CE-SECCION TERCERA-05001-23-31-000-2011-00229-01(52998)

JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / EMPRESA

PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA / OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL

SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA /

RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO

PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA / ENTIDAD PÚBLICA /

REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CLÁUSULA GENERAL DE

COMPETENCIA / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO /

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO

[D]ebe precisar que esta Jurisdicción es competente para conocer del presente asunto, puesto que la parte demandada es una empresa prestadora del servicio público domiciliario de energía eléctrica, que si bien se circunscribe a un régimen esencialmente privado, es una entidad que tiene naturaleza pública, tal como la Sala Plena de la Sección Tercera lo dispuso en sentencia (…) en el que precisó que ante las lagunas normativas para determinar la jurisdicción competente respecto de las controversias de naturaleza contractual o extracontractual de prestadores de servicios públicos domiciliarios, es necesario remitirse a la cláusula general de competencia, que para el caso concreto se encuentra prevista en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006, la cual es de carácter orgánico.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 129 / LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 37 / LEY 1395 DE 2010 – ARTÍCULO 3 /

CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 82 / LEY 1107 DE 2006 – ARTÍCULO 1

NOTA DE RELATORÍA: Atinente al tema, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 3 de septiembre de 2020, exp. 42003, C.P. Alberto Montaña Plata

DAÑO ANTIJURÍDICO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA /

CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD

DEL ESTADO / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL

ESTADO / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO /

FALLA DEL SERVICIO / RESPONSABILIDAD OBJETIVA /

RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL /

DAÑO ESPECIAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS

[E]l Estado es responsable cuando se cause un daño antijuridico, es decir una afectación o lesión a un bien jurídicamente tutelado, que el administrado o en general la persona que lo ha sufrido no está en la obligación de soportar y que este sea imputable a la administración (…) Existen diferentes regímenes o títulos de imputación que han sido reconocidos dentro del marco de la responsabilidad extracontractual, a saber: por falta (subjetiva) y sin falta (objetiva), tales como la falla del servicio, la materialización del riesgo excepcional, el daño especial (la ruptura de la igualdad frente a las cargas públicas), sin que estos constituyan regímenes o títulos taxativos; de manera que la Sección Tercera unificó su

posición (…)

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA-ARTÍCULO 90

NOTA DE RELATORÍA: Atinente al tema, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 27 de septiembre de 2000, exp. 11601, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 12 de julio de 1993, exp. 7622, C.P. Carlos Betancur Jaramillo y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 12 de abril de 2012, exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE

LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO /

REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD

DEL ESTADO / IMPUTACIÓN / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO

DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA / DAÑO / CONDUCCIÓN DE

ENERGÍA ELÉCTRICA / ACTIVIDAD PELIGROSA / RÉGIMEN DE LA

RESPONSABILIDAD OBJETIVA / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL

ESTADO POR RIESGO EXCEPCIONAL / TEORÍA DEL RIESGO

EXCEPCIONAL / APLICACIÓN DE LA TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL /

ENTIDAD PÚBLICA / DAÑO EN EJERCICIO DE ACTIVIDAD PELIGROSA

EJERCICIO DE ACTIVIDAD PELIGROSA Teniendo en cuenta los elementos generales por los que se configura la responsabilidad extracontractual del Estado, es necesario identificar el régimen de imputación en el que la prestación del servicio público de energía eléctrica se puede enmarcar, toda vez que, en el caso concreto, es a partir de la actividad de distribución y conducción de energía eléctrica que presuntamente se generó el daño. En este orden de ideas, esta Corporación ha considerado que la conducción de energía eléctrica es una actividad peligrosa, por lo que el régimen de imputación es preponderantemente objetivo, dentro del título de imputación conocido como riesgo excepcional, fundado en la idea de que aquella autoridad pública que en la ejecución de sus funciones cree un riesgo particular de daño, debe asumir las consecuencias, cuando el riesgo se materialice. Entonces, si dentro del ejercicio de sus funciones una entidad pública genera verdaderos peligros a terceros, como sucede con la producción, conducción y mantenimiento de energía eléctrica, dentro de la prestación del servicio público, y eventualmente ocasiona efectos negativos, esta se encuentra obligada a reparar los perjuicios que su actividad haya causado, sin importar si existió falla en el servicio o no, pues lo que se cuestiona no es la diligencia de la administración, sino (…) [la concreción del peligro propio de la actividad riesgosa]. Por lo que solo la administración se puede eximir de responsabilidad, si demuestra que el daño se debió a causas extrañas, tales como: fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o hecho de un tercero, como ocurre en el tendido y uso de redes clandestinas. No obstante, esto

no significa que, dentro de la prestación del servicio público de energía, no pueda configurarse el título de imputación denominado falla del servicio, pues si la entidad actuó de forma irregular, la responsabilidad será atribuida dentro del régimen subjetivo, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de marzo de 2011, exp. 19067, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 28 de noviembre de 2002, exp. 14063, C.P. Ricardo Hoyos Duque; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 17 de junio de 1997, exp. 10024, C.P. Ramiro Jesús Pazos Guerrero; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2010, exp.19572, C.P. Enrique de Jesús Gil Botero y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 14 de julio de 2017, exp. 36967, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

DOCUMENTO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO / VALOR PROBATORIO DEL

DOCUMENTO / FOTOGRAFÍA / VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA /

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO /

PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE

DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA

SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE

DOCUMENTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APRECIACIÓN DE LA PRUEBA En cuanto a los documentos, las fotografías aportadas junto con la contestación de la demanda, reconocidas por su autor al rendir testimonio en el presente asunto, tienen validez probatoria y por lo tanto serán apreciadas. Así mismo, las copias simples serán tenidas en cuenta, toda vez que no han sido objeto de tacha de falsedad por la parte contra la cual se aducen, según lo dispuesto por la Sección Tercera de esta Corporación (…) postura que posteriormente fue ratificada en Sala Plena.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, Sentencia de 30 de septiembre de 2014, exp. 11001-03-15-000-2007-01081-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro

PRUEBA TRASLADADA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA /

VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / APRECIACIÓN DE LA

PRUEBA / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN PENAL / PRUEBA

TRASLADADA DE PROCESO PENAL / PRUEBA DOCUMENTAL / PRINCIPIO

DE CONTRADICCIÓN / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / PRINCIPIO DE DERECHO DE DEFENSA Respecto de la prueba trasladada que obra en el plenario, esta puede ser

apreciada en el proceso contencioso administrativo, siempre y cuando se cumpla con las condiciones previstas en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil; es decir, que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella. En este sentido, así como lo estableció el tribunal en primera instancia, la investigación penal adelantada por la Fiscalía, como prueba documental solicitada por la parte demandante, ha permanecido a disposición de las partes durante el proceso sin oposición alguna, siendo sometida a los principios de contradicción y defensa, por lo que se puede concluir que tiene pleno valor probatorio.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 185

TESTIMONIO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / VALORACIÓN DEL TESTIMONIO / VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO / VALIDEZ DEL TESTIMONIO / JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / CERTEZA DE LA

OCURRENCIA DEL DAÑO

[C]on relación a la valoración de los testimonios, la Sala no tendrá en cuenta el testimonio que fue rendido por el señor (…) en la medida que ni en el escrito de demanda, ni en escrito separado, el señor previamente citado fue identificado, constituyéndose una prueba indebidamente allegada al proceso. (…) [En el caso concreto] [L]os testimonios no expresan de forma clara las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron (…) [las] reclamaciones; en este sentido, así como esta Judicatura lo ha establecido, la relevancia de los

testimonios no está dada por el número, sino por la calidad, es decir la precisión de cada uno de ellos, lo que da mayor certeza al juez para tomar una decisión, por lo que en cada caso se debe mirar si el testimonio es coherente, completo y exacto NOTA DE RELATORÍA: Sobre el asunto, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de julio de 2007, exp. 68991-23-15-000-2006-02791-01, C.P. Marco Antonio Velilla

DAÑO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO / CONDUCCIÓN DE ENERGÍA

ELÉCTRICA / ACTIVIDAD PELIGROSA / DAÑO EN EJERCICIO DE ACTIVIDAD

PELIGROSA / EJERCICIO DE ACTIVIDAD PELIGROSA / IMPUTACIÓN /

RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / CARGA DE LA PRUEBA / CARGAS PROCESALES / NEXO DE CAUSALIDAD / PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD / MUERTE POR ELECTROCUTAMIENTO / EPM /

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO

DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA / INSTALACIÓN DE RED DE

ENERGÍA ELÉCTRICA / DAÑO CAUSADO POR HECHO DEL TERCERO /

HECHO DEL TERCERO / EXIMENTES DE LA RESPONSABILIDAD DEL

ESTADO / CAUSALES EXIMENTES DE LA RESPONSABILIDAD DEL

ESTADO / CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / FALTA DE PRUEBA / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / INEXISTENCIA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / HECHO DE LA VÍCTIMA / INEXISTENCIA DEL HECHO DE LA VÍCTIMA / ENTIDAD PÚBLICA / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN / TESTIMONIO / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / TEORÍA DE LA CAUSALIDAD / TEORÍA DE LA EQUIVALENCIA DE

LAS CONDICIONES / TEORÍA DE LA CAUSALIDAD ADECUADA / PRUEBA

DOCUMENTAL / PRUEBA TESTIMONIAL / CONFIGURACIÓN DEL DAÑO /

REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / ENERGÍA / CONDUCCIÓN DE RED

DE ENERGÍA ELÉCTRICA / CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA /

CONSUMO FRAUDULENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA / CONSUMO

FRAUDULENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA / DAÑO CAUSADO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA / RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA / USO FRAUDULENTO DE LA ENERGÍA / USUARIO

FRAUDULENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA

[E]sta Sala, considera que en el caso concreto el daño se produjo como

consecuencia de la conducción de energía eléctrica, reconocida como una actividad peligrosa, la cual se enmarca por regla general dentro de un régimen de imputación objetivo, por lo que a la parte actora solo le corresponde probar el daño antijurídico cuya reparación reclama y el nexo causal con la actividad riesgosa desarrollada por la administración, que en el presente asunto corresponde a la muerte de la víctima, generada por una descarga eléctrica de una red de energía, lo que permitiría atribuirle la responsabilidad a Empresas Públicas de Medellín, como prestadora del servicio público domiciliario en la zona donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, los supuestos fácticos que rodearon la muerte, tales como la instalación de redes fraudulentas y la intervención de la víctima en la ocurrencia del daño, son relevantes, como circunstancias externas que quiebran el nexo causal en el presente caso.(…) [E]sta Judicatura considera que al estar probado que en el lugar donde el joven (…) sufrió la descarga eléctrica, se encontraban redes clandestinas o fraudulentas de las cuales se tomaba energía sin autorización de las Empresas Públicas de Medellín, y que este hecho fue reconocido directamente por los familiares de la víctima, se enmarca dentro de la causal eximente de responsabilidad (…) [hecho del tercero], toda vez que las obligaciones de la empresa prestadora del servicio público de energía eléctrica respecto de la guardia y cuidado de las redes donde ocurrieron los hechos, se trasladó a aquella persona que realizó la conexión sin conocimiento de la entidad, de esta forma lo precisó la Sala (…) [L]a Sala considera que no se puede acreditar

que fue la conducta del joven (…) la que influyó de manera sustancial en la materialización del riesgo, pues no hubo ningún testigo presencial y en el plenario no obra ninguna otra prueba que permita corroborar que la descarga eléctrica que recibió la víctima, se debió a la manipulación de las redes que se encontraban en el lugar de los hechos. En este sentido, si bien esta Corporación ha previsto que la inobservancia de las medidas mínimas de protección en los casos relacionados con la actividad de conducción de energía eléctrica, teniendo en cuenta que se trata de un conocimiento común, genera que los daños sean imputables a la víctima ya sea de forma parcial o total, al no poderse comprobar cuál fue su conducta y si esta fue la causa eficiente en la configuración del daño, la excepción de culpa exclusiva o como en ciertas ocasiones se ha denominado hecho de la víctima no se ajusta al presente caso, toda vez que los testigos se limitaron a exponer conjeturas o suposiciones de la forma como ocurrieron los hechos, lo que llevó a los señores (…) a indicar en primer lugar, que la víctima se había electrocutado al intentar cargar su celular y luego a manifestar que el accidenté ocurrió cuando se subió a un árbol en el que se encontraba una red en mal estado, por lo que no se puede concluir que fue la actuación del joven (…) el hecho determinante de su muerte. La intervención de un tercero en la producción del daño, como sucede en el caso concreto, en la medida que no se logró comprobar que se presentaran fallas en las redes de Empresas Públicas de Medellín; pero sí, que existían redes clandestinas que habían sido instaladas por

terceros y desplegadas por el lugar donde ocurrieron los hechos, permite romper el nexo de causalidad y por consiguiente eximir de responsabilidad a la entidad demandada. (…) En efecto, la parte demandante alegó que la entidad pública incurrió en omisiones en el ejercicio de sus funciones, porque no desarrolló actividades de mantenimiento de las redes eléctricas, o de vigilancia y control para que no fueran instaladas redes clandestinas o fraudulentas; circunstancia que si bien se puede considerar como una obligación de la empresa prestadora del servicio, al tratarse de una actividad reconocida como peligrosa, que en principio fue incumplida de conformidad con las pruebas aportadas al proceso, en la medida que esta solo acudió al lugar de los hechos dos años después del accidente, es decir en el año (…), cuando se presentó la solicitud de conciliación, pues fue en ese momento que la entidad tuvo conocimiento de los hechos ocurridos en la vereda (…) así como lo expresaron en sus testimonios los señores (…) funcionarios de Empresas Públicas de Medellín que fueron designados para llevar el seguimiento de la muerte del joven (…) Existen dos tendencias dentro de la teoría de la causalidad para determinar si una o unas circunstancias fácticas se pueden tener como causa de un daño; la primera es la equivalencia de condiciones, donde todo hecho puede ser generador de un daño, sin importar la relevancia del mismo en la relación causal; lo que permitiría indicar para el caso que ocupa a la Sala, que la simple omisión de Empresas Públicas de Medellín por no evitar que se instalaran las redes clandestinas es causante de la muerte del joven (…) y por lo tanto de los perjuicios ocasionados a los accionantes. El

anterior planteamiento no puede ser de recibo, porque daría lugar a una argumentación que llevaría al absurdo de creer que todo y aún mejor, cualquier hecho antecedente es causante del daño. La segunda tendencia se enmarca en la denominada causalidad adecuada o eficiente, en la que solamente las circunstancias fácticas, con vocación o relevancia para la generación del daño han de tenerse en cuenta como causa del mismo, y en este evento es que la Subsección estima que se enmarca el caso que le ocupa, porque se debe verificar si la omisión de Empresas Públicas de Medellín tuvo incidencia en la muerte del joven (…). Para esta Sala, esto no fue así, ya que el deceso no se produjo por falta de mantenimiento y control de las redes que le pertenecían a la entidad demanda, toda vez que no hay material probatorio que permita concluir que dichas redes se encontraran en mal estado; por el contrario, según las pruebas documentales y testimoniales allegadas al plenario, se observa que se encontraban de conformidad con las disposiciones aplicables y que cumplían con la distancia mínima requerida, por lo que el daño se configuró por un evento ya establecido en el plenario, como es la instalación de cables conductores de energía conectados por terceros, los cuales Empresas Públicas de Medellín no tenía obligación de vigilar y controlar. Así las cosas, esta Corporación concluye que en el presente caso, se debe tener en cuenta el criterio de causalidad conocido como causa directa o causa necesaria de la muerte del joven (…) es decir, aquella actuación que determinó de manera eficaz el deceso (actuación desde el punto de vista del actuar administrativo, y no solamente desde la óptica

clínica), que en este caso es la instalación de cables por particulares para obtener energía, sin ningún tipo de seguridad. Es preciso indicar, en gracia de discusión, que la supuesta omisión de Empresas Públicas de Medellín, se podría enmarcar en una falla relativa del servicio, por la imposibilidad material de mantenimiento y cuidado frente a redes clandestinas, ante dos circunstancias, la primera, las condiciones del lugar, pues para el momento de los hechos, así como lo reconocieron tanto los habitantes de la zona como los funcionarios de la entidad prestadora del servicio público, era un lugar de alto riesgo, lo que dificultaba su acceso y el momento en que se puede dar una conexión de dicha naturaleza; circunstancias que llevarían de igual manera a exonerar de responsabilidad a la entidad pública demandada. En este sentido, según el material probatorio, si bien existió un daño, pues el joven (…) murió por una descarga eléctrica de una red de energía en la vereda (…) causando una afectación tanto material como moral a sus familiares; la Sala encuentra que este no se le puede atribuir a Empresas Públicas de Medellín ESP, pues como se demostró, la causa fue la existencia de unas redes clandestinas, lo que configura la eximente de responsabilidad denominada (…) [hecho del tercero].

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 24 de marzo de 2011, exp. 19067, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de noviembre de 2017, exp. 54121,

C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 14 de agosto de 2008, exp. 16413, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 23 de junio de 2010, exp. 19572, C.P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 15 de agosto de 2002, exp. 14357, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 26 de mayo de 2010, exp. 17510, C.P. Myriam Guerrero de Escobar; sentencia de 19 de agosto de 2009, exp. 1795, C.P. Myriam Guerrero de Escobar; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de junio de 2010, exp. 19572, C.P. Enrique Jesús Gil Botero y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 19 de agosto de 2009, exp. 17957, C.P. Ruth Stella Correa Palacio NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del consejero de estado Guillermo Sánchez Luque. exp. 52221-18

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 05001-23-31-000-2011-00229-01(52998)

Actor: MARIA CONSUELO GIRALDO CASTRILLON Y OTRO

Demandado: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN EPM E.S.P Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA) Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante1, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala de Descongestión el 27 de junio de 20142, en la que se negaron las pretensiones de la demanda.

1. SÍNTESIS DEL CASO El 7 de octubre de 2008, el señor Edgar Norbey Giraldo Giraldo, habitante de la vereda el Roblal del Municipio de Granada – Departamento de Antioquia, sufrió una descarga eléctrica cuando se dirigía a la casa de su vecino Jairo de Jesús López. Tal descarga, consideran los actores, fue causada por redes de conducción de energía que le pertenecían a Empresas Públicas de Medellín ESP, prestadora del servicio público en el lugar de los hechos. A consecuencia de ella, se produjo la muerte del señor Giraldo Giraldo.

II) ANTECEDENTES

1. La demanda 1 Folios 538 a 552 C.P. 2 Folios 524 a 536 C.P.

El 3 de noviembre de 2010, los señores María Consuelo Giraldo Castrillón y Jesús María Giraldo Giraldo, obrando en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad Luis Carlos, Diana Damaris y María Paola Giraldo Giraldo; y Claudia Milena, Mary Luz, Irene Elena y Jair de Jesús Giraldo Giraldo,

presentaron demanda por intermedio de apoderado judicial3, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de Empresas Públicas de Medellín ESP, con la pretensión de que sea declarada administrativamente responsable de los daños y perjuicios de orden moral y material, causados por la muerte por electrocución del señor Edgar Norbey Giraldo Giraldo, el 7 de octubre de 2008 en la vereda el Roblal del Municipio de Granada – Departamento de Antioquia, con ocasión de la falla en la prestación del servicio público de energía a su cargo. Teniendo como fundamento, los siguientes hechos: El 7 de octubre de 2008, el señor Edgar Norbey Giraldo Giraldo, sufrió una descarga eléctrica de una red de energía, que para ese momento estaba reventada en la vereda el Roblal, lo que le ocasionó la muerte. Así las cosas, se afirma que dicha red no había sido recogida o en su defecto retirada por su propietaria, EPM, teniendo en cuenta que la comunidad había realizado diferentes requerimientos a la entidad para evitar posibles daños y esta los omitió, de manera que, ni antes ni luego del accidente acudieron al lugar de los hechos. En estos términos, se indica que el joven Edgar Giraldo para la época de su muerte tenía 19 años y era una persona económicamente activa, que trabajaba y ayudaba al sostenimiento de su hogar conformado por padres y hermanos. Finalmente, se expresa que la muerte del joven previamente citado ha causado en su familia perjuicios de orden material y moral atribuibles a EPM, dentro del marco de la responsabilidad objetiva, al considerarse el funcionamiento de redes

eléctricas como una actividad peligrosa.

2. Trámite en primera instancia El Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Medellín el 10 de noviembre de 20104 admitió la demanda. El auto admisorio fue notificado en debida forma a la parte demandada y al Ministerio Público. El 19 de enero de 2011 el juzgado decidió remitir por competencia el proceso al Tribunal Administrativo de Antioquia5, en la medida que la cuantía superaba los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 3° de la Ley 1395 de

2010. En auto del 10 de marzo de 20116 el Tribunal Administrativo de Antioquia avocó el conocimiento del asunto en el estado en que se encontraba. Empresas Públicas de Medellín ESP, contestó7, y se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en los siguientes argumentos: Las redes de EPM en el sector del accidente se encontraban en óptimas condiciones por lo que no pudieron ser las causantes de la muerte del señor Edgar Giraldo. Agregó que según el informe del Área Distribución Eléctrica Sur y el oficio del Área Operación y Calidad de Energía, en la fecha del suceso no recibieron reporte de fallas en las redes eléctricas de la vereda el Roblal, cuya instalación se 3 Folios 24 a 32 C.1. 4 Folios 34 C.1. 5 Folios 39 a 42 C.1. 6 Folio 45 C.1. 7 Folios 55 a 218 C.1. efectúo de acuerdo con las especificidades aplicables, en este caso el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas “RETIE”, tal y como lo certificaron trabajadores

de la empresa. Indicó la entidad que la muerte del señor Edgar Giraldo la ocasionó la manipulación de las redes eléctricas fraudulentas e ilícitas, tal como consta en las investigaciones efectuadas por el Área Distribución Eléctrica Sur. Finalmente, expresó que no hay constancia que acredite que EPM haya sido informada del daño que existía en las redes de distribución de energía de la vereda el Roblal, de modo que la entidad no puede asumir la responsabilidad por el daño derivado de la muerte del joven Edgar Giraldo, toda vez que esta no lo generó, sino que proviene de factores ajenos y del actuar ilícito de la víctima y de terceros. Por último, la parte demandada formuló las siguientes excepciones: Ausencia de responsabilidad de Empresas Públicas de Medellín, inexistencia de nexo de causalidad entre la actividad de Empresas Públicas de Medellín con los hechos y daños que se imputan en la demanda, hecho y/o culpa exclusiva de la víctima y de terceros, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de solidaridad, indebida y exagerada tasación de los perjuicios alegados, reducción del monto indemnizable, inepta demanda frente a uno de los accionantes teniendo en cuenta que el apoderado de la parte demandante en la solicitud de conciliación afirmó actuar como agente oficioso de la señora Claudia Milena Giraldo Giraldo, no obstante, a juicio de la excepcionante, no se cumplieron las condiciones previstas para el caso de la agencia oficiosa, y caducidad de la acción.

En escrito separado, Empresas Públicas de Medellín ESP, por intermedio de su apoderado solicitó llamar en garantía a Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A.8. El tribunal, por auto de 3 de octubre de 2011, admitió el llamamiento9. La Aseguradora Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. contestó la demanda y el llamamiento en garantía10, en los siguientes términos: En cuanto a la demanda principal, se opuso a cada una de las pretensiones, en la medida que no se configuraron los elementos para establecer que existió responsabilidad administrativa por parte de EPM, pues las redes de energía que ocasionaron el daño no pertenecían a la entidad demandada; pero además, porque al no ser de su propiedad, los efectos de la actividad peligrosa deben ser asumidos por quienes realizaron las conexiones ilegales.

Propuso las excepciones de: i) caducidad de la acción; ii) ausencia de responsabilidad de Empresas Públicas de Medellín; iii) culpa de la víctima; iv) hecho de un tercero; v) inexistencia de la obligación de indemnizar; y como excepciones subsidiarias, la reducción del monto indemnizable por la intervención de la víctima en la generación del daño y la indebida y exagerada tasación de los perjuicios aducidos.

Ahora, respecto del llamamiento en garantía, la aseguradora afirmó que se circunscribirían a los términos y condiciones de la póliza de seguros de responsabilidad civil 20522, vigente al momento del siniestro, teniendo en cuenta que el monto asegurado era la suma de $16.000.000.000 y el deducible pactado

correspondía la suma de $150.000.000. 8 Folios 219 a 222 C.1. 9 Folio 284 C.1. 10 Folios 290 a 309 C.1. Por auto de 29 de noviembre de 201211 se abrió la etapa probatoria y agotado su término, con auto del 12 de febrero de 201412, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo. Término del cual hizo uso la parte demandante13, para insistir en la responsabilidad que le asiste a la demanda por ser la propietaria de las redes que causaron la muerte de Edgar Giraldo