CE-SECCION SEGUNDA-76001-23-33-000-2016-01816-01(5529-18)

PENSIÓN DE JUBILACIÓN - Reliquidación / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL - Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 La Sala itera las reglas de interpretación fijadas tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado, plasmadas en las sentencias citadas en el acápite precedente, en el sentido de advertir que en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 el legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso base de liquidación que consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliadas al entrar en vigor aquella, por lo que se someten al mandato contenido en tal norma o en el artículo 21 ibidem, según corresponda; lo que además guarda relación con el artículo 48 superior, en cuanto dispone que «Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones […]», motivo por el cual las pretensiones tendientes a obtener el reajuste de la mencionada prestación con el 75% de la asignación mensual más elevada del último año de servicios no se ajustan al derrotero jurisprudencial hoy vigente; por ende, tampoco hay lugar a ordenar su reliquidación de acuerdo con la fecha de retiro del servicio, con los parámetros legales, porque se desmejoraría la cuantía concedida en las resoluciones de reconocimiento pensional.

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1990

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN "B"

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 76001-23-33-000-2016-01816-01(5529-18)

Actor: FRANCISCO JAVIER FLÓREZ NARANJO

Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES

Referencia: MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO. TEMA: RELIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN

CONFORME AL DECRETO 546 DE 1971; FACTORES SALARIALES QUE

DEBEN TENERSE EN CUENTA EN EL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN

PENSIONAL DE PERSONA BENEFICIARIA DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN

DE LA LEY 100 DE 1993.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante (ff. 173 a 175) contra la sentencia de 15 de mayo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe (ff. 159 a 166).

I. ANTECEDENTES 1.1 Medio de control (ff. 2 a 7 y 77 a 82). El señor Francisco Javier Flórez Naranjo, a través de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan. 1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad parcial de la Resolución 7832 de 14 de julio de 2011, mediante la cual se reconoció una pensión de jubilación al actor; y se anulen las Resoluciones 6115 de 28 de junio de 2012 y GNR 230618 de 9 de septiembre de 2013, que reliquidaron dicha prestación, y GNR 9619 de 14 de enero, GNR 93458 de 5 de abril y VPB 23864 de 2 de junio, todas de 2016, a través de las que se negó su reajuste. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la accionada reajustar la pensión de jubilación del demandante con el 75% de la asignación mensual más elevada del último año de servicios, de conformidad con el Decreto 546 de 1971, con inclusión de la totalidad de los factores devengados en ese período; pagar las diferencias entre la nueva liquidación y los valores que han sido reconocidos, debidamente indexadas, y los intereses de mora; y dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192, 195 y siguientes del CPACA. Por último, condenar en costas y agencias en derecho a la accionada. 1.3 Fundamentos fácticos. Relata el accionante que nació el 23 de enero de 1952, prestó sus servicios al Estado «por más de 38 años» y el último empleo que

desempeñó fue el de fiscal delegado ante los jueces del circuito, por lo que es beneficiario de los regímenes de transición consagrado en la Ley 100 de 1993 y pensional previsto en el Decreto 546 de 1971. Afirma que el desaparecido Instituto de Seguros Sociales (ISS) le reconoció pensión de jubilación mediante Resoluciones 7832 de 14 de julio de 2011 y 6115 de 28 de junio de 2012, a partir del 1° de abril del mismo año y supeditada al retiro definitivo del servicio. Que el 9 de agosto de 2012 la Fiscalía General de la Nación remitió a Colpensiones formulario en el que actualizó su información laboral entre el 1° de enero de 1995 y el 1° de abril de 2012, por lo que la accionada expidió la Resolución GNR 230618 de 9 de septiembre de 2013, que modificó la aludida prestación «[…] con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años y no con la asignación más elevada del último año de servicios como ordena el Decreto 546 de 1971», y la incluyó en nómina desde el 1° de abril de 2012. Agrega que el 13 de noviembre de 2015 reclamó de Colpensiones el reajuste de su pensión de jubilación, negado por medio de Resolución GNR 9619 de 14 enero de 2016, confirmada con Resoluciones GNR 93458 de 5 de abril y VPB 23864 de 2 de junio del mismo año. 1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas

violadas por los actos demandados los artículos 6 de la Constitución Política; 17 y 141 de la Ley 100 de 1993; y 6 del Decreto 546 de 1971. Arguye que, conforme a las normas que rigen su caso, le asiste derecho a que la pensión de jubilación le sea liquidada con la asignación más elevada del último año de servicios, con inclusión de todos los factores devengados durante ese período, pues el Decreto 546 de 1971 debe aplicarse en su integridad, dado que es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. 1.5 Contestación de la demanda (ff. 94 a 105). La entidad demandada, por intermedio de apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda y frente a los hechos, afirmó que son ciertos; formuló las excepciones denominadas inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, prescripción y buena fe. Asevera que la pensión de jubilación del actor fue liquidada conforme a las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, en las cuales la Corte Constitucional precisó que el ingreso base de liquidación (IBL) no era un aspecto sujeto a transición. 1.6 La providencia apelada (ff. 159 a 166). El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 15 de mayo de 2018, negó las súplicas de la demanda (con condena en costas), al considerar que si bien el actor es beneficiario de los regímenes de transición previsto en la Ley 100 de 1993 y pensional del Decreto 546 de 1971, el ingreso base de liquidación y factores

salariales que lo rigen son los del sistema general de seguridad social en pensiones. Pese a ello, «[…] en el presente asunto se liquidó la pensión por Colpensiones con la aplicación integral del Decreto 546 de 1971 concordado con el Decreto 717 de 1978», por lo que no hay lugar a acceder a las pretensiones. 1.7 El recurso de apelación (ff. 173 a 175). Inconforme con la decisión precedente, el demandante, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación al estimar que, contrario a lo sostenido por el a quo, el régimen pensional establecido en el Decreto 546 de 1971 le es más beneficioso, puesto que prevé que la prestación se liquida con el 75% de la asignación mensual más elevada del último año de servicios y con inclusión de la totalidad de los factores devengados en ese lapso.

II. TRÁMITE PROCESAL.

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 11 de julio de 2018 (f. 177 vuelto) y admitido por esta Corporación a través de auto de 12 de febrero de 2020 (f. 182), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA. 2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, con auto de 8 de febrero de 2021 (f. 187), para que aquellas alegaran de

conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por la accionada1, que, por medio de apoderado, señaló que «[…] no es posible la reliquidación pensional teniendo en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados en el último 1 Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI. año de servicios, bajo la normatividad que [se] pretende hacer valer, toda vez que esta posición discrepa con el lineamiento jurisprudencial plasmado en las sentencias T-078 de 2014, A-326 de 2014, SU-230 de 2015, T-060 de 2016, SU427 de 2016, SU-210/2017, SU 395 de 2017, SU 023 de 2018 y la Sentencia del 28 de agosto de 2018 del Honorable Consejo de Estado, en las que se ha dejado en claro que el modo de promediar la base de liquidación no puede ser la estipulada en la legislación anterior, en razón a que el régimen de transición solo comprende los conceptos de edad, monto y semanas de cotización y excluye el ingreso base de liquidación».

III. CONSIDERACIONES. 3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia. 3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación2, corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación, por no habérsele tenido en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados con la asignación básica más

elevada del último año de labores (30 de marzo de 2011 a 30 de marzo de 2012), conforme al régimen especial aplicable a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial previsto en el Decreto 546 de 1971, o al contrario, carece de razón, pues para efectos de la liquidación pensional le es aplicable la Ley 100 de 1993, como lo concluyó el a quo y lo asevera la accionada. 3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto. Lo primero que ha de anotarse es que la Ley 100 de 1993, «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», fue expedida por el Congreso de la República con el fin, entre otros, de unificar la normativa en 2 Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella». cuanto a la diversidad de regímenes pensionales especiales existentes. No obstante lo anterior y con el objetivo de evitar menoscabar derechos a personas que se encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto tiempo de servicio, se previó el régimen de transición, consagrado en el artículo 36

de la referida Ley 100 de 1993. En efecto, en dicha norma se dispuso que las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social integral (1° de abril de 1994) contaran con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, se les reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el régimen anterior al cual se encontraban afiliados, es decir, la pensión de jubilación respecto de la edad, tiempo de servicio y monto se les aplicará el régimen anterior. En lo que atañe al ingreso base de liquidación (IBL) pensional de tales personas, el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 preceptúa que los beneficiarios del régimen de transición «[…] que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE» (se subraya). Respecto de esta norma, la Corte Constitucional3 precisó: […] En efecto, la Sala recuerda que el propósito original del Legislador al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 19934, tal como se desprende del texto de la disposición y de los antecedentes legislativos, fue crear un régimen de transición que beneficiara a 3 Corte Constitucional, sentencia C-258 de 2013.

4 El artículo 36 indica: “ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. || La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. || El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE” (negrilla fuera del texto). quienes tenían una expectativa legítima de pensionarse conforme a las reglas especiales que serían derogadas. Para estas personas, el beneficio derivado del régimen de transición consistiría en una

autorización de aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes a los que se encontraban afiliados, relacionadas con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo. El Ingreso Base de Liquidación no fue un aspecto sometido a transición, como se aprecia claramente en el texto del artículo 36… […] Para el efecto, la Corte acudirá a la regla general de Ingreso Base de Liquidación prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100. En efecto, el artículo 36 estableció dos reglas específicas en la materia: (i) para quienes el 1° de abril de 1994, les faltara menos de 10 años para pensionarse, el IBL sería (a) “el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta” para reunir los requisitos para causar el derecho a la pensión, o (b) el promedio de lo “cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”. (ii) En los demás casos, es decir, en la hipótesis de las personas a quienes el 1° de abril de 1994 les faltaban más de 10 años para reunir los requisitos de causación de la pensión, a falta de regla especial en el artículo 36 y teniendo en cuenta que el inciso segundo ibídem solamente ordena la aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes especiales sobre edad, tiempo de cotización o servicios prestados, y tasa de reemplazo, se les debe aplicar la regla general del artículo 21 de la Ley 100, el cual indica:

“ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo.” El precitado derrotero fue acogido por la sala de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado, al estudiar un caso en el que se reclamaba el reajuste de la pensión de jubilación en virtud de la Ley 33 de 1985, mediante sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013), consejero ponente César Palomino Cortés. Por otro lado, en lo pertinente a la normativa que rige los requisitos y tasa de reemplazo de la pensión de jubilación a la que alude la presente demanda, la Sala se remite a lo preceptuado en el Decreto 546 de 1971, que en relación con el asunto objeto de examen dispone: Artículo 6°. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto,

tendrán derecho al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas. Obsérvese que el Decreto 546 de 1971 prescribe, como requisitos para acceder a la pensión mensual vitalicia de jubilación por parte de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y el Ministerio Público, haber servido veinte (20) años continuos o discontinuos, de los cuales diez (10) hayan sido en tal condición y llegar a la edad de cincuenta y cinco (55) años (hombres) o cincuenta (50) años (mujeres). Igualmente, determina que la cuantía será del 75% del salario base de liquidación. En relación con este último aspecto, esto es, el IBL de las personas beneficiarias del régimen pensional especial de la Rama Judicial y el Ministerio Público, esta sección, en sentencia de unificación de 11 de junio de 2020, expediente 15001-2333-000-2016-00630-01 (4083-2017)5, determinó que el reconocimiento de dichas pensiones debe ser efectuado de la siguiente manera: iii) Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer

o de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%; e) el ingreso básico de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso; es decir, si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, y si le faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será: (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y f) con los factores de liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 297 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate

de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público. Lo anterior, al considerar que «la jurisprudencia imperante tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, propende por la armonía que debe existir entre el sistema integral de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993, en cuyo artículo 36 estableció el régimen de transición general, y las dimensiones en las cuales la seguridad social en sí misma se manifiesta, que son las de servicio público obligatorio, sujeto a los principios de eficiencia, universalidad 5 Consejero ponente Rafael Francisco Suárez Vargas. solidaridad y sostenibilidad fiscal, y de derecho público con carácter constitucional, general, exigible e irrenunciable»6. Por ende, como los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público no fueron abstraídos o excepcionados de las condiciones de transición impuestas por la Ley 100 de 1993, la sección juzgó procedente extender las reglas de interpretación normativa adoptadas por la sala de lo contencioso-administrativo en la aludida sentencia de unificación de 28 de agosto de 20187, para el caso específico de estos. Así las cosas, resulta evidente que la liquidación de las pensiones de jubilación de quienes prestaron sus servicios a la Rama Judicial o al Ministerio Público por espacio de 10 años o más, y son beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se rige por las pautas expuestas por la jurisprudencia en vigor de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, según las cuales el ingreso base de liquidación de dichas prestaciones corresponde al

indicado en esa norma, sin que sea dable acudir para esos efectos, en el caso de los mencionados servidores, al período de liquidación establecido en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 o a los factores señalados en el 12 del Decreto 717 de 1978. Aclárase que el ingreso base de liquidación de las pensiones es un elemento técnico de cálculo que se expresa en un valor cierto, al cual le es computada una tasa porcentual de reemplazo para obtener la cuantía dineraria inicial a la que asciende determinada prestación pensional. Tal ingreso de liquidación se estructura a partir de los siguientes elementos: (i) una unidad temporal, que refiere al período preciso con el cual debe ser consolidado el ingreso base de liquidación, verbigracia: 1 mes, 6 meses, 1 año, 10 años, o toda la vida laboral; y (ii) unos factores materiales, que se concretan en emolumentos o haberes laborales que la autoridad competente ha señalado como integrante de la base de liquidación de aportes al sistema pensional o de la pensión misma. Por consiguiente, el ingreso base de liquidación de las pensiones bajo estudio debe ser igual, únicamente y de manera estricta, a la suma de (i) la unidad 6 Consejo de Estado, sección segunda. Sentencia de unificación de 11 de junio de 2020, expediente 1500123-33-000-2016-00630-01 (4083-2017). 7 Expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013), consejero ponente César Palomino Cortés. temporal que corresponda, esto es, alguna de aquellas de que tratan los artículos

21 y 36 (inciso 3.°) de la Ley 100 de 1993, según el caso; y (ii) los factores previstos legal o reglamentariamente como integrantes de la base de cotizaciones al sistema, tales como los contemplados por los artículos 1° del Decreto 1158 de 1994, 14 de la Ley 4ª de 1992, 1° del Decreto 610 de 1998, 1° del Decreto 1102 de 2012, 1° del Decreto 2460 de 2006, 1° del Decreto 3900 de 2008 y 1° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público. Luego entonces, la Sala concluye que la conjunción de los elementos constitucionales, legales y jurisprudenciales analizados impone la adopción de las reglas previstas por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para efectos de integrar el IBL de las pensiones que deban ser reconocidas a los servidores de la Rama Judicial o el Ministerio Público al amparo del régimen de transición, postulados que constituyen el parámetro de derecho aplicable por esta Corporación para todas aquellas controversias análogas pendientes de decisión. 3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en tal virtud, se destaca: a) Según cédula de ciudadanía, el accionante nació el 23 de enero de 1952 (f. 8). b) Certificaciones expedidas por la Fiscalía General de la Nación (ff. 59 a 61),

según las cuales el actor ocupó el cargo de fiscal delegado ante los jueces del circuito y devengó entre enero de 2011 y abril de 2012 sueldo, gastos de representación, primas de navidad, servicios y vacaciones; bonificaciones por servicios y por actividad judicial y «Decreto 1251». c) Mediante Resoluciones 7832 de 14 de julio de 2011 (ff. 9 a 14) y 6115 de 28 de junio de 2012 (ff. 15 a 18), el desaparecido Instituto de Seguros Sociales (ISS) reconoció al accionante una pensión de jubilación, conforme al Decreto 546 de 1971, liquidada con el 75% del «[…] mejor salario del último año en el periodo comprendido entre Enero a Diciembre de 2010, en este caso el del mes de Mayo de 2010 […]» y con los factores salariales de gastos de representación, bonificación por gestión judicial; primas de servicios, navidad y vacaciones y la bonificación por servicios, a partir del 1° de abril de 2012 y supeditada al retiro definitivo del servicio. d) A través de Resolución GNR 230618 de 9 de septiembre de 2013 (ff. 21 a 26), Colpensiones incluyó en nómina la prestación concedida al actor, desde el 1° de abril de 2012, incluyó nuevos tiempos de servicio y advirtió que aunque lo procedente era liquidarla con el promedio de lo devengado en los 10 últimos años de servicio, en virtud del principio de non reformatio in pejus no era dable desmejorar la situación jurídica del afiliado. e) El 13 de noviembre de 2015 el actor reclamó de Colpensiones el reajuste de su

pensión de jubilación (ff. 29 a 31), negado por medio de Resolución GNR 9619 de 14 enero de 2016 (ff. 33 a 36), confirmada con las Resoluciones GNR 93458 de 5 de abril (ff. 42 a 46) y VPB 23864 de 2 de junio del mismo año (ff. 53 a 58), en las cuales se reitera que si el IBL se debe calcular conforme a la Ley 100 de 1993, no es viable desmejorar la situación del pensionado. f) De los actos administrativos demandados se extrae que el actor cotizó para pensión de manera discontinua (183 días de interrupción) desde el 9 de noviembre de 1973 hasta el 1° de abril de 2012, con tiempos públicos en la Fiscalía General de la Nación y acreditó 1501 semanas que equivalen a más de 28 años de servicios. Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de advertirse es que el accionante está amparado por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que para el 1° de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad (nació el 23 de enero de 1952). Asimismo, de las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que el demandante cotizó para pensión en el sector público, con tiempos para la Fiscalía General de la Nación desde el 9 de noviembre de 1973 hasta el 1° de abril de 2012, y completó un total de 1501 semanas, equivalentes a 28 años, 9 meses y 12

días; el último cargo que desempeñó fue el de fiscal delegado ante los jueces del circuito y de enero de 2011 a abril de 2012 devengó sueldo, gastos de representación, primas de navidad, servicios y vacaciones; bonificaciones por servicios y por actividad judicial y «Decreto 1251». A través de Resoluciones 7832 de 14 de julio de 2011 (ff. 9 a 14) y 6115 de 28 de junio de 2012 (ff. 15 a 18), el desaparecido Instituto de Seguros Sociales (ISS) reconoció al accionante una pensión de jubilación, conforme al Decreto 546 de 1971, liquidada con el 75% del «[…] mejor salario del último año […]» (mayo de 2010) y con los factores salariales de gastos de representación, bonificación por gestión judicial; primas de servicios, navidad y vacaciones y bonificación por servicios, condicionada al retiro definitivo del servicio; la prestación fue incluida en nómina con Resolución GNR 230618 de 9 de septiembre de 2013, a partir del 1° de abril de 2012 y tuvo en cuenta nuevos tiempos de servicio; y Colpensiones negó su reajuste con Resoluciones GNR 9619 de 14 enero, GNR 93458 de 5 de abril y VPB 23864 de 2 de junio, todas de 2016, bajo el entendido de que si bien el IBL se debe calcular conforme a la Ley 100 de 1993, no es viable desmejorar la situación del pensionado. Los anteriores prolegómenos nos conducen a la conclusión de que al demandante

le fue concedida su pensión de jubilación con aplicación íntegra de las reglas establecidas en el Decreto 546 de 1971, esto es, requisitos de edad y tiempo de servicio, tasa de reemplazo (75%) y liquidada con «[…] el mejor salario del último año». Ahora bien, la Sala itera las reglas de interpretación fijadas tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado, plasmadas en las sentencias citadas en el acápite precedente, en el sentido de advertir que en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 el legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso base de liquidación que consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliadas al entrar en vigor aquella, por lo que se someten al mandato contenido en tal norma o en