CE-SECCION SEGUNDA-76001-23-33-000-2012-00342-01(4168-16)-2018

PENSION DE JUBILACION – Reconocimiento con base en normas territoriales / CONVALIDACION – Pensión de jubilación / DERECHO ADQUIRIDO – Convalidación / UNIVERDIDAD DEL VALLERequisitos para otorgar pensión de jubilación / CONSOLIDACIÓN DE SITUACIÓN PENSIONAL ANTES DEL 30 DE JUNIO DE 1997 - Respeto a derechos adquiridos como situación jurídica consolidada / [A]l entrar a verificar la situación de la parte actora, se tiene que ingresó a la Universidad del Valle el 6 de febrero de 1974, por lo que a 30 de junio de 1997 acreditó 50 años de edad y 23 años, 4 meses y 24 días de servicio circunstancia que la hace beneficiaria del amparo previsto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, pues como ya se vió para la fecha límite que consagró la citada disposición, cumplía con los requisitos de que trata el artículo 21 de la Resolución 119 de 1976 que señala: «sin perjuicio de que el empleado pueda beneficiarse de otras normas que siéndoles aplicables puedan favorecerlo, de conformidad con el ordenamiento jurídico del país la Universidad jubilara a sus empleados al cumplir 20 años de servicios en entidades oficiales y 50 de edad de acuerdo a la siguiente tabla. [...]..c) Quien haya prestado sus servicios a la Universidad del Valle durante un periodo de 15 a 20 años o más se jubilará con el 100% del último salario.» En razón de lo anterior y acatando las directrices señaladas por la Corte Constitucional, los presupuestos del artículo 146 de la Ley 100 de 1993 le son

aplicables a la señora Selma Cifuentes Berrio, teniendo en cuenta que consolidó su situación pensional antes del 30 de junio de 1997 y por ende tiene vocación de prosperidad la garantía del respeto a su derechos adquiridos como situación jurídica consolidada, razón suficiente para denegar los argumentos que sustentan el recurso de apelación interpuesto por el ente universitario y confirmar la decisión de primera instancia.

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTICULO 146

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 76001-23-33-000-2012-00342-01(4168-16)

Actor: SELMA CIFUENTES BERRIO Demandado: UNIVERSIDAD DEL VALLE Apelación sentencia. Reconocimiento pensión de jubilación Le corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 2 de junio de 2016, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda instaurada por la señora Selma Cifuentes Berrío.

1. Antecedentes 1.1. La demanda 1.1.1. Pretensiones En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó

demanda en orden a obtener la nulidad de la Resolución 318 de 9 de febrero de 2005, por medio de la cual el rector de la Universidad del Valle reconoció una pensión de jubilación en los términos establecidos en la Ley 33 de 1985. De igual manera, deprecó la nulidad de los oficios R-0372-2011 de 28 de marzo de 2011, por medio de la cual Univalle denegó la nivelación de la pensión con base en el régimen especial consagrado en la Resolución 119 de 1976; y, R-11572011 de 5 de octubre de 2011, que denegó la indexación de la primera mesada pensional. A título de restablecimiento del derecho solicitó de la entidad demandada, que proceda a reliquidar su pensión de jubilación, teniendo en cuenta el 100% del salario devengado en el último año de servicios, incluyendo una doceava parte de las primas pagadas en ese año de servicios; que se actualicen los valores previamente solicitados de acuerdo al índice de precios al consumidor; y, que se cancelen los perjuicios morales en la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 1.1.2. Hechos Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes: 1.1.2.1. Adujo que se vinculó entre el 8 de mayo de 1968 y el 8 de mayo de 1970 en la Empresa Puertos de Colombia y luego se desempeñó en un cargo no docente en la Universidad del Valle entre el 6 febrero de 1974 y el 21 de noviembre de 2004, acreditando un total de tiempo de servicios de 30 años, 9

meses y 16 días 1.1.2.2. Narró que adquirió la condición de pensionada el 22 de noviembre de 2004, fecha para la cual Univalle le reconoció la pensión a través de la resolución de rectoría 318 de 9 de febrero de 2005 teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985. 1.1.2.3. Manifestó que con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993, la universidad contaba con un régimen especial según el cual los servidores administrativos y docentes se jubilaban con 50 años de edad, 20 de servicios, y con el 100% del salario del último año laborado, más las doceavas partes de las primas percibidas, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 004 de 1984 y las Resoluciones 119 y 260 de 1976 proferidas por el consejo directivo. 1.1.2.4. Dijo que por cumplir los requisitos expuestos en las líneas anteriores, solicitó el reconocimiento de tal pensión al ser beneficiaria de la convalidación de que trata el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, petición que fue denegada a través de la Resolución 318 de 2005. 1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación Como tales se señalan los artículos 13, 48, 53, 58, 243 y 366 de la Constitución Política; 11, 36, 146, 151, 272, 288 y 289 de la Ley 100 de 1993; 1 de la Ley 33 de 1985; 115 de la Ley 1395 de 2010; los Acuerdos 004 de 1984 y 004 de 1995

expedidos por el consejo superior de la Universidad del Valle; y, las resoluciones de rectoría 119 y 260 de 1978. Al desarrollarse el concepto de la violación de las anteriores normas, señaló que la Universidad del Valle cuenta con un régimen especial para que sus servidores públicos se jubilen, el cual se encuentra contenido en el Acuerdo 004 de 19841 y las Resoluciones 119 y 260 de 1976, dictadas por el Consejo Directivo, que establecen que tal establecimiento educativo jubilará a sus empleados al cumplir 20 años de servicios en entidades oficiales, 50 años de edad, y liquidará la prestación con base en el 100% de lo devengado en el último año de servicios. Refirió que la demandada ha mantenido vigente su régimen especial mediante acuerdos del propio Consejo Superior, la creación de la Junta de Seguridad Social, sus comunicados y las circulares del rector, en virtud de los cuales se siguieron pensionando sus servidores públicos docentes y administrativos, demostrando su vigencia, tal como ha sido planteado en diversas sentencias del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Adicionalmente, planteó que los actos administrativos que contienen el régimen de jubilación citado no han sido demandados en simple nulidad, por lo que gozan de la presunción de legalidad. 1 Por el cual se expide el estatuto del personal administrativo. Indicó que para el caso de la demandante, a pesar de que nunca se ha controvertido que cumple con los requisitos del régimen especial de la Universidad del Valle, fue equivocadamente pensionada sin dar aplicación a la normatividad

referida, lo cual vulnera su derecho a la igualdad frente a otros servidores públicos de dicha institución, que reciben mesadas equivalentes al 100% de su último salario. Finalmente, transcribió apartes de la sentencias T-292 de 2006 y de la dictada el 31 de julio de 2008 por esta sección, cuyo ponente fue el Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en las que se hizo referencia al contenido del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, en lo atinente a la vigencia de situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a dicha normativa con fundamento en disposiciones territoriales sobre pensiones extralegales. 1.2. La contestación de la demanda La Universidad del Valle, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que la pensión reconocida responde a un justo título, así como su liquidación. Precisó que el régimen extralegal expedido sin competencia por la Universidad del Valle a través de las Resoluciones 119 y 260 de 1976 y el Acuerdo 04 de 1984, fue derogado por la Resolución 117 del 9 de noviembre de 1987 del Consejo Superior, que dispuso que los empleados públicos docentes y administrativos que al 29 de enero de 1985 se encontraren en cualquiera de las situaciones previstas en los parágrafos segundo y tercero del artículo primero de la Ley 33 de 1985, se jubilarán con las disposiciones anteriores a la vigencia de dicha ley y que los demás empleados públicos lo harían bajo dichas normas. Conforme lo anterior, refirió que resulta errado que la demandante alegue tener un

derecho adquirido digno de ser convalidado a partir de lo establecido por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, dado que la norma que le resulta aplicable es la Ley 33 de 1985, en virtud del régimen de transición previsto en el artículo 36 ibidem. 1.3. La sentencia apelada El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 2 de junio de 2016, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, para lo cual declaró la nulidad parcial de la Resolución 318 de 9 de febrero de 2005 y de manera total, el oficio R-0372 de 28 de marzo de 2011, por medio de los cuales se negó el reconocimiento y pago de la mesada pensional en favor de la señora Selma Cifuentes Berrío conforme al régimen especial de la Universidad del Valle y en consecuencia, ordenó a la institución reconocer y pagar la mesada pensional conforme al régimen interno de la universidad, a partir del 22 de octubre de 2007, por haber operado la figura de la prescripción trienal. Denegó las demás súplicas de la demanda. Señaló que la Universidad del Valle estaba en la obligación de ajustarse a lo dispuesto en el artículo 150, ordinal 19, literal e) de la Constitución Política, así como a lo preceptuado por los artículos 10 y 12 de la Ley 4.ª de 1992 que regulan el régimen pensional de los empleados públicos, sin que les fuera dable acudir a normas expedidas por esa misma entidad para reconocer pensiones. A pesar de lo expuesto, señaló que el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 convalidó

aquellas situaciones jurídicas de carácter individual que se hubieran concedido con fundamento en disposiciones territoriales sobre pensiones extralegales hasta el 30 de junio de 1997, pese a que la sentencia C-410 del 28 de agosto de 1997, de la Corte Constitucional declaró «EXEQUIBLE el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, salvo la expresión "o cumplan dentro de los dos años siguientes", la cual se declara INEXEQUIBLE», dado que los efectos de las sentencias proferidas en desarrollo del control judicial de constitucionalidad son hacia futuro. Así las cosas, precisó que la demandante fue una empleada pública y que para el momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993 en el orden territorial, su situación ya estaba definida, puesto que para el 30 de junio de 1997 contaba con más de 20 años de servicio y 50 de edad, requisitos que la hacen beneficiaria de la pensión especial de que trata el régimen interno de la universidad del Valle, esto es, la Resolución 119 de 1976, en armonía con el artículo 146 de la ley en mención y por ende es procedente amparar el derecho pensional. Por último, denegó el reconocimiento de la indexación pensional, al precisar «que ella se produce cuando habiendo ocurrido el retiro del servicio, el jubilado alcanza los requisitos pensionales transcurridos uno o mas años de haberse retirado del servicio, dado que en dicho lapso de tiempo se produce una devaluación o pérdida del poder adquisitivo de la moneda, sin embargo en el presente asunto se evidencia que la parte demandante se retiró el 21 de noviembre de 2004 y la pensión de jubilación le fue reconocida a partir del 22 de noviembre de 2004, por lo tanto se

concluye que no existió una devaluación de la moneda y se impone declarar su improsperidad». 1.4. La apelación El apoderado especial de la Universidad del Valle apeló la sentencia de primera instancia con fundamento en los siguientes argumentos: 1.4.1. Señaló que las normas internas de la universidad no tienen la virtualidad de desconocer o ignorar la Constitución Política y la ley, las que con claridad solo reservan al legislador la facultad para establecer los requisitos en materia pensional, independientemente de que en algunos casos especiales se hubiese generado por el Consejo de Estado decisiones jurisprudenciales opuestas a partir de la interpretación del artículo 146 de la Ley 100 de 1993. Adujo que lo anterior, en función de la tesis del respeto de los derechos adquiridos de quienes con anterioridad a la entrada en vigencia de la citada ley (30 de junio de 1995) tuvieran situaciones jurídicas individuales definidas con base en disposiciones municipales o departamentales, que no es el caso de la actora, quien llego a la edad de 55 años el día 18 de julio de 2001, es decir, mucho tiempo después de que las normas internas en materia pensional de la Universidad del Valle hubiesen sido dejadas sin efecto por desconocimiento del ordenamiento jurídico. 1.4.2. Advirtió que la demandante se encontraba sujeta al régimen de transición de la Ley 100 de 1993, ya que para la fecha de su vigencia contaba con 49 años de edad y mas de 20 de servicios, encontrándose dentro de los parámetros del artículo 36 ibídem; sin embargo, invocando el artículo 288 de tal norma, se acogió

voluntariamente al régimen pensional de la propia ley 100 razón por la cual si situación pensional no quedó convalidada por las disposiciones internas de la universidad. 1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia y concepto del Ministerio Público. La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación (ff.316-319). La parte actora y el ministerio público guardaron silencio en esta etapa procesal. Surtido el trámite legal y al no observarse causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a decidir previas las siguientes,

2. Consideraciones 2.1. El problema jurídico De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el problema jurídico consiste en determinar si la situación pensional de la señora Selma Cifuentes Berrío, se encuentra amparada por lo dispuesto en artículo 146 de la Ley 100 de 1993, en su condición de ex empleada pública de la Universidad del Valle, y por ende tiene vocación de prosperidad el reconocimiento pensional con fundamento en la Resolución 119 de 1976, disposición interna de la universidad. 2.1.1. Régimen interno de la Universidad del Valle La Universidad del Valle se encuentra instituida como un establecimiento público descentralizado del orden departamental, la cual a través de las Resoluciones 260 de 1976 y 119 de 1976 establecieron las condiciones internas del régimen prestacional de la institución universitaria.

En efecto, a través del artículo 2 de la Resolución No. 260 de 1976 consagró el derecho pensional del personal docente de la universidad a partir del 10 de enero

de 1976, precisando su causación para aquellos que «cumplan 50 años de edad y completen entre 15 y 20 años al servicio de la Institución, a quienes se les asignará a voces del numeral 4.°, una pensión de jubilación correspondiente al 100% del promedio salarial del último año de servicios, más una doceava parte de la última prima pagada». Posteriormente, el consejo directivo de la Universidad expidió la Resolución 119 de 1976 por la cual se fijaron los parámetros prestacionales de aplicación para el personal no docente, en los siguientes términos: Artículo 21. Sin perjuicio de que el empleado pueda beneficiarse de otras normas que siéndoles aplicables puedan favorecerlo, de conformidad con el ordenamiento jurídico del país la Universidad jubilara a sus empleados al cumplir 20 años de servicios en entidades oficiales y 50 de edad de acuerdo a la siguiente tabla: a) Quien haya prestado servicios continuos o discontinuos a la Universidad del Valle durante el periodo de 5 a 10 años, se jubilará con el 80% del último salario. b) Quien haya prestado sus servicios a la Universidad del Valle durante un periodo de 10 a 15 años, se jubilará con el 90% del último salario. c) Quien haya prestado sus servicios a la Universidad del Valle durante un periodo de 15 a 20 años o más se jubilará con el 100% del último salario. Luego a través del Acuerdo 004 del 7 de junio de 1995, se creó la Dirección de Seguridad Social de la Universidad del Valle y en ella se reconoció la vigencia y aplicabilidad que hasta el momento tenían los regímenes de seguridad social consagrados en convenciones, resoluciones, pactos y acuerdos preexistentes con

los diferentes estamentos gremiales de dicho ente educativo, en virtud de lo cual se debían tomar las medidas tendientes a proteger y garantizar los derechos adquiridos de sus servidores y pensionados ante la necesaria adopción del régimen pensional general para sus empleados. 2.1.2. De la competencia para regular el régimen prestacional de los empleados públicos del orden territorial. La Constitución Política de 1886 consagró en el artículo 62 la competencia del legislador para fijar, entre otros asuntos, las condiciones de jubilación en todos los órdenes y la clase de servicios que darían derecho a la pensión del Tesoro Público, en los siguientes términos: Artículo 62.- La ley determinará los casos particulares de incompatibilidad de funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los casos no previstos por la Constitución; las condiciones de ascenso y de jubilación; y la serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del Tesoro público». Con ocasión de la reforma constitucional consignada en el Acto Legislativo 01 de 11 de diciembre de 1968, la competencia para fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos del orden nacional y el régimen prestacional de los empleados públicos se radicó exclusivamente en el Congreso de la República, tal como quedó establecido en el numeral 9 del artículo 76 de la Carta así:

9. Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de

Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos, y fijar

las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales. Por su parte, el numeral 2.1 del artículo 120 ibidem, autorizó al presidente de la república para fijar la asignación salarial de los empleos del orden nacional central, dentro de las escalas de remuneración fijadas por el Congreso de la República de conformidad con el numeral 9 del artículo 76 previamente transcrito. Con la expedición de la Constitución Política de 1991, le corresponde al Congreso mediante la expedición de leyes marco, señalar las normas generales, objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y el régimen de los trabajadores oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19 literales e) y f). Igualmente, de acuerdo con el artículo 48 ibidem, la seguridad social, a la cual pertenece la materia pensional, es un servicio público que se presta con sujeción a los principios allí enunciados, en los términos que establezca la ley. Se presenta entonces una competencia concurrente entre el Legislador y el Ejecutivo para efectos de regulación salarial y prestacional; aquel, mediante la Ley marco determina unos parámetros generales conforme a los cuales, éste último habrá de fijar todos los elementos propios del régimen salarial y prestacional respecto de los empleados públicos. En desarrollo de lo anterior fue expedida la Ley 4.ª de 1992, por medio de la cual el Gobierno quedó habilitado para fijar mediante Decreto, entre otros, el régimen

prestacional de los empleados de las entidades territoriales, de conformidad con lo prescrito en el artículo 12 de la citada Ley; asimismo, en su parágrafo único dispuso que el Gobierno señalaría el límite máximo salarial de estos servidores, guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional. Señala la norma: Artículo 12. El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley. En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad.

Parágrafo: El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencia con cargos similares en el orden nacional.” Del análisis de las normas enunciadas se concluye que la determinación del régimen prestacional de los empleados públicos territoriales compete al Gobierno Nacional, de acuerdo con los parámetros señalados por el Legislador. En cuanto al régimen salarial, el Gobierno señala el límite máximo salarial de los servidores públicos territoriales teniendo en cuenta su equivalencia con los del orden nacional.

Este precepto fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-315 del 19 de julio de 1995, Magistrado Ponente Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, en la cual se dijo que esta atribución del Gobierno no pugna con la que el constituyente expresamente otorgó a las entidades territoriales para fijar las escalas de remuneración y los emolumentos de los empleos de sus dependencias, siempre y cuando se entienda que tal facultad está referida, en forma exclusiva, a la fijación del régimen prestacional de los empleados públicos

territoriales, al régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales territoriales y al límite máximo salarial de los empleados públicos de las entidades territoriales. En suma, el Presidente de la República puede establecer, para el sector territorial, los regímenes salariales y prestacionales de los empleados públicos y señalar las prestaciones mínimas de los trabajadores oficiales, pero debe sujetarse a la Ley Marco expedida por el Congreso, que en nuestro caso es la Ley 4ª de 1992.2 Del recuento anterior se desprende que antes de la Constitución de 1991, la competencia para fijar el régimen prestacional tanto de empleados nacionales como de los empleados territoriales estaba exclusivamente atribuida a la Ley, de manera que correspondía privativamente al Congreso de la República su determinación sin distinción del sector al cual pertenecieran, y que a partir de la expedición de la Carta Política actual, el régimen prestacional de los empleados públicos del nivel territorial lo determina el Gobierno de conformidad con la Ley, en virtud de la competencia conjunta derivada del artículo 150 – numeral 19 – literal e) del Ordenamiento Superior y habilitada por el artículo 12 de la Ley 4ª de 1992, dictada en desarrollo de aquel. Así se concluye, que ni en vigencia de la Constitución de 1886 ni a partir de la Carta de 1991 podían las Entidades Territoriales, ni las Universidades Públicas expedir actos de reconocimiento pensional con fundamento en Acuerdos o Resoluciones internas, pues no tenían facultades para ello. 2.1.3. Situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993

2 Sentencia del 19 de mayo de 2005. Rad. No. Interno: 4396 - 2002.- C. P. Dr. Jesús María Lemus Bustamante. No obstante lo dicho con relación a la competencia privativa del Congreso de la República, compartida con el Gobierno nacional, para establecer el régimen prestacional de los empleados públicos, en el nivel territorial coexistían regímenes prestacionales extralegales contrarios al ordenamiento superior, fue así como el legislador consecuente con dicha realidad y con el fin de salvaguardar derechos laborales consolidados, dejó a salvo las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en desarrollo del mandato constitucional que ampara los derechos adquiridos. En ese sentido, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 dispuso que las situaciones jurídicas de carácter individual consolidadas bajo el amparo de la legislación preexistente no eran susceptibles de ser alteradas o modificadas por la entrada en vigencia de la nueva ley. Particularmente, el citado artículo, dejó a salvo las situaciones pensionales individuales definidas con fundamento en disposiciones municipales o departamentales, en virtud de la intangibilidad de los derechos adquiridos. Al respecto, la aludida norma señala: Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas

laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes. También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido (o cumplan dentro de los dos años siguientes)3 los requisitos exigidos en dichas normas. Lo dispuesto en la presente ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo. Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente ley. Respecto a la constitucionalidad del artículo citado, se pronunció la Corte Constitucional mediante sentencia C-410 de 1997, en los siguientes términos: El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los preceptos constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, según el cual «se garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores». En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la Corporación, que los derechos 3 Expresión entre paréntesis declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-410 de 1997. adquiridos comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han consolidado y definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran garantizados, de tal forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones futuras, basado en la seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones. Desde luego que lo que es materia de protección constitucional se extiende a las situaciones jurídicas definidas, y no a las que sólo configuran meras expectativas.

[…] Nuestro Estatuto Superior protege expresamente, en el artículo 58, los derechos adquiridos y prohíbe al legislador expedir leyes que los vulneren o desconozcan, dejando por fuera de esa cobertura a las llamadas expectativas, cuya regulación compete al legislador, conforme a los parámetros de equidad y justicia que le ha trazado el propio constituyente para el cumplimiento de su función. De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la ley 100 de 1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por disposiciones municipales y departamentales, deben continuar vigentes. Bajo esa perspectiva, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, protegió los derechos pensionales adquiridos con fundamento en regímenes pensionales territorialescon anterioridad a su vigencia-, pese a su origen extralegal; así mismo, estableció que quienes previo a su entrada en rigor, cumplieran con los requisitos para pensionarse conforme a tales regulaciones, tendrían derecho a la pensión en las condiciones allí determinadas. Por lo demás, valga señalar que la jurisprudencia ha considerado que los reconocimientos pensionales individuales sustentados en convenciones colectivas también están comprendidos dentro de los supuestos establecidos en el aludido artículo. Particularmente, esta corporación en sentencia de unificación de 29 de septiembre de 2011, Consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente 2434-10, señaló: En principio podría pensarse, como en efecto lo hizo la Sala en múltiples fallos,

que las disposiciones del orden territorial, como Decretos Ordenanzas, regulaban, sin competencia, el régimen pensional de los empleados públicos, mientras que en lo que se refiere a las convenciones colectivas, regulaban la aplicación sólo para los trabajadores oficiales y no para empleados públicos; pero en últimas, uno y otro eran extralegales, y en ambos casos, los saneó el legislador. La convención colectiva de trabajo en este caso surgió por la negociación contractual y consensual celebrada entre el sindicato y los directivos de la Universidad, quienes tenían autonomía administrativa y presupuestal, pero que, como se precisó en consideraciones precedentes, no podían regular salarios y prestaciones de sus empleados porque esto le correspondía al legislador. […] En síntesis, aun cuando la Convención Colectiva fue emanada de autoridades incompetentes para la regulación del régimen pensional de los empleados públicos, dicha situación fue convalidada por expresa disposición del legislador a través del referido artículo 146 de la Ley 100 de 1993, cuya constitucionalidad fue avalada por el Órgano que de conformidad con la Constitución Política de 1991 es el encargado de mantener la guarda e integridad del ordenamiento superior. Es importante destacar que sobre la vigencia de la Ley 100 de 1993 en materia pensional en el nivel territorial, el artículo 151 ibídem estableció que entraría a regir a partir del 30 de junio de 1995, en esas condiciones, solamente las situaciones particulares que se definieron con antelación a esa fecha deben ser respetadas, sin embar