CE-SECCION TERCERA-05001-23-31-000-2011-00607-01(50103)

DERECHO DE DAÑOS / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / TÍTULO DE

IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / AUTONOMÍA DEL JUEZ / EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA DEL

JUEZ / DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ / FACULTAD DISCRECIONAL DEL

JUEZ / MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Esta Corporación, en su condición de máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ha desarrollado, por vía jurisprudencial, los títulos de imputación en virtud de los cuales es viable endilgar responsabilidad a la administración. Se han establecido, así, regímenes subjetivos, como el de falla del servicio, y objetivos, en el que se hallan el daño especial y el riesgo excepcional. En sentencia de unificación de 19 de abril de 2012, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que, al no existir consagración constitucional de ningún régimen particular de responsabilidad, en aplicación del principio iura novit curia, corresponde al juez encontrar el fundamento jurídico de sus fallos; los títulos de imputación hacen parte, así, de la motivación de la sentencia.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el estudio de los títulos de imputación se pueden consultar las sentencias proferidas por el Consejo de Estado el 20 de junio de 2017, exp. 18860, M.P. Ramiro Pazos Guerrero; el 27 de noviembre de 2003, exp.

14220, M.P. Ramiro Saavedra Becerra; el 3 de mayo de 2007, expediente 16696, M.P. Enrique Gil Botero. Sentencia de 7 de abril de 2011, exp. 20750, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, la Sección Tercera del Consejo de Estado

DAÑO POR FENÓMENOS DE LA NATURALEZA / RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DEL ESTADO / DESASTRE NATURAL / FUERZA MAYOR /

IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PREVENCIÓN DE

DESASTRES PREVISIBLES / PREVISIBILIDAD DEL DAÑO / PRINCIPIO DE

PREVISIBILIDAD / RIESGO PREVISIBLE / HECHO RESISTIBLE / OMISIÓN

ADMINISTRATIVA / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO /

CONOCIMIENTO DEL RIESGO EXTRAORDINARIO / FENÓMENO DE LA

NATURALEZA / FALLA DEL SERVICIO / PREVENCIÓN DE DESASTRES / PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES / PROTECCIÓN DEL ESTADO EN CASO DE DESASTRE NATURAL / DAÑO OCASIONADO POR OMISIÓN / PREVISIBILIDAD DEL DAÑO / HECHO IMPREVISIBLE DE LA NATURALEZA / CARGA DE LA PRUEBA Tratándose de la falla del servicio, ésta tiene como presupuesto el reconocimiento de la existencia de mandatos de abstención -deberes negativosy de acción – deberes positivosa cargo del Estado; empero, para que se genere responsabilidad con fundamento en cualquiera de esas obligaciones es menester acreditar el incumplimiento o deficiente cumplimiento de deberes normativos o la omisión o inactividad de la administración pública. Ahora bien, esta Sección tiene

definido que en los casos en que se imputa a las autoridades la omisión en el cumplimiento de sus deberes, es preciso identificar los preceptos de orden constitucional, legal y reglamentario, así como los pronunciamientos judiciales, que hubieren precisado el alcance de sus obligaciones. (…) En atención a lo anterior, la Sección Tercera ha dispuesto que la imputación de responsabilidad al Estado por los daños antijurídicos derivados de la ocurrencia de desastres naturales dependerá de que se establezca su previsibilidad y resistibilidad, en conjunto con la inactividad del Estado que, conocedor de la potencial ocurrencia del fenómeno natural, no ejecuta acción alguna tendiente a conjurarlo, encontrándose obligado a ello, responsabilidad que también resulta comprometida si se establece que con su conducta activa, el Estado expuso a los administrados al fenómeno natural. Ello, por cuanto en principio estos eventos se consideran constitutivos de fuerza mayor (…) Así, al estudiar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños provenientes de la ocurrencia de fenómenos naturales , tales como el desbordamiento de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra, desprendimiento de rocas, inundaciones por lluvias, entre otros, ha deducido tal responsabilidad frente a la demostración de que las entidades demandadas incumplieron su deber de vigilancia y cuidado y se abstuvieron de adoptar las medidas de prevención requeridas para cada caso concreto, a pesar de haber tenido conocimiento previo de la posible ocurrencia del hecho natural. Si a efectos de enervar su responsabilidad la administración aduce que el desastre natural

constituyó una fuerza mayor, deberá acreditar que aquél no podía ser previsto por ella y, aún en el evento de que sí pudiera ser anticipado, que era irresistible. La previsibilidad no corresponde a la simple posibilidad vaga o general de que el hecho pueda ocurrir, sino a la posibilidad concreta y real de que pudiera ser anticipado; la resistibilidad, por su parte, involucra una valoración de los avances de la técnica, pero también de los recursos de que deban disponerse para conjurar los eventos causantes del daño. La magnitud del desastre natural puede superar la capacidad técnica o económica del Estado para resistirlo, pero su previsibilidad impone la adopción de medidas para atenuar el daño, si no es posible en relación con los bienes, por lo menos sí frente a la vida y la integridad física de sus moradores.

FUENTE FORMAL: LEY 46 DE 1988 - ARTÍCULO 2

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de agosto de 2011, exp. 17613, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de febrero 26 de 1998, exp. 10846; 14 de mayo de 1998, exp. 12175; diciembre 11 de 1998, exp. 19009; 20 de septiembre de 2001, exp. 13732; septiembre 20 de 2007, exp. 16014; marzo 1 de 2011, exp. 18829; mayo 25 de 2011, exp. 21929 y agosto 22 de 2011, exp. 20107

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO /

DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / PRUEBA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO El daño El artículo 90 de la Constitución Política contiene la cláusula general de responsabilidad del Estado. El avance significativo del sistema implementado, basado en la noción de daño antijurídico, fue haber reivindicado el daño –y por consiguiente a la víctima– y su función en la institución de la responsabilidad. El daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito se convirtió en el eje central de la obligación resarcitoria y, por ende, tanto la atribución como la fundamentación normativa o jurídica del deber de reparar quedaron concentrados en un nuevo elemento que es la imputación. En otros términos, el análisis de la responsabilidad no inicia con el título o régimen jurídico aplicable, sino con la verificación de la existencia del daño entendido como la alteración negativa a un interés lícito o situación jurídicamente protegida, de suerte que sólo al encontrarse acreditado el daño, habrá lugar a efectuar el análisis de imputación. (…) En el caso que se analiza aparece acreditado el daño que se alega en la demanda.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90

PRUEBA DOCUMENTAL / REGISTRO FOTOGRÁFICO / FECHA DE LA

FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFÍA / RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO / VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA Con la demanda se aportaron fotografías impresas con el fin de demostrar la

magnitud del daño que produjo el deslizamiento de tierra y las afectaciones que sufrió la vivienda del demandante; no obstante, dichos documentos no tienen mérito probatorio, al no existir certeza sobre su origen, la fecha en la que fueron tomadas y si el inmueble y la montaña que se observan corresponden al mismo lugar en el que ocurrieron los hechos; las fotografías tampoco fueron ratificadas o reconocidas en el trámite del proceso, de manera que únicamente dan cuenta del registro de las imágenes que en ellas se incorporan. En ese sentido, el reproche del accionante relacionado con la falta de valoración de dicho material fotográfico por parte del tribunal de primera instancia no fue infundado, por el contrario, atendió a la incertidumbre sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas las fotografías aportadas NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las fotografías, consultar, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 14 de junio de 2018, exp. 2005-03454-01(45951), M.P. Ramiro Pazos Guerrero; Subsección C, sentencia de 31 de enero de 2020, exp. 2011-00061-01(47230), M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y Subsección A, sentencia de 19 de marzo de 2021, exp. 2011-01655-01(58770), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Además, Corte Constitucional, sentencia T-269 de 29 de marzo de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre muchas más.

DESASTRE NATURAL / HECHO IMPREVISIBLE DE LA NATURALEZA /

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR OMISIÓN / DAÑO

OCASIONADO POR OMISIÓN / CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA / FALLA

DEL SERVICIO POR INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CUSTODIA,

VIGILANCIA Y CUIDADO / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO

[L]a atribución de responsabilidad a las entidades demandadas se centró en la falta de control, vigilancia e intervención en la construcción de dos carreteras, tres banqueos para la edificación de viviendas y una marranera, obras señaladas de haber producido el deslizamiento de tierra que se presentó el 3 de noviembre de 2010. (…) la zona en la que se ubica el inmueble del actor, para el momento de los hechos, estaba catalogada en los usos del suelo como “forestal con aptitud forestal protector productor ”, clasificación que a la luz del Plan de Ordenamiento Territorial vigente en esa época permitía el desarrollo de actividades de producción, priorizando la conservación de los recursos naturales; luego, no es dable sostener que en el sector estaba prohibida toda intervención como afirma el demandante. (…) sin embargo, los usos permitidos en esa zona no serán materia de análisis en esta providencia, por cuanto no se demostró que ésta hubiera sido intervenida con las obras de construcción que menciona el demandante, ni que dicho sector geográfico hubiera sufrido afectación por el deslizamiento de tierra que se presentó en el corregimiento de San Cristóbal, el 3 de noviembre de 2010. (…) En el caso que ocupa la atención de la Sala, el municipio de Medellín, a través

de la Secretaría del Medio AmbienteSimpad, acudió a los llamados de la comunidad de la vereda El Patio, y elevó recomendaciones para contrarrestar las situaciones de riesgo que advirtió en cada caso. Se observa que las visitas que se realizaron con anterioridad al suceso ocurrido el 3 de noviembre de 2010 únicamente hicieron mención a ciertos predios privados, diferentes al del accionante, de modo que las recomendaciones se dirigieron a los propietarios de los inmuebles afectados para que realizaran obras de adecuación puntuales con el fin de eliminar las causas que generaron los movimientos de masa, sin que exista prueba de alguna queja o petición elevada por los habitantes de la vereda para que dichas obras fueran adelantadas directamente por el municipio. (…) Se tiene, así, que el municipio de Medellín analizó las causas que generaban la saturación del suelo y elevó recomendaciones concretas para contener las áreas afectadas y prevenir más deslizamientos. En lo que respecta a Corantioquia, no se demostró en el proceso que las partes afectadas o el municipio hubieran solicitado su apoyo; tampoco se acreditó que la zona geográfica en la que se presentó el derrumbe estuviera clasificada como de alto riesgo ni que se tratara de un área bajo su administración, o que dicha entidad hubiera dejado de imponer las medidas de policía y sanciones que la ley establece por la violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables. En ese orden de ideas, si bien en la vereda El Patio del corregimiento de San Cristóbal se evidenciaron situaciones que incidieron en la desestabilización del terreno, para la Sala ese solo

hecho no configura la responsabilidad que se le enrostra a las entidades demandadas, en la medida en la que dicho fenómeno erosivo encontró fuente en diversos factores, de los cuales no es posible conocer su contribución en el derrumbe de tierra que se presentó el 3 de noviembre de 2010; no obstante, las fuertes lluvias se catalogaron como el origen principal de dicho deslizamiento. Es un hecho notorio que en el año 2010 el fenómeno de la niña, caracterizado por fuertes lluvias, provocó una grave calamidad pública al punto que, mediante Decreto 4580 de 7 de diciembre de 2010, se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en el país; las precipitaciones en esa anualidad se agudizaron precisamente en los primeros días del mes de noviembre y afectaron, especialmente, las regiones Caribe, Andina y del Pacífico. Adicionalmente, según los informes del Simpad, los deslizamientos que se presentaron el 6 de octubre de 2008 y el 7 de julio de 2010 fueron aislados (…) En vista de lo anterior, la Sala no advierte una omisión de los deberes asignados a las entidades demandadas que hubiera incidido en la producción del hecho dañoso que se analiza en el proceso, por lo que forzoso resulta confirmar la decisión apelada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 05001-23-31-000-2011-00607-01(50103)

Actor: LUIS REINALDO LONDOÑO VÁSQUEZ Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA -CORANTIOQUIAReferencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Temas: FALLA DEL SERVICIO / DAÑO – el análisis del daño precede al estudio de la imputación. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADOExistencia de un daño antijurídico, imputable a la acción u omisión de la autoridad pública. Para la prosperidad de las pretensiones se requiere acreditar el nexo causal entre el daño y el hecho de la administración.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 22 de mayo de 2013, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO Se atribuye responsabilidad al municipio de Medellín y a Corantioquia por las omisiones en las que incurrieron al no ejercer las funciones de vigilancia, control e intervención, necesarias para prevenir el deslizamiento de tierra que se presentó el 3 de noviembre de 2010, en el corregimiento de San Cristóbal, de la ciudad de Medellín, el cual ocasionó daños en el bien inmueble del accionante.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda El 4 de marzo de 2011 (fls. 1-24 c. n.° 1), el señor Luis Reinaldo Londoño

Vásquez, por intermedio de apoderado judicial (fls. 26 c. n.° 1), interpuso acción de reparación directa en contra del municipio de Medellín y la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -Corantioquia-, con el fin de que se les declararan patrimonialmente responsables de los perjuicios causados en el bien inmueble de su propiedad, a raíz del deslizamiento de tierra que se presentó el 3 de noviembre de 2010, en la vereda El Patio, del corregimiento San Cristóbal, del municipio de Medellín. Para el efecto, se elevaron las siguientes pretensiones: Primera: Declárese al municipio de Medellín y Corantioquia administrativamente responsables de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a Luis Reinaldo Londoño Vásquez a consecuencia de falta o fallas en el servicio en hechos acaecidos el día 3 de noviembre de 2010, en la vereda el patio, corregimiento de San Cristóbal del municipio de Medellín.

Segunda: condenar al municipio de Medellín y Corantioquia al pago de la suma equivalente en pesos colombianos de 3.020’000.000 por los daños ocurridos el 3 de noviembre de 2010, especificados de la siguiente forma: - Pido que se pague el daño sufrido calculado por la cantidad de 800.000.000 ochocientos millones de pesos. Que comprenden: 1.000 metros cuadrados de construcción, vivienda, los galpones y las pesebreras, pues su estructura quedó totalmente debilitada. - El resto del terreno de la finca sufrió daños pues gran parte de esta

avalancha de lodo, piedras, escombros pasó por los potreros, desconfigurándolos, los agrietó, pido que se pague el daño sufrido calculado por la cantidad de 600.000.000 seiscientos millones de pesos. - Pido que se pague por parte del municipio de Medellín y Corantioquia la indemnización mensual por lucro cesante de 5.000.000 pago de trabajador (prestaciones sociales) 50.000.000 cincuenta millones de pesos letras de cambio por pago a proveedores y créditos, hasta la ejecución y liquidación de la sentencia definitiva. - Pido que el municipio de Medellín y Corantioquia paguen el Good Will de mi bien inmueble calculado en 960.000.000 novecientos sesenta mil millones de pesos (sic), ya que mi propiedad según el informe del SIMPAD No. 00000031842 04/11/2010 quedó ubicada en una zona de riesgo asociado alto, debido a los hechos ocurridos el 03 de noviembre de 2010 quedando totalmente desvalorizada, perdiendo esta fuente principal de ingresos económicos para mí y mi familia. - Pido que el municipio de Medellín y Corantioquia paguen los intereses causados sobre el valor que se liquide hasta la ejecutoria de la sentencia, más la indexación monetaria. - Pido que se paguen los perjuicios morales calculados en 600.000.000 millones de pesos en onzas oro, pero no obstante deben ser tazados (sic) discrecionalmente por el sentenciador. - Las condenas por conceptos de perjuicios materiales y morales deben ser actualizadas al dictarse sentencia conforme a las fórmulas y

procedimientos matemáticos previstos en el C.C.A. art. 178. - Que el municipio de Medellín y Corantioquia deberán dar cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en el artículo 177 del C.C.A. Como fundamentos fácticos se narró, en síntesis, lo siguiente: El 3 de noviembre de 1992, el accionante compró un predio de 20.000 metros cuadrados, ubicado en la vereda el Patio, del corregimiento de San Cristóbal, en el municipio de Medellín. En el inmueble se encontraba construida una vivienda y operaba una granja con animales de cría y plantaciones. El 3 de noviembre de 2010, se presentó una avalancha en la ladera que hace parte del “Cerro del Padre Amaya”, la cual ocasionó graves daños en dos carreteras construidas sin licencia, en algunas viviendas cercanas, y en el inmueble del accionante, debido a la “onda vibratoria”. Adicionalmente, se ordenó al demandante desalojar su vivienda por los daños estructurales que sufrió. Como consecuencia, le ha sido imposible continuar la explotación de la finca. En criterio del demandante, el deslizamiento de tierra fue generado por la construcción irregular en la ladera de dos carreteras, tres banqueos y una marranera, que ocasionaron filtraciones en el terreno por el cambio en el curso de las aguas, sin que las autoridades demandadas hubieran adoptado medidas preventivas ni de mitigación para evitar el desastre. La falla de la administración se hizo recaer, así, en la omisión de los deberes de vigilancia y control frente al

ecosistema estratégico del “Cerro del Padre Amaya”; concretamente, por cuanto las recomendaciones del Sistema Municipal para la Prevención y Atención de Desastres -Simpadfueron tardías y no se prohibieron las obras de construcción en “suelo protegido”. Debido a los daños que sufrió el inmueble, el actor y su familia han padecido perjuicios económicos y morales.

2. Trámite en primera instancia 2.1. Mediante auto de 20 de mayo de 2011, la sala novena de decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia inadmitió la demanda, con el fin de que se aclarara si la misma se interponía en causa propia, además, para que se incorporara nota de presentación personal del poder, la firma del apoderado, y se anexara copia auténtica de las pruebas (fl. 98 c. n.° 1).

La parte actora subsanó la demanda, dentro de la oportunidad procesal (fls. 99 c. n.º 1). Por medio de auto de 5 de julio de 2011 se admitió la demanda (fl. 137 c. n.º 1). Las notificaciones se efectuaron en debida forma (fls. 137, 141-142 c. n.° 1). 2.2. Dentro de la oportunidad legal para contestar la demanda, Corantioquia se opuso a las pretensiones del accionante (fls. 144-156 c. n.° 1). Manifestó que en atención al Acuerdo 62 de 1999, modificado por el Acuerdo 46 de 2006 -Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín-, “los proyectos consistentes en vías de naturaleza privada, urbanizaciones, conjuntos

residenciales, tanto en zona urbana como rural, así como viviendas en ambas zonas, no requieren de licencia ambiental ni de estudio de impacto ambiental para su construcción, limitándose los condicionamientos para su construcción y puesta en operación o funcionamiento a la obtención de las respectivas licencias o permisos, por cuenta del ente territorial, en cabeza de las oficinas o secretarías de planeación”. Explicó que el Decreto 1753 de 1994 desapareció del ordenamiento jurídico desde el año 2003, y a partir de 1999 se atribuyó a los entes territoriales la facultad de regular los usos del suelo, así como de expedir las licencias de urbanismo y construcción, e imponer las sanciones a que haya lugar. Con base en lo anterior, adujo que en caso de que las obras que señala el demandante se hubieran construido de forma ilegal, sería el ente territorial el llamado a intervenir “ordenando la suspensión de su construcción y, además, imponiendo las sanciones a que hubiere lugar”. Con base en ese razonamiento, propuso la excepción de hecho de un tercero y, agregó, que también le asiste responsabilidad en la construcción irregular de las obras a los particulares que las ejecutaron. Adicionalmente, propuso las excepciones que denominó “imposibilidad de imputar a Corantioquia el daño padecido por el demandante” y fuerza mayor, la última soportada en el fenómeno de la niña que se presentó en el año 2010 y que afectó, principalmente, al Departamento de Antioquia, dadas las altas e inusuales precipitaciones. El Municipio de Medellín no contestó la demanda1.

2.3. Mediante auto de 29 de septiembre de 2011 se decretaron las pruebas solicitadas por las partes (fls. 186-187 c. n.° 1). 2.4. A través de auto de 12 de septiembre de 2012 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión (fl. 278 c. n.° 1). 1 A folios 161 a 177 del cuaderno n.° 1, obra poder otorgado por el secretario general del municipio de Medellín a la abogada Marisol Orrego, para ejercer la defensa de esa entidad territorial en el proceso de la referencia. La apoderada aportó un escrito de contestación de la demanda, de forma extemporánea. En todo caso, de la lectura del escrito de contestación se advierte que éste no guarda ninguna relación con el proceso de la referencia, por el contrario, corresponde al litigio 2011-00223-00, demandante Elvia Lucía Yepes. 2.4.1. En esa oportunidad, la parte actora indicó que de acuerdo con el informe técnico del Simpad, de 7 de julio de 2010, entre las causas del deslizamiento aparecen la construcción de dos carreteras, tres banqueos para vivienda y una marranera en zona de alto riesgo no recuperable, pese a la prohibición incluida en los artículos 116 y 121 del Acuerdo 46 de 2006 que no admitían modificación de dicho ecosistema estratégico. Señaló, también, que, de acuerdo con el informe suscrito por el corregidor de San Cristóbal, el municipio no adelantó ninguna intervención por tratarse de un predio privado; además, según testimonio

practicado en el plenario, Corantioquia no intervino en el área protegida donde ocurrieron los hechos, entre los años 2007 a 2011. Manifestó que según el informe del Simpad de 1° de octubre de 2010, se demostró que debido al movimiento de tierra aparecieron grietas en la parte alta de la ladera, además, se alteró el curso y cauce de las aguas naturales debido a la construcción de dos carreteras que no atendieron ningún tratamiento técnico ni de ingeniería y tampoco contaron con permiso previo de autoridad competente, con lo cual se violó el Decreto 1541 de 1978. Por otro lado, se hizo alusión a algunas normas que establecen funciones a cargo de los municipios y corporaciones autónomas regionales en materia ambiental. Señaló que de acuerdo con las fotos satelitales aportadas al plenario, en cercanías del Cerro del Padre Amaya sólo había tres casas construidas, sin embargo, en el mes de junio de 2006 se abrieron dos carreteras terciarias, y para el mes de septiembre de 2010, existían algunos banqueos; “también queda probado que en este ecosistema estratégico hay más de 10 casas (…) omitiéndose la aplicabilidad del Acuerdo 327 de 2009 de Corantioquia”, que disponía que por cada 38 hectáreas se podía construir una casa. Otra fotografía demuestra que una de las marraneras construidas en el sitio carecía de un sistema de recolección de aguas residuales, con lo cual las “autoridades omitieron la aplicación del Decreto 3930 de 2010”.

Mencionó que está acreditado en el plenario que con el cambio en el uso del suelo del ecosistema estratégico se presentó el primer deslizamiento el 26 de diciembre de 2008, ante lo cual las autoridades no emprendieron acciones de gestión, prevención y mitigación. Afirmó que las cuatro visitas que realizó el Simpad, de las cuales dan cuenta los informes técnicos analizados, fueron solicitadas por la comunidad “convirtiéndose en un indicio del desinterés para con el cuidado y preservación del medio ambiente en esa área protegida”; lo consignado en dichos informes prueba que el movimiento de tierras presentado el 3 de noviembre de 2010 no se debió a un hecho de fuerza mayor ni causa extraña, sino a la construcción de dos carreteras, tres banqueos y una marranera. Solicitó dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 1395 de 2010, para que se tuviera como indicio grave en contra de las demandadas el hecho de no haber aportado las pruebas que estuvieren en su poder con la contestación de la demanda. De otra parte, aseguró que las autoridades accionadas no otorgaron tratamiento especial para la protección y conservación del ecosistema estratégico del “Cerro del Padre Amaya”, ni dieron cumplimiento a la densidad máxima de protección que permitía la construcción de una vivienda por cada 38 hectáreas, en atención a lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución Política, en la Ley 388 de 1997, el Decreto 2811 de 1974, el Acuerdo 327 de 2009 de Corantioquia, los Decretos municipales 151 de 2000, 409 de 2007, el Decreto 1974 de 1989, la Ley 99 de

1993 y los Planes de Ordenamiento Territorial de Medellín de los años 2006 y

2012. Agregó que las fotografías y videos que obran en el expediente acreditan la magnitud del desastre y su impacto en el ecosistema.

Indicó que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2820 de 2010, las obras que se construyeron sí requerían licencia ambiental y estudio de impacto ambiental, además, licencia previa de construcción según lo señala el Decreto 2811 de 1974. Por lo demás, reiteró que las autoridades demandadas no actuaron de manera preventiva para evitar la concreción del riesgo, y seguidamente hizo alusión a los perjuicios que, en su criterio, deben ser reparados (fls. 299-332 c. n.° 1). 2.4.2. Corantioquia ratificó los argumentos expuestos en la contestación de la demanda e insistió en la configuración de la excepción de fuerza mayor, por el hecho de la naturaleza, consistente en las fuertes lluvias que se presentaron en el año 2010 con ocasión del fenómeno de la niña, especialmente, en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, que llevaron, incluso, a decretar el estado de emergencia económica, social y ecológica. Agregó que el municipio de Antioquia era el responsable de otorgar los permisos de urbanismo y construcción; además, los habitantes del sector, en su condición de ejecutores de las obras a las que alude la demanda, debieron cumplir los requisitos para obtener las respectivas licencias, con lo cual queda acreditada, también, la causal eximente de hecho de un tercero. Finalmente, adujo que en el proceso no se acreditó una falla del

servicio imputable a esa entidad (fls. 279-289 c. n.° 1).

3. Sentencia de primera instancia La Sala de Descongestión-Subsección de Reparación Directa del Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia de primera instancia, el 22 de mayo de 2013, en la que resolvió lo siguiente: Primero. No prospera la tacha de sospecha formulada contra la testigo Gloria

Patricia Restrepo Cuervo. Segundo. Negar las pretensiones de la demanda. Tercero. Sin costas en la presente instancia por no aparecer causadas. En relación con las fotografías aportadas con la demanda, el tribunal a-quo indicó que estas carecen de valor probatorio por cuanto se desconoce si fueron tomadas en el lugar en el que ocurrieron los hechos y en qué fecha. Señaló, además, que las pruebas aportadas por el accionante mediante memorial de 18 de octubre de 2011 fueron extemporáneas, dado que no se presentaron en las oportunidades establecidas en los artículos 137 y 139 del CCA. Se negó la tacha de sospecha propuesta por el actor frente al testimonio rendido por la ingeniera civil Gloria Patricia Restrepo Cuervo, en su condición de funcionaria de Corantioquia, por considerar que no se evidenció en la declaración el ánimo de tergiversar los hechos ni de favorecer a la entidad demandada; se resaltó, además, que las preguntas formuladas guardan poca relación con los supuestos de hecho que son materia de debate en el proceso. Se hizo alusión a los informes elaborados por el Simpad, sobre las visitas técnicas efectuadas en la vereda “El Patio”, los días 6 de octubre de 2008, 7 de julio, 1° de

octubre y 4 de noviembre de 2010, y se mencionó que, aunque en estas se hizo mención a “una vía construida deficientemente”, no se probó en qué fecha fue construida, por quién, bajo qué circunstancias ni el conocimiento que tuvieron las entidades demandadas. Se indicó que, aunque uno de