a situaciones pensionales reguladas por disposiciones del orden municipal y departamental ha de tenerse claro que: (a) no es la misma situación de aquellos que con anterioridad a la entrada en vigencia adquirieron su prestación con arreglo a la Ley, pues en el presente asunto, se reitera, la pensión se adquirió con fundamento en normas que, a pesar de presumirse legales, contrariaban el ordenamiento jurídico; (b) tampoco es la misma situación de los beneficiarios del régimen de transición, pues las expectativas ciertas que en este caso se pudieran tener provenían de normas ajustadas a la Constitución; y, (c) obedeció a la intención del legislador de no desconocer la situación que se había generado dentro de un marco normativo pensional disgregado. A su turno, es válido afirmar que dos son las situaciones pensionales que, a pesar de ser de origen extralegal, merecen protección por vía de la garantía de las situaciones consolidadas al amparo del artículo 146, así: (i) la de quienes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en el sector territorial, esto es el 30 de junio de 1995, tuvieran una situación jurídica

definida, esto es, que se les hubiera reconocido el derecho pensional; y, ii) la de quienes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en el sector territorial hubieran cumplido los requisitos exigidos por dichas normas, esto es, que hayan adquirido el derecho así no se les haya reconocido. Frente a esta conclusión, empero, cabe una precisión adicional. Aun cuando la norma habla de la protección de las pensiones extralegales, fundadas en disposiciones del orden municipal y departamental, adquiridas con anterioridad a la Ley 100 de 1993 y que el inciso final ídem dispuso que “las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente ley”, lo cierto es que de una interpretación armónica de todo el contenido de la Ley, y especialmente del artículo 151 de la misma, así como de la aplicación del principio de favorabilidad, esta Corporación ha entendido que la fecha última que ha de tenerse en cuenta para determinar la existencia o no de un derecho adquirido es el 30 de junio de 1995. Para determinar si las convenciones colectiva están dentro de aquellas situaciones que convalidó el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, la Sección mediante Sentencia de 29 de septiembre de 2011, consideró no se puede dejar de lado, que en el sector territorial, han existido múltiples regulaciones de carácter territorial que, aún sin competencia, han reglado y creado beneficios de índole pensional, y, por supuesto, se permitió la suscripción y el amparo de convenciones colectivas que han beneficiado y aplicado de manera general no sólo a los trabajadores oficiales, sino que también, a los empleados públicos.

PENSION DE JUBILACION - Convalidación / CONVALIDACION - Derecho adquirido / PENSION DE JUBILACION - Convención colectiva / RECONOCIMIENTO PENSION DE JUBILACION - Con base en convención colectiva Los empleados públicos de Emcali, eran beneficiarios del porcentaje señalado en la convención colectiva, cuando cumplieran los requisitos de tiempo y edad para el reconocimiento pensional, exigidos por la ley vigente al momento del reconocimiento pensional, requisito éste último que cuestiona la entidad demandante, pues según ella no se cumplió el señalado por la ley. Vistas las pruebas allegadas al plenario, es posible establecer que el demandado cumplió con los requisitos de tiempo y edad exigidos en las disposiciones legales anteriores, esto es, en la Ley 6 de 1945 que exigía 50 años de edad, y 20 años de servicio, pues ingresó a laborar el 23 de enero de 1963, lo cual indica que para la fecha en que entró en vigencia la Ley 33 de 1985, tenía más de 15 años de servicio. Así las cosas, es evidente que en el sub-lite se demostró que con ocasión del tiempo laborado por el demandado al servicio de EMCALI le fue reconocida la pensión de jubilación conforme al porcentaje establecido en la Resolución No. 104 de 4 de octubre de 1983, expedida por la Junta Directiva de dicha entidad, y en los requisitos exigidos por la Ley 6 de 1945, aplicable al demandado, por tener más de 15 años a la entrada en vigencia de la Ley 33. En conclusión, a pesar de los efectos ex tunc de la sentencia señalada, lo cierto es que la misma es de fecha

posterior al reconocimiento pensional, el cual quedaría amparado por haberse definido con antelación, generando en cabeza del demandado una situación particular y concreta que no puede ser desconocida por la declaratoria de nulidad del acto que le sirvió de soporte, y adicionalmente, por cuanto como ya se indicó, cualquier reconocimiento pensional efectuado antes del 30 de junio de 1995 quedó amparado por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 - ARTICULO 146 / LEY 6 DE 1945

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VELEZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil quince (2015).

Radicación número: 76001-23-31-000-2010-00978-02(1912-14)

Actor: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP Demandado: ADANGER ROJAS CARRILLO Ha venido el proceso de la referencia el día 3 de marzo de 20151, proveniente de la Secretaría de la Sección Segunda a efectos de dictar Sentencia de Segunda Instancia. En consecuencia, le corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia de 30 de enero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. 1 Informe visto a folio 246

I. ANTECEDENTES

1.1 LA DEMANDA

La parte actora por conducto de apoderado, interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el señor Adanger Rojas Carrillo, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución No. 2687 de 28 de diciembre de 1994, expedida por el Gerente General del Establecimiento Público, Empresas Municipales de Cali - EMCALI, hoy EMCALI EICE ESP, mediante la cual se le reconoció una pensión mensual de jubilación. Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, EMCALI solicitó ordenar la reliquidación y pago de las sumas canceladas al demandado por el acto administrativo acusado, desde el momento en que se efectuó el reconocimiento pensional hasta la fecha de ejecutoria de esta providencia, con sus respectivos intereses y ajustes monetarios conforme lo indica el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. 1.2 FUNDAMENTOS FÁCTICOS Para fundamentar sus pretensiones expuso los hechos que se resumen a continuación: El señor Adanger Rojas Carrillo se vinculó a las Empresas Municipales de Cali hoy EMCALI, EICE, ESP, el 23 de enero de 1963, siendo su último cargo el de Liquidador de Tiempo, Departamento de Relaciones Laborales, Sección de Prestaciones Sociales y Beneficios. Mediante Resolución No. GG9160 de 10 de febrero de 1994, expedida por la Gerencia General del Establecimiento Público Empresas Municipales de Cali EMCALI, se le aceptó la renuncia para entrar a gozar de su pensión de jubilación. Indicó que mediante Resolución No. 2687 de 28 de diciembre de 1994, expedida

por el Gerente General del Establecimiento Público Empresas Municipales de Cali - EMCALI, le fue reconocido el derecho a la pensión mensual vitalicia de jubilación, por haber laborado al servicio de EMCALI por 31 años, 8 meses, 5 días y, con 50 años de edad, en cuantía del 90% del promedio de los salarios y primas de toda especie recibidas en el último año de servicio, conforme a la convención colectiva. 1.3 NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN Como disposiciones violadas citó las siguientes: De la Constitución Política, el preámbulo, los artículos 1, 2, 4, 48, 83, 150 numeral 19 literales e y f; 1 de la Ley 33 de 1985; y 3, 4, 414, 416, 467 del Código Sustantivo del Trabajo. Informó que EMCALI estuvo constituido como establecimiento público del orden municipal hasta el 30 de diciembre de 1996 y que por orden del Acuerdo 014 de 26 de diciembre de 1996 del Concejo Municipal de Santiago de Cali, se transformó en Empresa Industrial y Comercial del Estado, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 17 y 41 de la Ley 142 de 19942, lo cual trajo consigo consecuencias jurídicas en el régimen prestacional aplicable a los servidores de la Empresa, conforme al artículo 16 del citado Acuerdo, en el que se señaló que el régimen legal de los trabajadores de EMCALI EICE ESP será el de los trabajadores oficiales; y excepcionalmente, ostentarán la calidad de empleados públicos quienes desarrollen actividades de dirección, confianza y manejo.

Señaló que la resolución demandada hizo un reconocimiento pensional no amparado en la Constitución ni en la ley, sino en una Convención Colectiva (19921993), de la que se dice es beneficiario la parte demandada. Mientras no se reúnan los requisitos legales para obtener el derecho a una pensión, tal aspiración constituye una mera expectativa lo que significa que el accionado no contaba con un derecho adquirido o una situación jurídica consolidada conforme a lo señalado por la Ley 100 de 1993, artículo 146. 2 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Dentro del término concedido para el efecto, el demandado mediante apoderado judicial contestó la demanda, en los siguientes términos3: Afirmó que el reconocimiento y pago de la pensión mensual vitalicia de jubilación del señor Rojas Carrillo, se expidió con fundamento en las normas generales y reglamentarias dictadas por EMCALI, y nunca se aplicó la convención colectiva.

Para la fecha en que se expidió el acto acusado no se había declarado la nulidad de la Resolución No. 104 que le sirvió de sustento.

III. LA SENTENCIA APELADA El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en Sentencia de 30 de enero de 2012, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, bajo los siguientes argumentos4: Los derechos pensionales reconocidos con fundamento en una convención colectiva, no se enmarcan dentro de los supuestos del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, toda vez que el soporte convencional en el cual se fundan, no tiene

carácter de disposición territorial, pues dicha norma solo amparó las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la vigencia de esa ley, con base en disposiciones municipales o departamentales, pero no frente a los derechos reconocidos con fundamento en una convención colectiva, pues no cumple tal condición. Concluyó que la pensión de jubilación del demandado fue reconocida en su condición de empleado público, y con base en la convención colectiva, razón por la cual, no es posible amparar la situación particular del señor Rojas Carrillo, por lo que declaró la nulidad parcial del acto demandado, pero solo en cuanto al porcentaje y monto de la pensión. 3 Ver folios 124-133 4 Folios 283-296

IV. EL RECURSO DE APELACION El apoderado del Señor Adanger Rojas Carrillo5, interpuso recurso de apelación contra la decisión del a-quo, en los siguientes términos: Si bien la Resolución No. 104 de 1983, fue declarada nula por el Consejo de Estado, al momento en que se otorgó la pensión al demandado, año 1994, gozaba de plena vigencia y legalidad, lo cual significa que el acto de reconocimiento pensional acusado contiene un derecho adquirido legalmente garantizado por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.

VI. CONSIDERACIONES 6.1 Problema jurídico Consiste en establecer si la pensión de jubilación reconocida a favor del señor Adanger Rojas Carrillo con base en una Convención Colectiva de Trabajo conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 104 de 19836 que concedió unos

beneficios extralegales a los empleados públicos de un establecimiento público del orden municipal, puede ampararse en virtud de lo señalado en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, aun cuando la disposición que le sirvió de soporte al reconocimiento pensional fue declarada nula por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 6.2 Acto acusado. La Resolución No. 2687 de 28 de diciembre de 1994, por medio de la cual el Gerente General del Establecimiento Público Empresas Municipales de Cali EMCALI, reconoció al señor Adanger Rojas Carrillo, el derecho a la pensión con el 5 En escrito visible a folios 174-185 6Expedida por el Gerente General de EMCALI, que extendió unos beneficios extralegales a los empleados públicos de dicha entidad. 90% del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidas en el último año de servicio, con efectividad a partir del 2 de octubre de 1994 y en cuantía de $871.800, por haber laborado al servicio de EMCALI, 31 años, 8 meses, 5 días, y tener 50 años de edad. 6.3 Análisis de la Sala.- Con fundamento en el problema jurídico señalado, y teniendo en cuenta que en el sub-lite se pretende el reconocimiento y pago de las sumas canceladas por las Empresas Municipales de Cali EMCALI, hoy EICE E.S.P. con ocasión del reconocimiento pensional efectuado al Señor Adanger Rojas Carrillo mediante el acto demandado, se procede a abordar el asunto que ocupa la atención de la Sala

en esta oportunidad, en el siguiente orden: (a) De la competencia para la fijación del régimen pensional de los empleados públicos; (b) De las situaciones definidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; (c) De la naturaleza jurídica de EMCALI y, (d) De la solución del caso concreto. (a) Competencia para la fijación del régimen pensional. El artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política de 1991, dispone: “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: ...19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos: ... e). Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública. ...”. En este orden de ideas, conforme a la Constitución Política de 1991, que no ha otorgado a otras autoridades la facultad de expedir normas sobre prestaciones sociales, corresponde al Congreso fijar las normas generales a las que se sujeta el Gobierno Nacional para fijar los requisitos y condiciones del reconocimiento de la pensión de jubilación de los empleados públicos7, por lo que, es ilegal cualquier disposición, referente a: (i) normas de carácter local como ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos, nacionales o departamentales, que regulen la materia; o, (ii) convenciones colectivas suscritas por los sindicatos de empleados públicos que establezcan disposiciones relativas a

esto tópico. A su turno, la Ley 4ª de 1992, dispuso en sus artículos 10 y 12, que el régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será el fijado por el Gobierno Nacional, y que cualquier régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la citada ley, o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional, carecerán de efecto y no creará derechos adquiridos. (b) Situaciones consolidadas conforme al artículo 146 de la Ley 100 de 1993. Las situaciones pensionales individuales definidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 con fundamento en disposiciones municipales o departamentales, a pesar de la ilegalidad de su fuente normativa, por existir un vicio de incompetencia, en virtud de lo establecido en el artículo 146 ibídem, deben dejarse a salvo. Al respecto, dispone la norma en cita: “Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes. También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido (o cumplan dentro de los dos años siguientes)8 los requisitos exigidos en dichas normas. Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las

7 Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-510 de 14 de julio de 1999, M. P. doctor Alfredo Beltrán Sierra, sostuvo: “El Constituyente de 1991, entonces, conservó el concepto que venía desde la reforma constitucional de 1968, en relación con la necesidad de la existencia de una competencia compartida entre el legislador y el ejecutivo en la regulación de determinadas materias, una de ellas la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre otros servidores del Estado, en donde la función del primero se debe limitar a establecer unos marcos generales, unos lineamientos que le circunscriban al segundo la forma como éste ha de desarrollar su actividad reguladora para los asuntos específicamente señalados por la propia Constitución.”. 8 Expresión entre paréntesis declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-410 de 1997. personas a que se refiere este artículo. Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente Ley.” (Negrilla y subraya fuera de texto). La Corte Constitucional mediante Sentencia C-410 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara, declaró la exequibilidad de este artículo y frente a las disposiciones Municipales y Departamentales en relación con las pensiones, dijo: “ [...] En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la Corporación, que los derechos adquiridos comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han consolidado y definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran garantizados, de tal forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones futuras, basado en la seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones.

(…) Por lo tanto, se declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo acusado, así como del inciso segundo, en la parte que reconoce el derecho a pensionarse con arreglo a las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales, para quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo hayan cumplido los requisitos exigidos en dichas normas. (…)” Del contenido normativo de la referida disposición cabe precisar los siguientes aspectos: Bajo el marco de una trascendental reforma al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, promovida a través de la Ley 100 de 23 de diciembre de 1993, es preciso afirmar que, como materialización de lo ordenado por los artículos 53 y 58 de la Constitución Política, su entrada en vigencia no conmovió aquellas situaciones pensionales que bajo el imperio de normas anteriores fueron adquiridas y que, en consecuencia, ingresaron al patrimonio de sus beneficiarios. Sin embargo, no sólo aquellas situaciones merecieron protección por parte de nuestro legislador. En este sentido, se precisó la necesidad de amparar a las personas que tenían una “expectativa cierta” de adquirir su derecho pensional bajo las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993 y que, seguramente, verían afectado su derecho al acceso efectivo a dicha prestación si se hubieran visto cobijados indefectiblemente por el nuevo régimen pensional. Así, bajo dos criterios, edad y tiempo de servicio a la fecha de entrada en vigencia del referido régimen general de pensiones, se consagró el derecho a la transición, el cual garantizó, por un tiempo adicional, la permanencia y aplicabilidad dentro de nuestro

ordenamiento jurídico de los regímenes pensionales vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 19939. Ahora bien, además de las dos situaciones descritas, la Ley 100 de 1993 en su artículo 146 consagró una protección especial para aquellos que con anterioridad a su entrada en vigencia adquirieron el derecho pensional con fundamento en normas municipales y departamentales. Veamos: - Tal como se explicó en el acápite anterior, en vigencia de la Constitución Política de 1886 la competencia para la fijación del régimen prestacional de los empleados públicos recayó en el Congreso; y, en vigencia de la Constitución Política de 1991 recae, de manera concurrente, en el Congreso y en el Ejecutivo Nacional. Por lo anterior, al referirse la norma objeto de estudio a situaciones pensionales reguladas por disposiciones del orden municipal y departamental ha de tenerse claro que: (a) no es la misma situación de aquellos que con anterioridad a la entrada en vigencia adquirieron su prestación con arreglo a la Ley, pues en el presente asunto, se reitera, la pensión se adquirió con fundamento en normas que, a pesar de presumirse legales, contrariaban el ordenamiento jurídico; (b) tampoco es la misma situación de los beneficiarios del régimen de transición, pues las expectativas ciertas que en este caso se pudieran tener provenían de normas ajustadas a la Constitución; y, (c) obedeció a la intención del legislador de no desconocer la situación que se había generado dentro de un marco normativo pensional disgregado. - A su turno, es válido afirmar que dos son las situaciones pensionales que, a pesar

de ser de origen extralegal, merecen protección por vía de la garantía de las situaciones consolidadas al amparo del artículo 14610, así: (i) la de quienes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en el sector territorial, esto es el 30 de junio de 199511, tuvieran una situación jurídica definida, esto es, que se les hubiera reconocido el derecho pensional; y, ii) la de quienes con 9 Artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 10 Estos dos eventos fueron objeto de pronunciamiento de exequibilidad a través de la Sentencia C-410 de 28 de agosto de 1997. 11 Parágrafo del artículo 151 de la Ley 100 de 1993. anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en el sector territorial hubieran cumplido los requisitos exigidos por dichas normas, esto es, que hayan adquirido el derecho así no se les haya reconocido12. Frente a esta conclusión, empero, cabe una precisión adicional. Aun cuando la norma habla de la protección de las pensiones extralegales, fundadas en disposiciones del orden municipal y departamental, adquiridas con anterioridad a la Ley 100 de 1993 y que el inciso final ídem dispuso que “las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente ley”, lo cierto es que de una interpretación armónica de todo el contenido de la Ley, y especialmente del artículo 151 de la misma, así como de la aplicación del principio de favorabilidad, esta Corporación ha entendido que la fecha última que ha de tenerse en cuenta para determinar la existencia o no de un derecho adquirido es el 30 de junio de 199513.

Para determinar si las convenciones colectiva están dentro de aquellas situaciones que convalidó el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, la Sección mediante Sentencia de 29 de septiembre de 201114, consideró no se puede dejar de lado, que en el sector territorial, han existido múltiples regulaciones de carácter territorial que, aún sin competencia, han reglado y creado beneficios de índole pensional, y, por supuesto, se permitió la suscripción y el amparo de convenciones colectivas que han beneficiado y aplicado de manera general no sólo a los trabajadores oficiales, sino que también, a los empleados públicos. En virtud de lo expuesto, se puede concluir, que aun cuando la Convención Colectiva fue emanada de autoridades incompetentes para la regulación del régimen pensional de los empleados públicos, dicha situación fue convalidada por expresa disposición del legislador a través del referido artículo 146 de la Ley 100 de 1993, cuya constitucionalidad fue avalada por el Órgano que de conformidad con la Constitución Política de 1991 es el encargado de mantener la guarda e 12 En el mismo sentido ver la sentencia de esta Corporación, Sección Segunda, Subsección B; de 4 de septiembre de 2008,

C. P. doctor Jesús María Lemos Bustamante; radicado interno No. 0699-2006; actor: Universidad del Valle del Cauca; así como también la Sentencia de la Sección Segunda, Subsección B, de 16 de febrero de 2006; C.P. doctor Tarsicio Cáceres Toro; radicado No. 2001-04783-01; actor: maría Antonia Solórzano Veloza.

13 Sentencia de la Sección Segunda, Subsección A, de 31 de julio de 2008, C.P. Doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicado interno No. 0218-2008, se consideró: “De conformidad con el artículo transcrito, sin lugar a dudas las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la Ley 100 de 1993 con fundamento en disposiciones territoriales sobre pensiones extralegales continuarían vigentes; asimismo, quienes antes de su entrada en vigencia obtuvieren los requisitos para pensionarse conforme a tales ordenamientos, tendrían derecho a la pensión en las condiciones allí establecidas, en aras de garantizar los derechos adquiridos”. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Sentencia de 29 de septiembre de 2011, Expediente No. 080012331000200502866 03 (2434-2011), Actor: Universidad del Atlántico. integridad del ordenamiento superior. (c) De la naturaleza jurídica de EMCALI. Dos momentos se deben tener en cuenta en relación con la naturaleza jurídica de las Empresas Municipales de Cali, hoy EMCALI EICE E.S.P, los cuales tendrán incidencia no solo en el régimen laboral, sino pensional aplicable a sus funcionarios. El primero de ellos, data desde la expedición del Acuerdo No. 50 de 1 de diciembre de 196115, expedido por el Concejo Municipal de Santiago de Cali, mediante el cual se creó el ESTABLECIMIENTO PÚBLICO EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, EMCALI, como organismo autónomo, con carácter legal

de establecimiento público descentralizado, con patrimonio propio, y con funciones de servicio público. Como establecimiento público del orden municipal que era, el régimen laboral de sus funcionarios, lo constituían por regla general los empleados públicos y, excepcionalmente los trabajadores oficiales quienes ejercían funciones de construcción y mantenimiento de obra pública. El parágrafo 1 del artículo 1716 de la Ley 142 de 1994, ordenó la transformación de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios constituidas como entidades descentralizadas del orden territorial, en sociedades por acciones o en empresas industriales y comerciales del Estado. Con ocasión de lo anterior, el Concejo Municipal de Santiago de Cali, mediante Acuerdo No. 14 de 26 de diciembre de 1996, transformó las empresas municipales de Cali, en empresa industrial y comercial del municipio, cuyo objeto era la 15 Modificado por los Acuerdos Nos. 82 de 1987 y 21 de 1992 del Concejo Municipal de Santiago de Cali. Ver folios 34-56 16Artículo 17. Naturaleza. Las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta Ley. Parágrafo 1o. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional, cuyos propietarios no deseen que su capital esté representado en acciones, deberán adoptar la forma de empresa industrial y comercial del estado. Mientras la ley a la que se refiere el artículo 352 de la Constitución Política no disponga otra cosa, sus presupuestos serán aprobados por las correspondientes juntas directivas. En todo caso, el régimen aplicable a las entidades descentralizadas de cualquier nivel territorial que presten servicios públicos, en todo lo que no disponga directamente la Constitución, será el previsto en

esta Ley. La Superintendencia de Servicios Públicos podrá exigir modificaciones en los estatutos de las entidades descentralizadas que presten servicios públicos y no hayan sido aprobados por el Congreso, si no se ajustan a lo dispuesto en esta Ley. Parágrafo 2o. Las empresas oficiales de servicios públicos deberán, al finalizar el ejercicio fiscal, constituir reservas para rehabilitación, expansión y reposición de los sistemas. prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, acueducto y alcantarillado. La citada transformación de la naturaleza jurídica surtió efectos a partir del 1 de enero de 1997, conforme lo señaló el parágrafo II del artículo 4 del citado acuerdo y, el régimen legal de los trabajadores de EMCALI, por regla general pasó a trabajadores oficiales. En los estatutos internos de la entidad se precisarían qué actividades de dirección y confianza deberían ser desempeñadas por empleados públicos, teniendo en cuenta el objeto y las funciones de la empresa17. El régimen laboral de sus funcionarios sería entonces el señalado por el artículo 518 del Decreto 3135 de 1968, por remisión expresa que hiciera el artículo 4119 de la mencionada Ley 142 de servicios públicos. Así las cosas, obsérvese como, respecto de la referida transformación cambió el régimen laboral de sus empleados, pues hasta el 31 de diciembre de 1996, la regla general era que el personal de EMCALI lo constituían los empleados públicos y la excepción sería los trabajadores oficiales, por el contrario ahora,

EMCALI a partir de 1 de enero de