CE-SECCION TERCERA-07001-23-31-000-2002-00180-01(25704)-2006

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / NULIDAD PROCESAL / CAUSALES DE

NULIDAD PROCESAL / PROCESO DE ÚNICA INSTANCIA / NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA FUNCIONAL / NULIDAD PROCESAL INSANEABLE / AUTO QUE DECLARA LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO / FACULTADES OFICIOSAS DEL JUEZ / DECLARACIÓN DE OFICIO DE NULIDAD PROCESAL / INADMISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN En el caso, el Tribunal concedió recurso de apelación respecto de providencia proferida en proceso de única instancia, y el Consejo de Estado lo admitió; se produjo entonces incompetencia funcional toda vez que la Corporación asumió un asunto para el cual no estaba legalmente facultado. Por consiguiente se declarará oficiosamente la nulidad de todo lo actuado a partir del auto mediante el cual se admitió el recurso de apelación, y como consecuencia de ello se inadmitirá dicho recurso.

COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / COMPETENCIA DEL

CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA Para […] [la] fecha en la cual se presentó la demanda, el parágrafo del artículo 164 de la ley 446 de 1998 señala que “Mientras entran a operar los juzgados administrativos, continuarán aplicándose las normas de competencia vigentes a la sanción de la presente ley”; y las normas de competencia vigentes al momento de la sanción de dicha ley, eran los artículos 131 y 132 del Código Contencioso Administrativo. El último de estos artículos en su numeral 10 dispone que los Tribunales Administrativos conocen en primera instancia, esto es en procesos con

vocación de dos instancias, de los asuntos de reparación directa, entre otros, que se promuevan contra la Nación, entidades territoriales o descentralizadas, cuando la cuantía exceda de […]. Tal cuantía se modificó, de conformidad con lo previsto en los decretos leyes 2.269 de 1987 y 597 de 1988, que ordenaron la actualización de la cuantía, cada dos años. Aplicando al caso el principio de actualización de cuantía, se tiene que para […] cuando se presentó la demanda, la cuantía exigida para que el proceso de reparación directa tuviera segunda instancia era […], suma que se obtiene de actualizar la indicada originalmente en el C. C. A. Y debe recordarse que no se puede aplicar la ley 446 de 1998 para la determinación de la competencia funcional, mientras no entren a operar los juzgados administrativos (art. 164) y que por expresa remisión del artículo 132 numeral 10 al 131, numeral 10 del C. C. A., se debe aplicar el artículo 20 del C. P.

C. […] “1. Por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquélla. 2. Por el valor de la pretensión mayor, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones”.

Queda claro entonces, que la pretensión determina la cuantía, y que si son varias se debe tener en cuenta la de mayor valor.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 131 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 132 / CÓDIGO

DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 20 / DECRETO LEY 2269 DE 1987 /

DECRETO LEY 597 DE 1988

NULIDAD PROCESAL / CAUSALES DE NULIDAD PROCESAL / PROCESO DE

ÚNICA INSTANCIA / NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA FUNCIONAL / NULIDAD PROCESAL INSANEABLE En materia de nulidades procesales el C. C. A. remite en forma expresa a las disposiciones que sobre el particular contiene el C. P. C., codificación según la cual el proceso es nulo en todo o en parte, entre otros, cuando el juez carece de competencia (num. 2 art. 140 C. P. C). Igualmente prevé, que “No podrán sanearse las nulidades de que tratan las nulidades 3 y 4 del artículo 140 ... ni la proveniente de falta de jurisdicción o de competencia funcional” (inc. final art. 144).

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 140 /

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 144

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejera ponente: MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006) Radicación número: 07001-23-31-000-2002-00180-01(25704) Actor: ELEUTERIO CRUZ PARDO Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHOFISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

I. Encontrándose el proceso para decidir recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 17 de julio de 2003 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Arauca denegó las súplicas de la demanda, la Sala advierte la ocurrencia de hecho constitutivo de nulidad procesal insaneable, y la declarará.

II. ANTECEDENTES

1. El 15 de marzo de 2002, ante el Tribunal Administrativo de Arauca, los señores Eleuterio Cruz Pardo en nombre propio y en representación de Erika y Elizabeth Cruz Contreras; Luis cruz, Julia Elvira Pardo Chabarro, María Janeth Contreras y Maritza Cruz Contreras, presentaron demanda de reparación directa frente a la Nación (Ministerio de Justicia y del Derecho – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial) (fols. 5 a 26 c. 1).

2. El 17 de julio de 2003, el Tribunal Administrativo de Arauca, profirió sentencia a través de la cual denegó las pretensiones de la demanda (fols. 109 a 124, c. ppal).

3. El 31 de julio de 2003, inconforme con tal decisión, la parte demandante interpuso el recurso de apelación y lo sustentó oportunamente (fols. 126 y 132 a 145, c. ppal); el recurso se concedió por el Tribunal el 28 de agosto siguiente y se admitió en el Consejo de Estado el 2 de diciembre de 2003 (fols. 128, 129 y 162, c. ppal).

III. CONSIDERACIONES: Como se observa que el asunto no tiene vocación de doble instancia, se

declarará la nulidad de lo actuado a partir del auto que admitió el recurso de apelación y, en consecuencia, el mismo se inadmitirá. En efecto:

A. Para el 15 de marzo de 2002 (fol. 26 c. 1), fecha en la cual se presentó la demanda, el parágrafo del artículo 164 de la ley 446 de 1998 señala que “Mientras entran a operar los juzgados administrativos, continuarán aplicándose las normas de competencia vigentes a la sanción de la presente ley”; y las normas de competencia vigentes al momento de la sanción de dicha ley, eran los artículos 131 y 132 del Código Contencioso Administrativo. El último de estos artículos en su numeral 10 dispone que los Tribunales Administrativos conocen en primera instancia, esto es en procesos con vocación de dos instancias, de los asuntos de reparación directa, entre otros, que se promuevan contra la Nación, entidades territoriales o descentralizadas, cuando la cuantía exceda de $3.500.000,oo. Tal cuantía se modificó, de conformidad con lo previsto en los decretos leyes 2.269 de 1987 y 597 de 1988, que ordenaron la actualización de la cuantía, cada dos años.

Aplicando al caso el principio de actualización de cuantía, se tiene que para el año 2002, cuando se presentó la demanda, la cuantía exigida para que el proceso de reparación directa tuviera segunda instancia era $36’950.000,oo, suma que se obtiene de actualizar la indicada originalmente en el C. C. A. Y debe recordarse que no se puede aplicar la ley 446 de 1998 para la determinación de la

competencia funcional, mientras no entren a operar los juzgados administrativos (art. 164) y que por expresa remisión del artículo 132 numeral 10 al 131, numeral 10 del C. C. A., se debe aplicar el artículo 20 del C. P. C. “ARTÍCULO 132.- Modificado. Decreto 597 de 1988, art. 2°. El artículo 132 del Código Contencioso administrativo quedará así: En primera instancia. Los Tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes procesos: […] 10. De los de reparación directa y cumplimiento que se promuevan contra la nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas de los diferentes órdenes, cuando la cuantía exceda de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000.oo). La competencia por razón de territorio y cuantía se determinará de conformidad con lo previsto en el artículo 131, numeral 10, incisos segundo y tercero de este Código.” “ARTÍCULO 131.- Modificado. Decreto 597 de 1988, art. 2°. el artículo 131 del Código Contencioso Administrativo quedará así: En única instancia. Los tribunales administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] 10. De los de reparación directa y cumplimiento que se promuevan contra la nación, las entidades descentralizadas de los diferentes órdenes, cuando la cuantía no exceda de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000.oo). La competencia por razón del territorio se determinará por el lugar donde se produjo o debió producirse el acto o se realizó el hecho; si

comprendiere varios departamentos, será el tribunal competente, a prevención, el escogido por el demandante. Cuando sea el caso, la cuantía para efectos de la competencia, determinará por el valor de los perjuicios causados, estimados en la demanda por el actor en forma razonada conforme el artículo 20, numeral 1, del Código de Procedimiento Civil”. Por su parte, el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el decreto ley 2.289 de 1989, enseña que la cuantía se determina: “1. Por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquélla.

2. Por el valor de la pretensión mayor, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones”.

Queda claro entonces, que la pretensión determina la cuantía, y que si son varias se debe tener en cuenta la de mayor valor.

B. En la demanda en el capítulo de pretensiones se solicitó declarar administrativamente responsable a la demandada por los perjuicios ocasionados a los demandantes con motivo de la privación injusta de la libertad de que fue objeto Eleuterio Cruz Pardo desde el 19 de agosto de 1998 dentro del proceso penal que adelantó la Fiscalía General de la Nación por el presunto hecho punible de conformación de grupos armados; y en consecuencia, solicitó condenar a la indemnización de perjuicios morales y materiales, de la siguiente manera: “2.1 A ELEUTERIO CRUZ PARDO, el valor de los perjuicios morales que

sufrió […] equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales. Los cien salarios mínimos deberán cubrirse con el precio de treinta millones novecientos mil pesos ($30.900.000) mcte., teniendo en cuenta que el salario mínimo que rige a la fecha de elaboración de la presente demanda es el decretado por el Gobierno Nacional en la suma de trescientos nueve mil pesos ($309.000) mcte. En consecuencia, el valor de treinta millones novecientos mil pesos ($30.900.000) mcte, deberá actualizarse en la respectiva sentencia con base al valor del salario mínimo legal vigente a esa fecha o en su defecto con base en el índice de precios al consumidor. 2.2 A su esposa MARÍA JANETH CONTRERAS, a sus padres LUIS CRUZ y JULIA ELVIRA PARDO CHABARRO, a sus hijas MARITZA CRUZ CONTRERAS, ELIZABETH CRUZ CONTRERAS, ERIKA CRUZ CONTRERAS, el valor de los perjuicios morales que sufrieron con motivo de la privación injusta de la libertad de su cónyuge, hijo y padre ELEUTERIO CRUZ PARDO, equivalente a cien (100) salarios mínimos legales vigentes para cada uno de ellos. Los cien salarios mínimos deberán cubrirse con el precio de treinta millones novecientos mil pesos ($30.900.000) mcte., teniendo en cuenta que el salario mínimo que rige a la fecha de elaboración de la presente demanda es el decretado por el Gobierno Nacional en la suma de trescientos nueve mil pesos ($309.000) mcte. En consecuencia, el valor de treinta millones novecientos mil pesos ($30.900.000) mcte, deberá actualizarse en la respectiva sentencia con

base al valor del salario mínimo legal vigente a esa fecha o en su defecto con base en el índice de precios al consumidor. 2.3 A ELEUTERIO CRUZ PARDO, el valor de los perjuicios materiales equivalente a la suma de cuarenta millones de pesos ($40’000.000) mcte. El valor anterior deberá actualizarse en la respectiva sentencia, con base en el índice de precios al consumidor” (fols. 5 a 7, c. ppal). Y en el capítulo de estimación razonada de la cuantía, se señaló que el valor total de las pretensiones asciende a una suma superior a $256’300.000, teniendo en cuenta que los perjuicios materiales se tasaron en $40’000.00 y los morales en $216.000.000, estos últimos, a razón de $30’900.000 para cada uno de los demandantes. Para determinar la suma correspondiente a los perjuicios materiales, se explicó que Eleuterio Cruz Pardo sufrió un menoscabo patrimonial acorde al tiempo de la detención, 574 días, y a su salario mensual de $300.000, en la suma de $5’740.000, más $1’435.000 por el 25% por concepto de prestaciones sociales, además de $10’000.000 de honorarios que debió pagar a su abogado. Esas sumas, actualizadas “con base al índice de precios al consumidor y demás fórmulas matemáticas, en resumen nos da una renta actualizada de cuarenta millones de pesos ($40’000.000) mcte.” (fol. 23, c. ppal). Los parámetros de la demanda en cuanto a los perjuicios reclamados determinan

que la pretensión mayor es por perjuicios MATERIALES y que aquella no alcanza para que el asunto sea de dos instancias. Lo anterior, porque la causa de reclamación del daño emergente, como las causas de indemnización del lucro cesante son diferentes y por ende no admiten sumatoria. Por tanto, a términos del numeral 2 del artículo 20 del C. P. C., sólo puede tenerse en cuenta la mayor, para determinar la cuantía del proceso. La Sala precisó su jurisprudencia sobre la determinación de la cuantía cuando se acumulan varias pretensiones; en auto del 7 de diciembre de 2005 estudió lo siguiente: “La pretensión de condena al pago de perjuicios puede ser principal o accesoria. Son accesorias aquellas cuya prosperidad depende de la prosperidad de la pretensión que persigue la declaratoria de responsabilidad. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1613 del C. C., el daño material comporta el daño emergente y el lucro cesante; doctrinaria y jurisprudencialmente se ha sostenido que tanto el daño emergente como el lucro cesante, pueden a su vez presentar las variantes de consolidado y futuro, pero su naturaleza será siempre principal puesto que estos perjuicios son elementos que integran el daño material reclamado. En relación con el artículo 20 del C. de P. C, el profesor Hernando Morales Molina, sostiene 1: ‘… el justiprecio se hace sumando el principal y los intereses, frutos, multas o perjuicios anteriores a la demanda, que se soliciten en ésta como accesorios, a fin de adicionarlos al capital y reconocer la cuantía

del proceso. En cambio, no se computan los intereses no vencidos, ni los frutos y multas no causados, ni los perjuicios posteriores a la demanda, aunque más tarde puedan llegar a ser objeto de la litis …, porque carecen aún de actualidad’ (se resalta). De lo anterior se concluye que no es posible determinar la cuantía de un proceso con los perjuicios accesorios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda; los que se soliciten como principales no están sujetos a dicho condicionamiento. 1 MORALES MOLINA, Hernando. Op. cit. Pág. 325. En este caso, afirma la demandante que el monto de las pretensiones de la demanda, sumando los perjuicios por daño emergente, lucro cesante y los intereses comerciales moratorios, supera la suma legal exigida para que este proceso se tramite en dos instancias. Al respecto, dirá la Sala que cuando se acumulan varias pretensiones en una sola demanda, se debe tomar el valor de la pretensión mayor (Art. 20 # 2 del C. P. C). Es claro, entonces, que la recurrente incurre en error al sumar el valor de todas las pretensiones de la demanda, por concepto de daño emergente, lucro cesante e intereses comerciales moratorios”2. En el caso, si bien los perjuicios reclamados provienen de un mismo hecho, la causa por la que se reclama y el concepto por el que se indemnizan son diferentes. Es así, como: A título de PERJUICIOS MORALES, la demanda solicitó 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada demandante, que a la fecha de presentación de la demanda equivalían a $30900.0003.

A título de DAÑO EMERGENTE, la demanda reclama $10’000.000 por concepto de honorarios por asistencia jurídica. Y a título de LUCRO CESANTE, se reclama el valor de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, en la suma de $7’175.000. Por tanto, visto que no pueden sumarse pretensiones indemnizatorias originadas en distintas causas, no es de recibo la totalización de la cuantía que efectuó la demanda en $40.000.000, suma que se obtiene de una actualización de los perjuicios sufridos por daño emergente y lucro cesante, con base en “el índice de precios al consumidor y demás fórmulas matemáticas”, y el valor correspondiente al incremento por actualización no puede tenerse en cuenta, toda vez que se trata de un aspecto que se reconoce en la sentencia. Así, ninguna de las pretensiones indemnizatorias causadas, alcanza la suma de $36’950.000,oo, cuantía que se exigía para la época de presentación de la demanda (15 de marzo de 2002), por lo que no accede a la segunda instancia y revela la falta de competencia funcional del Consejo de Estado, y por lo mismo constituye la causal insaneable de falta de competencia funcional. 2 Auto de 7 de diciembre de 2005. Actor: Julieta del Carmen Sánchez Millán Vs. Hospital San Antonio de Soata; Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez. 3 El salario mínimo para el año 2002 era de $309.000,oo (decreto 2.910 de diciembre de 2001).

C. En materia de nulidades procesales el C. C. A. remite en forma expresa

a las disposiciones que sobre el particular contiene el C. P. C., codificación según la cual el proceso es nulo en todo o en parte, entre otros, cuando el juez carece de competencia (num. 2 art. 140 C. P. C). Igualmente prevé, que “No podrán sanearse las nulidades de que tratan las nulidades 3 y 4 del artículo 140 ... ni la proveniente de falta de jurisdicción o de competencia funcional” (inc. final art. 144). En el caso, el Tribunal concedió recurso de apelación respecto de providencia proferida en proceso de única instancia, y el Consejo de Estado lo admitió; se produjo entonces incompetencia funcional toda vez que la Corporación asumió un asunto para el cual no estaba legalmente facultado. Por consiguiente se declarará oficiosamente la nulidad de todo lo actuado a partir del auto mediante el cual se admitió el recurso de apelación, y como consecuencia de ello se inadmitirá dicho recurso. En mérito de lo expuesto, se RESUELVE: PRIMERO. DECLÁRASE la nulidad de lo actuado en segunda instancia a partir del auto de 2 de diciembre de 2003 mediante el cual se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 17 de julio de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca. SEGUNDO. Como consecuencia del numeral anterior, INADMÍTESE el recurso de apelación que interpuso el apoderado de la parte demandante contra la sentencia de 17 de julio de 2003. TERCERO. DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal Administrativo de Arauca.

CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE.

María Elena Giraldo Gómez Ruth Stella Correa Palacio Presidente Alier Eduardo Hernández Enríquez Ramiro Saavedra Becerra