CE-SECCION TERCERA-05001-23-31-000-2004-01601-01(52879)

MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBA / DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA

PRUEBA / ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / PRINCIPIO DE

CONTRADICCIÓN / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / PRINCIPIO DE PUBLICIDAD / NECROPSIA MÉDICO LEGAL / HISTORIA CLÍNICA / MUERTE DE MENOR DE EDAD / COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO / VALOR PROBATORIO DE LA COPIA AUTENTICADA DE DOCUMENTO / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / COPIA SIMPLE DE

DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE

DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA

SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE

DOCUMENTO / TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO / REITERACIÓN DE

LA JURISPRUDENCIA

[E]n cuanto, al valor de los medios de prueba aportados al proceso, la Sala encuentra que los documentos traídos como medios de convicción fueron decretados y aportados oportuna y válidamente. Para su recepción e incorporación, se respetaron los principios de contradicción y publicidad. Todos, a excepción de la necropsia y la historia clínica del menor fallecido, fueron arrimados en copia auténtica y serán tratados como medios hábiles y su eficacia probatoria será valorada conforme a las reglas de la sana crítica. Igual tratamiento tendrán las copias simples aportadas al proceso, habida cuenta que, estando como estuvieron a disposición de la parte contraria, no fueron tachadas, ni discutidas como falsas. Ahora, la Sala, al revisar los documentos que obraron en el

expediente, observa que estos pueden ser valorados en esta oportunidad, porque tales medios de prueba han permanecido a disposición de las partes durante el curso del proceso y ninguna de ellas ha controvertido su autenticidad. Por tanto, tales pruebas serán apreciadas en el sub lite con el valor legal que les corresponde.

NOTA DE RELATORÍA: Atinente al tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008, exp. 34038, C.P. Myriam Guerrero de Escobar

JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / DOCUMENTO / RESPONSABILIDAD DEL

ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE ESTADO /

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / MUNICIPIO / DAÑO ANTIJURÍDICO /

CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / REITERACIÓN DE LA

JURISPRUDENCIA / EXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CONFIGURACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / SISTEMA DE SANA CRÍTICA / RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO / ENTIDAD TERRITORIAL / MUERTE DE MENOR DE EDAD / DOCUMENTO / TESTIMONIO / VALIDEZ DEL

TESTIMONIO / VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO / VALORACIÓN DEL

TESTIMONIO / NEXO DE CAUSALIDAD / PRUEBA DEL NEXO DE

CAUSALIDAD / OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD POR OBRA PÚBLICA /

CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PROCEDENCIA

DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / EXISTENCIA DE LA

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PROCEDENCIA DE LA

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RECONOCIMIENTO DE

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Es suficiente para la Sala, como lo fue para el juzgador de conocimiento de primera instancia, el análisis de los documentos (…) para dar por probado plenamente uno de los extremos de la responsabilidad patrimonial de la administración, que para el caso Sub Judice encarna el municipio (…) a saber, el daño cualificado como antijurídico, según el Constituyente de 1991. Daño que podemos catalogar aquí como cierto, concreto y determinado, tomando voces de reiterada jurisprudencia de esta Corporación, que afectó a las personas que integran la parte demandante. (…) [C]abe advertir que, para la Sala, las manifestaciones contenidas en los oficios materia de análisis, a la luz de la sana crítica, no tienen la fuerza, ni la claridad, ni la contundencia suficientes para comprometer al municipio (…) como autor de las obras inconclusas, que determinaron el accidente que condujo al fallecimiento del menor (…) Se observa en (…) comunicación, cómo (…) como trabajador del municipio (…) que fue para esa época, compromete la responsabilidad de este ente territorial en los hechos que nos ocupan, desde la perspectiva del artículo 90 de la Carta Política y desde nuestro Estatuto Civil. El valor probatorio de esta comunicación resulta a la Sala insoslayable, como quiera que no fue tachada o impugnada, y unida a los oficios

analizados (…) certeramente permite inferir que fue, el municipio (…) el autor de la obra del muro en cuestión, inconclusa, puesto que le faltaron, en su momento, las debidas seguridades y adecuaciones, vale decir, las barandas o pasamanos que se le construyeron años más tarde y, en todo caso, después del trágico accidente que condujo a la muerte del niño (…) [P]ara la Sala resulta acreditado con suficiencia el otro extremo de la responsabilidad administrativa patrimonial, el cual es la acción u omisión de las autoridades respecto del hecho que se investiga.(…) Para la Sala bastan los (…) documentos, sobre los que recayó reconocimiento por parte del ingeniero (…) para concluir que el muro de contención fue construido sin las debidas medidas de seguridad, con lo cual el accionado omitió en materia grave, exponiendo por años a los vecinos del sector y demás transeúntes a riesgos y daños que no estaban en el deber de soportar. (…) Analizados (…) [los] testimonias (sic) desde la sana crítica, la Sala halla que merecen plena credibilidad, siendo concordantes y coincidentes entre sí, con respecto del resto de probanzas arrimadas al proceso, además rendidos libre y espontáneamente por personas de sano juicio. En ese sentido, la valoración probatoria del a quo se ajusta a los postulados que regulan la materia. En síntesis, apreciadas estas pruebas, de modo integral y conjunto, se puede inferir que la causa del daño antijurídico que determinó la muerte del infante es imputable al Municipio (…) con lo que, al parecer de la Sala, la relación causal entre la omisión puesta en la

cuenta del demandado y el susodicho daño, no solo resulta clara y certera, sino además, refuta por completo la tesis propuesta por el accionado, quien recaba, desde su libelo de apelación, como lo ha hecho desde el momento en que trabó la Litis, su absolución y la vocación de prosperidad de sus excepciones. La Sala considera que, en relación con esta parte recurrente, los numerales primero y segundo de la sentencia de condena deben mantenerse, como se dirá en la parte resolutiva de esta providencia, con lo que se deniega la revocatoria del apelante por pasivo. La Sala llega a la misma conclusión, juzgando el asunto desde el punto de vista de los deberes que pesaban sobre el ente territorial demandado, pues era su obligación imperativa, según dicta la Ley 9 de 1989, artículo 5, velar por la tranquilidad y seguridad ciudadanas, a propósito de las franjas de retiro de las edificaciones sobre vías, fuentes de agua, parques, plazas y zonas verdes y similares que integran el espacio público.(…) Así, tampoco es aceptada por la Sala la tesis del demandado, expuesta además en la alegación del recurso en estudio, en virtud de la cual al municipio (…) le resultaría prácticamente imposible prever todos los riesgos y fuentes de peligro, siendo carga de los administrados solicitar la dotación de elementos de protección a la Secretaría de Obras Públicas para las vías existentes (…) Esa manifestación constituye una simple y sabida excusa, pues si como se tiene demostrado el municipio construyó el muro de contención, ha debido desde el principio dotarlo de las debidas seguridades, aún

sin que mediara solicitud por parte de la comunidad en ese sentido. Tras estos análisis, la Sala reitera que no asiste razón alguna para revocar el fallo en estudio, ni para despachar siquiera uno de los medios exceptivos propuestos por la parte vencida en este juicio, dado que los argumentos del apelante por pasivo carecen de todo fundamento de hecho y de derecho FUENTE FORMAL: LEY 23 DE 1981 – ARTÍCULO 34 / RESOLUCIÓN 1995 DE 1999 DEL MINISTERIO DE SALUDARTÍCULO 2 / LEY 9 DE 1989 – ARTÍCULO 5 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90 / CÓDIGO CIVIL JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN / CONCEPTO DE DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN / DAÑO A LA SALUD / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / TESTIMONIO / MUERTE DE

MENOR DE EDAD / CONCURRENCIA DE CULPA / RESPONSABILIDAD POR

OBRA PÚBLICA / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL

ESTADO / PROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO /

EXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO /

PROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO /

RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO /

CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO /

RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO / REDUCCIÓN DEL QUANTUM INDEMNIZATORIO No ha sido pacífica la controversia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, en particular, de esta Sala, en lo relacionado con el daño a la vida de relación como categoría resarcible, entendido este como perjuicio de naturaleza inmaterial o extrapatrimonial que se refleja en la esfera externa del individuo, con múltiples manifestaciones en el entorno personal, social y familiar del afectado, que puede tener origen en lesiones personales de tipo físico o en otros bienes intangibles de la personalidad o derechos fundamentales, autónomo e independiente del daño moral. Este daño, en principio, se asoció al daño fisiológico y finalmente se subsumió en la categoría de daño a la salud, según tesis de esta Corporación. A propósito del caso que nos ocupa, no se encuentra en el plenario prueba alguna que acredite o demuestre a plenitud, menoscabo alguno o alteración a la vida exterior de las personas que demanden la indemnización por este daño; razón ésta por la cual la Sala considera estuvo bien denegado en la sentencia de primer grado, en la cual a quo omitió por defecto al no dar explicación alguna sobre la razón de su decisión. Ha debido pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones propuestas en el libelo introductorio de la litis, como lo dicta el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 38 del Decreto 2304 de 1989. Normas que deben entenderse en concordancia con los artículos 174 y 304 del C.P.C., como también con la regla puesta en la

preceptiva 55 de la Ley 270 de 1996. Los testigos que prestaron su testimonio en favor de los demandantes (…) Coinciden (…) en destacar el descuido de (…) [madre del menor de edad] en el evento del accidente que determinó el deceso de éste, de donde dedujo el a quo una concurrencia de culpas que determinó la reducción de la condena al 70% de lo pedido en la demanda, tasación con la que esta Sala está conforme, dado que en el hecho causante del perjuicio tuvieron participación determinante, tanto el municipio (…) quien omitió gravemente dejando de poner barreras, barandas o pasamos al muro de contención (…) en el momento mismo de su construcción, así como la madre del menor fallecido, que en el momento fatídico permitió que su hijo se soltara de su mano mientras conversaba con una vecina a decir de los testigos presenciales del hecho. El operador de justicia de primer grado acierta al valorar los grados de participación causal en el hecho, al atribuir al municipio la participación mayormente determinante, por lo que su sentencia habrá de ser confirmada en este aspecto a decir de esta Sala.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2304 DE 1989 – ARTÍCULO 38 / CÓDIGO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 170 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 174 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 304 / LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 55

NIEGA EL RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA

MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE / DAÑO EMERGENTE / PRUEBA DEL

DAÑO EMERGENTE / FACTURA / RECONOCIMIENTO DEL DAÑO

EMERGENTE

[L]a Sala comparte la apreciación del a quo, sobre el daño emergente presente y futuro, pues la factura (…) a favor de la Fundación Hospitalaria (…) si bien es cierto que señala un valor cuantitativo, no muestra haber sido cancelada, por persona alguna y mucho menos por quien clama por el reconocimiento del daño emergente.

REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DETERMINACIÓN DEL LUCRO

CESANTE / IMPROCEDENCIA DEL LUCRO CESANTE / NEGACIÓN DEL

PERJUICIO MATERIAL / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / AUSENCIA DE PRUEBA / FALTA DE PRUEBA Constituye igualmente motivo de inconformidad para la parte actora, el desconocimiento que se hiciera en la sentencia impugnada, acerca de la indemnización por lucro cesante, negativa que fundada en jurisprudencia de esta Sección (..) halla pleno motivo, ya que los argumentos que sustentan el fallo aducido siguen en vigor para esta Sala, pues partiendo de la base que el hecho a indemnizar debe ser cierto, mal pueden reconocerse como resarcibles las meras expectativas, como en el caso que nos ocupa en que no puede determinarse con certidumbre, ni fue probado, que en el caso en que (…) hubiera sobrevivido, le hubiese prodigado en su adultez ayuda a su progenitora y menos a sus hermanos. En consecuencia, no asiste razón alguna al apelante por activo, para que la sentencia de primer grado se modifique en ese aspecto indemnización por lucro cesante.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el asunto, consultar, Consejo de Estado, Sección

Tercera, sentencia del 10 de marco de 2010, exp. 52001-23-31-000-1997-0898301 (17492), C.P. Enrique de Jesús Gil Botero

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 05001-23-31-000-2004-01601-01(52879)

Actor: MARTHA LUCÍA MENA GAMBOA Y OTRO

Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLÍN Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA) Tema. La responsabilidad del Estado - Falla del servicio. Subtema 1.

Responsabilidad derivada de obra pública. Sentencia. Confirma. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA A la Sala corresponde decidir el recurso de alzada propuesto por las partes contra la sentencia del 14 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, en la que se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO El 15 de marzo de 2002, el menor Víctor Manuel Perea Mena caminaba

acompañado de su progenitora, Martha Lucía Mena Gamboa, por la carrera 38B y, a la altura del inmueble identificado con la nomenclatura 97-44 del plano urbano del municipio de Medellín, pasando por encima de un muro de contención

construido por la entidad territorial citada, sin las debidas medidas de seguridad, cayó al vacío, padeciendo lesiones que posteriormente le causaron la muerte.

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda El 15 de marzo de 2004, Martha Lucía Mena Gamboa, obrando en nombre propio y en el de sus menores hijos, Kelly Marcela Perea Mena y Andrés Felipe Perea Mena, a través de procuradora judicial, en ejercicio de acción de reparación directa, presentó demanda en contra del municipio de Medellín, como responsable de los perjuicios materiales e inmateriales que, a su juicio, les fueron infligidos por el accidente en que perdió la vida su hijo, y hermano de los menores,

Víctor Manuel Perea Mena1. Los hechos relevantes en los que la parte fundamentó su pretensión, en síntesis, son los siguientes: El 15 de marzo de 2002, el menor, Víctor Manuel Perea Mena, acompañado de su madre, Martha Lucía Mena Gamboa, mientras transitaba a pie por la carrera 38, frente a la casa distinguida con la nomenclatura número 97-44 del plano urbano 1 Folios 18 a 37 del C.P. del municipio de Medellín, cayó al vacío por sobre un muro de contención levantado sin las debidas medidas de seguridad. La caída del menor trajo consigo traumas de tal entidad que un día después, el 16 de marzo del mismo año, fallece. El deceso del menor causó perjuicios materiales e inmateriales a su progenitora, Martha Lucía Mena Gamboa, como a sus hermanos, Kelly Marcela y Andrés Felipe Perea Mena.

La obra civil en cuestión -muro de contención-, que tuvo por objeto estabilizar la vía después del desbordamiento de la quebrada Cara de Vieja, según pesquisa hecha por la parte actora, fue construida por el municipio de Medellín entre 1997 y 1998, aunque no se hallaron registros de esta y sólo años después la citada entidad territorial le puso barandas o pasamanos. 2.2. Trámite procesal relevante 2.2.1.- La demanda introductoria fue admitida y se notificó en debida el proveído admisorio2. 2.2.2.- El accionado dio respuesta a la demanda en tiempo, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones y proponiendo como excepciones de mérito Ausencia de Nexo Causal, Inexistencia de la Obligación y Hecho de un Tercero. 2.2.3.- Agotada la etapa probatoria, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Publico para que presentara concepto de fondo3. 2.2.4.- El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, profirió sentencia de primera instancia el 14 de agosto de 2014[4], parcialmente favorable a las pretensiones de la parte actora, dando por sentada una concurrencia de culpas en la causación del daño antijurídico. En algunos de sus apartes, luego de dar por probado el hecho antijurídico a partir del examen de la partida de defunción arrimada al plenario, como también de las circunstancias en que acaeció el insuceso, valida para ello del análisis de los testimonios recibidos, el Tribunal consideró oportuno analizar la conducta de la

administración para determinar si se consumó una falla en el servicio que pudiera haber conducido a la muerte del menor, Víctor Manuel Perea Mena, como se muestra a continuación: “(…) La Falla en el servicio. Considera la Sala que, no obstante que la entidad demandada en su respuesta indique que no tiene constancia de haber realizado la obra motivo del debate del cruce de comunicaciones hechas entre los 2 Folios 39 y 40 del C.P. 3 Folios 45 a 54 del C.P. 4 Folios 142 a 152 del C.2. funcionario (Sic) de la Secretaría de Obras Públicas y la Jurídica del Municipio de Medellín, aunado a las declaraciones de los testigos, se puede probar que el muro de contención realizado en la Carrera 38 B con Calle 97, fue construido por personal perteneciente al municipio de Medellín. Todo lo anterior conlleva a predicar que en la construcción de la obra pública, en el sector de la Carera 38 B con Calle 97 y cuyo objeto era la realización de un muro de contención, no se tomaron todas las medidas necesarias para la protección de la vida de las personas que transitarían por el lugar, una de las cuales debió ser la existencia de barreras de protección, máxime si existía conocimiento de que era una vía pública por la que iban a circular vehículos y peatones. (…)”5. Así las cosas, el Juzgador de primer grado, hallando probada la omisión -conducta negativa de la agencia pública demandaday encontrando acreditados además los otros presupuestos axiomáticos de la responsabilidad -daño o perjuicio y nexo

causal-, en concurrencia con la culpa de la víctima, declaró responsable administrativamente al Municipio de Medellín por la falla en el servicio, que provocó la muerte del menor, Víctor Manuel Perea Mena, condenándole a pagar perjuicios morales en favor de Martha Lucía Mena Gamboa -a quien se reconoció culpa en el hecho-, en cuantía equivalente a 70 S.M.L.M.V. para la época del pago de la sentencia, y 35 S.M.L.M.V. para el momento del pago de la sentencia en favor de cada uno de los hermanos del menor fallecido, Andrés Felipe y Kelly Marcela Perea Mena. El resto de pretensiones de la demanda, entre las que contamos indemnizaciones por daño a la vida de relación y perjuicios y daños materiales fueron negadas, como también se desestimaron todas y cada una las excepciones propuestas por la parte demandada. 2.2.5.- Contra esta decisión, las partes presentaron recurso de apelación6. La parte demandante estima que la sentencia de primer grado denegó la “Indemnización por daño a la vida de relación” sin siquiera aducir las razones de su negativa; además negó el reconocimiento “por lucro cesante”. Finalmente, esta reiteró su pedimento de revocatoria parcial de la sentencia impugnada, para que se acceda a las súplicas negadas en primera instancia. La parte demandada, a su turno, considera, como lo ha hecho desde el principio del proceso, que la persona jurídica pública accionada no está llamada a responder conforme a la Ley sustancial, dado que no se encuentran los presupuestos exigidos por la jurisprudencia para exigirle responsabilidad

patrimonial al municipio de Medellín, debiendo darse vocación de prosperidad a los medios defensivos propuestos, culpa exclusiva de la víctima, inexistencia del nexo causal e inexistencia de la obligación del ente apoderado. 5 Folios 146 vto. a 147 del C.2. 6 Folios 154 a 162 del C.2. 2.2.6.- Admitida la apelación7, posteriormente, se corrió traslado a las partes y al representante del Ministerio Público para alegaciones y concepto de segunda instancia, respectivamente7. 2.2.7.- La parte demandada presentó alegaciones conclusivas, mientras parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio8.

3. CONSIDERACIONES La Sala procede a dictar sentencia de segunda instancia, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo. 3.1. Competencia Esta Sala es competente para desatar el recurso vertical propuesto por las partes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en proceso con vocación de segunda instancia por razón de la cuantía9. 3.2. Caducidad de la acción Sobre la oportunidad para formular la presente demanda resarcitoria en debido tiempo, la Sala observa que la pretensión se ejerció dentro de los dos años que establece el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, toda vez que el hecho dañoso y el daño por cuya indemnización reclama la parte accionante, esto es, la afectación a su patrimonio acaeció el 15 de marzo de 2002 y el libelo introductorio se presentó el

15 de marzo de 2004[10]. 3.3. Legitimación en la causa Martha Lucía Mena Gamboa y, sus, entonces, menores hijos, Kelly Marcela Perea Mena y Andrés Felipe Perea Mena, se encuentran legitimados en la causa por activa, por cuanto son madre y hermanos del infante, Víctor Manuel Perea Mena, fallecido en trágico accidente11. El municipio de Medellín está legitimado en la causa por pasiva, como persona jurídico-pública con interés en controvertir las pretensiones de la demanda en los términos del artículo 149 del Decreto 01 de 1984, concordado con el artículo 90 de la Carta Política, dado que a su conducta se atribuye el daño antijurídico12.

4. Problema jurídico 7 Folios 175 a 179 del C.2. 8 Folio 179 A del C.2. 9 Resulta competente la Sala para desatar el presente recurso, de conformidad con el artículo 129 del Decreto 01 de 1.984, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, vigente para la época de presentación del libelo introductorio -15 de marzo de 2004-, atendiendo a que la cuantía razonada en la demanda supera los 500 S.M.L.M.V. para la época. Concordado con los preceptos civiles adjetivos 19 y 20. 10 Folio 37 del C.P. 11 Folios 2,3 y 4 del C.P. 12 Folios 2 a 4 del C.P.

La Sala examinará si en el presente asunto se configuraron los elementos para declarar la responsabilidad de la Administración Pública por una supuesta falla en

el servicio del municipio de Medellín, la cual estaría de manera directa relacionada con el accidente que ocasionó la muerte al menor Víctor Manuel Perea Mena y menoscabó patrimonialmente a los demandantes. Luego, si a ello hay lugar, la Sala revisará la condena en perjuicios.

5. Análisis de la Sala 5.1. Consideración sobre los medios de prueba En primer lugar, en cuanto al valor de los medios de prueba aportados al proceso, la Sala encuentra que los documentos traídos como medios de convicción fueron decretados y aportados oportuna y válidamente. Para su recepción e incorporación, se respetaron los principios de contradicción y publicidad. Todos, a excepción de la necropsia y la historia clínica del menor fallecido, fueron arrimados en copia auténtica y serán tratados como medios hábiles y su eficacia probatoria será valorada conforme a las reglas de la sana crítica.

Igual tratamiento tendrán las copias simples aportadas al proceso, habida cuenta que, estando como estuvieron a disposición de la parte contraria, no fueron tachadas, ni discutidas como falsas. Ahora, la Sala, al revisar los documentos que obraron en el expediente, observa que estos pueden ser valorados en esta oportunidad, porque tales medios de prueba han permanecido a disposición de las partes durante el curso del proceso y ninguna de ellas ha controvertido su autenticidad. Por tanto, tales pruebas serán apreciadas en el sub lite con el valor legal que les corresponde13. 5.2. El daño antijurídico 5.2.1. En relación con el daño antijurídico, cuya reparación se pretende por los demandantes (la muerte del menor Víctor Manuel Perea Mena y las afectaciones y

perjuicios que aquel evento deparó a su progenitora y hermanos), obran en el plenario las siguientes pruebas: 5.2.1.1. En primer lugar, la parte demandante aportó la partida de defunción, con la que se acredita fehaciente o plenamente el óbito del infante Víctor Manuel Perea Mena, documento que en esta instancia será tenido por auténtico e idóneo para los fines que fue aportado -demostración de la causa del daño antijurídico-14. 5.2.1.2 Con el mismo propósito y de manera oportuna, los demandantes solicitaron al juzgador de primer grado oficiar al Instituto de Medicina Legal, Seccional Medellín, para que enviase a su Despacho copia del acta de necropsia del menor fallecido, documento que si bien es cierto se aportó en copia común y se incorporó al plenario, no recibió reparo o ataque alguno que impugnara o pusiera en entre dicho su autenticidad, por lo que esta Sala le confiere pleno valor 13 Sentencia del 26 de marzo de 2008, exp. 34.038. 14 Folio 5 del C.P. y crédito, como prueba de la causa del daño antijurídico, conforme a lineamientos pretorianos adoptados por esta misma Corporación en sentencia antes citada. En este documento, a modo de conclusión, se dice “La muerte de quien en vida respondió al nombre de VICTOR MANUEL PEREA MENA, fue consecuencia natural y directa del SHOCK TRAUMATICO por traumas múltiples por contusión. Lesiones que tuvieron un efecto de naturaleza esencialmente mortal”15.

5.2.1.3 En el mismo sentido y para tales fines, en su momento los accionantes pidieron al a quo exhortar al Hospital Universitario San Vicente de Paúl con asiento en Medellín, para que remitiese, con destino al expediente que nos ocupa, la historia clínica 02114250 del menor fallecido. Este documento, pese a que se allegó en copia simple, se incorporó al acervo probatorio y no provocó reparo o impugnación de autenticidad alguna, por lo que esta Sala le reconoce pleno valor, como demostrativo de la causa del daño que los actores no estaban en el deber de soportar16. Entendiendo la historia clínica conforme a la Ley 23 de 1981, artículo 34, como “el registro obligatorio de la condiciones del salud del paciente”, cuya naturaleza documental es privada y está sometida a reserva por mandato legal. En la historia clínica se registran “cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención”, conforme al artículo 2 de la Resolución 1995 de 1999, proferida por el Ministerio de Salud, por la que se establecieron las normas para el manejo de las historias clínicas, las cuales cobijan a “todos los prestadores de servicios de salud y demás personas naturales o jurídicas que se relacionen con la atención en salud”. Es suficiente para la Sala, como lo fue para el juzgador de conocimiento de primera instancia, el análisis de los documentos referidos, para dar por probado plenamente uno de los extremos de la responsabilidad patrimonial de la administración, que para el caso Sub Judice encarna el municipio de Medellín, a

saber, el daño cualificado como antijurídico, según el Constituyente de 1991. Daño que podemos catalogar aquí como cierto, concreto y determinado, tomando voces de reiterada jurisprudencia de esta Corporación, que afectó a las personas que integran la parte demandante. 5.2.1.4. En relación con la falla del servicio, se hace preciso volver sobre documentos, oficios varios, aportados por la parte actora con el libelo de demanda y producidos por agencias o dependencias del municipio de Medellín, en respuesta a algunos de derechos de petición elevados por la apoderada de los actores, así: 5.2.1.5 Oficio 200400002743, de la Unidad de Construcción y Sostenimiento de la Secretaría de Obras Públicas, del 21 de enero de 2004, y suscrito por el ingeniero Milton Garrido Figueroa, jefe de la dicha unidad, donde dijo, a propósito de algunas de las atribuciones de la citada Secretaría, que “(…). 1. Dado que la Secretaría de Obras Públicas de Medellín le corresponde el mantenimiento de la malla vial de la ciudad, le compete a esta la realización de las construcciones y el 15 Folios 70 a 72 del C.P. 16 Folios 73 a 95 del C.P. mantenimiento de las obras de arte, de los elementos constitutivos de la misma y de la estabilización de las vías. (…)17. 5.2.1.6 Oficio 200400013418, suscrito por María Carmenza Trujillo M., Analista de Obras y Construcciones de la entidad territorial demanda, para la época de los

hechos, como también por el antes citado ingeniero Milton Garrido Figueroa, en el que se dijo, perentoria y claramente, que “(...), la Secretaría de Obras Públicas realizó la diligencia de construcción de pasamanos en la carrera 38B frente al número 47 – 44 (…)18. Este documento fue reconocido en todas sus partes por el mentado ingeniero, quien