CE-SECCION TERCERA-05001-23-31-000-2007-00542-01(47879)

COSA JUZGADA PENAL / COSA JUZGADA PENAL ABSOLUTORIA /

APERTURA DE LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN / TRÁMITE DE LA

INSTRUCCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA / INEXISTENCIA DE LA COSA JUZGADA / INOPERANCIA DE LA COSA JUZGADA / ACCIÓN CIVIL / EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL / CRITERIO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN El señor, (…) [la cooperativa] y la Aseguradora (…) propusieron la excepción de cosa juzgada penal, con fundamento en que el señor (…) fue absuelto de responsabilidad penal, de conformidad con el artículo 57 de la ley 600 de 2000, norma vigente para el momento de los hechos (…). [R]esulta evidente para la Sala que, la decisión de la Fiscalía de abstenerse de iniciar instrucción no hace tránsito a cosa juzgada penal, toda vez que, no es uno de los eventos taxativos, establecidos en el artículo 57 de la ley 600 de 2000, para que no sea posible iniciarse ni proseguirse la acción civil en contra del señor (…).

FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 57

NOTA DE RELATORÍA: En relación con la cosa juzgada penal y el papel del juez de la responsabilidad, consultar providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 12 de agosto de 2003, Exp. 7346.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR ACCIDENTE DE

VEHÍCULOS, NAVES O AERONAVES / ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN

VEHÍCULO PARTICULAR / SERVICIO PÚBLICO DE TAXI / MUERTE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / MOTOCICLETA / MOTOCICLISTA / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR DAÑO EN VÍA PÚBLICA / FALLA EN EL SERVICIO VIAL / MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL / MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR FALLA DEL SERVICIO VIAL / MAL

ESTADO DE VÍA PÚBLICA / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DEL ESTADO / OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

TERRITORIAL / RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / MUNICIPIO / RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO Se encuentra acreditado que la víctima perdió el equilibrio como consecuencia del mal estado de la vía, ya que, si bien el informe pericial desconoce la razón por la cual ello ocurrió, lo cierto es que, de la valoración en conjunto del material probatorio a la luz de las reglas de la experiencia, es dado concluir que el mal estado de la vía, que se evidencia con las fotos que se aportaron, fue lo que determinó que la víctima perdiera el control de la motocicleta y cayera. Así, se encuentra acreditada la responsabilidad del municipio de Medellín, a título de falla del servicio, consistente en el mal estado de la vía, es decir por el incumplimiento de las obligaciones del ente territorial en el mantenimiento de las vías de orden municipal.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la responsabilidad patrimonial por la falta de

mantenimiento de las vías públicas, consultar providencia de de 8 de abril de 2014, Exp. 30466, C.P. Enrique Gil Botero.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR ACCIDENTE DE

VEHÍCULOS, NAVES O AERONAVES / ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN

VEHÍCULO PARTICULAR / SERVICIO PÚBLICO DE TAXI / MUERTE POR

ACCIDENTE DE TRÁNSITO / MOTOCICLETA / MOTOCICLISTA /

CONDUCTOR DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO / CULPA DEL

CONDUCTOR DE VEHÍCULO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE

CONDUCTOR VEHÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO / RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR DE VEHÍCULO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPREVISIBILIDAD / IRRESISTIBILIDAD / HECHO IRRESISTIBLE / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR DAÑO EN VÍA PÚBLICA / MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA / MAL ESTADO DE VÍA PÚBLICA En relación con el (…) argumento del recurso único de apelación, según el cual la Sentencia omitió pronunciarse sobre la responsabilidad de los demás demandados, le asiste razón a la parte actora; por lo cual, se analizará si el daño resulta imputable al señor (…) [conductor del taxi de la cooperativa demandada]. (…) Para el efecto, se acreditó que la muerte (…) fue consecuencia directa de la caída que sufrió al perder el equilibrio debido a la existencia de un defecto en la

vía. Adicionalmente, del croquis del accidente es posible inferir que, por la forma en que ocurrió la caída (…), al señor (…) le era imprevisible e irresistible el accidente, motivo por el cual no es posible atribuir responsabilidad al señor (…).

PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / LUCRO CESANTE /

INDEMNIZACIÓN A LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA / DEPENDENCIA

ECONÓMICA / DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LOS PADRES / OBLIGACIÓN ALIMENTARIA / INDEMNIZACIÓN POR PERDIDA DE AYUDA ECONÓMICA SUFRIDA POR MUERTE DE LA VÍCTIMA / PRUEBA DEL LUCRO CESANTE / FALTA DE PRUEBA / AUSENCIA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LA TASACIÓN

DEL LUCRO CESANTE / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DEL

LUCRO CESANTE / IMPROCEDENCIA DEL LUCRO CESANTE /

IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA En relación con la dependencia económica de los padres respecto de la víctima directa, esta Corporación en sentencia de unificación estableció que, la misma se fundamenta en la obligación de alimentos contenida en el artículo 411 del Código Civil, razón por la cual, la parte actora debe acreditar tanto la contribución económica como la necesidad de recibir dicha ayuda (…). Si bien la parte demandante acreditó mediante testimonios que la víctima directa ayudaba económicamente a sus padres, lo cierto es que, no solo no demostró que la madre no podía procurarse su propia subsistencia, sino que, por el contrario, se acreditó

que: 1) en el hogar vivían el padre y la madre de la víctima, 2) el padre trabajaba en la Fiscalía General de la Nación y la madre trabajaba como madre comunitaria y, 3) que la ayuda (…) a la madre consistía en “una señora para que le fuera a colaborar en los oficios de la casa”. (…) De lo anterior, se destaca que no se cumplió con el segundo requisito para el reconocimiento del lucro cesante para la madre, de conformidad con la sentencia de unificación, toda vez que, no se demostró que no tenía los medios para su propia subsistencia. Por lo anterior, se negará el lucro cesante para la señora (…).

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 411

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los presupuestos de procedencia del lucro cesante proveniente de la perdida de la ayuda económica de los padres por la muerte de uno de sus hijos, consultar providencia de 6 de abril de 2018, Exp. 46005, C.P.

Danilo rojas Betancourth.

PERJUICIO MORAL / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PERJUICIO

MORAL POR MUERTE / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL / PRESUPUESTOS DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / INDEMNIZACIÓN A LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN La parte actora solicitó también el reconocimiento de 1.000 smmlv por concepto de daño moral, para cada uno de sus padres y hermanos. Para calcular la indemnización por este concepto, la Sala lo hará de conformidad con la

jurisprudencia de unificación de esta Corporación, para los casos de muerte, por lo cual, se reconocerá a favor de los demandantes (…).

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el reconocimiento de perjuicios morales por muerte, consultar providencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 26251, C.P. Jaime

Orlando Santofimio Gamboa.

NOTA DE RELATORÍA: La presente providencia cuenta con salvamento de voto

del doctor Ramiro Pazos Guerrero.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 05001-23-31-000-2007-00542-01(47879)

Actor: MARÍA ELENA RUÍZ VILLA Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y OTROS Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA) Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Cosa juzgada penal – responsabilidad del Estado por falla del servicio – dependencia económica de los padres y su prueba – llamamiento en garantía.

Síntesis del caso: la víctima perdió el equilibrio y cayó de su moto, en ese momento un taxi la atropelló.

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia proferida el 28 de enero de 2013, por la Subsección de reparación directa de la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia1, en

la cual se negaron las pretensiones de la demanda. 1 Folios 646 - 680 del c.Ppal Esta Sala es competente para proferir esta Sentencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una decisión proferida por un Tribunal Administrativo, interpuesto en vigencia de la Ley 446 de 1998 y, de conformidad con los artículos 129 y 132 del Código de los Contencioso Administrativo, norma vigente al momento de la presentación de la demanda2.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación. 1.1. Posición de la parte demandante

1. Los señores María Elena Ríos Villa, Libardo de Jesús Zapata Lotero, Marly Zapata Ruíz, Marcela María Zapata Ruíz, Libardo Zapata Ruíz, Sergio Zapata Ruíz, Alexis Zapata Ruíz y Leonardo Zapata Ruíz, actuando en nombre propio y a través de su representante legal, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Municipio de Medellín, Cooperativa de

Transportadores Tax Coopebombas Ltda. y William Orlando Torres Gil. Fueron sus pretensiones (se trascribe): “PRIMERA: Declarar que EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, representado legalmente por el doctor SERGIO FAJARDO VALDERRAMA, o quien haga sus veces al momento de la notificación correspondiente, LA

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES TAX COOPEBOMBAS

LTDA., representada legalmente por el señor JORGE LEÓN MONTOYA NEGRETE, o quien haga sus veces al momento de la notificación correspondiente, y el señor WILLIAM ORLANDO GIL TABARES, son responsables administrativa y civilmente, respectivamente, de manera solidaria, conjunta o por separado, de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes por la muerte de VIVIANA ZAPATA RUÍZ, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía 44.004.717, cuyo fallecimiento ocurrió el 8 de abril de 2005 en la ciudad de Medellín.”

2. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, solicitaron las

siguientes condenas: Perjuicio Modalidad Demandante Petición Lucro María Elena “[E]ste perjuicio se configura en Material cesante Ruíz Villa la madre de VIVIANA ZAPATA RUÍZ, quien era socorrida económicamente por su hija fallecida, quien le colaboraba para su manutención con un porcentaje aproximado al 2 Para el momento de la presentación de la demanda la cuantía debía ser superior a 500 smmlv y, solicitaron 1.000 smmlv. cuarenta por ciento (40%) de su salario …” Todos los Moral 1.000 smmlv para cada uno demandantes María Elena Ruíz Villa y Vida de Inmaterial Libardo de 1.000 smmlv para cada uno relación Jesús Zapata Lotero

3. Como hechos que fundamentan las pretensiones , la parte actora expuso,

en síntesis:

4. El 8 de abril de 2005, la señora Viviana Zapata Ruíz conducía su moto y,

en la avenida Bolivariana con calle 34 de Medellín, cayó debido a una imperfección en la vía y, fue golpeada por un taxi de la cooperativa demandada que era conducido por el señor William Orlando Gil Tabares, lo cual le ocasionó la muerte.

5. En la etapa de alegatos de conclusión3 la parte actora reiteró que los demandados son responsables de forma concurrente por la muerte de la señora Viviana Zapata Ruíz, sostuvo que, el municipio era el encargado del mantenimiento de la vía en la cual se encontraba el “desperfecto”, el que calificó como la causa eficiente del daño. En relación con el señor Gil Tabares afirmó que, conducía a una distancia menor a la establecida en el Código de Tránsito, razón por la cual no pudo evitar el accidente. 1.2. Posición de la parte demandada

6. El apoderado de la Cooperativa de Transportadores Tax-Coopebombas Ltda., al contestar la demanda4, admitió unos hechos, negó otros y manifestó que no tenía conocimiento de los demás. Se opuso a todas las pretensiones, para lo cual, propuso las excepciones que denominó “cosa juzgada”, “caso fortuito”, “cobro de lo no debido”, “enriquecimiento sin justa causa”, “falta de competencia”, y, “habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde”. Por último, llamó en garantía a la Aseguradora Solidaria de

Colombia5.

7. El apoderado del señor William Orlando Gil Tabares 6 , al contestar la demanda propuso las excepciones que denominó “cosa juzgada”, “culpa exclusiva de la víctima – ruptura del nexo de causalidad”, “culpa exclusiva de un tercero –

municipio de Medellín”, “falta de legitimación por activa – pasiva”, “neutralización de presunciones (art. 2356 del C.C.”; de manera subsidiaria, propuso las excepciones que denominó “tasación excesiva del perjuicio”, “inexistencia del perjuicio moral”, “reducción de la indemnización por concurrencia de culpas” y “temeridad y mala fe”. 3 Folios 639 - 644 del C1 4 Folios 39 – 45 del C.1. 5 Folios 105 – 107 del C.1, el cual fue admitido mediante Auto de 11 de octubre de 2007 (folios 208 – 210 del C.1.) 6 Folios 59 – 79 del C.1.

8. El apoderado del municipio de Medellín, al contestar la demanda7 se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual afirmó que, la señora Zapata Ruíz asumió el riesgo inherente a la actividad de conducción y que, adicionalmente, no cumplió con las normas de tránsito, puesto que, no contaba con licencia de conducción ni llevaba casco de seguridad. Propuso las excepciones que denominó “culpa exclusiva de la víctima”, “falta de legitimación en la causa por activa”, “inexistencia del nexo de causalidad”, “fuerza mayor o caso fortuito”, “falta de competencia e ineptitud sustantiva de la demanda”, “hecho de un tercero” y “la genérica”.

9. Por último, el apoderado de la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda., contestó la demanda y el llamamiento en garantía8. Frente a la primera, se opuso a las pretensiones de la demanda toda vez que, consideró que el hecho ocurrió

por culpa de la víctima y que, ante una actividad peligrosa, las presunciones de culpa deben neutralizarse. Propuso las excepciones que denominó “ausencia de responsabilidad”, “culpa exclusiva de la víctima”, “culpa de un tercero”, “neutralización de culpas”, “reducción de la indemnización”, “cosa juzgada penal”, “fuerza mayor o caso fortuito” y “tasación excesiva del perjuicio”.

10. En relación con el llamamiento en garantía, el apoderado de la aseguradora aceptó unos hechos y negó otros; además propuso las excepciones que denominó “límite asegurado”, “no cobertura perjuicio moral y daño a la vida de relación” y “no cobertura del lucro cesante”.

11. En la etapa de alegatos de conclusión9, los apoderados del municipio de Medellín 10 , del señor Gil Tabares 11 y de la Aseguradora 12 se limitaron a reiterar los argumentos de sus contestaciones y a hacer referencia a algunas pruebas. 1.3. Sentencia de primera instancia

12. En Sentencia de 28 de enero de 201313, la Subsección de reparación directa de la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto, consideró que, pese a que se acreditó el daño (muerte de Viviana Zapata Ruíz) y la existencia de una imperfección en la vía, la parte actora no acreditó el nexo causal entre estos. 1.4. Recurso de apelación

13. La parte actora interpuso recurso de apelación14, en el cual hizo referencia a dos argumentos: el primero, según el cual, se encontró acreditado el nexo causal

entre el daño y la “conducta de la Administración”, pues éste “se concluye, lógica y 7 Folios 122 – 141 del C.1. 8 Folios 216 – 238 del C.1. 9 Folios 218 - 223 del C.1. 10 Folios 591 – 602 del C.1. 11 Folios 626 – 638 del C.1. 12 Folios 605 – 625 del C.1. 13 Folios 646 – 680 del C.Ppal. 14 Folios 683 – 692 del C.1. razonadamente”. Y, el segundo, consistente que la Sentencia omitió pronunciarse sobre la responsabilidad del señor William Orlando Gil Tabares, la cooperativa Coopebombas Ltda. y el llamado en garantía.

2. CONSIDERACIONES Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar; 2.2. Cuestión previa – cosa juzgada penal; 2.3. Análisis sustantivo; 2.4. Liquidación de perjuicios; 2.5. Costas. 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar

14. La Sala se pronunciará de fondo toda vez que, se encuentran reunidos los presupuestos para dictar Sentencia, al ser la reparación directa la acción procedente, ya que el demandante pretendió la responsabilidad por la falla del servicio del municipio de Medellín y, la demanda se presentó de manera oportuna, puesto que, la señora Viviana Zapata Ruíz falleció el 8 de abril de 200515 y, la demanda fue presentada el 9 de abril de 200716.

15. Corresponde a la Sala determinar si el recurso único de apelación,

presentado por la parte demandante debe prosperar. Al respecto, la Sala revocará la sentencia y, en su lugar, declarará la responsabilidad del Municipio de Medellín, para lo cual analizará, como cuestión previa, la excepción de cosa juzgada penal propuesta por algunos de los demandados. Luego, se pronunciará sobre los elementos de la responsabilidad y la consecuente liquidación de perjuicios. 2.2. Cuestión previa – cosa juzgada penal

16. El señor Gil Tabares, Coopebombas y la Aseguradora Solidaria de Colombia propusieron la excepción de cosa juzgada penal, con fundamento en que el señor Gil Tabares fue absuelto de responsabilidad penal, de conformidad con el artículo 57 de la ley 600 de 2000, norma vigente para el momento de los hechos, que establecía (se trascribe): “La acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que la conducta causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa.”

17. En relación con la cosa juzgada penal y el papel del juez de la responsabilidad, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia consideró (se trascribe): “[…] la sentencia condenatoria penal comporta un valor absoluto de cosa juzgada, la absolutoria o liberatoria de la responsabilidad penal del procesado, en cuanto a sus efectos en el campo civil, estaba sujeta a la reglamentación establecida por el art. 57 del C. de P. 15 De conformidad con el Registro Civil de Defunción (folio 17 del C.1.)

16 Folios 14 y 28 del C.1. Penal, (hoy ídem artículo de la ley 599 de 2000), el cual consagraba que la acción civil no puede iniciarse ni proseguirse, cuando en providencia que haya adquirido firmeza, el reo ha sido eximido de responsabilidad penal, bien porque el hecho investigado no existió, ora porque el sindicado no lo cometió, u obró en legítima defensa o en estricto cumplimiento de un deber. De manera que al momento de decidir, dado el valor relativo que a la sentencia absolutoria le atribuye la ley, el juez civil debe verificar si el pronunciamiento del juez penal encaja en alguna de las hipótesis que taxativamente se consagran en dicho precepto, pues sólo en tales supuestos puede argüir su influjo sobre la acción civil”17 (subrayas fuera del texto)

18. Al respecto, obra en el expediente la decisión de 16 de agosto de 200518, en la cual, la Fiscalía 11 delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín resolvió “abstenerse de iniciar instrucción” por la muerte de Viviana Zapata Ruíz y, como fundamento, consideró (se trascribe): “De lo arrimado al expediente, se puede concluir que los hechos ocurrieron por un caso fortuito […] al caer esta mujer, ya el conductor del taxi no podía calcular esa situación, por estar próximo en la circulación y en las mismas circunstancias de visibilidad de la conductora de la moto, valga precisar, iniciando el plano que existe en la cima del puente en esa avenida.

Podemos entonces concluir, con el art. 327 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 200), que establece que el fiscal se

abstendrá de iniciar instrucción cuando […] está demostrada una causal de ausencia de responsabilidad – art. 32 del C.P. numeral primero, Caso Fortuito o Fuerza Mayor […]” (subrayas fuera del texto)

19. Así, resulta evidente para la Sala que, la decisión de la Fiscalía de abstenerse de iniciar instrucción no hace tránsito a cosa juzgada penal, toda vez que, no es uno de los eventos taxativos, establecidos en el artículo 57 de la ley 600 de 2000, para que no sea posible iniciarse ni proseguirse la acción civil en contra del señor Gil Tabares. Así, la Sala procederá a analizar los elementos de la responsabilidad en el caso concreto. 2.3. Análisis sustantivo

20. De conformidad con el artículo 90 constitucional resulta pertinente comenzar por el primer elemento de la responsabilidad, esto es, el daño. Así, se acreditó la muerte de Viviana Zapata Ruíz19 como consecuencia de un accidente

de tránsito en la avenida bolivariana con calle 34 de Medellín20.

21. La parte actora acreditó que la señora Zapata perdió el equilibrio en el punto en el que se encontraba un “montículo” y “un pequeño hueco”, de 17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 12 de agosto de 2003, radicado 7346. 18 Folios 101 – 104 del C.1. 19 Folio 17 del C.1. 20 Folio 154 y 155 del C.1. que corresponden al acta de levantamiento del cadáver y al Informe de Accidente No. 009412200 de 8 de abril de 2005 y; de acuerdo con el Informe Técnico de Necropsia Médico Legal en el cual

se concluyó (se trascribe): “La muerte […] fue consecuencia natural y directa del shock traumático, por los traumas encefalocraneanos por contusión de naturaleza esencialmente mortal” (folio 573 del C.1.) conformidad con el Acta de Levantamiento de Cadáver21, las fotografías aportadas22 y, el croquis del accidente23. Al respecto, en las fotografías se observa el estado de la vía, así:

22. Adicionalmente, del croquis del accidente se observa que la señora Zapata al perder el equilibrio a la altura del montículo (círculo rojo 1), se deslizó unos metros y dejó una “huella de arrastre”, y luego fue atropellada por el señor Gil

Tabares (círculo rojo 2), así:

23. Obra también un Informe Pericial de Física No. 073-05GFF-DNC de 20 de junio de 200524, en el que se concluyó (se trascribe): “[…] la información obrante en el expediente no permite establecer si la moto perdió el equilibrio y cayó por las irregularidades de la via que se muestra en la fotografía obrante en folio 41 o si fue por alguna otra razón que se desconoce.”

24. Se encuentra acreditado que la víctima perdió el equilibrio como consecuencia del mal estado de la vía, ya que, si bien el informe pericial 21 Folio 154 del C.1. 22 Fotografías que obran en folios 81-82 del c.1. originales y, en folios 415 – 420 y 526 – 531 del C.1. en copia certificada, las cuales fueron aportadas como prueba trasladada, remitida por la Secretaría de Transportes y

Tránsito de Medellín, mediante oficio No. 103-OECM (folio 304 del C.1.) en el cual consta el oficio No. 930.326F11de 21 de abril de 2005, suscrito por el Fiscal Seccional de la Unidad Segunda de Vida, el que consta: “[…] Luego de practicarse varias diligencias, se ha establecido que fueron tomadas, alrededor de 10 a 12 fotografías, en el lugar donde se presentó el accidente (Avenida Bolivariana con calle 34), por parte del agente de tránsito con placa 540.”; fotografías que no fueron controvertidas por la parte demandante. 23 Folio 157 del C.1. 24 Folios 458 – 462 del C.1., aportado como prueba trasladada, remitida por la Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín, mediante oficio No. 103-OECM (folio 304 del C.1.) y el cual no fue controvertido por la parte demandante. desconoce la razón por la cual ello ocurrió, lo cierto es que, de la valoración en conjunto del material probatorio a la luz de las reglas de la experiencia, es dado concluir que el mal estado de la vía, que se evidencia con las fotos que se aportaron, fue lo que determinó que la víctima perdiera el control de la motocicleta y cayera. Así, se encuentra acreditada la responsabilidad del municipio de Medellín, a título de falla del servicio, consistente en el mal estado de la vía, es decir por el incumplimiento de las obligaciones del ente territorial25 en el mantenimiento de las vías de orden municipal.

25. En relación con el segundo argumento del recurso único de apelación,

según el cual la Sentencia omitió pronunciarse sobre la responsabilidad de los demás demandados, le asiste razón a la parte actora; por lo cual, se analizará si el daño resulta imputable al señor William Orlando Gil Tabares y, solo en el evento en que se encuentre acreditada la responsabilidad del señor Gil Tabares se procederá al análisis de la responsabilidad de la cooperativa Coopebombas, como tercero civilmente responsable y, de la Aseguradora Solidaria de Colombia como llamado en garantía.

26. Para el efecto, se acreditó que la muerte de Viviana Zapata Ruíz fue consecuencia directa de la caída que sufrió al perder el equilibrio debido a la existencia de un defecto en la vía. Adicionalmente, del croquis del accidente es posible inferir que, por la forma en que ocurrió la caída de la señora Zapata Ruíz, al señor Gil Tabares le era imprevisible e irresistible el accidente, motivo por el cual no es posible atribuir responsabilidad al señor Gil Tabares ni a los demás demandados.

27. Así, se declarará responsable al Municipio de Medellín por los daños sufridos como consecuencia de la muerte de la señora Viviana Zapata Ruíz a título de falla del servicio consistente en la omisión de sus deberes de mantenimiento de las vías municipales, como se explicó. 2.4. Liquidación de perjuicios

28. La parte actora solicitó por concepto de lucro cesante, para la señora María Elena Ruíz Villa, pues la víctima directa “le colaboraba para su manutención con un porcentaje aproximado al cuarenta por ciento (40%) de su salario …”. Para el

efecto, se acreditó que la señora Viviana Zapata desempeñaba una actividad económica, pues los testimonios rendidos en el proceso contencioso 25 Al respecto, el artículo 311 constitucional establece: “Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.”, en este sentido la Corte Constitucional ha considerado que: “es responsabilidad de los departamentos y municipios manejar los asuntos que conciernan a su territorio y de estos últimos construir las obras públicas necesarias para el desarrollo local […]”. Así lo ha establecido esta Corporación: “el mantenimiento de las vías del orden nacional es competencia de la Nación, en cabeza del Instituto Nacional de Vías, y el de las vías departamentales y municipales le corresponderá al departamento o municipio donde esté ubicada la vía”(destacado fuera del texto), en Sentencia de 8 de abril de 2014, expediente 30466. administrativo coinciden en afirmar que trabajaba en un almacén de electrodomésticos26.

29. En relación con la dependencia económica de los padres respecto de la víctima directa, esta Corporación en sentencia de unificación estableció que, la misma se fundamenta en la obligación de alimentos contenida en el artículo 411 del Código Civil, razón por la cual, la parte actora debe acreditar tanto la contribución económica como la necesidad de recibir dicha ayuda, así: “la Sala unificará su jurisprudencia para señalar que, en ausencia de

prueba que demuestre (i) que los hijos contribuyen económicamente con el sostenimiento del hogar paterno o materno, porque materialmente están en condiciones de hacerlo, es decir, porque ejercen una actividad productiva que les reporta algún ingreso, y (ii) que los padres son beneficiarios de la obligación alimentaria porque no tienen los medios para procurarse su propia subsistencia, bien porque están desempleados, enfermos o sufren de alguna discapacidad, no puede presumirse que la muerte de una persona menor de 25 años genera una pérdida de ingresos cierta a favor de sus padres.”27 (subrayas fuera del texto)

30. Si bien la parte demandante acreditó mediante testimonios que la víctima directa ayudaba económicamente a sus padres, lo cierto es que, no solo no demostró que la madre no podía procurarse su propia subsistencia, sino que, por el contrario, se acreditó que: 1) en el hogar vivían el padre y la madre de la víctima28, 2) el padre trabajaba en la Fiscalía General de la Nación y la madre trabajaba como madre comunitaria29 y, 3) que la ayuda de Viviana Zapata a la madre consistía en “una señora para que le fuera a colaborar en los oficios de la casa”30.

31. De lo anterior, se destaca que no se cumplió con el segundo requisito para el reconocimiento del lucro cesante para la madre, de conformidad con la sentencia de unificación, toda vez que, no se demostró que no tenía los medios para su propia subsistencia. Por lo anterior, se negará el lucro cesante para la señora María Elena Ruíz. 26 Al respecto obran los testimonios de Luz Aida Chaverra Lopera (folios 250 – 252 del C.1.) quien afirmó (se

trascribe): “trabajaba en una oficina, creo que en el área de electrodomésticos, algo así, era como secretaria …”; el testimonio de Martha Elena Ocampo Sánchez (folios 260 – 264 del C.1.), en el que afirmó (se trascribe): “Estaba trabajando en un almacén de electrodomésticos” y; el testimonio de Jovanny de Jesús Grajales Restrepo (folios 265 – 268 del C.1.) quien manifestó (se trascribe): “ella trabajaba en una empresa de electrodomésticos …” 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, expediente 46005, sentencia de 6 de abril de 2018. 28 Testimonio de Luz Aida Chaverra Lopera (folios 250 – 252 del C.1.) quien afirmó (se trascribe): “vivía con la Mamá doña María Elena, don Libardo que es el papá, sus hermanos …”; testimonio de Natacha Ocampo Sánchez (folio 253 del C.1) que manifestó (se tr