CE-SECCION SEGUNDA-76001-23-31-000-2010-01415-02(1423-17)-2018

PENSION DE JUBILACION - Convalidación / REGIMEN PENSIONAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS - Competencia / CONVALIDACION - Derecho adquirido / PENSION DE JUBILACION - Convención colectiva / RECONOCIMIENTO DE PENSION DE JUBILACION - Con base en convención colectiva De acuerdo con la motivación del acto demandado el derecho pensional fue reconocido con fundamento en la resolución expedida por la Junta Directiva del establecimiento público de Empresas Municipales de Cali, EMCALI, de conformidad con la cual, la entidad territorial dispuso que los empleados públicos que cumplieran los requisitos establecidos en la ley y en los reglamentos vigentes de EMCALI, se les reconocería una pensión de jubilación con el 90% del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidas por el empleado durante el último año. En síntesis, el señor Peña Henao consolidó su situación jurídica particular con anterioridad a la entrada en vigencia del Sistema de Seguridad Social en Pensiones en el nivel territorial, de manera que el reconocimiento pensional a su favor, conserva su presunción de legalidad. Así mismo, frente al argumento de la parte demandante referido a la desaparición de los fundamentos legales del acto demandado, esto con ocasión de la declaratoria de nulidad de la Resolución 0104 de 14 de octubre de 1983, la Sala dirá que si bien el juzgamiento de la legalidad de un acto administrativo general se realiza respecto de la observancia o no de las normas legales a las cuales debía sujetarse su expedición, esta situación jurídica debe distinguirse de la intangibilidad de los actos individuales producidos durante su vigencia y con ocasión de los cuales se

consolidan diversas situaciones jurídicas e incluso derechos adquiridos que deben de ser garantizados, máxime cuando esos últimos continúan amparados por la presunción de legalidad. Ahora bien, como quiera que el señor Peña Henao consolidó su situación jurídica particular con anterioridad a la entrada en vigencia del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, es coherente precisar que el acto acusado, por el cual se efectuó el reconocimiento pensional a su favor, conserva su presunción de legalidad; y bajo este supuesto, el acto de sustitución pensional se mantiene incólume por virtud de la convalidación prevista en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 - ARTICULO 146 / LEY 6 DE 1945

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION B

Consejero ponente: CESAR PALOMINO CORTES

Bogotá, D.C., siete (7) de junio de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 76001-23-31-000-2010-01415-02(1423-17)

Actor: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP

Demandado: ERNESTINA PEREZ MURIEL COMO SUSTITUTA DE LA

PENSION RECONOCIDA AL SEÑOR EDINSON PEÑA HENAO

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - DECRETO 01

DE 1984. ASUNTO: EMPLEADOS PÚBLICOS - NIEGA LA CONVALIDACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY 100 DE 1993 DE LA PENSIÓN

DE JUBILACIÓN RECONOCIDA CON FUNDAMENTO EN NORMAS DE

ENTIDAD DEL ORDEN MUNICIPAL.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 19 de noviembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión que negó las pretensiones de la demanda presentada por las Empresas Municipales de CaliEMCALI E.I.C.E. E.S.P., contra la señora Ernestina Pérez Muriel.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda Mediante apoderada judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del CCA, Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P., en adelante EMCALI, solicitó la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución Boletín 2092 de 25 de septiembre de 1995 y en el oficio 800-GA-000948 de 29 de junio de 2007, proferidos por la Gerencia Administrativa del Departamento de Relaciones Laborales de las Empresas Públicas de Cali, por medio de los cuales la referida entidad reconoció y ordenó el pago de la pensión mensual de jubilación al señor Edinson Peña Henao y reconoció a la señora Ernestina Pérez Muriel como sustituta pensional del causante, respectivamente.

Como restablecimiento del derecho solicitó la reliquidación, el pago y reintegro a favor de la entidad de las sumas pagadas como consecuencia del reconocimiento pensional efectuado sin el cumplimiento de los requisitos legales, en los términos

del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA). Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda, en síntesis, son los siguientes1:  El señor Edinson Peña Henao se vinculó a las Empresas Municipales de Cali - EMCALI - mediante acto administrativo de 26 de octubre de 1971.  A través de la Resolución 2793 de 26 de mayo de 1995 el Gerente General de las Empresas Municipales de Cali - EMCALI, aceptó a partir del 30 de mayo de 1995 la renuncia presentada por el señor Edinson Peña Henao al cargo de Jefe de Grupo de Solicitudes y Reclamos, Gerencia Comercial, Categoría 073, Código de Cargo 132.067, Code 11700311, Grupo de Solicitudes y Reclamos, Sección Atención y Venta de Servicios, Departamento Atención Comercial, Gerencia Comercial2.  Teniendo en cuenta lo anterior, el Gerente General de las Empresas Municipales de Cali - EMCALI mediante la Resolución Boletín 2092 de 25 de septiembre de 1995, reconoció el derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación a favor del señor Edinson Peña Henao3. Normas violadas y concepto de violación En la demanda se citaron como normas vulneradas las siguientes: Constitución Política: el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 48, 83 y 150 numeral 19 literal e). Ley 33 de 1985: artículo 1.

Código Sustantivo del Trabajo: artículos 3, 4, 414, 416 y 467.

Al explicar el concepto de violación se sostuvo que:

El señor Edinson Peña Henao laboraba para EMCALI como empleado público, razón por la cual no le era aplicable la convención colectiva de trabajo suscrita 1 Folio 84 a 86 2 Folio 9 cuaderno de medidas 3 Folio 11 a 12 para los trabajadores oficiales de esa empresa industrial y comercial del orden municipal. Señaló que la Resolución Boletín 2092 de 25 septiembre de 1995 es inconstitucional e ilegal dado que el soporte jurídico del acto administrativo que reconoció los derechos pensionales del empleado público fue declarado nulo mediante una orden judicial. Adujo que EMCALI le reconoció una pensión de jubilación al señor Edinson Peña Henao sin el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales y en un monto superior al que tenía derecho, situación que le ha generado perjuicios a la entidad.

2. De la solicitud de suspensión provisional En escrito separado, la parte actora solicitó la suspensión provisional de los actos por los cuales se reconoció y sustituyó la pensión de jubilación del señor Edinson Peña Henao, al considerar que era manifiestamente contrario a las normas superiores4.

Esta petición fue resuelta de manera desfavorable por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en auto del 14 de octubre de 2010, al considerar que para establecer la vulneración aludida se requería un estudio de fondo de la pretensión de nulidad, puesto que no se apreciaba, por simple confrontación, la manifiesta violación de los actos acusados de las normas superiores invocadas como vulneradas5. Mediante escrito radicado el 2 de noviembre de 2010, la parte actora interpuso

recurso de apelación contra esa decisión y en auto de 29 de enero de 2015, esta Corporación confirmó la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó la suspensión provisional de los actos demandados6. 4 Folios 72 a 74 cuaderno de medidas 5 Folio 77 a 81 6 Folio 130 a 136 cuaderno de medidas

3. Contestación de la demanda La señora Ernestina Pérez Muriel, a través de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos7: Sostuvo que el derecho pensional del causante se consolidó el 30 de mayo de 1995, con fundamento en los beneficios establecidos para los empleados públicos en la Resolución 104 de 1983 y no en la convención colectiva de trabajo, como equivocadamente quiere plantearlo la demandante.

Adujo que la declaratoria de nulidad de la Resolución 104 de 1983 fue decretada por el Consejo de Estado con posterioridad al reconocimiento pensional del causante, por lo cual los actos proferidos con fundamento en esa norma, conservan su presunción de legalidad y contienen un derecho adquirido en favor de su titular. Precisó que el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, reconoce la vigencia de las prestaciones definidas con anterioridad a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones y en el caso concreto, el señor Edinson Peña Henao a la fecha de su retiro, esto es el 30 de mayo de 1995, ya había cumplido con los requisitos exigidos en las normas aplicables para su reconocimiento pensional. Propuso las excepciones de i) ineptitud sustantiva de la demanda; ii) inexistencia

del derecho; iii) cobro de lo no debido; iv) buena fe; v) prescripción y vi) innominada.

4. La sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 19 de noviembre de 2015, negó las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos8: 7 Folios 103 a 120 8 Folios 359 a 370

Señaló que las excepciones propuestas están dirigidas a discutir asuntos del fondo de la controversia, por lo que su estudio estaría comprendido en la decisión del proceso. Destacó que con la expedición de la Constitución Política de 1991, la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos se asignó al Gobierno Nacional, el cual se encuentra sujeto a la ley marco que para el efecto expida el Congreso. Indicó que las autoridades u organismos del sector territorial, entre ellos las empresas industriales y comerciales, carecen de competencia para proferir normas que establezcan las condiciones o requisitos para realizar reconocimientos pensionales. Sin embargo, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 convalidó las situaciones jurídicas individuales que en materia de pensión de jubilación habían sido reconocidas por actos jurídicos emanados de autoridades territoriales, o por convenciones colectivas de trabajo, donde también intervino la aquiescencia de la autoridad administrativa. Expresó que, conforme lo ha explicado el Consejo de Estado, las situaciones jurídicas consistentes en el goce de los derechos pensionales con fundamento en normas municipales o departamentales cuyos beneficiarios son empleados públicos, como es el caso de EMCALI, y que se hayan consolidado antes del 30

de junio de 1995, quedaron convalidadas por voluntad del legislador al expedir la Ley 100 de 1993. Sostuvo el Tribunal para el caso concreto, que el reconocimiento de la pensión a favor del señor Edinson Peña Henao, se efectuó conforme con los beneficios extralegales y su derecho pensional quedó convalidado a la luz de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, lo anterior dado que “(…) para la fecha en que el máximo órgano Constitucional profirió la sentencia C-410 (28 de agosto de 1997), el señor Edinson Peña Henao q.e.p.d., se encontraba con su situación jurídica definida (…)”9; en consecuencia, estimó que el causante contaba con un derecho pensional consolidado de conformidad con lo dispuesto en la citada norma. 9 Folio 369

5. Fundamentos del recurso de apelación El apoderado de EMCALI presentó recurso de apelación contra la anterior providencia, con los argumentos que se sintetizan a continuación10: Expresó que el régimen general de pensiones contenido en las Leyes 6 de 1945 y 33 de 1985, es aplicable al causante; sin embargo, atendiendo a las disposiciones convencionales, le fue reconocido al señor Edinson Peña Henaouna pensión cuyo monto es superior al que tiene derecho.

Reiteró que la Resolución 0104 del 4 de octubre de 1983, que es el fundamento jurídico del acto administrativo demandado, fue declarada nula por el Consejo de Estado, por lo que el acto de reconocimiento pensional perdió su fuerza ejecutoria.

6. Alegatos de conclusión Mediante auto de 11 de agosto de 2017 se corrió traslado a las partes para que

presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo11. La señora Ernestina Pérez Muriel mediante apoderado, señaló que el causante consolidó su derecho el 30 de mayo de 199512. Añadió que de acuerdo con la Convención Colectiva de trabajo suscrita entre EMCALI y SINTRAEMCALI se dispuso en favor de su cónyuge, el reconocimiento de una pensión mensual de jubilación equivalente al 90% de todo lo devengado durante su vida laboral. Señaló que dada la calidad de empleado público que tenía el causante no era dable beneficiarse de convenciones colectivas, aspecto que fue desconocido por la entidad demandante; sin embargo, precisó que si bien el acto administrativo demandado se profirió sin observancia de las normas legales que regían la materia, esta situación se saneó por virtud de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993. 10 Folios 371 a 375 11 Folio 386 12 Folio 387 a 397 El Ministerio Público, en concepto rendido el 21 de septiembre de 2017, después de realizar un recuento de los hechos que dieron origen a la demanda, señaló que: “(...) Considera procedente la prevalencia de los derechos adquiridos, en los casos de las pensiones reconocidas con base en normas de carácter territorial, siempre y cuando se acredite que el cumplimiento de los requisitos exigidos se encuentren debidamente consolidados hasta inclusive dos años después de haber entrado en vigencia la Ley 100 de

1993. Para dichas entidades hasta el 30 de junio de 1997, así su reconocimiento sea en forma posterior”13.

En razón de lo anterior, solicitó a esta Corporación confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda presentada por las Empresas Municipales de Cali - EMCALI - contra la señora Ernestina Pérez Muriel. La parte demandante guardó silencio en esta etapa procesal14.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 impone a los jueces la obligación de proferir sentencias en el orden en que cada uno de los procesos haya pasado al despacho para tal efecto, sin que hubiere lugar a alterarse dicho orden. Así se observa en la

citada norma: “(…) ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los 13 Folio 404 14 Folio 405 asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social. (…)”. No obstante lo anterior, el legislador mediante la Ley 1285 de 22 de enero de 2009, por la cual se reformó la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, en su artículo 16 estableció la posibilidad de que el Consejo de Estado, en sus Salas o Secciones, sometieran a estudio y aprobación los proyectos de

sentencia con carácter preferente, esto es, sin atender el estricto orden de entrada al despacho, cuando la decisión adoptada entrañe únicamente reiteración de su jurisprudencia. Así las cosas, teniendo en cuenta que esta Sección mediante sentencias de 31 de octubre de 201315 y 24 de octubre de 201216 y esta Subsección en sentencias de 6 de abril17 y 21 de abril de 201718, ya ha resuelto asuntos cuyo problema jurídico guarda identidad con el que hoy formula la parte demandante, la Sala en el caso concreto, entrará a desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 19 de noviembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, sin atender el orden y fecha en que el presente asunto entró para fallo al despacho que sustancia esta causa.

2. Problema jurídico En el caso concreto, deberá precisar la Sala si en virtud del artículo 146 de la Ley 100 de 1993 procede la convalidación de la pensión de jubilación reconocida en favor del señor Edinson Peña Henao con fundamento en la Resolución 104 de 1983 expedida por las Empresas Municipales de Cali - EMCALI -.

3. Hechos probados 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Bertha Lucía Ramírez Páez (e), proceso con radicado Nº 08001-23-31-000-2003-01742-02, número interno 1602-2013. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero, proceso con radicado Nº 08001-23-31-000-2007-01004-02, número interno 0858-2012.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección “B” Consejero

Ponente: César Palomino Cortés Bogotá, D. C., seis (06) de abril de dos mil diecisiete (2017). Radicado: 76001 23 31 000 2010 01196 02, Número Interno: 3226-2014, Actor: Empresas Municipales De Cali - Emcali E.I.C.E. E.S.P. Demandado: Elizabeth López Osorio 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección “B” Consejero

Ponente: César Palomino Cortés Bogotá, D. C., Radicado: 76001 23 31 000 2010 01075 02 Número interno: 4339-2014, actor: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P. Demandado: Herney Charria Segura i) EMCALI fue creada como un Establecimiento Público a través del Acuerdo 50 del 29 de noviembre de 1961 del Concejo Municipal de Santiago de Cali, publicado el 1º de diciembre de la misma anualidad19. ii) Por medio de la Resolución 2793 de 26 de mayo de 1955 el Gerente General de las Empresas Municipales de Cali - EMCALI, aceptó la renuncia a partir del 4 de febrero de 1995 presentada por el señor Edinson Peña Henao al cargo de Jefe de Grupo de Solicitudes y Reclamos, Gerencia Comercial, Categoría 073, Código de Cargo 132.067, Code 11700311, Grupo de Solicitudes y Reclamos, Sección

Atención y Venta de Servicios, Departamento Atención Comercial, Gerencia Comercial20. iii) La Gerente Administrativa del Establecimiento Público Empresas Municipales de Cali, expidió la Resolución Boletín 2092 de 25 de septiembre de 1995, por medio de la cual resuelve “reconocer y pagar al señor Edinson Peña Henao (…) pensión mensual de Jubilación a partir del 4 de febrero de 1995(…)”21. iv)De acuerdo con el Oficio 800-GA-000948 del 29 de junio de 2007, en el que se indicó que demostrada la calidad de beneficiaria, por su condición de cónyuge supérstite, en los términos establecidos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, EMCALI E.I.C.E E.S.P., procedió al reconocimiento de la sustitución pensional a partir del 28 de julio de 2006 a favor de la señora Ernestina Pérez Muriel22. v) Para ajustarse al marco de la Ley 142 de 1994 sobre servicios públicos domiciliarios, el Concejo Municipal de Santiago de Cali, a través del Acuerdo 14 del 26 de diciembre de 1996, transformó a EMCALI de Establecimiento Público a vi)Empresa Industrial y Comercial del Estado -EICEE.S.P23.

4. Marco normativo y jurisprudencial del régimen pensional de los empleados públicos y la competencia para fijarlo. 19 folios 16 a 24 20 Folios 9 cuaderno de medidas 21 Folios 11 a 14 cuaderno de medidas 22 Folio 171 23 Folios 25 a 36

La Constitución de 1886 en su artículo 62 numeral 1 estableció como facultad

propia del Congreso de la República la reglamentación del régimen prestacional de los servidores públicos: “ARTICULO 62: La ley determinará los casos particulares de incompatibilidad de funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los casos no previstos en la Constitución, las condiciones de ascenso y de jubilación y la serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del Tesoro Público. El Presidente de la República, Los Gobernadores, los Alcaldes y en general todos los funcionarios que tengan facultad de nombrar y remover los empleados administrativos, no podrán ejercerla sino dentro de las normas que expida el Congreso, para establecer y regular las condiciones de acceso al servicio público, de ascensos por mérito y antigüedad, y de jubilación, retiro o despido …” En el artículo 76 de la anterior Carta Política se disponía: “ARTÍCULO 76: Corresponde al Congreso hacer las leyes: por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones:

1. Interpretar, reformar y derogar las leyes preexistentes;… 10 Regular los otros aspectos del servicio público, tales como los contemplados en los artículo 62, 132 y demás preceptos constitucionales…” El Congreso de la República quedó dotado de forma exclusiva para regular aspectos relacionados, entre otros, con el acceso y retiro del servicio público y la jubilación de los servidores estatales, teniendo competencia para expedir las leyes reguladoras de la materia, a las que quedaban sujetos el Presidente de la República, los Gobernadores y Alcaldes. En razón de dicha prerrogativa se dio

paso a la expedición sucesiva de leyes que en concreto regularon el asunto fijando de forma específica las prestaciones de los funcionarios del Estado. Dentro de este conjunto normativo se destacan la Ley 6 de 1945 que consagró el régimen pensional para los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional, haciéndose extensiva a los empleados territoriales, y que fijó como edad pensional 50 años. Posteriormente, se expidieron los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 que además de dar una clasificación concreta a los servidores del Estado, definieron las prestaciones sociales que a cada uno de ellos correspondía. Luego surgió la Ley 4ª de 1976 concerniente a las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes y en el sector privado. Posteriormente, se expidió la Ley 33 de 1985, que definió las prestaciones para el sector público de todos los niveles, equiparando la edad de la mujer con la del hombre en 55 años, a efectos de adquirir el derecho a la pensión de jubilación y estableciendo su cuantía en 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año; esta norma en su artículo 1º consagró un régimen de transición. Por su parte, la Constitución de 1991 otorgó al Gobierno Nacional la facultad indelegable de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, pero siempre bajo los criterios establecidos por el Congreso de la República en la

ley marco correspondiente. Indica la norma: “ARTÍCULO 150: Corresponde al Congreso hacer las leyes, por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…)

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: (…) e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública f) Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales g) Estas funciones en lo pertinente a prestaciones oficiales son indelegables en las corporaciones públicas territoriales y estas no podrán arrogárselas…” Dicha competencia fue reiterada por el artículo 1º de La Ley 4ª de 1992, ley marco que estableció las normas generales para determinar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

En este sentido, la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos es una competencia que la Constitución y la ley reservaron de manera exclusiva al Gobierno Nacional, con observancia de los parámetros dados por el Congreso de la República, en virtud de los cuales es claro que no es dable a otro organismo arrogarse dicha facultad. Siendo así, resultan ilegales las normas de carácter local, como ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos bien sean nacionales o del orden departamental, que regulen la materia, y las convenciones colectivas en las que se consagren prerrogativas contra legem24. Bajo el marco constitucional y legal expuesto, no resulta posible pactar la fijación

de un reglamento especial para el reconocimiento de las pensiones de jubilación y vejez de los empleados de los establecimientos públicos o de las empresas industriales y comerciales del Estado, concediendo prerrogativas superiores a las legales, puesto que estos derechos prestacionales sólo podían y pueden ser regulados por el Congreso de la República como en efecto lo hizo a través de las Leyes 6 de 1945, 4 de 1975 y 33 de 1985, entre otras. No obstante lo anterior, es preciso tener en cuenta que con posterioridad a la expedición de la Carta Política de 1991 el legislador, considerando que en el nivel territorial existían regímenes prestacionales contrarios a la Constitución y a la ley, avaló dichas situaciones en materia pensional. Así al expedir la Ley 100 de 1993, previó en su artículo 146: “Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o sus organismos descentralizados, continuarán vigentes. También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido [o cumplan dentro de los dos años siguientes]25 los requisitos exigidos en dichas normas. Lo dispuesto en la presente ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo. Las disposiciones de este artículo regirán desde la sanción de la

presente ley". Dentro de las razones que expuso la Corte Constitucional en la Sentencia C-410 de 1997 para declarar la exequibilidad parcial del artículo precedente está la protección de los derechos adquiridos, al señalar: 24 En el mismo sentido se pronunció la Sala en sentencia del 23 de julio de 2009. Radicación 250002325000200403143 01 (1620-07). Actor: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. 25 Aparte declarado inexequible mediante sentencia C-410 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara. “De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la ley 100 de 1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por disposiciones municipales y departamentales, deben continuar vigentes. Por lo tanto, se declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo acusado, así como del inciso segundo, en la parte que reconoce el derecho a pensionarse con arreglo a las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales, para quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo hayan cumplido los requisitos exigidos en dichas normas. Ello con fundamento en la garantía de los derechos adquiridos, reconocida por el artículo 58 superior, por tratarse de situaciones adquiridas bajo la vigencia de una ley anterior al nuevo régimen de segundad social (ley 100 de 1993). No sucede lo mismo con la expresión contenida en el citado inciso segundo acusado, en virtud de la cual tendrán igualmente derecho a pensionarse con fundamento en las disposiciones señaladas, quienes

cumplan "dentro de los dos años siguientes" los requisitos exigidos en dichos preceptos para pensionarse. A juicio de la Corte, ello quebranta el ordenamiento superior, ya que equipara una mera expectativa con un derecho adquirido. Ello impide que los que están próximos a pensionarse -es decir, dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la leyy que tan solo tienen una mera expectativa de adquirir el derecho, puedan hacerse acreedores a los beneficios propios de la ley 100 de 1993”. La norma en comento guarda armonía con el artículo 11 ibídem que dispone: “El Sistema General de Pensiones consagrado en la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando y respetando, adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores (…) para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una Pensión o se encuentren pensionados por jubilación (…)”. La Sala estableció su criterio a partir de la sentencia de Sala Plena de la Sección Segunda del 29 de septiembre de 2011, y estimó que la convalidación de reconocimientos pensionales de orden territorial, consolidados antes de la expedición de la Ley 100 de 1993 cobija por igual a los actos administrativos unilaterales de los entes territoriales y a los actos administrativos por medio de los cuales se da aplicación a convenciones colectivas26. 26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, sentencia del 29 de septiembre de 2011, expediente con radicado 080012331000200502866 03 y número interno 2434En efecto, según el texto del artículo 146 de la Ley 100 de 1993 la vigencia de las “situaciones jurídicas de carácter individual” hace referencia a las que se basen en “disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales a favor de empleados o servidores públicos”, sin hacer distinción en torno a la fuente jurídica de tales disposiciones de naturaleza territorial. Así, se consideró en la sentencia en comento que: “La convención colectiva de trabajo en este caso surgió por la negociación contractual y consensual celebrada entre el sindicato y los directivos de la Unive